Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 19 de Noviembre de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución19 de Noviembre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conoce del Recurso de Apelación propuesto dentro de la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado J.D.P., en su propio nombre y representación, contra la decisión adoptada por el J. de Garantías de la Provincia de Coclé, durante el Acto de Audiencia Intermedia celebrado el día 6 de febrero de 2015, dentro de la causa criminal número 2012000006049 que trata de una investigación seguida al amparista, por la presunta comisión de delito Contra el Honor y Contra la Vida y la Integridad Personal en perjuicio de D.T., Personera Municipal del Distrito de Aguadulce. La decisión objeto de la Acción de Tutela Constitucional que nos ocupa, consistió en que el J. de Garantías dictó apertura de juicio oral en contra de J.D.P., considerando el amparista que con ello se desconoció, que las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público estaban viciadas, en virtud de que no se le garantizó el derecho de defensa y al rechazarse la excepción de nulidad absoluta que sustentara en dicho acto de audiencia y abrir la causa a juicio oral, se violó el debido proceso porque se le impidió el pleno ejercicio de las garantías y derechos consagrados en la Constitución, la L. y los Tratados Internacionales ratificados por la República de Panamá. I. LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Mediante Sentencia de 12 de marzo de 2015, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial como Tribunal Constitucional, no concedió la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado J.D.P., en su propio nombre, contra la decisión emitida por el J. de Garantías de la Provincia de Coclé, el día 6 de febrero de 2015, dentro de la carpeta penal 2012000006049 a la que antes hicimos referencia. El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, que actuó como Tribunal A quo en el amparo, respecto a la infracción del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá argumentada por el amparista, manifestó lo siguiente: "...no explica o individualiza los actos concretos e indiciarios que vienen a constituir dichos fueros o privilegios. Por el contrario, una revisión detallada del acto de audiencia, .... permite determinar que la defensa contó con las mismas oportunidades que el Ministerio Público y la querella para dirigirse y presentar sus peticiones ante el J. de Garantías; por ello, encontrándose las partes en un plano de igualdad procesal, los resultados que uno u otro obtengan dependerán del derecho que le asista y de la forma en que cada interviniente plantee sus pretensiones, conforme al estudio y la adecuada utilización de las técnicas y reglas del sistema penal acusatorio". Termina señalado el Tribunal, que la supuesta infracción al artículo 19 de la Constitución Política, fueron convalidadas por la defensa al no reclamarlas oportunamente ante el J. de Garantías pudiendo hacerlo, como lo establece el artículo 44 del Código Procesal Penal. Respecto a la violación de la garantía de debido proceso, expone el Tribunal Constitucional de primera instancia lo siguiente: "...la decisión emitida por el J. de Garantías de la Provincia de Coclé de inadmitir las pruebas documentales, periciales consistentes en la practica de psicológico a la víctima y algunas de las testimoniales, no vulnera el debido proceso, ni las otras garantías consagradas en nuestra Carta Magna, pues se dictaron en apego y dentro de los parámetros que permite el artículo 378 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece los requisitos que deben reunir las pruebas para ser admitidas... .... .... en la audiencia intermedia al imputado, hoy acusado, se le garantizó su derecho constitucional a ofrecer las pruebas para el juicio oral, así como también a los demás intervinientes se les brindó la posibilidad de alegar, etapa que debía aprovechar para exponer sobre la legalidad, relevancia, pertinencia y oportunidad de los medios de convicción que se pretendían practicar en el juicio oral. Luego de surtidas todas estas alegaciones, obviamente, correspondía al Juzgador, en ejercicio de las facultades que le confiere la ley, determinar la admisibilidad o no de cada uno de los medios de convicción ofrecidos, tarea que a nuestra consideración realizó sin infringir ninguna garantía constitucional, pues además explicó razonadamente los motivos que le llevaron a tomar su decisión, cumpliendo con el deber de motivación que impone el artículo 22 del Código Procesal Penal. .... No se debe abrigar dudas que los Jueces de Garantía están ampliamente facultados por la ley para decidir sobre la admisibilidad o no de los elementos probatorios que las partes quieran llevar a juicio, siempre observando la obligación de motivar adecuadamente sus resoluciones, requisito que como hemos visto ha sido cumplido, pues el Juzgador explicó de manera razonada las razones que le llevaron a inadmitir algunos de los medios de prueba presentados por la defensa (documentales, periciales y testimoniales) y aceptar otros (dos testimonios), por lo que concluimos que la decisión asumida por el J. de Garantías de la Provincia de Coclé, no infringe los artículos 19 ni 32 de la Constitución Política ....." II. ARGUMENTOS DEL APELANTE Dentro del término de ejecutoría de la Sentencia de 12 de marzo de 2015, mediante la cual el Tribunal Constitucional en primera instancia no concedió la Acción de A. de Garantías Constitucionales, el licenciado J.D.P., interpuso recurso de apelación, en el cual sostiene en síntesis, que al presentar su demanda de amparo la misma fue acogida en su totalidad y explicó los actos concretos e indiciarios que constituyeron los fueros y privilegios a favor de la querellante, además, se puede observar en las distintas pruebas que aportó, cómo se constituyó dicho fuero y privilegio. Con relación a lo resuelto por el Tribunal de A. A quo al descartar el cargo de violación del artículo 32 de la Constitución Política señala, que las decisiones de admitir o no la práctica de las pruebas aportadas y solicitadas conlleva a que el J. no puede impedir que se practiquen pruebas para esclarecer los aspectos controvertidos, ya que es evidente la necesidad de dichas pruebas para garantizar el derecho de defensa. Continúa señalando que en este caso se ha negado la práctica de una gran cantidad de pruebas documentales, testimoniales y periciales, lo que considera abuso de la discrecionalidad y desatención a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia cuando señala que la discrecionalidad del J. no puede afectar la garantía constitucional del debido proceso, debiendo atender lo dispuesto en los artículos 1, 3, 10, 17, 19, 24, 93 numeral 17, 272, 273 y 276 del Código Procesal Penal. III EXAMEN DEL TRIBUNAL AD-QUEM Corresponde en esta etapa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinar si la decisión emitida por el Tribunal de A. en primera instancia, respecto a la Acción de A. de Garantías Constitucionales incoada por el licenciado J.D.P., se ajusta a lo previsto en nuestro ordenamiento jurídico vigente y a los hechos y constancias que reposan en el expediente constitucional. No esta de más recordar, que la Acción de A. de Garantías Constitucionales es el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado democrático y social de derecho, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante la sede judicial y reclamar la tutela de su derecho infringido por una acción o acto, ya sea por acción u omisión, que siendo emitido por servidor público, contravenga los postulados esenciales, principios y valores en los que se sostiene el conjunto de deberes fundamentales reconocidos en el sistema constitucional panameño. De igual manera es importante anotar, que la jurisprudencia más reciente de esta Corporación de Justicia ha mantenido el criterio, que de manera excepcional, el Tribunal de A. de Garantías Constitucionales puede revisar la valoración del J. de la causa, o verificar que la aplicación o interpretación de la L. por parte del J. ordinario haya sido correcta, sólo en los casos en que se ha violado un derecho o garantía fundamental, por razón de una sentencia arbitraria o por una sentencia que este falta de motivación o que se haya realizado una motivación insuficiente o deficiente argumentación o cuando se trate de una sentencia en la que se aprecie una evidente mala valoración o falta de apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión, o cuando se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la L., siempre que se afecte, como se indicó, un derecho o garantía fundamental (Cfr. Fallo de 10 de enero de 2014. Ponente: Magistrado L.M.C. dentro de la Apelación de la Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta contra el Auto de Apertura a Juicio Criminal No.87-13 de 22 de mayo de 2013, emitido por el J. de Garantías del Circuito Judicial de Veraguas). Se observa que las violaciones constitucionales argüida por el amparista en su libelo de amparo, van dirigidas a la infracción de los artículos 19 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, para cuyo análisis iniciaremos con los cargos de violación al debido proceso, toda vez que el amparista en su recurso de apelación se muestra inconforme con el orden en que el Tribunal de A. en primera instancia realizó el análisis de los mismos. En ese sentido consideramos necesario resaltar, que el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, se compone de tres elemento: 1. Ser juzgado por autoridad competente, es decir por el J. Natural que no es más que el J. a quien la propia L. le confiere determinadas atribuciones; 2. Ser juzgado conforme al trámite legal, que debe ser el vigente según la L.; y 3. No más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva y disciplinaria, principio conocido como "nom bis in idem". Pero además de estos derechos, se ha reconocido, que como parte del debido proceso las partes gozan de una serie de garantías procesales como lo son: la oportunidad de acceder válidamente a los tribunales de justicia y obtener una decisión o resolución judicial en base a lo pedido; ser juzgados en un proceso previamente determinado por la L. y por motivos o hechos definidos con anterioridad; ser escuchado en el proceso, la posibilidad de aportar pruebas lícitas y contradecir las de la contraparte; derecho a obtener resoluciones debidamente motivadas y hacer uso de los medios de impugnación que otorga la ley, de tal manera que puedan hacer valer sus derechos o ejercer los mecanismos de defensa legalmente establecidos. Sobre la vigencia e importancia de éstos elementos o garantías procesales que componen el derecho constitucional al debido proceso, el autor A.H. expuso lo siguiente: "...si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho de aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medios de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de estas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguirse un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo desconozca la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional". (H., A.. El Debido Proceso, Editorial Temis, S.A., Santa Fé de Bogotá Colombia, 1996, pág.89-90). Es precisamente en la infracción al derecho de aportar pruebas y contradecir las aducidas por la contraparte que el amparista sustenta el cargo de violación al debido proceso. De acuerdo al recurrente la infracción tuvo lugar cuando el J. de Garantías, no atendió el contenido de los artículos 1, 3 y 24 del Código Procesal Penal, que establece que el proceso penal se fundamenta en las garantías, principios y reglas del debido proceso, contradicción, legalidad procesal, estricta igualdad de las partes, derecho de defensa e investigación objetiva, contenidas en el Titulo Primero del Libro Primero de dicho cuerpo legal, y que igualmente no cumplió lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 93, el artículo 17 y el 381, lo que vicia de nulidad absoluta, las actuaciones del Ministerio Público al no permitírsele al imputado ejercer su derecho de defensa y de presentar pruebas de descargos, conforme lo dispone el artículo 199 lex cita, violándose con ello el debido proceso, por lo que se presentó una excepción de nulidad absoluta de dichas actuaciones, la cual fue rechazada. El Tribunal de A. A quo al referirse al cargo de violación al debido proceso expuso en síntesis, que la no admisión de las pruebas se dictó en apego a los dispuesto en el artículo 378 del Código de Procedimiento Penal y que en la audiencia de formalización de la acusación se garantizó el derecho del imputado a ofrecer pruebas para el juicio oral y luego el J. de Garantías se pronunció sobre la admisión de las mismas, motivando debidamente su decisión. Por su parte la defensa en su escrito de apelación señaló que el J. negó la practica de una gran cantidad de pruebas documentales, testimoniales y periciales, lo que, considera, se constituye en abuso de la discrecionalidad, que afecta la garantía del debido proceso. Respecto a la desatención por parte del J. de Garantías del contenido de los artículos 1, 3 y 24 del Código de Procedimiento Penal, se observa que en dichas normas se hace referencia a que el proceso penal se fundamenta en las garantías, los principios y las reglas contenidas en el Título I del Libro Primero de dicho cuerpo normativo, y que sus normas deben interpretarse conforme a ellos (art. 1); que el proceso penal se informa de los principios del debido proceso, contradicción, inmediación, simplificación, eficacia, concentración, estricta igualdad de las partes, economía procesal, legalidad, constitucionalidad del proceso y derecho de defensa (art. 3), y la obligación de investigar tanto lo desfavorable como lo favorable a los intereses de imputado y demás intervinientes en el proceso y respetando las normas constitucionales, los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá, el Código Procesal Penal y los derechos humanos del investigado (art. 24). Sobre lo anotado, el Pleno debe acotar, que de las constancias procesales existentes en el expediente de amparo y lo percibido en el audio y video del acto de audiencia celebrado el día 6 de febrero de 2015, no se evidencia que el J. de Garantías de la Provincia de Coclé haya incurrido en inobservancia de los principios, reglas y garantías dispuestas en las normas que señala el amparista más bien se logra corroborar que su decisión se fundamenta en la vigencia y alcance de cada uno de dichos principios, reglas y garantías, especialmente la del debido proceso, la contradicción, la legalidad procesal, la igualdad de las partes, el derecho de defensa y la investigación objetiva, y en virtud de ello, no ha quedado probado que el derecho de defensa del imputado haya sido conculcado al no admitírsele una serie de medios probatorios que pretendía incorporar al proceso para utilizarlos en el juicio oral. Contrario a lo alegado por el amparista, del video de la audiencia de formulación de la acusación se desprende claramente, que el J. de garantías durante el acto concedió, tanto al Ministerio Público como a la querella y al defensor, en este caso el propio licenciado J.D.P., la palabra y el momento procesal no solo para presentar las excepciones y demás cuestiones previas que a bien tuvieran presentar, sino también la oportunidad de aportar pruebas y a objetar las aportadas por la parte contraria, realizándose el debate correspondiente las objeciones. En dicho momento procesal el amparista objeta una serie de pruebas testimoniales y pericial propuestas por el Misterio Público, siendo rechazadas dichas objeciones y admitidas las pruebas aportadas por la agencia del Ministerio Público. Por su parte la defensa también presentó los medios probatorios que a bien tuvo en apoyo de su teoría del caso, de las cuales el J. de Garantías admitió las que, luego de escuchar el argumento de la defensa y el debate de las objeciones, consideró admisibles en base a los parámetros legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal y no admitió otras en base a los mismos parámetros contenidos en el artículo 378, que establece que para que las pruebas puedas apreciarse en el proceso deben referirse directa o indirectamente al objeto del hecho investigado y ser de utilidad para descubrir la verdad, y los demás contenidos en el artículo 347 lex cita. Para determinar si una prueba que pretende ser utilizada en el juicio oral es o no útil para descubrir la verdad, el J. de Garantías debe hacer una valoración preliminar de la misma a efecto de verificar si es útil para acreditar el aspecto o hecho del proceso indicado por su proponente al momento de defender su relevancia y las objeciones que contra su admisión presente la contraparte. En razón de ello el Pleno estima que no le asiste razón al amparista recurrente, cuando alega la infracción del numeral 17 del artículo 93 del Código Procesal Penal, al exponer que el J. no debe impedir que se practiquen las pruebas para esclarecer los aspectos controvertidos y así garantizar el derecho de defensa, porque es precisamente la L. la que le atribuye al J. de Garantías la facultad de pronunciarse respecto a su admisibilidad. Lo que establece dicha norma es que la persona imputada tiene derecho a aducir pruebas de descargo que deben se diligenciadas conforme a las reglas de ausencia de formalismo, celeridad y economía procesal, lo que implica que el J. debe pronunciarse sobre la admisibilidad de los medios probatorios aportados atendiendo a lo dispuesto en el numeral 17 del artículo 93 del Código de Procedimiento Penal y a las objeciones presentada por las partes. El jurista J.L.C.A., al referirse a los criterios racionales de control de la valoración de la prueba, diferencia tres etapas o momentos en la actividad probatoria en los siguientes términos: "La valoración de la prueba es el juicio de aceptabilidad de los medios probatorios aportados al proceso a fin de determinar su eficacia y peso. Se trata de una de las etapas más importantes de la actividad probatoria en el proceso, pero que no es ni la única ni la última. Como se reconoce, la actividad probatoria posee tres fases o momentos que se pueden diferenciar desde el punto de vista lógico: i) La conformación y acopio del conjunto de elementos de juicio pertinentes relacionados con los enunciados fácticos que conforman el objeto del proceso y que son relevantes para la decisión final; ii) La valoración de los medios probatorios producidos en el proceso que pasa tanto por una ponderación individual y conjunta de la prueba acopiada y reunida; iii) La decisión final de los hechos probados que es la culminación del proceso de acopio de pruebas y de ponderación racional de cada una de estas". (C.A., J.L.. La Motivación de la valoración de la prueba en materia penal. Editora y L.J.G.E.I.R.L., Perú, 2014, pág.98-99) Es en la primera etapa de la actividad probatoria, según lo indicado por el autor, en la que interviene el J. de Garantías, quien debe realizar una labor valorativa preliminar a fin de determinar la admisibilidad de los elementos probatorios de manera que únicamente superen la fase de admisión los que resulten efectivamente útiles para acreditar los hechos objeto del proceso penal y en ese sentido deben tener cierta entidad y poseer una calidad tanto epistemológica como jurídica. Señala el amparista, que el J. de Garantías abre la causa a juicio oral luego de rechazar la excepción de nulidad absoluta propuesta contra los actos de investigación del Ministerio Público sustentada en la inobservancia de su obligación de investigar tanto lo desfavorable como lo favorable al imputado, al no pronunciarse respecto de una serie de pruebas que solicitó, con lo cual se viola el derecho de defensa. El Pleno no comparte este argumento del amparista, porque ante la falta de pronunciamiento del Ministerio Público respecto a las pruebas cuya práctica solicitó durante la fase de investigación, tiene la defensa a su disposición, la posibilidad de acudir ante el J. de Garantías a solicitar que se aperciba al Ministerio Público para que se pronuncie respecto de las pruebas cuya practica solicitó; sin embargo no lo hizo y además cuenta la defensa con la oportunidad de aportarlas en la audiencia de formulación de la acusación, a fin de que el J. de Garantías examine si procede su admisión, tal como fue hecho por la defensa, logrando que se admitieran algunas de las pruebas solicitadas. El derecho de defensa como parte integral del debido proceso asegura el cumplimiento de otras garantías procesales como la de ser escuchado y la posibilidad de aportar pruebas y contradecir las de la contraparte, por lo que en virtud de ello quien tenga a su cargo la representación procesal de un imputado debe dominar la normativa y la técnica procesal vigente, de manera que se obtenga en el ejercicio del derecho de defensa una respuesta favorable a sus intereses. En atención a lo esbozado, no comparte el Pleno el criterio del amparista respecto a la inobservancia del derecho de defensa (art. 10), validez de la prueba (art.17), ni de la igualdad procesal de las partes (art.19), esto último con relación a la infracción del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que más adelante abordaremos. Otra norma cuya desatención por parte del J. de Garantías alega el amparista lo es el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, que desvalora las pruebas ilícitas, es decir, las obtenidas con inobservancia de las formas y condiciones establecidas en la normativa o que implique violación de derechos y garantías del imputado previstos en la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por la República de Panamá.. Respecto a lo indicado, éste Tribunal Constitucional en segunda instancia no observa que dentro de la investigación realizada por el Ministerio Público y los medios de prueba admitidos en el proceso, previa ponderación del J. de Garantías de la Provincia de Coclé, se haya desatendido el contenido de la norma al admitirse una prueba ilícita, por lo que tampoco prospera el cargo de infracción al debido proceso basado en la violación de dicha norma legal. De igual manera se observa que el amparista alega la infracción al debido proceso por parte del J. de Garantías de la Provincia de Coclé, cuando en el acto de audiencia intermedia negó a la defensa pruebas que eran relevantes como es el caso de los poderes especiales que fueron otorgados por Biodelda Chanis Q, De Degracia, y D.C.Q. al licenciado P., a fin de representarlas en un proceso penal, y que fue la razón por la cual éstas acudieron el día 22 de octubre de 2012 en horas de la mañana a la Oficina del licenciado P., siendo negadas porque presentó dichas pruebas documentales después de las testimoniales, además de negársele pruebas testimoniales y periciales sobre la base de que sólo se aportaron los nombres y apellidos de los testigos y del perito pero no sus números de cédula; sin embargo, el artículo 394 del Código de Procedimiento Penal permite individualizar al testigo al momento de prestar juramento antes de comenzar la declaración. Respecto a este punto, es de lugar reiterar que el J. de Garantías en la valoración preliminar relativa a la admisibilidad de los medios de prueba aportados por las partes en relación con los hechos que pretende acreditar su proponente, se pronunciará conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Penal respecto a su exclusión o inadmisión, tomando como parámetros las objeciones presentadas por la parte contraria respecto a si son impertinentes, inconducentes, repetitivos, superfluos o ilícitos (art. 347), pero además, debe considerar el J. de Garantías que los medios de prueba deben referirse directa o indirectamente al objeto del hecho investigado y ser de utilidad para descubrir la verdad. Ahora bien, recordemos que el Tribunal de A. de Garantías Constitucionales puede revisar la valoración del J. de la causa de manera excepcional, sólo en los casos en que se ha violado un derecho o garantía fundamental, por razón de una sentencia arbitraria o por una sentencia que este falta de motivación o que se haya realizado una motivación insuficiente o deficiente argumentación o cuando se trate de una sentencia en la que se aprecie una evidente mala valoración o falta de apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión, o cuando se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la L., siempre que se afecte, como se indicó, un derecho o garantía fundamental. En razón de ello, este Tribunal de A. no entrará a analizar el trabajo valorativo preliminar del J. de Garantías, toda vez que de lo expuesto previamente no se desprende violación alguna de derechos o garantías fundamentales. En virtud de lo anotado, el Pleno no encuentra probados los cargos de infracción del artículo 32 de la Constitución política de la República de Panamá. La otra norma cuya violación alega el amparista, lo es el artículo 19 de la Constitución Política, que establece que "No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas", que considera se verifica, cuando el J. de Garantías de la Provincia de Coclé no toma en consideración, que en las actuaciones del Ministerio Público se favoreció a la querellante por el hecho de ser la Jefa de un Despacho del Ministerio Público, ya que ocupa el cargo de Personera Municipal del Distrito de Aguadulce, y por ello sus pruebas fueron las únicas diligenciadas y tomadas en cuenta, lo que constituye causal de nulidad absoluta de las referidas actuaciones, según lo dispuesto en el artículo 199 del Código de Procedimiento Penal, ya que en el proceso, las partes deben tener iguales derechos y oportunidades para defenderse, excluyéndose fueros y privilegios para garantizar el derecho de defensa, permitiéndosele presentar pruebas, así como contradecir los hechos y pruebas de la contraparte. El amparista en su recurso de apelación, no comparte lo decidido por el Tribunal Superior respecto al cargo de infracción del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez que fue negado con fundamento en que no se explicó o individualizaron los actos concretos que constituían los fueron o privilegios argüidos; sin embargo indica, que en su amparo sí explicó los actos concretos e indiciarios que constituyeron los fueros y privilegios a favor de la querella, lo que se puede verificar con las pruebas que aportó. Advierte el Pleno que la alegada infracción de la norma fundamental se sustenta en que, como quiera que la querellante en este caso es Personera Municipal del Distrito de Aguadulce y por tanto miembro del Ministerio Público, éste organismo ha ignorado una serie de pruebas que el amparista solicitó fueran practicadas, creando un fuero o privilegio a favor de la querellante y que como quiera que ello le impide el ejercicio del derecho de defensa, el J. de Garantías de la Provincia de Coclé incurrió en violación del artículo 19 Constitucional al rechazar la excepción por nulidad absoluta que planteó en la Audiencia intermedia celebrada el 6 de febrero de 2015, fundamentada precisamente, en que las actuaciones del Ministerio Público se encuentran viciadas, y en lugar de reconocer la excepción procedió a abrir la causa a juicio oral. No obstante, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de A. en segunda instancia, no advierte de parte del J. de Garantías violación alguna al artículo 19 de la Constitución Política de la República de Panamá, que establece que "no habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas", al emitir la decisión de abrir la causa a juicio oral, luego de realizarse en el acto de audiencia el debate respecto de los supuestos vicios de nulidad absoluta en que, de acuerdo con el criterio de amparista, incurrió el Ministerio Público en la fase de investigación al no pronunciarse sobre una serie de pruebas que le solicitara en interés de su defensa. Tal como quedó plasmado en el acto de audiencia cuyo audio y video se encuentra incorporado al expediente constitucional, el amparista no ejerció los mecanismos procesales previstos en el artículo 44 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, para acudir ante el J. de Garantías, quien tiene entre sus funciones la de pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan los derechos fundamentales del imputado, y frente al derecho que le asiste a éste, en cuanto a aducir pruebas de descargo. Ahora bien, es al Ministerio Público como director de la investigación a quien corresponde determinar, de la solicitud de práctica de pruebas hechas por la defensa, cuál o cuáles son útiles al proceso, siempre atendiendo al principio de investigación objetiva que lo obliga a investigar tanto lo desfavorable como lo favorable a los intereses del imputado y demás intervinientes en el proceso. En atención a lo expuesto y como quiera que es el Ministerio Público el encargado de la dirección de la investigación, debe éste, conforme lo que conste determinar si las pruebas cuya práctica solicita la defensa son conducentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos investigados y, de no existir pronunciamiento alguno sobre las mismas, queda a disposición de la defensa en este caso, la posibilidad de solicitar una audiencia ante el J. de Garantías para que conmine al Ministerio Público a pronunciarse respecto de las pruebas solicitadas, lo cual no fue ejercido por el licenciado J.D.P.. No se evidencia de acuerdo con todo lo planteado, una violación al derecho de igualdad constitucional argüido por J.D.P., ya que, en primer lugar, corresponde a la Fiscalía evaluar si las pruebas que solicita la defensa son conducentes dentro de la investigación para acreditar hechos o circunstancias, por lo que su decisión en esta materia no puede constituir una violación a la igualdad de las partes, máxime si la propia normativa legal establece un mecanismo para revisar dicha actuación por parte de un J. de Garantías. En virtud de lo anotado, el Pleno concluye, que si bien no comparte el criterio expuesto por el Tribunal de A. en primera instancia respecto a que el amparista no individualizó los actos concretos que constituyen fueros o privilegios a favor de una de las partes del proceso, no encuentra probado el cargo de infracción del artículo 19 de la Constitución Política, en los términos expuestos por el amparista recurrente, toda vez que la actuación que según él representa el fuero o privilegio a favor de la querellante, no le impedía al imputado el ejercicio pleno de sus derechos y garantías constitucionales y procesales, y como ya indicamos, la infracción no se produce porque el imputado no solo contaba con la posibilidad de acudir ante el J. de Garantías a solicitar que se conminara al Agente del Ministerio Público a que se pronunciara respecto de las pruebas que aportó, sino que además, tenía a su alcance la posibilidad de presentar dichas pruebas en la audiencia de acusación, donde procede el ofrecimiento de la prueba para el juicio oral y su discusión ante el J. de Garantías, que es quien se pronunciará sobre su admisión o exclusión, conforme los parámetros establecidos en las normas de procedimiento a las que ya hemos hecho referencia, tal como consta fue hecho en el acto de audiencia de formulación de la acusación celebrada el día 6 de febrero de 2015. En consecuencia el Pleno concluye que el amparista no ha probado el cargo de violación contra el artículo 19 de la Constitución Política de la República planteado y por tanto se desestima y como quiera que tampoco prospero la alegada infracción del artículo 32 contentivo del derecho y garantía al debido proceso, lo que procede es confirmar la Sentencia de 12 de marzo de 2015 venida en grado de apelación. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la L., CONFIRMA la Sentencia de 12 de marzo de 2015, proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro de la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado J.D.P. en su propio nombre y representación contra la decisión emitida por el J. de Garantías de la Provincia de Coclé, durante en el Acto de Audiencia de 6 de febrero de 2015, dentro de la causa criminal número 2012000006049, que por delito Contra el Honor y Contra la Vida y la Integridad Personal en perjuicio de D.T., Personera Municipal del Distrito de Aguadulce, se sigue en su contra . N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO OYDÉN ORTEGA DURÁN -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ M -(Con Salvamento De Voto)- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- S.M. --H.A.D.G. --(Con Salvamento De Voto) LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria) Con el debido respeto que me acostumbra, debo manifestar, que no comparto la resolución de amparo de derechos fundamentales que dispone confirmar la resolución de primera instancia, por medio de la cual no concede el amparo propuesto, toda vez que, al escuchar la audiencia oral de Formulación de Acusación y correspondiente Apertura de Juicio oral, observo las siguientes irregularidades. En primer lugar, el J. de Garantías admitió dos medios de pruebas testimoniales e inadmitió el resto de las evidencias testimoniales aducidas, por el ahora amparista, expresando que eran impertinentes e inconducentes, ya que a su juicio, el letrado no indicó el número de cédula, ni la dirección de esos testigos, lo cual evidentemente, viola el debido proceso y vulnera los derechos fundamentales del amparista, pues esa, no es una razón legal, para desestimar la admisión del medio de prueba aducido. Sabido es que en el proceso penal acusatorio, las pruebas se practican en la audiencia oral ante el Tribunal de Juicio y es en ese momento que el Tribunal, acreditará las generales de cada testigo a través de su identificación bajo la gravedad de juramento, tal como lo establece el artículo 394 del C.P.P., es decir la falta del número de cédula y la dirección de los testigos, no constituyen elementos, ni impertinentes, ni inconducentes, para desestimar estos testimonios, según lo establecido en el artículo 347 del C.P.P., lo que a mi juicio causa una vulneración al debido proceso, habida consideración que se le está restringiendo el derecho de defensa con argumentos carentes de asidero legal. Por otro lado, observo con preocupación que tanto el J. de Garantías, como, el Tribunal Ad.-quo y en la resolución, se afirma que la defensa, puede solicitar audiencia ante el J. de Garantías en la etapa de investigación, a falta de una diligencia que requiera, por ejemplo un medio de prueba documental entre otras, fundamentándose para ello en el artículo 44, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, lo cual es errado, pues esa norma lo que enumera es la competencia del J. de Garantías. En ese sentido, la posibilidad de solicitar ante un J. de Garantías, audiencia, en la etapa de investigación se sustenta en el artículo 278 del Código Procesal Penal, que refiere: Artículo 278. Las decisiones, actuaciones y peticiones que el J. de Garantías deba resolver o adoptar en la fase de investigación se harán en audiencia, salvo las actuaciones que por su naturaleza requieran de reserva para sus propósitos..." Dicha norma, en concordancia con los artículos 3, 5, 10 y 19 del Código Procesal Penal, durante la fase de investigación, en este caso la defensa o querellante, podrán solicitar audiencia de las denominadas, audiencias innominadas, para que el J. de Garantía escuche su petición, sobre alguna evidencia que deseen, sea incorporada a la carpetilla del Ministerio Público, o en todo caso a que se peticione al Ministerio Público la incorporación a la misma. Recuérdese que el J. de Garantías no puede conminar al Ministerio Público, pues existe separación de funciones de conformidad al artículo 5 del CPP, por tanto le corresponde al Ministerio Público la investigación del proceso. En tal sentido, únicamente el J. de Garantías instará al Ministerio Público a que incorpore, peticione, o acopie alguna evidencia o medio de prueba que la defensa requiera. Por otro lado, hay que tener presente que en la fase intermedia, cuando el J. de Garantías, admite las evidencias o medios de pruebas aducidas, únicamente se hace mención de ellas, recuérdese que en esta etapa no se practica pruebas. Estimo además, que la resolución debió aclarar, que a pesar de que el demandante expresó que se le negaron las pruebas (medios de prueba), porque adujo, las de informes, antes que las testimoniales. El video de audiencia permite comprobar que esa alegación es falsa, toda vez que el J. de Garantías, únicamente, le expresó a la defensa, que para futuras audiencias, se prepara y llevara un orden de las evidencias o medios de pruebas que desea aducir, para el proceso, pues quedó demostrado que mientras solicitaba un medio de prueba documental, retomaba una testimonial, u otra pericial, demostrando un desconocimiento del proceso penal acusatorio, pues la audiencia demoró más tiempo del estipulado a raíz de ese hecho. De esa forma, considero que la resolución del Pleno, debió realizar las aclaraciones pertinentes, pues siendo la Corte Suprema, la máxima autoridad de justicia, le corresponde realizar las enmiendas correspondientes y en todo caso salvaguardar los derechos fundamentales de todas las partes en el proceso, pues se observa en la audiencia en video, la vulneración del derecho de la defensa la negarse medios de pruebas testimoniales, fundamentándose en que no adujo el número de cédula y sus direcciones, lo cual no tiene asidero legal, por tanto considero que el amparo de derechos fundamentales debió concederse de manera parcial, únicamente en el caso de los medios de pruebas testimoniales, negadas bajo este argumento, pues estas evidencias o medios de prueba se practican en el juicio oral y público. Con todo respeto, HARRY A. DÍAZ YANIXSA YUEN (Secretaria General)

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