Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 11 de Octubre de 2013

Ponente:Harley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución:11 de Octubre de 2013
Emisor:Pleno
 

VISTOS: Ingresa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en concepto de apelación, la ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO, que el Licenciado J.L.L.C., en nombre y representación del señor A.R.T.M., promueve contra el Auto No. 1717/19-06 de 12 de noviembre de 2012 proferido por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. Luego de ser asignada la presente acción constitucional mediante reglas de reparto procede este máximo Tribunal a resolver la presente réplica. RESOLUCIÓN OBJETO DE AMPARO Mediante Auto No. 1717/19-06 de 12 de noviembre de 2012, el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá NIEGA la solicitud de CADUCIDAD EXTRAORDINARIA DE INSTANCIA, que el Licenciado J.L.L.C., en representación del señor A.T., promueve dentro del PROCESO DE QUIEBRA UNIVERSAL, que SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA V.L.S.A., instó contra ART. CONSTRUCTION INC y A.T.. Esta decisión que se sustentó en las siguientes consideraciones: "Si bien la última actuación de parte, que consta en el expediente fue presentada el día 17 de agosto de 2009, por el LICDO. J.L.C., foja 682, que correspondía a una solicitud de permiso de salida del país del señor A.T.M., la cual, fue resuelta por este Tribunal el día15 de septiembre de 2009, no menos cierto es que el presente expediente, consiste en un proceso Universal de Quiebra interpuesto por SOCIEDAD DE AHORRO y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA V.L., S.A., (savisa) contra ART CONSTRUCTION INC., y A.T.M., que constituye la caducidad extraordinaria de instancia al tenor de lo señalado en el artículo 1108 del Código Judicial. Amén de lo anterior, a este proceso se le han acumulado otros procesos, por naturaleza de la Universidad de la Quiebra". (cf.s 710 a 711 de los antecedentes). Es oportuno advertir que de los antecedentes remitidos se constata que esta decisión fue objeto de recurso de reconsideración por parte del activador constitucional. Este recurso que se negó mediante Auto No.91/19-06 de 18 de enero de 2013, ya que se estimo que " la caducidad extraordinaria solicitada por los apoderados judiciales de los quebrados no se le puede aplicar lo señalado en el Artículo 1113 del Código Judicial, toda vez que a este proceso Universal de Quiebra, se acumulan todos los procesos que se encuentran en tramite provenientes de otros despachos judiciales, para que con el producto de los activos se le pague a los acreedores.". (cf.s 731 a 732) Y es respecto a lo decidido por el Juez de instancia que el Licenciado J.L.L.C., luego de agotado los recurso previstos en nuestro ordenamiento, promueve acción constitucional de derechos fundamentales ante el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá. DECISIÓN DEL TRIBUNAL A-QUO Mediante resolución fechada 15 de marzo de 2013, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá NO CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales que, a través de apoderado legal, promueve el señor A.R.T.M., decisión que se sustenta en los siguientes fundamentos: "Ahora bien, al revisar los argumentos del amparista, lo primero que se observa es que los mismos van dirigidos a enervar el criterio jurídico que plasmó la Juez demandada en el Auto No. 1717 de 12 de noviembre de 2012, para negar la caducidad extraordinaria de la instancia. Y es que, el apoderado judicial del amparista pareciera entender que por el solo hecho de haber transcurrido el tiempo a que se refiere el artículo 1113 del Código Judicial, la juez estaba obligada a decretar la caducidad extraordinaria de la instancia, en un proceso en el que los medios de defensa del quebrado están limitados por la Ley, como lo es universal el de quiebra. En esa línea, se observa que quien solicitó la caducidad extraordinaria fue el apoderado judicial del quebrado (A.T.M., así declarado por Auto No. 1267 de 25 de agosto de 2005 (ver foja 19 y siguiente de los antecedentes), olvidándose que al fallido solo le está permitido actuar a través de apoderado judicial para interponer en los recursos de reposición y de oposición a la quiebra... Se colige entonces, que el quebrado no puede actuar en un proceso de quiebra, sino que es el curado quien lo representa, por ende, en el caso que no (sic) ocupa, no estaba facultado para interponer la solicitud de caducidad extraordinaria, génesis de esta acción constitucional". (cf.s 27-33). ESCRITO DE APELACIÓN En término oportuno el Licenciado J.L.L. sustenta recurso de apelación contra la resolución fechada 15 de marzo de 2013, ya que sostiene que no comparte el criterio esbozado por el Tribunal de instancia, cuando sostiene que el señor A.R.T. no está legitimado para actuar en el negocio constitucional que nos ocupa, criterio este que estima el apelante sustenta el Tribunal de amparo en lo normado en el artículo 1553 del Código Judicial, cuando indica que el quebrado no puede comparecer en proceso judicial. Respecto al contenido de esta disposición legal sostiene que la misma sólo es aplicable en los procesos o juicios del fallido de carácter patrimonial y en relación a sus bienes, empero resalta que esta norma de forma excepcional prevé que pueda actuar en procesos de carácter personalísimos, donde se compruebe la violación de un derecho subjetivo. De otro lado, sostiene que el Auto No. 1717/19-06 de 12 de noviembre de 2012, sí es violatorio al principio o garantía del debido proceso, toda vez que argumenta que el proceso de quiebra donde fue ensayada la solicitud de caducidad extraordinaria de instancia se encuentra paralizada desde hace más de dos (2) años, sin que hubiese mediado gestión de la parte demandante desde el año 2009, de allí que estima que el Juez de instancia no hizo una correcto valoración o análisis del asunto planteado. Adicional a ello, sostiene que en el caso de los procesos universales de quiebra, ya sea de forma directa o por analogía, se le aplican las disposiciones que rigen la caducidad extraordinaria de instancia en nuestro sistema, estas alegaciones que el recurrente intenta fortalecer al citar una serie de fallos dictados tanto por el Pleno de la Corte como la Sala Primera de lo Civil Al concluir sostiene que debemos tomar en cuenta que la acción constitucional ensayada, está instituida para ser promovida frente a cualquier acto que constituya la violación de garantías constitucionales, siendo el caso que estamos frente a un negocio donde se ha hecho una distinción de procesos judiciales, pese a que objetivamente se constata que el proceso de quiebra estuvo paralizado por dos años sin que mediara gestión escrita de la parte demandante y que la caducidad extraordinaria de instancia opera precisamente como una forma excepcional de terminación de proceso en estos supuestos. Así las cosas, solicita que previa revocatoria de la decisión de primera instancia se conceda la acción ensayada (cf.s 35-48) CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO Luego de exponer los fundamentos legales que sustentan la decisión adoptada por el Tribunal A-quo; así como los argumentos respecto los cuales se erige la presente réplica, esta Superioridad, como Tribunal de apelaciones, procede a decidir lo que en derecho corresponda. Como cuestión previa es oportuno señalar que el asunto planteado en sede constitucional, estriba en determinar si el Juzgado Primero de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, al momento de emitir el Auto No. 1717/19-06 de 12 de noviembre de 2012, vulneró o no la garantía del debido proceso contenida en el artículo 32 constitucional como afirma el censor. Cabe destacar, que esta resolución NIEGA la solicitud de CADUCIDAD EXTRAORDINARIA DE INSTANCIA que el amparista formuló, dentro del Proceso de Quiebra Universal, que en su contra insto la SOCIEDAD DE AHORRO y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA V.L.S.A. Es palmario en el escrito de apelación que el activador constitucional alega que el Juez de instancia se apartó de los parámetros que nuestro ordenamiento legal vigente exige para que se produzca la caducidad extraordinaria de instancia , y que en su defecto, aplicó procedimiento judiciales distintos para negar lo requerido. El asunto planteado en sede constitucional no sólo nos lleva a consultar las disposiciones legales que regulan esta materia, sino a realizar un recuento pormenorizado de las principales constancias desplegadas en el Proceso de Quiebra Universal, donde se promueve la solicitud de Caducidad Extraordinaria de instancia, a fin de determinar si efectivamente la resolución censurada incurre o no en visos de legalidad, por ser contrario al debido proceso como manifiesta el accionante. Así las cosas, se advierte que el proceso de Quiebra Universal inicia el día 13 de junio de 2005, cuando la Firma Forense MAUAD & MAUAD, actuando en representación de la SOCIEDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMOS PARA LA VIVIENDA V.L., S.A. (SAVISA) promueve PROCESO UNIVERSAL DE QUIEBRA, contra del señor A.T.M. y ART CONSTRUCTION INC. Esta demanda que, atendiendo al contenido de los artículos 1534 a 1589 del Código de Comercio, solicita se declare al demandado en estado de quiebra, ya que se sostiene que él mismo ha incurrido en morosidad en el pago de un préstamo concedido, el cual, a la fecha se hace clara, líquida y exigible (cf.s 1-7). Cabe destacar, que el proceso fue adjudicado al Juzgado Décimoquinto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, ramo Civil, quien por intermedio de Auto No. 1267 de 25 de agosto de 2005 (cf.s 19-26) DECLARA en formal Estado de quiebra y en calidad de " Por Ahora", al señor A.R.T.M. y a la sociedad ART CONSTRUCTION INC, y en consecuencia se decreta formal embargo y depósito judicial de todos sus bienes, por estimar que la parte demandante presentó mérito ejecutivo hasta la suma de TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA BALBOAS (B/34,590.23). A su vez se ordena la formación del Concurso de Acreedores para que aquellos que estén interesados, hagan valer en el proceso sus derechos frente a los bienes del fallido, ordenándose en ese sentido la acumulación de todos los procesos civiles que el quebrado tenga pendiente, iniciados cuatro años antes de la declaratoria de la quiebra, designándose a la Licda. Y.C.A. como curador en este proceso (f.s 24-25 de los antecedentes). En ese orden, se evidencia que esta decisión fue debidamente notificada a las partes interesadas, entre ellas, al hoy amparista, a través de su apoderado legal. Este acto de notificación que se atesta en el escrito que rola de foja 66 a 67 del antecedente, donde es oportuno agregar que no hubo manifestación de oposición a la declaración de quiebra y por el contrario el quebrado, a través de apoderado presentó el balance o situación económica de la empresa de los años 2002, 2003, 2004 y enero a junio de 2005. Así las cosas, se advierte del voluminoso expediente todas las diligencias desplegadas por el Juez de primera instancia a fin de notificar vía edicto emplazatorio, a todas a aquellas personas interesadas en hacer valer un crédito pendiente frente al quebrado; actuaciones que provocó la concurrencia de otros acreedores como lo son: SAVISA S.A.; ALUMAX S.A.; BONAVEL, S.A.; LA FÁBRICA S.A. e INSTALACIONES DE BALDOSAS Y AZULEJOS S.A. Ello sin perder de vistas las distintas comunicaciones realizadas a distintas entidades crediticias y al Registro Públicos donde se les informaba el estado de quiebra del hoy amparista, así como el embargo de bienes de su propiedad (f.s. 28-29), todo lo cual era necesario a fin de determinar los bienes existentes del quebrado, y su estado de solvencia para responder a los distintos créditos presentados. En el desarrollo de este proceso consta el Auto No. 1519 de 18 de octubre de 2005 donde se dispuso programar la práctica de una diligencia de inventario, la cual, vale señalar se reprogramó en más de una ocasión ante la verificación exacta del domicilio de la empresa demandada (cf.s 53-54) Otro de los eventos acontecidos en el dossier y que es importante citar, lo fue, el tiempo en que este proceso tuvo que ser sometido a la resignación del caso a distintos Jueces, en atención a la declaración de impedimento de éstos. En primer orden se tiene que la Juez Decimoquinta de Circuito Civil de Panamá, solicita su separación legal del caso, la cual fue acogida mediante de resolución fechada 15 de diciembre de 2005 ,y en su lugar se designa al Juzgado Décimo Sexta de Circuito Civil de Panamá, cuyo titular también formalizó impedimento para conocer este proceso, el cual conforme a resolución No. 1617 de 29 de diciembre de 2005 prosperó (cf.s 569-571, 576-580). No obstante, así mismos el Juez Décimo Séptimo de Circuito Civil quien asume el caso en razón de este impedimento, solicitó su separación en este negocio (cf.s 582-583) solicitud de abstención que también fue acogido mediante Auto No. 64 de 17 de enero de 2006 (cf.s 584) siendo en consecuencia que finalmente la resolución de este asunto fue adjudicado al Juzgado Primero de Circuito Civil de Panamá, quien mediante Auto No. 1526/19-06 de 22 de noviembre de 2006 aprehende el conocimiento del Proceso, acepta la renuncia de la curadora designada, L.Y.C.A., y en su lugar designa al Licenciado A.A. quien asumiría esta función para la prosecución del Proceso Universal de Quiebra. Las constancias dan cuenta que por parte de este nuevo curador se elevaron solicitudes al Tribunal de instancia, a fin de contar con el informe de gestión de la anterior curador, y proseguir con el trámite correspondiente (f.s 599 y 602). De allí consta en el dossier las distintas ocasiones que a requerimiento del curador designado, el Tribunal llegó a convocar cinco (5) Juntas Generales de Acreedores, de las cuales no pudieron realizarse dos, ante la falta de quórum. Estas sesiones en las cuales los acreedores y el curador tenían que determinar la existencia de bienes, propiedad del fallido, además de resolver otro tipo de solicitudes formuladas en el proceso, como lo fue: solicitudes realizadas por la sociedad ALUMAX S.A, de venta de los bienes secuestrados y levantamiento de la Fianza por ellos consignada. (cfs 616-619; 650, 660 y 665-667) Es importante señalar, que entre las decisiones que resultaron de estas Junta Generales de Acreedores, a la cual no llegó acudir el fallido como evidencia las propias actas, fue el decidir como se respondería a los créditos privilegiados, determinar el pago del curador, oficiar a las distintas entidades crediticias, así como al Registro Público, para que informaran sí a nombre del señor A.R.T. se registraban cuentas de bancos y/o propiedades con las cuales pudieran responder frente a lo adeudado; además de que se dispuso que el curador formalizara querella criminal contra el quebrado, todas estas diligencias que se concretaron, tal como lo evidencian los antecedentes remitidos. De último, corre los permisos de salida de país formulado por el fallido los cuales el Tribunal de instancia negó, así como las constancias relacionadas a la solicitud de caducidad extraordinaria de instancia que nos ocupa en estos instantes. Luego de conocidas las principales actuaciones desplegadas en este Proceso Universal de Quiebra, este máximo Tribunal pasa a dictar la decisión de mérito, ello atendiendo a las probanzas existentes en el antecedente remitido y lo dispuesto en nuestro ordenamiento legal respecto a la materia tratada en este negocio constitucional. Así las cosas, tenemos que la caducidad o perención de la instancia " es un instituto procesal impuesto por razones de orden público que opera cuando se ha abandonado el procedimiento durante un determinado lapso, a fin de no perturbar la administración de justicia y dar certidumbre a las relaciones jurídicas cuya suerte está pendiente en el pleito. La finalidad de la perención es establecer la certeza de los derechos y la no ocupación del órgano jurisdiccional en tareas que lo distraen de su contenido esencial. El fundamento de la caducidad radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales, pues lo contrario configuraría un presupuesto de discordia e inseguridad jurídica. El fundamento de la caducidad de la instancia estriba en la necesidad de evitar la duración indefinida de los procesos judiciales, que atentan contra los valores jurídicos de paz y seguridad, a cuya vigencia tiene su recepción normativa. " (LOUTAYF RANEA, R. y OVEJERO LÓPEZ, J.. Caducidad de Instancia. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1999, pág.6 ). En ese orden de ideas, tenemos que en nuestro sistema la caducidad de instancia es considerada un medio excepcional de terminación de Proceso, que opera indefectiblemente en aquellos supuestos y casos que la norma prescribe. Así las cosas, advertimos que las principales razones en que descansa la resolución impugnada, es que la perención de instancia, provocada por la inactividad procesal, no prospera en procesos de quiebra Universal, ante el llamado concurso de acreedores, ya que el fallido, salvo algunos excepciones, está limitado en cuanto al ejercicio de ciertas acciones, toda vez que la naturaleza misma del Proceso de quiebra lo coloca en una situación distinta, donde las actuaciones se dirimen, a través del curador y ante la concurrencia de acreedores que tenga interés de hacer efectivo un crédito, lo cual, amerita inclusive la acumulación de todos aquellos procesos iniciados contra el quebrado y la determinación de sus bienes para hacer frente a estas deudas. Esta realidad que es palmaria en este proceso, donde si bien la demanda fue instaurada por la empresa SOCIEDAD DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA, en el 2005; no obstante, se observa que al mismo se han adherido otros acreedores, de los cuales algunos ya tenían procesos iniciados en otros juzgados, donde inclusive se había decretado secuestro sobre determinados bienes del hoy amparista. Para el Tribunal A-quo la caducidad extraordinaria de instancia no se provoca con el simple transcurso del tiempo, sino frente al cumplimiento de todos los presupuestos legales y atendiendo la naturaleza misma del proceso. Lo anterior nos lleva en primer orden a citar el contenido del artículo 1113 del Código Judicial, cuyo texto es invocado por al activador constitucional para sustentar su réplica: "ARTÍCULO 1113: Dará lugar a caducidad extraordinaria la paralización del proceso por dos años o más, sin que hubiere mediado gestión escrita de parte. La resolución respectiva será notificada por edicto y no admitirá recurso, salvo el de Reconsideración. Será obligación del secretario recibir escritos que, en cualquier etapa del proceso, presente la parte instando a la actuación. En los procesos en curso en que se haya producido la causal durante el año anterior, los interesados tendrán un término de tres meses, contados a partir de la vigencia de esta Ley, para presentar por escrito la gestión que impida que se decrete la caducidad. Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal, correccional que corresponda.". Así las cosas, debemos partir por señalar que los antecedentes efectivamente dan cuenta que nos encontramos frente a un Proceso de Quiebra Universal, que desde el 2005 hasta el momento de la presentación de la acción que nos ocupa, avanzó hasta la etapa en que, luego de concurrir una serie de acreedores, constituirse formalmente el Tribunal que conocería la causa, y designado un nuevo curador, se desplegaron esfuerzos para determinar aquellos bienes del fallido que permitan hacer efectivo estos créditos, en el orden de prelación. Una labor que requería determinar, previamente, la existencia de bienes que sean propiedad del fallido, de allí la suerte que corrieran las diligencias desplegadas por el Tribunal de instancia con ese propósito o del interés del fallido por precisar estos bienes, este último caso que no concurre en este proceso, ya que se constata que el mismo no llegó a acudir a las distintas Junta de Acreedores para dilucidar con mayor rapidez este aspecto. Ahora bien, ciertamente se constata en el dossier que la última actuación dictada por el Tribunal de instancia fue el Auto No,. 1334/019-06 de 15 de septiembre de 2009, a través del cual se niega el permiso de salida del país al señor A.R.T.M., empero no podemos soslayar, lo que nuestro ordenamiento prevé frente a este tipo de proceso, lo cual, nos permite colegir con lo decidido por el A-quo. En ese orden, es preciso citar el contenido del artículo 1800 del Código Judicial, que se expresa en el siguiente contexto: "ARTÍCULO 1800: Después de ejecutoriado el auto de formación del concurso el deudor no será parte en el proceso, más que en el incidente sobre calificación de la insolvencia. En los actos a que concurra el deudor, por disposición expresa de la ley, su opinión tendrá carácter meramente informativo." ( lo resaltado es nuestro). Como corolario a lo anterior resulta propicio mencionar el contenido del artículo 1795 lex cit, que en relación a lo anterior sostiene: "ARTÍCULO 1795: El auto en que se aceda a la declaración de concurso, se notificará inmediatamente al concursado, el cual quedará en su virtud, incapacitado para la administración de sus bienes". De autos se constata, que en el proceso bajo estudio además de que se decreto en estado de quiebra y por ahora, al señor A.T.M., de igual manera se convocó el concurso de acreedores; decisión que está en firme, ya que se evidencia que el concursado fue notificado a través de sus apoderados, sin mostrar oposición a la decisión. Este concurso de acreedores a los cuales han acudido los siguientes créditos como se dejó constancia en la Acta de Junta de Acreedores de 24 de abril de 2008, en el siguiente orden: SAVISA S.A. (B/34,590.23); ALUMAX S.A., (B/46,098.61); BONAVEL, S.A. (B/9,239,81); LA FÁBRICA S.A. (B/44,412.06) e INSTALACIONES DE BALDOSAS Y AZULEJOS S.A. (B/12,047,37). (cfs. 616-619). Consideramos que si bien estamos frente a una proceso que inicia en el año 2005; no obstante, los antecedentes acreditan las distintas actividades procesales que se han forjado para que se haga efectivo el pago de estos créditos, lo cual, depende de los bienes o propiedades, con que cuente el fallido para asumir estas deudas. Es así, que nuestro ordenamiento establece una especial condición a estos procesos en el artículo 1108 del Código Judicial, el cual ha servido de fundamento legal para negar la caducidad extraordinaria de instancia impetrada por el amparista, y cuyo contenido literal es el siguiente: "ARTÍCULO 1108: La caducidad de la instancia sólo procederá en los procesos ordinarios y sumarios de carácter patrimonial. No tendrá aplicación la caducidad de la instancia en los procesos de sucesión, de concurso, de división de bienes comunes y, en general, en los procesos no contenciosos. En los procesos ejecutivos sólo se decretará el desembargo de los bienes o el levantamiento del secuestro, los cuales no podrán secuestrarse o embargase en el mismo proceso antes de un año." ( lo resaltado es nuestro). Para esta Superioridad el contenido de esta disposición legal establece expresamente los supuestos en que la caducidad de instancia no prospera frente ha determinados procesos, siendo el concurso, unos de los procesos excluido de este medio excepcional de terminación del proceso. Es importante acotar que de acuerdo a nuestros ordenamiento, el Proceso de quiebra y Concurso de Acreedores, tiene establecido un procedimiento que tiene por objeto principal, el agotamiento de una serie de diligencias, a fin de lograr el reconocimiento de los créditos presentados frente al fallido, lo cual, depende como ya indicamos del grado de solvencia del quebrado, donde de no lograrse ese propósito, establecer si el mismo se encuentra en un estados de insolvencia, para proceder conforme lo tiene previsto nuestras normas vigentes, en esta materia. Respecto a lo anterior R.L.R. y J.O.L., en su obra, Caducidad de instancia opinan: "que la resolución judicial que abre la ejecución colectiva suspende las acciones individuales de contenido patrimonial contra el deudor... el pedido de verificación de crédito suspende el curso de la perención de instancias en esos procesos. En este caso no hay abandono voluntario del trámite procesal, sino imposibilidad jurídica de proseguir la acción promovida: hay una causa que legitima la inacción judicial. El término perención se suspende, en principio, por el concurso civil o la quiebra del deudor, pues estos juicios impiden la prosecución de los litigios individuales. Resultando el concurso del demandado una justa causa de paralización del proceso, no corresponde decretar la caducidad de la instancia. La declaración de quiebra del demandado suspende el curso del término de perención de la instancia; no puede computarse en el término de perención el tiempo que la parte contra quien se acusa ha permanecido bajos los efectos del auto de quiebra..., la declaración de quiebra atrae al juzgado en que ella tramita todas las acciones judiciales iniciadas contra el fallido, por lo que se reclaman derechos patrimoniales y produce la suspensión del trámite de las mismas, provocando consecuentemente, la interrupción de la perención de instancia..." (LOUTAYF RANEA, R. y OVEJERO LÓPEZ, J.. Caducidad de Instancia, 2da. R., Editorial Astrea, pág. 262) Es pues, que este máximo Tribunal comparte el concepto vertido por el A-quo, en cuanto a la aplicación del contenido de esta norma (artículo 1108 CJ) para negar la solicitud de caducidad extraordinaria de instancia, ya que expresamente establece una excepción en procesos de concurso de acreedores, como el que nos ocupa. Adicional a ello, es importante atender el concepto vertido por el Juez de instancia, de que hay que observar las particularidades de este tipo de proceso, en el cual, a diferencia de los demás, no está pendiente de un pronunciamiento jurisdiccional, sino del resultado positivo de las distintas diligencias que se desplieguen para ubicar aquellos bienes del fallido, y hacer efectivo los créditos presentados. Un proceso que se distingue por correr la suerte de estar compuesto de otros procesos, iniciados ya, pero que se acumulan a este primero, ante la declaratoria de quiebra y llamado a concurso de acreedores que están interesados en hacer efectivo un derecho, siendo la realidad procesal de este negocio, que se le han acumulado tres procesos ya iniciados en otros Tribunales, y que fueron remitidos al Juez de instancia para que fueran sustanciados bajo la misma cuerda procesal, tal como se evidencia a folio 589. Con respecto al proceso de quiebra y concurso de acreedores esta Corporación de Justicia se ha pronunciado de esta manera: "La quiebra y el concurso de acreedores son procesos de ejecución colectiva universal que regulan el procedimiento a seguir cuando una persona natural o jurídica no puede hacer frente a sus responsabilidades pecuniarias ante terceros, siendo necesario vender su patrimonio para atender las deudas contraídas con los acreedores que actuaron de buena fe. ... Es de recordar, que conforme a nuestro ordenamiento jurídico la administración de la quiebra recae primeramente en el curador, quien entre sus múltiples funciones tiene la de recaudar y cobrar todos los créditos y rentas que pertenezcan al concurso y pagar los gastos del mismo que sean indispensables para la defensa de sus derechos, así como para la conservación y beneficio de sus bienes; deberá procurar además, la enajenación y realización de todos los bienes, derechos y acciones del concurso en las condiciones más ventajosas con la aprobación de la junta de acreedores y el juez." (fallo de 4 de diciembre de 2003). Considera este Corporación de Justicia que estamos frente a un Proceso que reúne características disímiles a otros negocios, ya que muchas de las actividades procesales escapan de las partes que demandan o que se suman al concurso de acreedores, ya que luego de decretada la quiebra y el concurso de acreedores, la prosecución del Proceso de Quiebra Universal vienen provocadas por el Tribunal de instancia, muchas veces instada por el Curador que conforme al artículo 1823 del Código Judicial tiene una serie de atribuciones como: recaudar y cobrar todos los créditos y rentas, procurar la enajenación y realización de todos los bienes y promover la convocatoria de la junta de acreedores, entre otras. De allí, que se observa que en la última Junta de Acreedores quedó pendiente aún definir la situación frente a otros créditos, como lo es el caso de la empresa BONAVEL S.A., quien insta al Juez de instancia que verifique el proceso de secuestro por ellos presentados en el Juzgado Sexto para que sea acumulado a este proceso de quiebra (f.s 666) En síntesis, para esta Superioridad la actuación desplegada por el Juez de instancia no representa una violación a derechos fundamentales como el debido proceso legal, ya que la decisión se adopta atendiendo a lo normado en nuestro ordenamiento legal frente procesos como el que nos ocupa, y es en base a estas consideraciones que se confirma la pieza procesal remitida en alzada. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, el PLENO DE LA CORTES SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 15 de marzo de 2013, a través del cual el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, NO CONCEDE la ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, promovida por el señor A.R.T.M., contra el Auto No.1717/19-06 de 12 de noviembre de 2012, proferida por el Juzgado Primero de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil. N., HARLEY J. MITCHELL D. ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. YANIXSA Y. YUEN (Secretaria)