Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 31 de Agosto de 2015

Ponente:José Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución:31 de Agosto de 2015
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la firma forense Bufete de Sanctis, en nombre y representación de Panamá Canal Railway Company, contra el Edicto N°.3 de 23 de diciembre de 2014, emitido por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de C.. I. LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. En este apartado, el Pleno entra a citar las razones expuestas por el Tribunal de A. de primera instancia, para conceder la acción de amparo que nos ocupa y revocar "el Edicto de Notificación N°.3 de 23 de diciembre de 2014, fijado el 23 de diciembre de 2014, dictada (sic) dentro del Proceso Ordinario interpuesto por PANAMA CANAL RAILWAY COMPANY contra GRAN TERMINAL DE TRANSPORTE CENTENARIO, S. A. Y TRANSPORTISTA DEL TERMINAL DE COLON, S.A." "...Como punto de partida, debe aclararse que el fin de las notificaciones no es otro que poner en conocimiento de las partes las resoluciones que se dicten en un proceso, con el propósito de que pueden (sic) acceder a una doble instancia, garantizada en el artículo 463 del Código Judicial y así garantizar el debido proceso. De modo, pues, que cualquier infracción en el trámite de las notificaciones debe entenderse como una violación al debido proceso. También debemos aclarar que la resolución a notificar mediante el edicto atacado se trata de una sentencia de primera instancia, resolución que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 1002 del Código Judicial, por regla general, debe ser notificada personalmente. Igualmente debemos aclarar que el Edicto de Notificación N°.3 de 23 de diciembre de 2014 que se cuestiona en el presente amparo, se hizo con fundamento en el artículo 1009 del Código Judicial, el cual regula el edicto de puerta... Argumenta la apoderada de la amparista que al haber señalado un nuevo domicilio en la Ciudad de Panamá en el año 2008 con ello perdían vigencia las direcciones ofrecidas en el año 2005 al inicio del proceso, tanto en Panamá como en C. y que, por tanto no procedía hacer gestiones de notificaciones en el domicilio de la Provincia de C. y que, por ello debía hacerse la notificación, de conformidad con el artículo 1008 del Código Judicial, o sea dictando una providencia instando a BUFETE DE SANCTIS que consignara domicilio en la sede del Juzgado, so pena de hacérsele todas las comunicaciones vía edicto en los estrados del Tribunal, y que el Juzgado no atendió dicho procedimiento en ningún momento. Es decir, que la apoderada de la amparista argumenta que al no tener un domicilio establecido en la sede del Tribunal (C.) la notificación de la sentencia de primera instancia debió darse a través de la formula (sic) prevista en el artículo 1008 del Código Judicial... A fin de determinar, pues, si la notificación de la sentencia debía darse conforme el artículo 1008 del Código Judicial, o si podía hacerse conforme el artículo 1009 ibídem y si el edicto de notificación en mención infringe el derecho al debido proceso, veamos los antecedentes del mismo. Tal como señala la apoderada de la amparista, el 20 de diciembre de 2005, al presentar la demanda corregida señaló que BUFETE DE SANCTIS tenía oficinas profesionales en "Urbanización Marbella, Calle 53, Edificio World Trade Center, Piso 6, oficina 608, teléfonos 212-1310/213-1604, fax 213-1976, apartado 0832-1729 W.T.C. Y oficinas en C., en C., Calle 14, Edificio de Sanidad Marítimas, tercer piso, local N°.1, teléfono 443-0801, lugares donde recibimos notificaciones personales. ." (ver fojas 139). También es cierto que el día 23 de julio de 2008 la apoderada de la amparista presentó un escrito de pruebas que inició así: "Quién (sic) suscribe, BUFETE DE SANCTIS, abogados en ejercicio, con oficinas profesionales ubicadas en la Ciudad de Panamá, Marbella, Calle 53, Edificio Word Trade Center, Piso N°.3, oficina N°.303, Teléfono 213-1310, fax 213-1976, lugar donde recibimos notificaciones personales, comparecemos en nuestra calidad de apoderados judiciales sustitutos de la sociedad PANAMA CANAL RAILWAY COMPANY, de generales (sic) constan en el expediente, con el objeto de presentar y aducir las pruebas de nuestra parte:" (ver fojas 243). A juicio de este Tribunal, de lo transcrito, no le asiste razón a la amparista cuando señala que con el escrito de pruebas presentado en el 2008 quedaba claro que las dos direcciones originales tanto en Panamá como en C. habían perdido vigencia. Decimos lo anterior, porque el escrito presentado, tal como se lee en la marginal superior izquierda, era un escrito de pruebas, que fue incorporado en el cuaderno de pruebas de la actora y, además, en dicho escrito en ningún momento se señala expresamente que el mismo tenía como finalidad comunicar al Tribunal un nuevo domicilio y menos que ese sería el único domicilio. Tal como transcribimos, en dicho escrito sólo se señala una dirección en Panamá, similar a la primera, ya que sólo cambió el piso, pero no se dice expresamente que se trataba de un nuevo domicilio. De ahí que el Tribunal demandado no podía inferir que ese sería el único domicilio vigente ni que el domicilio señalado en C. había perdido vigencia. Y es que si la Ley exige que haya un domicilio en la sede del Tribunal y ya se había dado uno, en modo alguno puede inferirse que al señalar un nuevo domicilio en Panamá sin decir nada del de C. en modo alguno puede deducirse que ya no hay domicilio en C.. Ahora bien, también es cierto como alega la amparista que el día 22 de noviembre de 2014 (sic), el Centro de Comunicaciones Judiciales se apersonó a la dirección suministrada en C. a realizar la notificación personal de la Sentencia N°.43 y dejó constancia de que "La persona se mudó del domicilio indicado y dejó la siguiente dirección: NINGUNA". (Ver fojas 701). E igualmente es cierto que el día 23 de diciembre de 2014, el Tribunal a-quo, a pesar de conocer que BUFETE DE SANCTIS no tenía domicilio señalado en el expediente en C., por cuanto se había mudado del señalado originalmente en C., llenó un nuevo Formulario de Notificación indicando "Edicto de Puerta" en el mismo lugar donde ya se había indicado que BUFETE DE SANCTIS se había mudado (ver fojas 702) y el mismo 23 de diciembre de 2014 confeccionó el Edicto de Notificación N°.3, Corregimiento de C., Calle 14, Edificio Sanidad Marítimas, tercer piso, Local N°.1, (ver fojas sin números entre la 702 y 703). A juicio de este Tribunal de A. el edicto en puerta puede fijarse luego de un sólo intento de notificación y, lamentablemente, la Ley no dispone que se pueda librar exhorto para notificar a las partes en su domicilio en Panamá o que se puedan hacer gestiones telefónicas, aún cuando las reglas de economía procesal así lo aconsejan y el fin de las notificaciones lo aconsejan porque lo que se persigue es que las partes tengan conocimiento de las resoluciones y no que las mismas sean sorprendidas y no tengan la oportunidad de hacer uso de los recursos legales o sea el derecho a una doble instancia, garantizada en el artículo 463 del Código Judicial, quedando en total estado de indefensión. E igualmente debe señalar que nada impide que las notificaciones se realicen en víspera de la Fiesta de Navidad. No obstante lo expuesto, y aún cuando las partes están obligadas en todo momento a poner en conocimiento del Tribunal el lugar donde reciben notificaciones y que deben sufrir las consecuencias de su falta de comunicación, en el presente caso, dado que la amparista sí había comunicado tanto domicilio en Panamá como en C., pero que el Centro de Comunicaciones había informado que se había mudado del domicilio en C., este Tribunal de A. considera que la sensatez y justeza obligaban al Tribunal a aplicar el artículo 1008 del Código Judicial, según el cual debía fijarse el edicto de notificación de la sentencia en el propio Tribunal, previo informe del S. de que la amparista no tenía domicilio en C.. Y es que no tenía sentido alguno fijar un edicto de puerta en un lugar donde, de antemano, por percepción propia del Centro de Comunicaciones Judiciales se conocía que la amparista no tenía oficinas. Resultaba mucho más garantizador y acorde con el fin de las comunicaciones que el Tribunal hubiere fijado el edicto en los estrados del Tribunal, conforme el artículo 1008 del Código Judicial, a que se hubiere fijado un edicto de puerta en un lugar donde no tenía oficinas la amparista y donde no se podía entregar una copia de la resolucion a la persona que se encontraba en dicha oficina, tal como lo exige el artículo 1009 del Código Judicial. Además, de lo expuesto, el artículo 1009 del Código Judicial que se refiere al edicto de puerta exige que se entregue una copia de la resolución a notificar a la persona que se encuentre en dicha oficina y, en caso de no poder entrar a la oficina a entregar la copia de la resolución o en caso de que la persona que se encuentra en la oficina no colabore, el mismo artículo exige que se haga constar en el edicto de puerta ciertas circunstancias y que la copia de la resolución se encuentra a disposición de la parte en la Secretaria (sic) del Tribunal, pero en el presente caso no se hizo constar en el edicto que no se pudo entrar a la oficina o que la persona que se encontraba en la oficina se negó a recibir la copia de la resolución. Lo que lleva a concluir a este Tribunal de A., en vías de discusión si aceptáramos que procedía el edicto de puerta, que éste no cumplió con el trámite señalado en el artículo 1009 del Código Judicial. Las notificaciones constituyen un trámite legal y de mucha trascendencia en un proceso, porque del mismo depende que las partes tengan conocimiento de las resoluciones que se dan en el proceso y así puedan hacer uso de los recursos que proceden contra las resoluciones. De modo que si no se cumple con la forma correcta de hacer la notificación, ya sea personalmente o por edicto, se violenta un trámite legal y el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales es parte integrante de la garantía del debido proceso, consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política. Siendo, pues, que a criterio de este Tribunal de A., por las razones señaladas, la firma BUFETE DE SANCTIS no podía ser notificada de la sentencia de primera instancia mediante un edicto de puerta sino que tenía que ser notificada en los estrados del Tribunal, conforme al artículo 1008 del Código Judicial; y siendo que el edicto de puerta no cumplió con todos los requisitos del artículo 1009 del Código Judicial, si hubiere podido ser notificada, en vías de discusión, por edicto de puerta, en el presente caso no se siguió el trámite legal en la notificación de la Sentencia de primera instancia a la amparista, dejándola en total estado de indefensión y violando su derecho a una doble instancia, garantizada en el artículo 463 del Código Judicial, por lo que debe concluirse que a la amparista se le violó el debido proceso y que, por tanto, procede conceder el presente amparo y, en consecuencia, revocar el Edicto de Notificación N°.3 de 23 de diciembre de 2014, atacado en este amparo". II. CONSIDERACIONES DE LA TERCERA INTERESADA-APELANTE. Frente a la decisión proferida por el Tribunal de A. de primera instancia, la tercera interesada Gran Terminal de Transporte Centenario, S.A. promovió y sustentó recurso de apelación, tal cual se aprecia de fojas 116 a 124 del infolio. A través de dicho recurso vertical, pretende la revocatoria de la Resolución de 24 de abril de 2015, mediante la cual el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá concedió el amparo promovido por Panamá Canal Railway Company contra el Edicto de Notificación N°.3 de 23 de diciembre de 2014, emitido por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de C.. En apoyo de tal postura, el Licenciado V.M.H.S., apoderado judicial de la mencionada tercera interesada, esboza las consideraciones que siguen: "Cuarto: El amparista recurrió por su disconformidad con la correspondiente notificación interponiendo DOS amparos, el primero que fue presentado el día 27 de enero de 2015, mismo que le quedó adjudicado a la M.E.C. como ponente; y el segundo que fue presentado el día 6 de febrero de 2015, mismo que le quedó adjudicado al M.istrado N.R. (sic). Como es sabido, tal cual lo establece el artículo 2630 del Código Judicial, no se puede proponer ni admitir demandas de amparo sucesivas contra el mismo funcionario y contra la misma orden dictada por él, aunque se propongan ante Tribunales competentes distintos. ...Quinto: Resulta ilógico que la magistrada ponente E.C., a quien le correspondió conocer del primer amparo esboce el criterio de conceder dicha acción constitucional que ahora recurrimos con argumentos como sensatez y justeza, cuando la misma magistrada ponente en la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta posteriormente y en la que la misma actuó como magistrada del tribunal colegiado con ponencia del M.istrado N.R. (sic), en la resolución de fecha 13 de febrero de 2015 avaló el criterio de NO ADMITIR la acción extraordinaria de garantías constitucionales por considerar que no se había agotado la vía de conformidad con lo que establece el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial. ...PRIMERO: Que a nuestro criterio el Tribunal de A. debió sostener sus criterios iniciales conforme a que existe una clara normativa de qué o cómo deben ser la (sic) ordenes (sic) de hacer o no hacer para que se pueda accionar en la forma del amparo de Garantías... En la práctica por menos se han rechazado amparos. Los edictos no conforman una orden de hacer ni se puede deducir que ellos la contengan; los edictos son trámites procesales de comunicación para las partes, contenidos en una norma, y que corren a cargo de la Secretaría del tribunal. SEGUNDO: ...Ahora bien, si vemos detenidamente el Tribunal Aquo no se equivocó en no dar trámite a los incidentes de Nulidad por falta de Notificación conforme a que no se habían cancelados (sic) las costas pertinentes antes que fueron vencidos y cabe destacar que el hoy amparista demando (sic) un proceso ordinario que no pudo probar por más de 10 años que se ha prolongado causando en gran medida daños irreparables a nuestro representado. TERCERO: Que de lo antes dicho existe otra razón que el tribunal de amparo no ha traído a colación, que es lo (sic) siguiente, el amparista al ser notificado se le precluyó el termino (sic) de ir en alzada por lo que nos encontramos ante un proceso que tiene y mantiene un (sic) sentencia en firme debidamente ejecutoriada (Cosa Juzgada) y por consiguiente contra una sentencia en firme solo caben el recurso de revisión, y de existir una Nulidad, debía ser tramitada en un proceso aparte ya que la discusión procesal que existió está finiquitada. Por la decisión del tribunal de amparo se está violentando flagrantemente la seguridad jurídica de nuestro representado, que siendo la parte demandada en el proceso con grandes afectaciones económicas por más de 10 años, al final se encuentre en una posición de que su caso al ser fallado este amparo lo reabre. Es importante señalar que el demandante en amparo procedió a interponer incidentes de Nulidad de la notificación y que los mismos no fueron aceptados en virtud que debieron consignar las costas del proceso para poder ser oídos, en tal sentido nunca agotaron la vía por lo que somos del criterio que se procedió erradamente en conceder este amparo. CUARTO: Que somos del criterio que el Tribunal aquo al momento de tomar la decisión de notificar la sentencia N°.43 por medio del edicto en puerta lo hizo conforme a lo que denominan los grandes tratadistas como la verdad procesal ya que el proceso es un mundo y lo que está en él, es lo que devendrá en una decisión. En tal sentido, para el tribunal aquo, la verdad era que el domicilio conocido del Bufete de Sanctis en C. era la que en el expediente consta y que no debía deducir otros domicilios por escritos que en ningún momento señalaban que estos domicilios de la parte actora habían cambiado. He aquí la situación que el tribunal de amparo sugiere o deduce que por el Informe de Notificación que decía que y no estaban ahí o se habían mudado era evidente que debía concluir notificando por intermedio del articulo (sic) 1008 del CJ., esto no es así, no procede. Es evidente que las partes nos debemos al tribunal y que un error de desatención por parte de una de las partes del proceso en no cumplir con informar expresamente al Tribunal Aquo que ya ese no era su domicilio mal podría ser esto un factor determinante para notificar de la forma que sugiere el tribunal de amparo que debió ser. Cabe señalar que no existe una norma que diga que si un informe de notificación no resulta en el lugar que se señaló en el proceso otra sea menester para que el tribunal no se apegue a las constancias procesales que reposan en el expediente. QUINTO: Que es importante señalar que posterior a la sentencia N°.43 el Tribunal Aquo procedió a ordenar el levantamiento de las medidas cautelares por intermedio de la resolución fechada 14 de enero de 2015, en este mismo acto procedió el hoy Amparista en presentar incidentes de Nulidad de la Notificación que fueron rechazados por el simple hecho que no se habían consignado las costas en que fueron condenados, fundado en que la sentencia N°.43 de 12 de noviembre de 2014, proferida por el Juzgado Primero de Circuito Civil estaba notificada y en firme. En tal sentido el hoy demandante en A. procedió a demandar de igual forma por amparo la resolución del 14 de enero de 2015 que ordenaba el levantamiento de las medidas cautelares en el mismo proceso que nos ocupa y el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO DE PANAMA, NEGÓ el mencionado amparo por intermedio de la Resolución fechada 13 de febrero de 2015, dentro del expediente de A. N°.25-2015, y se fundamentó esta decisión en el hecho que el recurrente en A. no había agotado la vía por lo que no podía recurrir en A.; en tal sentido nos encontramos con dos criterios distintos en un mismo caso proferidos por el mismo Primer Tribunal que deviene de la misma sentencia que hoy es demandada en A. y que ha sido apelado y se encuentra en vuestro despacho con el número de entrada 291-15 bajo la ponencia del M.istrado Ortega, Honorables M.istrados de la Corte Suprema. Consideramos que no es posible que existan dos fallos distintos y contrarios que afectan el mismo caso; y en tal sentido nos avocamos a que se mantenga el criterio que fue decidido en el A. que hemos mencionado con antelación". III. CONSIDERACIONES DE LA OPOSITORA. A través de escrito visible de fojas 125 a 136 del cuaderno de amparo, la gestora constitucional Panamá Canal Railway Company se opone a la alzada anunciada y sustentada por la tercera interesada Gran Terminal de Transporte Centenario, S.A. y requiere la confirmación de la resolución del Primer Tribunal Superior que concedió la acción de tutela En respaldo de su posición, señala: "TERCERO: La sustanciación de la causa civil que inició para noviembre del año 2005, se dilató por razón de una pluralidad de incidencias, acciones y recursos formuladas por las partes demandadas y en ese devenir, el Bufete De Sanctis dejó el domicilio profesional señalado en la Provincia de C. y cambió sus oficinas principales en Panamá. Prueba evidente de ello, es que en actuaciones procesales del Bufete de Sanctis ante el Juzgado Civil de C., en sus escritos puso en conocimiento de la autoridad que (sic) un único domicilio, siendo éste en "Marbella, Calle 53, Edificio World Trade Center, Piso N°3, Oficina 303, Teléfono 213-1310, Fax 213-1976" (ver Escrito de Prueba de la demandante presentado al Tribunal el 23 de julio de 2008), sin aludir a domicilio alguno en Provincia de C.. CUARTO: Mediante Sentencia N°43 de 12 de noviembre de 2014, el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de C., resolvió, entre otras consideraciones jurídicas, declarar no probada la pretensión de la parte demandante y condenar a la actora Panamá Canal Railway Company, en concepto de costas del proceso, a la suma de B/.282,849.63. QUINTO: T. de una resolución que debía ser notificada personalmente, según lo estatuye el artículo 1002 del Código Judicial, el Juzgado Primero de lo Civil del Circuito Judicial de C., por conducto del personal designado para las comunicaciones judiciales, procede a iniciar las gestiones para cumplir con la notificación personal de la sentencia N°43 de 12 de noviembre de 2014 a la representación judicial de la parte actora y es, desde este momento, que se configuran las irregularidades en el trámite de notificación que han vulnerado el derecho de defensa, de impugnación y de doble instancia de nuestra mandante. SEXTO: La primera y única gestión de notificación de la mencionada sentencia N°43 para la representación judicial de la parte actora, se verifica el 22 de diciembre de 2014, cuando el notificador acude al Corregimiento de C., calle 14, Edificio de Sanidad Marítimas, tercer piso, local N°1, con el propósito de ubicar al Bufete De Sanctis. He aquí la primera informalidad procesal, pues si dentro del trámite de sustanciación de la causa civil, desde el 23 de julio de 2008, el Bufete De Sanctis había modificado sus señas domiciliarias, señalando que se ubicaba en "Marbella, Calle 53, Edificio World Trade Center, Piso N°3, Oficina 303, Teléfono 213-1310, Fax 213-1976" (ver Escrito de Prueba de la demandante presentado al Tribunal el 23 de julio de 2008), ello era indicativo que habían perdido vigencia esas direcciones profesionales ofrecidas en el año 2005 al inicio del proceso, que aludían a su localización en la Provincia de Panamá y en la Provincia de C., por lo cual no procedía hacer gestiones de notificación en ese domicilio en Provincia de C. que inicialmente había suministrado el Bufete De Sanctis. SÉPTIMO: Ante el conocimiento que desde el 23 de julio del año 2008, el Bufete De Sanctis había cambiado sus señas domiciliarias ofrecidas al inicio del proceso... y ante la omisión de la actora de indicar en sus escritos su domicilio correspondiente al lugar sede del despacho judicial, el procedimiento que debió haber implementado el Juzgado Primero Civil de C., de acuerdo a lo estatuido en el artículo 1008 del Código Judicial y a la práctica tribunalicia desarrollada en función de la correcta aplicación de esta norma, era dictar Providencia instando al Bufete De Sanctis que consignara domicilio en la sede del Juzgado, so pena de hacérseles todas las comunicaciones vía edicto en los estrados del Tribunal; procedimiento que en ningún momento atendió el Juzgador de instancia ordinaria. OCTAVO: Ahora bien, si por vía de discusión se quisiera aceptar que el Bufete De Sanctis nunca informó expresamente que había dejado su domicilio en C., por lo cual era desconocido para el Tribunal esa circunstancia y ello le daba autorización para hacer la gestión de notificación en la localización en C. ofrecida por esta firma de abogados al inicio del proceso (que no lo es por lo acaecido a partir del 23 de julio de 2008), frente a esa situación debemos advertir que al Juzgado Primero de Circuito Civil de C. sí le constó, por conducto de otro evento generado por el propio personal de notificación del Tribunal, que el Bufete De Sanctis no tenía presencia en el domicilio dado inicialmente en la Provincia de C.. Y es que esa primera y única gestión de notificación calendada 22 de diciembre de 2014, que se realizó en el Corregimiento de C., calle 14, Edificio de Sanidad Marítimas, tercer piso, local N°1 (domicilio dado al inicio del proceso por el Bufete De Sanctis), certificó que EL BUFETE DE SANCTIS SE HABÍA MUDADO DE DICHO LUGAR Y NO HABÍA DEJADO CONSIGNADO NUEVO DOMICILIO. NOVENO: ...la diligencia de comunicación al Bufete de Sanctis... resultó infructuosa, colocando el notificador la leyenda: "La persona se mudó del domicilio indicado y dejó la siguiente dirección: NINGUNA.". ...UNDÉCIMO: Así las cosas... debió el Juzgado Primero Civil de C., desde el mismo 22 de diciembre de 2014, implementar el previamente aludido trámite y práctica tribunalicia aceptada respecto al procedimiento consignado en el artículo 1008 del Código Judicial... o en el peor de los casos, limitarse simplemente a efectuarle todas las comunicaciones de las resoluciones judiciales dictadas en el proceso, mediante Edictos fijados en los estrados del Tribunal, por incumplir con esa formalidad de designar su domicilio en la sede del Juzgado. DUODÉCIMO: No obstante lo anterior y en una abierta y ostensible vulneración al procedimiento estatuido en el artículo 1008 del Código Judicial, lo que sucedió fue que, al día siguiente de certificar que el Bufete De Sanctis no mantenía domicilio conocido en Provincia de C., o sea, el 23 de diciembre de 2014, el Juzgado Primero Civil de C. prepara el Edicto de Notificación N°3 de 23 de diciembre de 2014 y dispone la implementación del procedimiento mediante Edicto en Puerta en el Corregimiento de C., calle 14, Edificio de Sanidad Marítimas, tercer piso, local N°1, del que ya se sabía no se ubicaba ni le pertenecía al Bufete De Sanctis. Señala la opositora que esta circunstancia "representa una evidente y relevante infracción al principio del debido proceso", "2. Por los graves perjuicios que para la parte actora representa ese hecho infractor de las correctas reglas de procesamiento. Y, es que, lógicamente lo que acaeció luego de ese procedimiento irregular, fue que el Bufete De Sanctis no se enterara que había sido negada la pretensión de su representada y además condenada en costas por la suma de B/.282,849.63 (contenido de la Sentencia N°43 de 12 de noviembre de 2014), resultando vulnerado su derecho de defensa que, en función de los principios de impugnación y de doble instancia, le permitían cuestionar, vía apelación, esa sentencia adversa a sus intereses y con claros visos de injuridicidad". Prosigue indicando, en apoyo de su posición: "Con una medida jurisdiccional de esa naturaleza, en firme, en la cual incluso medió acción de secuestro, Panamá Canal Railway Company no sólo se ve compelida de tener que atender una decisión que ha incurrido en evidentes vicios de interpretación probatoria y de pagar costas de importante valor económico; sino que además debe sufrir los perjuicios del levantamiento de una acción de secuestro instaurada para garantizar los resultados de un proceso en el que claramente se demostró la procedencia de las pretensiones demandadas, sin que, pueda incorporar un solo escrito solicitando reconsideración o anulación de un trámite de notificación claramente infractor de la Ley, pues, en este momento, el Juzgador de la causa ha dictado resolución en la cual ha dispuesto no oír a la parte actora hasta tanto consigne el pago de las costas; todo ello, a consecuencia de un procedimiento de notificación irregular de la sentencia N°43 de 12 de noviembre de 2014, ostensiblemente infractor a la garantía del debido proceso, que ha dejado en la absoluta indefensión a Panamá Canal Railway Company. DECIMOTERCERO: El acto de notificación mediante Edicto en Puerta N°3 calendado 23 de diciembre de 2014, expedido por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de C., además de infringir el procedimiento establecido en el artículo 1008 del Código Judicial, materializa un proceder que va en contra de la naturaleza jurídica de los procesos de comunicación de las resoluciones judiciales, que persiguen; no que alguna parte saque ventaja de la otra con el ardid de evitar que conozca lo decidido o que el Tribunal se aproveche de una información desactualizada para salir del paso de una notificación; sino por el contrario, que el interviniente tenga todas las oportunidades de adoptar formal conocimiento de lo resuelto, para que conozca las motivaciones de la decisión y tenga la oportunidad de cuestionarla en caso que sea arbitraria, ilegal o equívoca; sobre todo en caso de decisiones que resuelven el fondo de la pretensión y que pueden traer consigo importantes afectaciones al derecho subjetivo de alguna de las partes, como es el caso de la sentencia N°43 de 12 de noviembre de 2014". IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL AD QUEM. Agotado el recorrido procesal correspondiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia entrará a resolver la alzada en la presente acción de A. de Garantías Constitucionales. Esgrime la tercera interesada-apelante, en su escrito de sustentación de alzada, que "los edictos no conforman una orden de hacer" y que la normativa (art.2619 C.J.) es clara al establecer los requisitos de procedibilidad de esta acción de tutela. Al respecto, se tiene que ha sido superado el antiguo concepto de orden de hacer o no hacer, pues la admisión o no de un amparo estará determinada por la posibilidad de que se vulnere un derecho fundamental previsto en la Constitución Nacional, en los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en la Ley. Si bien el artículo 54 de nuestra Carta M.na, al referirse a la materia amparable, alude expresamente a órdenes de hacer o no hacer, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José (protección judicial), que Panamá suscribió y ratificó, habla de "actos que violen derechos fundamentales"; siendo que el artículo 17 párrafo segundo (2°) de la Constitución Nacional dispone que "los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona". Así, en materia de A. de Garantías Constitucionales, el Pleno "ha venido haciendo un examen más minucioso de los temas que se debaten en las acciones de amparo, con la finalidad de establecer que dicha acción sea más efectiva para la tutela de las garantías fundamentales; como es el caso de un nuevo alcance que le ha dado al contenido del artículo 54 de la Constitución Nacional, respecto al concepto de orden de hacer y no hacer. De ahí, que manifiesta la necesidad de examinar caso por caso, para determinar si en realidad lo planteado por el amparista se enmarca dentro del Plano constitucional y de esa forma lograr una verdadera efectividad de esta institución de garantía". (Sentencia de 8 de febrero de 2011). Por otra parte, arguye el impugnante en alzada que "como es sabido, tal cual lo establece el artículo 2630 del Código Judicial, no se puede proponer ni admitir demandas de amparo sucesivas contra el mismo funcionario y contra la misma orden dictada por él, aunque se propongan ante Tribunales competentes distintos". En esa dirección, señala que "el amparista recurrió por su disconformidad con la correspondiente notificación interponiendo DOS amparos, el primero que fue presentado el día 27 de enero de 2015, mismo que le quedó adjudicado a la M.E.C. como ponente; y el segundo que fue presentado el día 6 de febrero de 2015, mismo que le quedó adjudicado al M.istrado N.R. (sic)". Añade que "resulta ilógico que la magistrada ponente E.C., a quien le correspondió conocer del primer amparo esboce el criterio de conceder dicha acción constitucional que ahora recurrimos con argumentos como sensatez y justeza, cuando la misma magistrada ponente en la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta posteriormente y en la que la misma actuó como magistrada del tribunal colegiado con ponencia del M.istrado N.R. (sic), en la resolución de fecha 13 de febrero de 2015 avaló el criterio de NO ADMITIR la acción extraordinaria de garantías constitucionales por considerar que no se había agotado la vía de conformidad con lo que establece el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial". Al respecto, esta Colegiatura estima oportuno reproducir un extracto del fallo de este Pleno de 26 de agosto de 2011, cuyo tenor es el siguiente: "...mediante fallo de 1 de agosto de 2007, se fijaron nuevos criterios interpretativos sobre el artículo 2630 del Código Judicial, que impedía la interposición de demandas sucesivas contra la misma orden y funcionario, cuando existiera una resolución previa donde se hubiera declarado no admitir dicha acción. En la resolución respectiva se decidió, que la figura de los amparos sucesivos se concretizaría si anteriormente hubiese un pronunciamiento decisorio que resolviera el fondo de la controversia, ya que es ésta la única forma en que puede producirse la cosa juzgada de que habla el propio artículo 2630 del Código Judicial. En aquella ocasión se indicó: "...no podemos desaprovechar la oportunidad para dejar claramente sentado y establecido que si bien es cierto la jurisprudencia constante de esta Corporación de Justicia ha sostenido que no se aceptarán amparos sucesivos; entenderemos que esta figura sólo se materializará cuando se haya proferido una decisión previa sobre el "fondo" de la controversia, es decir, que produzca cosa juzgada constitucional. A contrario censu (sic), no se considerará como amparo sucesivo, cuando exista un pronunciamiento previo que sólo haya resuelto la admisibilidad del caso promovido". (Fallo de 1 de agosto de 2007. M.. A.C.). Por lo tanto, y como quiera que ha sido la única observación utilizada por el tribunal superior para fundamentar la no admisión de la acción constitucional, no debe ser otra la decisión de esta Corporación Judicial, que la de revocar dicho fallo. Ello en virtud, que la fundamentación de la resolución se centró en criterios ya superados y variados por esta Colegiatura. Por lo tanto, y dada la anterior explicación, le corresponderá al tribunal requerido, admitir la causa y decidir lo que en derecho corresponda, para así permitir una debida defensa al amparista en la tutela de sus derechos fundamentales". En el caso concreto, si bien las dos (2) acciones constitucionales de amparo fueron instauradas contra el mismo funcionario (Juez Primero de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de C.), aquélla cuyo conocimiento correspondió a la M.istrada Cal se dirigió contra el Edicto N°.3 de 23 de diciembre de 2014, mientras que la que quedó radicada en el Despacho del M.istrado R., se encaminó contra la resolución de 14 de enero de 2015, que ordenó el levantamiento de las medidas cautelares, motivo por el cual, contrario a lo esgrimido por la tercera interesada-apelante Gran Terminal de Transporte Centenario, S.A., las referidas acciones de tutela no se encausaron contra el mismo acto y, además, ninguna de ellas ha generado un pronunciamiento de fondo. De ahí que no prospera el cargo atinente a la de tramitación de amparos sucesivos contra el mismo acto. Superado el tema, para resolver el mérito de la apelación planteada, resulta oportuno formular las siguientes consideraciones: La amparista Panamá Canal Railway Company estima que el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de C. no le notificó en debida forma la sentencia de primera instancia (N°.43 de 12 de noviembre de 2014) que le fue desfavorable; circunstancia que le impidió ejercitar contra dicha decisión -que, entre otras cosas, la condenó en costas por B/.282,849.63- los recursos que por Ley le asistían. Esta posición fue compartida por el Tribunal Constitucional primario que, en consecuencia, le concedió la acción constitucional. En torno al tema, el artículo 1002 del Código Judicial es enfático al señalar, de manera inequívoca, en su numeral 2, que se notificará personalmente "la sentencia de primera instancia". El artículo 1004 lex cit describe, en los siguientes términos, la manera en que habrán de surtirse las notificaciones personales: Artículo 1004. Las notificaciones personales se practicarán haciendo saber la resolución del Juez a aquellos a quienes deba ser notificada, por medio de una diligencia en que se expresará en letras, el lugar, hora, día, mes y año de la notificación, todo lo que firmarán, el notificado o un testigo por él, si no pudiere o no quisiere firmar y el S., expresando éste debajo de su firma, su cargo. En todo caso de notificación personal se dará copia de la resolución que se notifique. Los S.s podrán encomendar a un empleado del Tribunal y bajo su responsabilidad, las notificaciones personales que ellos no puedan practicar por sí mismos, auténticándolas en la forma indicada en el artículo anterior. Las citaciones serán hechas por el empleado que designe el S. o por los interesados autorizados por el S., quienes podrán pedir el auxilio de la Fuerza Pública en caso necesario. Los S.s tienen obligación de notificar personalmente las resoluciones que deban hacerse saber en otra forma, si las partes lo solicitan siempre que no se haya efectuado la notificación de la respectiva resolución. Puede asimismo hacerse la notificación personal aún después de fijado el edicto y antes de su desfijación. Los S.s y empleados sólo podrán hacer estas notificaciones dentro de la circunscripción donde tiene competencia el Juez por cuya cuenta obren. Por otra parte, dispone el artículo 1022 ejúsdem que "ninguna resolución judicial puede comenzar a surtir efectos antes de haberse notificado legalmente a las partes". Prosigue indicando la norma que "se exceptúan las resoluciones que por disposición especial de la Ley deban cumplirse de inmediato, sin audiencia de la parte, como las que se decretan en procedimiento de secuestro, la de suspensión de términos y otras similares, expresamente previstas en este Código, las cuales serán notificadas después de cumplidas". De manera que, en el caso concreto, la sentencia primigenia (N°.43 de 12 de noviembre de 2014) dictada por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de C. dentro del Proceso Ordinario promovido por Panamá Canal Railway Company contra Gran Terminal de Transporte Centenario, S.A. y Transportista del Terminal de C., S.A., debió ser notificada personalmente a las partes para poder comenzar a surtir efectos. Establece el artículo 1008 del Código Judicial que "las partes y sus apoderados tienen la obligación en todo tiempo de poner en conocimiento del Juez de la causa cuál es su oficina, casa de habitación o lugar en que ejerzan en horas hábiles del día, su industria o profesión u otro lugar que designe para recibir notificaciones personales"; que "esta designación la hará el demandante desde que se inicia el proceso, sea en el escrito de la demanda principal o en el que proponga alguna acción accesoria prejudicial o cautelar; y el demandado, en el primer escrito que dirija al Tribunal, sea contestación de traslado o no, o en la primera prevención, intimación o notificación que se le haga"; que "las señas domiciliarias del apoderado se darán en el poder o al tiempo de presentarlo"; que "tanto el apoderado principal como el sustituto, al ejercer el poder, deberán señalar oficina en el lugar sede del juzgado, para los fines de las notificaciones personales que deban hacérseles y para los indicados en el artículo siguiente, así como su dirección postal"; que "si el apoderado omite señalar el lugar en donde deban hacérsele las notificaciones personales en la sede del juzgado, se le harán todas las notificaciones por medio de edicto mientras dure la omisión"; que "el S. dejará constancia de esto en el expediente"; y que "la resolución que se dicte es irrecurrible". La representación judicial de la amparista-opositora Panamá Canal Railway Company, desde el inicio del Proceso Ordinario en el año 2005, señaló -para efectos de las notificaciones personales que debieran hacérsele- oficinas tanto en la Ciudad de Panamá como "en el lugar sede del juzgado", esto es, en el Circuito Judicial de C.. En el año 2008, en su libelo de pruebas (23 de julio), consignó un domicilio en Ciudad de Panamá ligeramente diferente al proporcionado originalmente y omitió referirse al domicilio entonces señalado en el Circuito Judicial de C.. Fue mediante la gestión infructuosa de notificación de la sentencia, desplegada el 22 de diciembre de 2014 por el Juzgado primario en la dirección en el Circuito Judicial de C. suministrada originalmente por la demandante, ahora amparista, que el Despacho Judicial se percató que el Bufete De Sanctis se había mudado de dicho domicilio y no había dejado dirección. Ciertamente la firma forense incumplió el deber que le impone el artículo 1008 del Código Judicial de señalar oficina en el lugar sede del juzgado, para los fines de las notificaciones personales que deben hacérsele, si bien se justificó indicando que "la sustanciación de la causa civil que inició para noviembre del año 2005, se dilató por razón de una pluralidad de incidencias, acciones y recursos formuladas por las partes demandadas y en ese devenir, el Bufete De Sanctis dejó el domicilio profesional señalado en la Provincia de C. y cambió sus oficinas principales en Panamá". No obstante, esta Corporación reitera que la citada norma no contempla excepciones a esa obligación de los apoderados al ejercer el poder. El último párrafo del artículo 1008 del Código Judicial estatuye que "si el apoderado omite señalar el lugar en donde deban hacérsele las notificaciones personales en la sede del juzgado, se le harán todas las notificaciones por medio de edicto mientras dure la omisión", que "el S. dejará constancia de esto en el expediente" y que "la resolución que se dicte es irrecurrible". Esta solución, sin embargo, no aplica para la notificación de la sentencia de primera instancia, la cual debe efectuarse personalmente, de conformidad con el artículo 1002 numeral 2 lex cit, aun cuando el apoderado judicial haya omitido el deber antes mencionado, de forma que se garantice plenamente a las partes tanto el derecho a la impugnación como el principio de la doble instancia, integrantes ambos del derecho de defensa, indiscutible componente -este último- del debido proceso legal. En esa dirección, establece el artículo 463 ejúsdem que "todos los procesos admiten dos instancias o grados, salvo que la Ley los sujete expresamente a una sola instancia". Preceptúa el artículo 1131 del Código Judicial que "el Recurso de Apelación tiene por objeto que el superior examine la decisión dictada por el Juez de primera instancia y la revoque o reforme"; mientras que el artículo 1132 de la excerta legal señala que "la parte que se creyere agraviada tiene derecho de apelar en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a la notificación, si fuere sentencia y dos días si fuere auto". Añade esta última disposición legal que "la apelación puede ser promovida por la propia parte aunque la Ley exija apoderado, siempre que se trate de sentencia o de auto que decida el fondo del proceso y que ello se haga dentro del término correspondiente" y que "cualquier gestión subsiguiente, distinta de la mera promoción del recurso, deberá hacerse por apoderado". Al día siguiente del primer intento de notificación, es decir, el 23 de diciembre de 2014, personal del Centro de Comunicaciones Judiciales fijó, con fundamento en el artículo 1009 del Código Judicial, un edicto en puerta en la dirección que en el Circuito de C. había señalado originalmente -año 2005- la representación judicial de la actora Panamá Canal Railway Company, siendo que el día anterior -22 de diciembre- los funcionarios judiciales a cargo de la diligencia de notificación de la sentencia de primera instancia, habían percibido, según plasmaron en el Informe respectivo, que el Bufete De Sanctis se había mudado de dicho domicilio y no había dejado dirección. El trámite que prevé el aludido artículo 1009 lex cit fue erróneamente aplicado al caso 'in examine', toda vez que dicha norma contempla que "si el apoderado que hubiere de ser notificado personalmente no fuere hallado en la oficina, habitación o, en su defecto, el edificio o lugar designado por él en horas hábiles, se fijará en la puerta de entrada de dicho local el edicto relativo a la resolución que debe notificarse y se dejará constancia de dicha fijación en el expediente"; que "los documentos que sea preciso entregar en el acto, serán entregados a la persona que esté en dicha oficina, quien deberá identificarse ante el funcionario que lo requiera"; que "cinco días después de tal fijación, queda hecha la notificación y ella surte sus efectos como si hubiere sido hecha personalmente"; que "en caso de que no se pueda entrar a la oficina, el edicto se fijará en la puerta y los documentos que fuere preciso entregar en el acto de notificación serán puestos a disposición de la parte en la Secretaría del Tribunal, circunstancia que se hará constar en el edicto y en el expediente"; y que "igual procedimiento se seguirá en caso de que la persona que se encuentre en la oficina rehúse colaborar en la diligencia". Como viene visto, la norma 'in comento' dispone la fijación de un edicto relativo a la resolución que debe notificarse, en la puerta de entrada de la oficina, habitación o, en su defecto, el edificio o lugar designado por el apoderado que hubiere de ser notificado personalmente, en caso de que no fuere hallado en dicho local. En el caso que nos ocupa, la fijación de un edicto, el 23 de diciembre de 2014, en la puerta de entrada del domicilio que originalmente -en el año 2005- señaló en el Circuito Judicial de C. la representación judicial de la actora Panamá Canal Railway Company, dentro del Proceso Ordinario que le sigue a Gran Terminal de Transporte Centenario, S.A. y Transportista del Terminal de C., S.A., en manera alguna satisfizo la notificación personal de la sentencia de primera instancia a la demandante, ahora amparista-opositora. La concreción de este acto de comunicación no iba a ser posible ni efectiva por esta vía, por cuanto la ausencia del apoderado judicial en el local en el preciso momento del intento de notificación personal no constituyó un hecho aislado, en razón de que, conforme al Informe levantado por el personal del Centro de Comunicaciones Judiciales a cargo de dicha diligencia el día anterior, el Bufete De Sanctis se había mudado de dicho domicilio y no había dejado dirección. Por tal motivo, ese local había dejado de ser la oficina de la firma forense en el lugar sede del juzgado, para los fines de las notificaciones personales que debían hacérsele. Es evidente que, ante este panorama, la diligencia de notificación no habría podido cumplir su objetivo, pues no habrían podido entregarse a persona alguna los documentos propios del acto, como tampoco habría sido viable ponerlos a disposición de la parte en la Secretaría del Tribunal, haciendo constar tal circunstancia en un edicto al cual la representación judicial de Panamá Canal Railway Company no tendría acceso. Hubiese procedido la fijación de edicto en puerta para efectuar una notificación personal, de haberse constatado que, efectivamente, el bufete mantenía el domicilio señalado en etapa incipiente del proceso, pese a que no se ubicara persona alguna en el local al momento específico del intento de notificación, pues ello garantizaría que el apoderado judicial eventualmente llegaría a tener conocimiento de la información plasmada en el edicto, en el local que indicó tendría por oficina en el lugar sede del juzgado. Esto es, se habría tenido por notificada personalmente la sentencia a tenor del artículo 1009 del Código Judicial, de no haberse encontrado la letrada en el local que conservaba como oficina en el preciso momento de la diligencia de notificación, mas no como ocurrió en el presente caso, en que el local en que se fijó el edicto en puerta había dejado de ser la oficina de la firma forense, en el lugar de la sede del juzgado. Por lo expuesto, no se ajusta al trámite legal la notificación de la Sentencia N°.43 de 12 de noviembre de 2014, proferida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de C., a través del Edicto N°.3 de 23 de diciembre de 2014, por cuanto, en detrimento de la tutela judicial efectiva, generó la indefensión de la amparista-opositora, quien perdió la oportunidad de impugnar vía alzada dicha decisión, pues el término para ello precluyó sin que llegara siquiera a tener conocimiento de que se había emitido el fallo. Al respecto, expresa el artículo 1027 del Código Judicial que "las notificaciones hechas en forma distinta de las expresadas en este Código son nulas, e incurrirá el S. que las haga o tolere en una multa de cinco balboas (B/.5.00) a veinticinco balboas (B/.25.00) que le impondrá el Juez del conocimiento con la sola constancia de la notificación ilegalmente hecha, y será responsable de los daños y perjuicios que con ello haya causado"; que "sin embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces"; que "el S. no quedará relevado de su responsabilidad"; y que "la petición de nulidad se tramitará por la vía de incidente". Entre los deberes de las partes y sus apoderados, el artículo 215 del Código Judicial incluye, en su numeral 4, el de "comunicar por escrito cualquier cambio de residencia o del lugar señalado en la demanda o contestación para recibir notificaciones o citaciones, so pena de que éstas se hagan válidamente en la dirección que conste en autos". El artículo 1008 lex cit -como previamente se advirtió- contempla el deber que tienen los apoderados judiciales de señalar oficina en el lugar sede del juzgado, para los fines de las notificaciones personales. La firma forense De Sanctis, apoderada judicial de Panamá Canal Railway Company, incluyó tanto en el libelo de demanda como en el de demanda corregida sus domicilios tanto en Ciudad de Panamá como en el Circuito Judicial de C., así como los números telefónicos de cada una de estas oficinas; siendo que en su libelo de pruebas señaló un domicilio ligeramente diferente en Ciudad de Panamá, que mantenía los mismos números de teléfono, y omitió indicar domicilio en el Circuito Judicial de C.. Si bien el bufete abandonó el local señalado en C. y no indicó otro domicilio en su reemplazo, subsistía oficina en Ciudad de Panamá, de la cual constaba dirección completa actualizada en el infolio, así como los números telefónicos, que continuaban siendo aquéllos reportados desde el año 2005, en que inició el proceso. El artículo 199 del Código Judicial contempla, entre los deberes de los M.istrados y Jueces: 1. Dirigir e impulsar el trámite del proceso, velar por su rápida solución adoptando las medidas para impedir su paralización, y procurar la mayor economía procesal por lo cual será responsable de cualquier demora que en él ocurra; ...8. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso y obrar en éste con legalidad y seguridad, 9. Prevenir, remediar y sancionar todo acto contrario a la dignidad, lealtad de la justicia, probidad y buena fe, lo mismo que cualquier tentativa de fraude procesal, de obtener fines prohibidos por la Ley o de realizar actos procesales irregulares; ...11. Disponer de oficio las diligencias conducentes a evitar nulidades procesales... El artículo 400 ejúsdem, incluye, entre los deberes de los S.s y demás subalternos, "4. Hacer las notificaciones personales o por medio de un empleado de la oficina; ...7. Informar a las personas interesadas en los negocios que cursen en la oficina sobre el estado de los mismos; ...10. Servir de órgano de comunicación con los particulares..." El doctor A.H., en su obra El Debido Proceso, define esta garantía constitucional como "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolló sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos". (Énfasis suplido). En congruencia con lo anterior, el autor J.F.P. señala: "La jurisprudencia nacional ha elaborado el principio del "debido proceso" con base en el art.32 de la Constitución, que comprende según expone A.H. (El Debido Proceso, Temis, 1996): 1. Derecho a la jurisdicción, que consiste en el derecho a la tutela constitucional. 2. Derecho al Juez natural. 3. Derecho a ser oído. 4. Tribunal competente, predetermiando en la Ley, independiente e imparcial. 5. Derecho a aportar pruebas lícitas, relacionados con el objeto del proceso, y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el Juez. 6. Facultad de hacer uso de los medios de impugnación previstos en la Ley contra resoluciones judiciales motivadas. 7. Respeto a la cosa juzgada". (Énfasis suplido) En desarrollo del tema del debido proceso y del derecho de defensa, resulta ilustrativa la resolución dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 12 de febrero de 2003, cuyo extracto se reproduce a renglón seguido: "...Sin embargo, estima el Pleno que, en adición a los derechos que integran el derecho al debido proceso, que tiene un contendio de derechos múltiple (como se ha visto), se encuentra el que se respeten los trámites que resulten esenciales, y se provea a la ejecución, por los tribunales, de las decisiones que éstos emitan. Desde la vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva (la que, con arreglo a la doctrina de este Pleno forma parte de la garantía constitucional del debido proceso), la doctrina española le ha dedicado una importancia decisiva, como derecho fundamental. "El derecho a la tutela judicial efectiva puede ser definido como el derecho fundamental que asiste a toda persona para obtener, como resultado de un proceso sustanciado con todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico, la protección jurisdiccional de sus derechos e intereses legítimos. Se caracteriza por cumplir una función de defensa, en base a la heterocomposición del conflicto a través del poder del Estado, y por su marcado carácter procesal, ya que surge con la incoacción, desarrollo y ulterior resolución de un proceso" manifiesta J.S.E. (vide autor citado, en "La Tutela Jurisdiccional de los intereses colectivos a través de la legitimación de los grupos", Editorial Dykinson, Madrid, 1995, págs.85-86) (Las cursivas son del autor citado). ...Desde la vertiente del derecho de defensa, este Pleno, en sentencia de 13 de septiembre de 1996 ha dicho: "... Es así como el proceso está constituido por una serie de elementos dirigidos a asegurar la efectiva o adecuada defensa de las partes en el mismo. A estos elementos procesales se refiere el D.A.H. en su interesante obra sobre el debido proceso, al indicar que "si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción, del derecho a aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medio de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de éstas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia, seguirse un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo, desconoce la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional" (HOYOS, A.. El debido proceso. Editorial Temis, S.A., Santa Fé de Bogotá, 1995, págs.89-90). Es importante agregar, que en numerosos precedentes, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la violación del debido proceso únicamente ocurre cuando se desconocen o pretermitan trámites esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes". (Sentencia de 13 de septiembre de 1996. Ponente: M.A.F. de A.. fs. 10-11) El contenido esencial del debido proceso, por lo tanto, se integra con los derechos de ser juzgado por tribunal competente independiente e imparcial preestablecido en la ley, permitir la bilateralidad y contradicción, aportar pruebas en su descargo, obtener una sentencia de fondo que satisfaga las pretensiones u oposiciones, la utilización de los medios de impugnación legalmente establecidos, y que se ejecute la decisión jurisdiccional proferida cuando ésta se encuentre ejecutoriada, y también que los derechos reclamados puedan, en el momento de dictarse la sentencia, ser efectivos. Forma también parte del núcleo de la garantía que ocupa al Pleno el derecho a que el tribunal, para proferir su decisión, satisfaga los trámites procedimentales que sean esenciales, es decir, en adición a aquellos que ya han sido destacados, los que, en general, de restringirse de manera arbitraria o de negarse, producen en el afectado una situación de indefensión, por lesionar los principios de contradicción y bilateralidad procesales, como señaló la sentencia parcialmente reproducida de 18 de julio de 2002". (Énfasis suplido) Frente a las particulares circunstancias expuestas en el curso del desarrollo efectuado, esta Colegiatura arriba a la conclusión de que, en situación tan extrema como la planteada, el Tribunal de la causa no agotó las diligencias necesarias para lograr notificar, en debida forma (personalmente), a la actora y amparista-opositora Panamá Canal Railway Company, de la sentencia de primera instancia, que dictó nueve (9) años después de iniciado el proceso, el 12 de noviembre de 2014, y notificó fijando un edicto en puerta el 23 de diciembre del mismo año, en un local que le constaba, según el Informe de Notificación del día anterior (22 de diciembre), que ya no era el domicilio de la firma forense en el Circuito de C., la cual se había mudado y no había dejado dirección. Máxime cuando de las constancias de autos se advierte diáfanamente la conducta procesal de Panamá Canal Railway Company, la cual no mostró inactividad, letargo u omisión en su gestión, tal cual se desprende del Informe Secretarial plasmado a la foja 666 del dossier, el cual da cuenta que, para el día 9 de junio de 2009, "el término de pruebas en el presente proceso venció la parte demandante fue la única que hizo uso de ese derecho. En la etapa de alegatos solamente la parte demandante presentó el suyo dentro del término de ley correspondiente"; circunstancia ratificada mediante Informe Secretarial calendado el 20 de agosto de 2013 y visible a la foja 675 del infolio. Contrasta el prolongado lapso ocupado por el Tribunal de la causa para dictar el fallo primario, con la premura en efectuar a ultranza esta notificación irregular y celerísima, que no dio margen al bufete a comparecer en tiempo prudencial al estrado y que privó a Panamá Canal Railway Company de la oportunidad de impugnar la sentencia de primera instancia -que la condenó en costas por B/.282,849.63-, en contravención de su derecho a la impugnación, del principio de la doble instancia, de su derecho de defensa, del derecho a la tutela judicial efectiva, del trámite legal y, por ende, del debido proceso. De ahí que en Derecho corresponde confirmar la decisión del Tribunal Constitucional primario, venida en apelación. En mérito de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 24 de abril de 2015, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro de la acción de amparo promovida por la firma forense Bufete De Sanctis, en nombre y representación de PANAMÁ CANAL RAILWAY COMPANY, contra el Edicto N°.3 de 23 de diciembre de 2014, emitido por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de C., dentro del Proceso Ordinario que promovió contra Gran Terminal de Transporte Centenario, S.A. y Transportista del Terminal de C., S.A. Notifíquese, JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)