Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 9 de Octubre de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución 9 de Octubre de 2015
EmisorPleno

VISTOS:

En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el Licenciado EDUARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, actuando en nombre y representación de R.S.D.B. y N.C.P., en contra de la decisión emitida por el J. de Garantías de la provincia de H., en el acto de Audiencia de Acusación de 27 de abril de 2015, mediante la cual el citado juez negó un incidente de nulidad por falta de competencia a favor de los encartados.

La alzada se enfoca contra la Resolución de 6 de mayo de 2015,dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial (H. y Los Santos), mediante la cual no se concede la Acción de A. propuesta.

  1. ANTECEDENTES

    Tal como se desprende del contenido de la Resolución impugnada, el Licenciado E.H.R., en nombre y representación de los señores R.S.D.B. y N.C.P., interpuso Acción de A. de Garantías Constitucionales contra la Resolución de 27 de abril de 2015, emitida en el acto de audiencia de acusación presidida por el J. de Garantías de la Provincia de H. dentro de la causa penal No.2013-0000-7733, por el presunto delito contra el Orden Económico, en la modalidad de delito contra la Propiedad Industrial, en perjuicio de la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG.

    El actor fundamentó su demanda bajo la premisa de que la orden emitida por el J. de Garantías de la Provincia de H. violentó el artículo 32 de la Constitución Política, al negarle a sus representados un incidente de nulidad por falta de competencia, pues, a su criterio, no le es dable al Sistema Penal Acusatorio conocer de un Proceso cuyos hechos y pruebas corresponden a años antes del 2 de septiembre de 2012, día en que se implementó en las provincias de H. y Los Santos el citado sistema, por tanto, esgrime el letrado, este proceso debió ser conocido por una F.ía de Descarga y por un J. Liquidador de Causas Penales, puesto que la respectiva querella se presentó en 2013, razón por la que es evidente la nulidad del presente proceso por falta de competencia.

    Al explicar el concepto de la infracción el demandante establece que la norma constitucional que recoge el debido proceso es infringida de manera directa por omisión, al desconocerse que los hechos investigados y las pruebas aportadas corresponden a años antes de que se iniciara la implementación de la Ley No.63 de 2008, en las Provincias de H. y Los Santos; es decir, razón por la cual el Sistema Penal Acusatorio no era el competente para conocer este hecho sino el Sistema Inquisitivo.

    Conforme a lo expuesto, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial (H. y Los Santos) decidió no conceder el presente A. por considerar que el actor señaló que los hechos tienen ocurrencia antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, sin embargo, no indicó cuáles son los hechos ni la fecha en que ocurrieron los mismos.

  2. LA DECISIÓN APELADA

    El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá (H. y Los Santos) luego de señalados los cargos y revisada la respectiva actuación demandada, mediante la Resolución de 6 de mayo de 2015 emitió su concepto en los términos siguientes:

    " ...Ajustando lo comentado al negocio sub - judice tenemos que, el amparista señala en varias oportunidades que hay nulidad por falta de competencia, ya que, los hechos tienen su ocurrencia antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, sin embargo, no indica cuáles son los hechos ni la fecha en que ocurrieron los mismos.

    Al revisar las copias que aduce el amparista (fs. 6 - 16), tenemos que, la querella es presentada el 7 de agosto de 2013, y el 20 de septiembre de 2013, se practica la diligencia de allanamiento en donde se encontraron indicios al hecho denunciado relativo al delito atentatorio contra los Derechos de Propiedad Industrial, que es lo que investiga el Ministerio Público y presenta ante el J. de Garantías, lo cual ocurre bajo la vigencia del Código Procesal Penal y las fechas del 2002, 2008 y 2010, guardan relación a situaciones de la Directiva de una Empresa y a hechos de naturaleza civil que no son por los cuales se hace la imputación en contra de N.O.C.P. y R.A.S.D.B., por lo que, no existe la supuesta nulidad por falta de competencia que no describe específicamente el amparista y por ello, el J. de Garantías, deniega el incidente de nulidad que apela el representante legal de los investigados haciendo referencia también a un incidente de recusación y el Tribunal de Apelaciones deniega la apelación y en el incidente de nulidad explicándole que esa decisión no admite recurso de apelación.

    Además, el denegar un incidente no es motivo de revisar a través de la Acción de A. de Garantías Constitucionales, sino en la vía ordinaria y si bien es cierto que, la falta de competencia vulnera el contenido del artículo 32 de la Constitución Política de Panamá, también es cierto que, la Acción de A. de Garantías Constitucionales debe ser contra la Resolución en donde un J. asume la competencia.

    En el caso en estudio como bien se explica anteriormente, el propio amparista no deja claro cuales son las acciones interesantes para el derecho penal que son investigadas y cuando ocurrieron las mismas, por ende no acredita que existen las mismas desde antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal.

    La acción extraordinaria de A. de Garantías Constitucionales no debe utilizarse para tratar de resolver cuestiones o situaciones que no vulneran derechos constitucionales, como por ejemplo; la conformación legal de una empresa y conflictos civiles que no están siendo investigados penalmente y activar la justicia que está saturada de negocios para tener que resolver estas acciones extraordinarias.

    ...Siendo ello así, considera esta Corporación de Justicia que se impone denegar la Acción de A. de Garantías Constitucionales..." (Cfr. foja 31 - 33 del expediente, resaltado del Pleno)

    El Licenciado EDUARDO HERNÁNDEZ, sustentó en tiempo oportuno recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial de H. y Los Santos, reiterando sus cargos de impugnación en el sentido de que los hechos investigados dentro del presente proceso son materia del sistema inquisitivo y no del sistema penal acusatorio, dado que su fecha de origen es de mucho antes del 1 de septiembre de dos mil doce (2012), y que por tanto, el presente proceso es nulo por falta de competencia y en ese sentido solicita se pronuncie este Tribunal Constitucional.

  3. ANÁLISIS DEL PLENO

    Agotado el recorrido procesal correspondiente, procede que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia entre a resolver la alzada en la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales.

    En este punto, es de lugar expresar que, aunque esta Superioridad comparte la decisión del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de no conceder el A., previamente debe realizar una breve aclaración conceptual con miras a la adecuada fundamentación de las sentencias que resuelven acciones de A.s de Garantías Fundamentales.

    Así entonces, advierte el Pleno que, en la sentencia apelada el Tribunal Superior le indica al actor constitucional que la resolución que niega un incidente por falta de competencia del J. de Garantías "no es motivo de revisar a través de la Acción de A. de Garantías Constitucionales". La anterior afirmación contradice jurisprudencia reiterada y numerosa de este Tribunal Constitucional, en el sentido de reconocer que el A. constituye un verdadero mecanismo o instrumento dispuesto a asegurar la defensa de los derechos fundamentales, frente a todo acto emitido por servidor público que pueda menoscabar, vulnerar, transgredir o afectar derechos y garantías fundamentales, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata.

    El anterior criterio responde al "principio de lesividad", según el cual, lo que condiciona la admisión del A. de Garantías Constitucionales "es que las circunstancias expuestas por el actor informen de la probable vulneración de derechos fundamentales y la misma puede dirigirse contra cualquier acto de un funcionario públicoque presente, a prima facie, la potencialidad de "...lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental"(Cfr. Sentencia del Pleno de 21 de agosto de 2008).

    Aclarado lo anterior entra el Pleno a analizar las pretensiones del amparista frente a lo decidido en la Resolución del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

    Bajo este marco de ideas observa el Pleno que la inconformidad del apelante descansa en el hecho de que, a su parecer, el Tribunal Superior debió revocar la decisión tomada por el J. de Garantías de la provincia de H., en el sentido de no considerar probado un incidente por falta de competencia, en virtud del cual el apoderado judicial del amparista argumenta que sus representados no deben ser encausados bajo los rigores del Proceso Penal Acusatorio, sino en función de lo normado en el Libro Tercero del Código Judicial, procedimiento penal de corte inquisitivo, derogado en la provincia de H., con la intervención de un F. de Descarga y de un J.L., en razón de que los hechos investigados y las pruebas recabadas tienen origen antes del 2 de septiembre de dos mil doce (2012).

    Cabe añadir, que la calificación jurídica de la conducta imputada, realizada en la audiencia de formulación de la acusación, por parte de la F.ía Superior Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, responde al tipo penal contemplado en el artículo 268, inciso 2 del Código Penal; es decir, a un delito Contra el Orden Económico en la modalidad de delito Contra la Propiedad Industrial, cuyo texto reproducimos:

    "Artículo 268. Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

    La misma sanción se aplicará a quien comercialice o haga circular o importe o exporte un producto o el mismo se encuentre en tránsito por el país, u ofrezca o preste servicios con marca falsificada, alterada o imitada. (Resaltado del Pleno)

    En este orden de ideas, advierte esta Superioridad que, conforme a lo expuesto en el audio y vídeo de la audiencia de acusación, el apoderado judicial de los amparistas fundamentó su incidente de nulidad por falta de competencia en los siguientes elementos probatorios aportados por la acusación:

    1. Inspección a la Declaración de Renta del establecimiento comercial MAKRO STORE S. A., obtenida en el Sistema Informático e - tax, donde se observa que la última declaración que presenta esta empresa corresponde al período 2011, y se informa que en los últimos tres períodos aparece como representante legal el señor R.A.S.D.B., donde declara entre un millón novecientos mil balboas (B/.1,900,000.00) a dos millones seiscientos mil balboas (B/.2,600,000.00), correspondientes a este establecimiento comercial.

    2. Consulta a la cuenta telefónica # 12201960-0000 de MAKRO STORE, en la compañía CABLE & WIRELESS PANAMA, Departamento de Seguridad en la que se estableció que la misma está activa y en la que consta como R.L. desde que la cuenta fue activada el 4 de septiembre del año 2002, el señor R.A.S.D.B. con cédula 6 - 78 - 206.

    3. Consulta a la Cuenta del Cliente # 12201960-0000 de MAKRO STORE, en la Compañía CABLE & WIRELESS PANAMA, Departamento de Seguridad en la que se estableció que el RUC que ampara la cuenta de la empresa es el #357958-1-418526 y en la que aparece como firma autorizada desde el 24 de agosto del año 2002, hasta la fecha para esa cuenta el señor R.A.S.D.B. con cédula 6-78-206 como representante legal.

    4. Certificación del Registro Público # 345242, de la que se desprende que el señor R.A.S.D.B., figura en la Escritura Pública # 789 del 7 de mayo de 2002 como D.P. y R. Legal de la sociedad anónima MEGA STORE, S.A.

    5. Certificación del Registro Público #345242, de la que se desprende que el señor R.A.S.D.B., renunció a su cargo como D.P. y R.L. a través de la Escritura Pública # 2707 de 2 de octubre de 2012 y se nombró al señor N.O.C.P., como nuevo director presidente y representante legal de la sociedad anónima MEGA STORE, S.A.

    6. Copia de la Escritura Pública #789 de 7 demayo de 2002 en la que aparece el señor R.A.S.D.B. como D.P. y R. legal de la sociedad anónima MEGA STORE S.A., propietaria del establecimiento comercial MAKRO STORE.

    7. Copia de la Escritura Pública # 2707 del 2 de octubre de 2012 a través de la que el señor R.A.S.D.B., renunció a su cargo como D.P. y R.L. y se nombra al señor N.O.C.P., como nuevo D.P. y R. Legal de la sociedad anónima MEGA STORE, S.A.

    8. Certificación de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, en la que se explica que el señor R.A.S.D.B. con cédula 6 - 78 - 206 - 48, presentó la solicitud # 173188 del 24 de julio de 2008, ante esa dirección para solicitar el registro de la marca de servicios denominada MAKRO STORE Y DISEÑO, a través de la firma de abogados CRUZ Y CRUZ.

    9. Certificación de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias, Departamento de Marcas, donde se establece que el status actual de la solicitud de Registro de Marca de Servicios denominada MAKRO STORE Y DISEÑO, con la solicitud 173188 de 24 de julio de 2008, presentada por R.A.S.D.B. fue negada por juicio.

    10. Copia Certificada del Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá de la Sentencia No. 62 del 23 de julio de 2010, en la que accede a la pretensión dentro del proceso de oposición incoado por la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, contra el Registro de la Solicitud No. 17318801 de 24 de julio de 2008, correspondiente a la marca MAKROSTORE Y DISEÑO, en la clase 35 internacional presentada ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial por R.A.S.D.B..

    En razón de lo expuesto, si bien es cierto, que los elementos probatorios citados en particular por el apoderado judicial forman parte de la acusación presentada por el F., los mismos (sin adentrarnos en valoraciones probatorias dentro del presente proceso penal),no son más que elementos de convicción o indicios incorporados en la investigación para lograr convencer al juez de la vinculación de los imputados con el hecho punible; y no elementos probatorios orientados a la comprobación de la fecha del inicio de la ejecución del hecho punible imputado, que es el tema a discutir en el presente amparo, en razón de que, en este punto descansa la confusión del hoy apelante.

    Al respecto de la prueba de indicios el maestro español J.G., ha indicado:

    "Cuando la prueba mediante la que quiere convencerse al juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado no utiliza como instrumento una persona ni una cosa, sino un acaecimiento (hecho o acto), se produce la llamada prueba de presunciones (o indicio), la cual consiste, por tanto,en aquella prueba que emplea un cierto acaecimiento para convencer al juez de la verdad o falsedad de un dato procesal". (GUASP, J.. Derecho procesal civil. Tomo I. Tercera edición, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, ps. 414 y 415, num. 29.)

    Por su parte sobre el mismo tema D.:

    "La pieza principal del procedimiento probatorio compuesto por esos elementos no es, propiamente hablando, el hecho del cual se arranca, sino el proceso mental que se conexiona a ese hecho, y en virtud del cual se deduce la existencia de la circunstancia fáctica jurídicamente relevante. El hecho indiciario sólo puede cobrar valor para el averiguamiento en conexión con la regla experiencial y la conclusión de ahí derivada. Solo cuando se ha logrado establecer, con el auxilio de la deducción experiencial, una relación convincente entre ese hecho y la característica típica legal, aquél podrá servir para esclarecer el estado de los hechos. El hecho indiciario recién adquiere su importancia para el averiguamiento por obra de la labor mental que, amalgamándolo con los demás elementos necesarios, le da la forma de una prueba indiciaria en la cual pueda descansarse". ( DOHRING, E.. La prueba, su práctica y apreciación. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1972, p. 318.) Resaltado del Pleno.

    En este punto, es necesario explicar, al amparista, que lo dispuesto en el artículo 556, numeral 2, del Código de Procedimiento Penal, según el cual, sus disposiciones tendrán aplicación espacial desde el 2 de septiembre de 2012 a los hechos que ocurran dentro del Cuarto Distrito Judicial y en sus respectivos circuitos judiciales, se debe interpretar en relación con el fenómeno jurídico de la aplicación de la Ley Penal en el Espacio, mismo que desarrolla el artículo 18 del Código Penal Panameño cuyo tenor es el siguiente:

    "Artículo 18.La ley penal se aplicará a los hechos punibles cometidos en el territorio nacional y demás lugares sujetos a la jurisdicción del Estado, salvo las excepciones establecidas en las convenciones y normas internacionales vigentes en la República de Panamá.

    Para los efectos de la ley penal, constituyen territorio de la República el área continental e insular, el mar territorial, la plataforma continental, el subsuelo y el espacio aéreo que los cubre.

    También lo constituyen las naves y aeronaves panameñas y todo aquello que, según las normas del Derecho Internacional, responda a ese concepto." (Resaltado del Pleno)

    Y es que el tema de la ejecución del hecho punible, como acción típica, antijurídica y culpable responde al estudio de la teoría del delito, es decir, de los elementos requeridos por el tipo penal (norma penal) para declarar que, efectivamente, se ha realizado o consumado un determinado delito, en este caso,un delito contra la propiedad industrial, aspecto éste que, en el marco del proceso penal, requiere de un esfuerzo probatorio, por parte de la defensa como de la acusación.

    De allí entonces que, todo delito doloso recorre distintos grados en su realización, distintos estadios, desde que aparece la primera idea de cometer el delito hasta su consumación. Este proceso de realización del delito es denominado comúnmente por la doctrina como: "iter criminis" camino del delito.

    Dentro de ese camino cabe distinguir una fase interna, que se desarrolla en el ámbito de las ideas, en la esfera del pensamiento privado, y otra faseexterna que se manifiesta mediante la exteriorización de actos objetivos que se dirigen a la comisión de un delito; asimismo dentro de la fase externa distinguimos los actos preparatorios, los actos de ejecución y la consumación.

    Siendo ello así, advierte el Pleno que los argumentos del apoderado judicial de los imputados, en la audiencia de formulación de la acusación, no aportaron ningún elemento objetivo o subjetivo de prueba que sustentara que, efectivamente, los actos de ejecución del delito imputado (delito contra la propiedad industrial)iniciaron antes de la entrada en vigencia del proceso penal acusatorio en las provincias de H. y Los Santos; es decir, no aportó pruebas o indicios de que los imputados comercializaran, circularan, importaran, exportaran, mantenían en tránsito, ofrecían o prestaran servicios con marcas falsificadas, alteradas o imitadas con anterioridad al 1 de septiembre de 2012.

    A contrario sensu, se puede verificar en el escrito de acusación presentado por el F. Superior Especializado en delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, que la firma forense JIMÉNEZ, MOLINO Y MORENO, en su condición de apoderados judiciales de la sociedad ORKAM SOUTH AMERICA TRADEMARK AG, sociedad organizada y existente según las leyes de Suiza, presentó formal Querella Penal, para la fecha del 7 de agosto de año 2013, por el supuesto delito contra la propiedad industrial, hecho cometido en detrimento de la marca MAKRO y Diseño, cuya titularidad ostenta la sociedad antes señalada, a través del establecimiento comercial de los imputados, hoy amparistas (MAKRO STORE). (Cfr. foja 7)

    Adicionalmente, consta que el 20 de septiembre de 2013, en atención a las investigaciones preliminares realizadas, la F.ía Superior Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática solicitó al J. de Garantías de la Provincia de H. autorización para realizar una diligencia de allanamiento en el local comercial MAKRO STORE, propiedad de los imputados, la cual se autorizó y realizó el mismo día. En dicha diligencia se descubrieron y recolectaron, por parte de Criminalística de Campo de H., trece (13) indicios relacionados al hecho denunciado, los cuales fueron embalados y reposan en el Almacén Transitorio de Evidencias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de H..

    Es de lugar también expresar, que según la Doctrina mayoritaria, en este tipo de delitos se protege el derecho individual de propiedad sobre determinados bienes, es decir, el uso exclusivo de los bienes que se encuentran dentro del ámbito de la Propiedad Industrial, lo cual le da cierta naturaleza individual.

    Dicha naturaleza es la que, precisamente, puede indicar al juzgador el momento a partir del cual dicho bien jurídico tutelado pudo verse en peligro o efectivamente lesionado, razón de más para concluir que en el presente proceso, la afectación al bien jurídico protegido se produjo en fecha posterior al 2 de septiembre de 2012.

    Bajo los anteriores razonamientos, este Tribunal Constitucional concluye que, en el presente proceso, no se ha vulnerado la garantía constitucional del debido proceso a los señores R.S.D.B. y N.O.C.P. mediante la resolución atacada en A., motivo por el cual la Resolución apelada debe ser confirmada y a eso se procede.

    En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA, la Resolución de 6 de mayo de 2015, del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial (H. y Los Santos), que NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales, interpuesta por el licenciado E.H.R., en nombre y representación de R.S.D.B. y N.C.P., contra la decisión dictada por el J. de Garantías de HERRERA, en el acto de Audiencia de Acusación, celebrada el 27 de abril de 2015.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- LUIS MARIO CARRASCO -- HARLEY J. MITCHELL D.

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)

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