Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 14 de Noviembre de 2013

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución14 de Noviembre de 2013
EmisorPleno

VISTOS: En grado de apelación conoce el P. de la Corte Suprema de Justicia de la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la firma forense Infante & P.A., en representación de P.J.M., contra la orden de hacer contenida en el Auto No. 94 de 16 de enero de 2012, emitida por el Juzgado Segundo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. I. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA: El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Resolución de 5 de junio de 2012 (fj. 99-115 del expediente judicial), decidió negar la acción de amparo de garantías constituciones interpuesta en contra de la orden de hacer comprendida en el Auto No. 94 de 16 de enero de 2012, dictado por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso ordinario interpuesto por AES Panamá, S.A. y ASSA Compañía de Seguros, S.A. contra el ahora amparista P.J.M.. El Tribunal de instancia, al examinar el cargo de violación invocado, desestimó la supuesta infracción del debido proceso señalada por el demandante. En ese sentido, el promotor aducía la violación del artículo 32 de la Constitución Política al considerar que el acto recurrido violó el derecho a la prueba del actor; elemento integrante del debido proceso, como lo son también el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la proposición, el derecho a su admibisibilidad, el derecho a la valoración o apreciación de la prueba. El Tribunal, sin embargo, advirtió que la acción de amparo no es una instancia más dentro del proceso judicial, ni es una instancia revisora, así como tampoco constituye el medio impugnativo idóneo para considerar si la interpretación de las normas y la valoración de las pruebas realizada por el juez de la causa ha sido correcta o no. No obstante, señala el Tribunal que si bien los factores aludidos podrían conducir a la inadmisión de la demanda, conforme a una variada jurisprudencia del P. de la Corte Suprema de Justicia en la que se han examinado autos de pruebas, ésta fue admitida. Sin embargo, aclara el Tribunal que ello no quiere decir que en su examen deba evaluar y calificar la pertinencia de la apreciación que hizo el juez al momento de resolver el incidente por medio del cual la parte actora adujo pruebas dentro del proceso ordinario de AES Panamá, S.A. y ASSA Compañía de Seguros, S.A. contra P.J.M., ya que tal ejercicio le está vedado tal y como lo ha sostenido el P. de la Corte Suprema de Justicia y lo contempla el artículo 783 del Código Judicial al establecer que ésa es una atribución del juez natural. Al respecto, el Tribunal sostuvo que: Del estudio de los antecedentes se advierte que con el Incidente presentado (por el actor) se adujó la prueba de ratificación de dictámenes jurídicos del derecho extranjero, las declaraciones de parte de los señores D.P. y J.T.B., Gerente y P., respectivamente, de AES PANAMA, S.A. y prueba pericial para establecer si los empleados contratados por las empresas del Consorcio que contrató con AES PANAMA, S.A., para la construcción de la Hidroeléctrica Estí estuvieron bajo su exclusiva supervisión, vigilancia y control, o se que las pruebas aducidas por los incidentes deben aducirse en el escrito que se promueve el incidente. Lo anterior tiene relevancia ya que, conforme el artículo 792 del Código Judicial las pruebas para ser apreciadas deben aducirse o incorporarse al proceso y practicarse dentro de los términos u oportunidades señaladas al efecto en el Código. Es decir, que al amparista se le permitió aducir pruebas en su incidente". De ahí, pues, que a la Juez demanda correspondía la función establecida en el artículo 783 del Código Judicial, consistente en examinar la conducencia y pertinencia de las pruebas presentadas, lo que hizo la Juez demandada al dictar el Auto No. 94, de 16 de enero de 2012, donde no se admiten algunas de las pruebas aducidas por la apoderada del amparista. Es decir, que al amparista se le valoraron las pruebas aducidas para resolver su admisibilidad o sea que la no admisión estuvo motivada por la Juez. Como quiera que la Juez demandada al dictar el Auto No. 94 de 16 de enero de 2012, lo que hizo fue ponderar la admisibilidad o no de dichas pruebas, motivando porque consideraba que dichas pruebas no eran pertinentes o sea que no guardaban relación con los hechos discutidos en el incidente o que eran ineficaces, le está vedado a este Tribunal de A. entrar a examinar dicho aspecto, porque como ha sostenido el P. de la Corte Suprema de Justicia, ello es una actividad que sólo corresponde al Juez natural por ser una atribución legal, de acuerdo con el artículo 783 del Código Judicial. Es decir, que el Tribunal de amparo no puede entrar a examinar si es correcta o no la decisión de la Juez demandada de considerar no pertinentes o ineficaces para el incidente las pruebas que no admitió. Así las cosas, debe concluirse que al amparista no se le ha conculcado la garantía del debido proceso y, en consecuencia, procede denegar el amparo. II. LA APELACIÓN DEL AMPARISTA: La firma Infante & P.A. apeló la Resolución de 5 de junio de 2012, por medio de la cual el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, resolvió no conceder la acción de amparo de garantías constitucionales promovida en contra del Auto No. 94 de 16 de enero de 2012, dictado por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. La firma apoderada de P.J.M. sustenta en su apelación que la acción de amparo promovida explica que uno de los ingredientes principales del debido proceso es el derecho a probar así como también lo conforman el derecho al acceso a la administración de justicia y las vías para alcanzar la verdad en un caso judicial. Arguye que los derechos de los sujetos del proceso, deben ser garantizados mediante el respeto de las facultades y atribuciones de las diversas etapas del proceso. De ahí que considera el derecho a probar "lleva inmerso la capacidad y prerrogativa a: (a) la proposición o requerimiento de la prueba; (b) el pronunciamiento sobre su admisibilidad; (c) a la inclusión en el proceso y, finalmente, (d) a la valoración o apreciación de las mismas conforme a las reglas de la sana crítica". El apelante considera que la inadmisión de la prueba por incumplimiento de supuestas formalidades legales esenciales para su admisión, no puede ser motivo para impedir que se alleguen al proceso y se valoren las pruebas aportadas con el objeto de demostrar las afirmaciones que se hacen en el incidente promovido. Es así que estima que el juez inadmitió las pruebas propuestas sin tomar en cuenta que se trata de un tema que trastoca la competencia nacional y territorial, pues el contrato del cual deviene la relación causal remite al arbitraje bajo las reglas de Nueva York para la resolución de cualquier conflicto que del mismo se suscite. Para el demandante es lógico que si trajo una opinión jurídica al expediente, construida extra proceso, se requiera la ratificación de la persona que emitió dicha opinión a efectos de darle a la parte contraria la oportunidad del contradictorio; pues, nada se haría con admitir una prueba documental que después no será valorada en el incidente. Como complemento a lo expresado en la apelación, el amparista hace referencia a una serie de extractos de sentencias de la Corte Constitucional de Colombia así como de la doctrina jurídica. En este sentido, expresa que si bien la valoración de la admisión o no de pruebas corresponde al juez conforme a los parámetros establecidos en el artículo 783 del Código Judicial, no quiere decir que cuando el juez niega o aprecia la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración, el juez constitucional no pueda verificar si objetivamente se viola el derecho fundamental. Desde esta perspectiva, el apelante concluye que el derecho a la prueba y la valoración de ésta, no es una facultad exclusiva del Juez, pues si se vulnera un derecho fundamental el tribunal constitucional debe conocer del asunto. III. OPOSICIÓN A LA APELACIÓN: Por su parte, la firma Sucre, A., R.A. en su condición de Terceros Interesados sustentó a través de memorial consultable a foja 130 a 133, su oposición a la apelación interpuesta por la representación legal de P.M. en contra de la Resolución de 5 de junio de 2012 del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. En ese sentido, señala el tercero que ni la demanda, ni el recurso impugnatorio establecen cuál fue la ritualidad, etapa o acto procesal o trámite legal que se ha dejado de practicar en el proceso ordinario, que justifique la alegada violación del artículo 32 de la Constitución Política. De hecho, estima el tercero interesado que la demanda pareciera confundir este tipo de acción para amparar un derecho constitucional con una segunda o tercera instancia en la que se intenta justificar la necesidad de practicar pruebas negadas; esto, sin presentar argumentos que expliquen el concepto en que fue violada la garantía del debido proceso. En suma, sostiene que de accederse a lo pretendido por el demandante se sentaría un precedente funesto ya que la orden impartida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial no constituye una orden de no hacer. Por el contrario, la decisión de negar pruebas, más que constituir una orden de no hacer, constituye una decisión jurisdiccional generada a partir del análisis de las pruebas presentadas y en cumplimiento de la función de administrar justicia. No obstante lo anterior, destaca que las opiniones y jurisprudencia extranjera aportadas por el recurrente, no son aplicables al caso, toda vez que fueron emitidas y sustentadas en un derecho que no es aplicable en nuestro país y surgieron de situaciones distintas a las del caso en particular. Por lo demás, asevera que no es posible constatar si tales elementos son pertinentes al proceso y que no se aprecia que exista urgencia, gravedad e inminencia de daño que precise de amparo mediante la acción promovida. IV. CONSIDERACIONES DEL PLENO: En virtud de la promoción del recurso de apelación, corresponde a este P. pronunciarse con respecto a la decisión vertida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, y por tanto, determinar en alzada lo dispuesto en las normas constitucionales y legales sobre la materia, es decir, si la orden o acto impugnado lesiona derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución Política y en la norma convencional de derechos humanos vigente en Panamá. Como se puede observar, el proponente basa su recurso impugnativo en la supuesta violación del derecho al debido proceso contemplado en el artículo 32 de la Constitución Política, pues considera que el Auto No. 94 de 16 de enero de 2012 infringe uno de los elementos del debido proceso como lo es el derecho a probar, esto es, dado el rechazó de las pruebas aportadas por medio del incidente de declinatoria de competencia promovido dentro del proceso ordinario propuesto por la representación legal de P.J.M. en contra de AES Panamá y ASSA Compañía de Seguros, S.A. En este sentido, el proponente alega que la violación al debido proceso ocurre en virtud de que el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, resolvió negar las ratificaciones, declaración de parte y prueba pericial solicitadas por medio del incidente de declinatoria de competencia. En su opinión, no se trata de que el tribunal de amparo revise el juicio de valor realizado por el Juez de la causa sino que la no admisión de las pruebas propuestas vía incidental con fundamento en cuestiones de mera formalidad, lesiona el derecho al debido proceso legal pues impide que se demuestren las afirmaciones vertidas en el incidente. Este argumento fue rechazado por el a quo bajo la consideración de que el acto acusado consiste en una ponderación del juez de la causa en torno a la admisibilidad o no de pruebas, aspecto que no le corresponde examinar al tribunal de amparo sino, únicamente, al juez natural por ser una atribución legal así prevista en el artículo 783 del Código Judicial. Sobre el particular, en primer lugar este P. le otorga razón al impugnante en cuanto a la apreciación de la procedencia de la acción de amparo para el control jurisdiccional de la garantía de los derechos fundamentales de actuaciones como la que ahora se examina, esto es, ya que a partir de la Sentencia de 14 de julio de 2008, se ha sentando que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se deduce que la acción de amparo de garantías constitucionales contemplada en el artículo 54 de la Ley Fundamental está prevista "como un recurso sencillo, rápido y efectivo al que tiene derecho toda persona, para "que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales". En otras palabras, el alcance de protección constitucional vía amparo no se limita únicamente a la tutela de derechos que puedan ser lesionados por ordenes de hacer o no hacer, sino que se amplifica de modo tal que es susceptible de amparo todo acto que lesione derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, desde luego que es posible someter a los rigores del amparo un acto como el Auto de admisión de pruebas que se examina. Ahora bien, cabe precisar que ello sólo en "aquellos casos en que la misma evidenciara la flagrante violación, amenaza, lesión o menoscabo de derechos fundamentales" (Cfr. CSJ, P., Car Spot S.A. vs. Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, Fallo de 14 de febrero de 2011, M.P.L.M.C., pues aunque el amparo pretende la tutela suprema de los valores, principios y derechos previstos en el Texto Constitucional, ésta no es una acción absoluta; por el contrario, se encuentra sujeta a ciertos límites en su ejercicio y uno de ellos, sostenido en la jurisprudencia tradicional de esta Corte, es que el amparo no puede ser confundido como una instancia adicional para valorar pruebas y elementos allegados al proceso judicial, actividad que le corresponde privativamente al juez natural. Al margen de lo anterior, resulta evidente que la acción promovida más que pretender la tutela del derecho al debido proceso, lo que busca es objetar el juicio de admisibilidad de pruebas realizado por el Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá. No obstante, como oportunamente señaló el Tribunal de instancia tal ponderación escapa del juicio de amparo y, por lo tanto, de las manos de este P., el cual está constituido para salvaguardar la tutela constitucional de los derechos fundamentales y no para su apreciación en el plano de la legalidad. La jurisprudencia de esta Corporación de Justicia, ha sido constante al señalar que no es dable examinar a través del proceso de amparo si es correcta o no la decisión adoptada por el juez en el ejercicio subjetivo de valoración de la pertinencia o ineficacia de las pruebas aducidas por las partes, pues dicha atribución de conformidad con el artículo 783 del Código Judicial le corresponde al juez de la causa. Además que de admitirse tal posibilidad se estaría rebasando el interés y objeto del amparo de garantías constitucionales, el cual es por su naturaleza un mecanismo procesal extraordinario y no una tercera instancia. Ilustra lo dicho el Fallo de este P. de 28 de junio de 2012, en el cual se refiere que: "... la acción extraordinaria de amparo no es un mecanismo procesal que pueda ser utilizado para activar una tercera instancia, de manera que se pueda obtener de la jurisdicción constitucional un nuevo análisis de los elementos de convicción propios de la causa, o que se adentre en consideraciones sobre interpretación de la ley, tareas que corresponden exclusivamente al juez de la causa y al tribunal ad quem, en los términos que establece la ley (Fallo de 27 de septiembre de 2005). Además, nos permitimos transcribir la Sentencia del P. de la Corte Suprema de Justicia, de 8 de Septiembre de 2008, veamos: "Dentro de las limitaciones al derecho a la prueba, precisamente, se señala la pertinencia del medio probatorio que implica, pues, que las pruebas aducidas por la parte ha de versar sobre los hechos controvertidos en el proceso para su admisión, no resultando admisibles aquellos medios que recaigan sobre hechos ajenos al "thema probandi". No puede pretenderse que el derecho a la admisión de la prueba que comporta como elemento esencial al debido proceso, constituya un derecho a la admisión de todos los medios de pruebas aducidos por las partes, sino que el mismo debe encaminarse a los fines del proceso. Así ha reconocido el P., cuando en fallo de 16 de octubre de 2002 señaló: "Es evidente que el derecho a la prueba es uno de los derechos que se encuentran incorporados al derecho fundamental del debido proceso, pero dicho derecho a la prueba no es equivalente a que, quien las propone, tenga derecho a proponer las pruebas que estime conducentes y que el tribunal debe admitirlas y practicarlas, por cuanto el derecho a la prueba, no impide la labor del tribunal de enjuiciar la procedencia de la prueba y de no admitir aquellas que, a su juicio, no sean pertinentes, siempre que como es natural, motive a suficiencia dicha admisión" (Cfr. CSJ, P.. R. L.G. DE P. Corporación vs. Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, Fallo de 28 de junio de 2012, M.P.V.B.. En cualquier caso, la tutela constitucional pretendida pudiera proceder en el evento que el acto impugnado desconociera aspectos objetivos del debido proceso y sus componentes, como son: el derecho a ser juzgado por autoridad competente; el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales; el derecho de no ser juzgado dos veces por la misma causa penal, policiva o disciplinaria; el derecho a aducir, aportar y practicar pruebas atendiendo al derecho de defensa y contradicción propia de la fase o etapa probatoria en el Proceso; y el derecho a obtener una resolución debidamente motivada. No obstante, como se puede constatar en el infolio, no se observa que se afecte objetivamente algunas de las formalidades esenciales del debido proceso, puesto que el Auto No. 94 de 16 de enero de 2012 fue emitido por autoridad jurisdiccional competente; a propósito del accionar de parte interesa en el proceso ordinario y según lo previsto en el artículo 704 y 992 del Código Judicial; mediante resolución motivada; y de conformidad con los presupuestos legales estipulados en el artículo 783 del Código Judicial en cuanto a la admisión de pruebas. Por tanto, se colige que no se ha infringido el derecho fundamental al debido proceso del amparista. Así, se constata siguiendo además la línea jurisprudencial que este P. ha mantenido en asuntos similares. Tal es el caso del Fallo de 13 de agosto de 2010, a través del cual se estableció lo siguiente: Manifestamos lo anterior, toda vez que de los antecedentes remitidos al P. de esta Corporación Judicial, se colige que dentro del Proceso Ordinario de Mayor Cuantía propuesto por J.C.T. contra El Diario El Siglo, S.A., se concedió un término probatorio en el cual ambos apoderados judiciales aportaron sus pruebas. En el caso del cuaderno de pruebas aportadas por la parte demandada, las mismas fueron resueltas a través de la Resolución No. 383 de 31 de marzo de 2009, por el Juzgado Sexto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, mediante el cual se determinó que fueron presentadas dentro del término de ley. En dicha Resolución se efectuó un juicio de valor, conforme a las reglas de la Sana Critica, sustentado entre otras normas, en el artículo 783 del Código Judicial, motivo por el cual se admitieron unas pruebas, se negaron otras e incluso se valoró las objeciones formuladas por la parte demandada las cuales fueron rechazadas por improcedente. En consecuencia, esta Superioridad coincide con el Tribunal Superior en el sentido de no conceder la Acción de A., pues no se puede examinar a través de esta institución de garantía aspectos relacionados con el valor otorgado por el Tribunal de la causa a un medio probatorio, pues tal apreciación es una facultad jurisdiccional. En el caso bajo análisis, no se ha infringido el derecho fundamental del amparista, quien tuvo la oportunidad de aducir pruebas y presentar objeciones a las pruebas de la actora. Al respecto, es necesario señalar que, mediante Sentencia de 10 de abril de 2008, al resolver la Acción de A. de Garantías Constitucionales, el P. de la Corte señaló lo siguiente: "...resulta improcedente la acción constitucional subjetiva promovida ya que el amparista no solicita la restitución de un derecho constitucional vulnerado con la emisión de la orden censurada, sino que pretende convertir esta acción constitucional subjetiva en una tercera instancia revisora de la actuación del tribunal de la causa, en particular, en cuanto a la valoración probatoria otorgada a los medios de pruebas aportados al proceso. Es válido advertir al amparista, que el P. de la Corte Suprema de Justicia en profusa jurisprudencia ha señalado, que el amparo de garantías constitucionales no es la vía idónea para dilucidar la valoración probatoria de las pruebas obrantes en el proceso seguido, desvirtuando así la finalidad del proceso de amparo, el cual es la tutela de los derechos y garantía constitucionales." De igual manera, a través de la Sentencia de 16 de febrero de 2009, al resolver la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentado a favor de F.R. contra el Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección, se estableció que: "...la jurisprudencia constitucional ha establecido que ante esta situación procesal, la acción de amparo resulta improcedente, ya que lo pretendido es que el tribunal de amparo se constituya en una instancia más revisora del proceso, dado que a su juicio, el tribunal de primera instancia valoró de manera errónea. Es importante tener presente que, en lo atinente a la infracción del debido proceso, en lo que respecta al derecho a pruebas, de manera jurisprudencial se ha establecido que la misma se configura cuando existe vulneración en cuanto a la admisión, práctica o valoración de las pruebas y sólo en este último caso cuando se omita la valoración de un medio probatorio admitido y evacuado, mas no cuando se alegue aspectos relacionados con el valor otorgado por el tribunal de la causa a un medio probatorio, pues, la apreciación de las pruebas allegadas al proceso es una facultad jurisdiccional del tribunal. Ello es así, ya que el amparo, como acción independiente, tiende a reparar violaciones directas a los derechos constitucionales infringido, razón por la cual no puede convertirse en una instancia adicional para valorar circunstancias propias de la apreciación del J. al ponderar las pruebas y elementos que se allegaron al proceso, y que fueron evaluados conforme a la sana razón y al conocimiento experimental de las situaciones que rodeaban el negocio." Ciertamente, frente a la negativa del Juzgado Sexto de Circuito Civil de admitir algunas pruebas documentales aportadas e informes solicitados, la Firma Forense Patton, M. &A. podía en la segunda instancia proponer las pruebas que no hubieran sido admitidas en la primera instancia, conforme lo previsto en el artículo 1275, literal b, del Código Judicial. Por lo tanto, la Acción de A. no constituye un medio de impugnación más dentro de un Proceso, sino que se trata de una Acción autónoma que le da vida a un Proceso nuevo e independiente, razón por la cual no puede interponerse para efectuar una nueva valoración sobre admisibilidad de las pruebas aportadas por la parte demandada, cuando aún se encuentra pendiente de decisión la primera instancia y aún se pueden proponer pruebas en segunda instancia (Cfr. CSJ, P.. A. de Garantías Constitucionales promovido dentro del proceso ordinario de mayor cuantía instaurado por J.C.T. contra El Siglo, S.A. Fallo de 13 de agosto de 2010, M.P.O.O.. En definitiva, luego del examen de las constancias que reposan en autos, no se observa que se haya vulnerado del debido proceso a partir de lo dispuesto en el Auto No. 94 de 16 de enero de 2012 emitido por el Juzgado Segundo de Circuito Civil de Panamá. Siendo así, este P. procede a confirmar la resolución venida en grado de apelación. No obstante, antes de finalizar, debemos indicar que al encontrarse el proyecto de sentencia en trámite de lectura, por el resto de los Magistrados que integran el P. de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaria General de este Tribunal, recibió por parte de la firma forense Infante & P.A., formal escrito de desistimiento, en el que deja expuesto lo siguiente: "...en nuestra calidad de Apoderados Especiales del señor P.J.M., parte actora dentro del Proceso que se enuncia al margen superior derecho del presente escrito, por este medio comparecemos ante su digno despacho con el propósito de DESISTIR DE LA PRETENSIÓN Y DEL PROCESO, en forma definitiva y para siempre de la pretensión ejercitada con ocasión de la demanda de AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, que dio origen al presente proceso, y acogida por este despacho el 8 de mayo de 2012, en contra de la JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL". En ese sentido, al entrar a resolver la solicitud, se advierte que en el poder otorgado por P.J.M. (fj. 1) a la firma Infante & P.A., no se le confirió expresamente la facultad de "desistir", facultad que por disposición del artículo 634 del Código Judicial debe ser expreso y no tácito. Así las cosas, se deduce que la firma apoderada del señor P.J.M., no cuenta con la facultad expresa para desistir del proceso; por tanto, para admitir el desistimiento de la pretensión la apoderada judicial debió estar facultada para ello, en cumplimiento de lo normado en los artículos 1087 y 634 del Código Judicial. V. PARTE RESOLUTIVA: En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 5 de junio de 2012, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual se NIEGA la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por la firma forense I. &P.A., quien actúa en representación de P.J.M., contra el Auto No. 94 de 16 de enero de 2012 emitido por el juzgado Segundo de Circuito Civil de Panamá, dentro del proceso ordinario interpuesto por AES Panamá, S.A. y ASSA Compañía de Seguros, S.A; y se NIEGA el desistimiento de la pretensión y del proceso presentado por la firma forense Infante & P.A.. N.. VICTOR L. BENAVIDES P. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- LUIS MARIO CARRASCO -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)