Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 4 de Abril de 2013

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución 4 de Abril de 2013
EmisorPleno

VISTOS: En grado de apelación, ingresa al Pleno de esta Corporación Judicial, la Sentencia No. 82 de ocho (8) de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, a través de la cual decide NO ADMITIR la Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta contra la orden de hacer contenida en el Auto No. 305 de 27 de marzo de 2012, proferido por el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos, Ramo Civil, que ordenó levantar el embargo decretado mediante Auto No. 576 de 31 de mayo de 2100, a favor de R.E.M.C., sobre la Finca No. 43425, inscrita al documento 1551669, Rollo 1, asiento 1 de la Sección de Propiedad del Registro Público de la Provincia de Los Santos, propiedad de M.C. y ORDENA comunicar a la Dirección General del Registro Público, CANCELAR LA HIPOTECA Y ANTICRESIS que pesa sobre la finca de la referencia, dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario incoado por MORENO CASTRO contra M.C.. Al momento de notificarse de la referida resolución, el licenciado M.M.M.A., apoderado judicial del señor M.C., apela, por lo que se concede en el efecto suspensivo a fin de que sea resuelta la alzada. II.- ARGUMENTOS DEL APELANTE En cuanto a la falta de agotamiento de los recursos ordinarios previstos por la ley, argumento esbozado por los señores Magistrados del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, con sede en Las Tablas, el apelante sostiene que le fue imposible promover el recurso de apelación, puesto que el mismo día, 27 de marzo de 2012, el Juez demandado emitió el Oficio No. 368, dirigido al Director al Director General del Registro Público, ordenando el levantamiento del embargo de la hipoteca y anticresis. En cuanto al otro argumento expuesto por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, el recurrente manifiesta que deducir que no existe el elemento de "gravedad e inminencia", porque han transcurrido seis meses contados a partir de la emisión de la orden de hacer, es hacer depender dicho daño e inminencia de una operación matemática, que los propios Magistrados del Tribunal Superior reconocen que no tiene asidero legal, ya que "no existe normativa que estipule un plazo determinado entre la emisión de la resolución atacada y la presentación del amparo". El recurrente agrega además que en el presente caso existen incidencias especiales que deben atenderse, y es el peligro grave e inminente de intentar traspasar la finca No. 4425 que fuera propiedad de su representado MARCO CAMANDONA a terceras personas; es por ello que, afirma que no ha desaparecido la gravedad e inminencia del daño que produjo la orden de hacer emitida por el Juez Primero de Circuito de Los Santos, como afirman los Magistrados del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial. Finalmente, solicita que se admita la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovido contra el Auto No. 305 de 27 de marzo de 2012, dictado por el Juez Primero del Circuito de Los Santos, Ramo Civil. II.- LA RESOLUCIÓN APELADA El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en Sentencia No. 82 de 8 de octubre de 2012, decidió NO ADMITIR el A. de Garantías Constitucionales, bajo los siguientes argumentos: En primer lugar, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial explicó que, al revisar el acto impugnado verificó que, "es una resolución mixta, puesto que en el mismo se levanta el embargo que padece la finca, propiedad del demandante, y se ordena cancelar la hipoteca y anticresis que existía sobre ese bien inmueble, por lo que, atendiendo al contenido del numeral 2 del artículo 1139 del Código Judicial, la resolución que ordena el levantamiento o la sustitución de una garantía o medida cautelar es apelable en el efecto diferido, por tal razón el activador constitucional contaba con la posibilidad de interponer ese recurso vertical en contra de esa decisión jurisdiccional, no obstante, de tal circunstancia no se encuentra evidencia dentro de las piezas procesales incorporadas en la acción de amparo, y de allí que no se cumpla con el requisito de agotamiento de los medios de impugnación, exigido por el artículo 2615 del Código Judicial". Otro aspecto que resaltó el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial es que la acción presentada no cumplió con el "requisito irrefragable de gravedad e inminencia, y ello se desprende del hecho de que la resoluicón atacada por esta vía, fue proferida por la autoridad demandada el 27 de marzo de 2012, y no del 2011, como lo refiere el demandante en su escrito, y la demanda fue presentada el 1 de octubre del año que avanza, es decir, han transcurrido más de siete meses, después de la emisión de la orden de hacer censurada, lo que significa, que ha desaparecido la gravedad e inmencia del daño". III.- CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO En virtud de la promoción del recurso de apelación, corresponde pronunciarnos respecto a la decisión vertida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial y por tanto, determinar si la misma se adecua a lo dispuesto en las normas legales sobre la materia. Ello nos conlleva a indicar de manera indiscutible, que le asiste razón al tribunal a-quo, ya que la resolución se fundamenta no sólo en las disposiciones legales sobre A. de Garantías Constitucionales, sino en los pronunciamientos jurisprudenciales emitidos en reiterados momentos. Y es que el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial, establece como requerimiento de obligatorio cumplimiento, el agotamiento de los medios y trámites de impugnación de la resolución judicial que se pretende a través de amparo. Es más, dicha normativa establece que la viabilidad de esta pretensión constitucional, "Sólo procederá" cuando se de el fiel cumplimiento de lo indicado. Lo reseñado en dicho artículo, conduce al tribunal constitucional a determinar la naturaleza de la resolución que se impugna y como quiera que en este caso se trata de aquella establecida en la disposición indicada, es necesario que se demuestre el agotamiento de dichos remedios o medios de impugnación, lo que en efecto no se presenta en esta ocasión. Al adelantarnos a la controversia planteada, el Pleno de esta Corporación de Justicia constata que, el Juzgado Primero de Circuito de Los Santos, Ramo de lo Civil, dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario propuesto por R.E.M.C. contra M.C., emite el Auto No. 305 de 27 de marzo de 2012, mediante el cual levanta el embargo decretado a través del Auto No. 576 de 31 de mayo de 2011, a favor de R.E.M.C. sobre la Finca No. 43425, inscrita al documento 1551669, Rollo 1, asiento 1 de la Sección de Propiedad del Registro Público de la Provincia de Los Santos, propiedad de M.C. y Ordena comunicar a la Dirección General del Registro Público, cancelar la hipoteca y anticresis que pesa sobre la finca en referencia. El accionante constitucional, podía impugnar dicha resolución, a través del recurso de apelación, tal como lo dispone el numeral 2 del Artículo 1139 del Código Judicial, que establece que la resolución que ordena el levantamiento o la sustitución de una garantía o medida cautelar es apelable en el efecto diferido; motivo por el cual, se concluye que no se agotó los trámites previstos en la Ley, es decir, el apoderado judicial del señor M.C., podía hacer uso de los recursos previstos en la Ley. El amparista, debe tener en cuenta que, la condición de agotar los medios y trámites de impugnación estipulados en la ley no resulta contraria a la naturaleza de la acción de amparo, ya que su finalidad no es la de sustituir los trámites legales previstos para recurrir las órdenes consideradas ilegales, sino que su objetivo es facilitar al afectado en sus derechos constitucionales, para que un tribunal constitucional examine los vicios que le imputa a dicha actuación jurisdiccional, de forma tal que constituya una verdadera acción extraordinaria a fin de obtener la revocatoria de órdenes u actos que vulneren derechos constitucionalmente consagrados. Asimismo se ha señalado vía jurisprudencia, el carácter extraordinario de la acción de amparo, que sólo procede cuando se hayan agotado todos los medios y trámites previstos en la Ley, para impugnar un acto que se ataca a través de esta Institución de Garantía, y en este caso dicho requisito no se ha cumplido, conforme lo establece el artículo 2615, numeral 2 del Código Judicial, tal como señaló el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial. En vista de lo anterior, queda claro que el demandante no ha cumplido con uno de los requisitos necesarios para la admisión de las demandas de amparo, constituido por el agotamiento de los trámites y medios que la ley dispone para la impugnación de la resolución de que se trate, procede confirmar la resolución venida en grado de apelación. En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución No. 82 de 8 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial. N..- VICTOR L. BENAVIDES P. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)