Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 31 de Enero de 2014

Ponente:Oydén Ortega Durán
Fecha de Resolución:31 de Enero de 2014
Emisor:Primera de lo Civil
 
CONTENIDO

VISTOS: La Firma ARROCHA & ASSOCIATES, L.F., en su condición de apoderados judiciales de J.H.M., han interpuesto Recurso de Apelación contra la Sentencia N°07 de 30 de diciembre de 2011, emitida por el Segundo Tribunal Marítimo de Panamá, dentro del Proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado que J.H.M. le sigue a M/N "CANAIMA". La parte resolutiva de la Resolución impugnada es del tenor siguiente: "En atención a las consideraciones antes expuestas, la suscrita JUEZ DEL SEGUNDO TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO: DECLARA PROBADA la Excepción de Prescripción interpuesta por la parte demandada M/N "CANAIMA" y en consecuencia, prescrita la acción interpuesta en su contra a través del Proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado promovido por J.H.M.. SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS, a la demandante J.H.M., por la evidente buena fe de sus acciones. C. y N.". El Recurso se encuentra para decidir, por lo que procede la S. a resolver lo que en derecho corresponda, para lo cual se dejan expuestos, previamente, los antecedentes del mismo, así como el Recurso presentado. ANTECEDENTES DEL CASO El Recurso de apelación que se examina se propone dentro del Proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado con Medida Cautelar de Secuestro propuesta por J.H.M. contra M/N "CANAIMA", para que sea condenada a pagarle la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS BALBOAS CON 00/100 B/169,400.00), más los intereses, costas legales y gastos generados por el presente proceso, demanda que fue admitida a través de Auto N°103 de 19 de abril de 2011. El actor sustenta su crédito, en las lesiones corporales sufridas por el marino J.H.M., producto del accidente de trabajo ocurrido el día 29 de noviembre de 2008 a bordo de la M/N "CANAIMA", que le produjo una incapacidad permanente para laborar en el oficio de marino. Como sustento jurídico de su pretensión cita entre otras normas lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 115 del Código de Comercio Marítimo venezolano que establece como crédito privilegiado sobre el buque "Los créditos por indemnizaciones por muerte o lesiones corporales ocurridas en la tierra, a bordo o en el agua, en relación directa con el buque." Luego, por Auto N°104 de 19 de abril de 2011 la Juez del Segundo Tribunal Marítimo de Panamá decretó secuestro a favor de J.H.M., sobre la M/N "CANAIMA", hasta la concurrencia de B/169,400.00 en concepto de capital, B/31,410.00 en concepto de costas, más los intereses y gastos que genere el presente proceso. Posteriormente, el demandado presentó escrito de contestación de demanda, en el cual acepta los dos primeros hechos y el resto los niega, así como el derecho y las pruebas; presentando excepciones y defensas dentro de la cuales se encuentra la Excepción de Prescripción de la acción, la cual luego de puesta en conocimiento de la parte demandante y de realizada la Audiencia Especial es decidida por Sentencia N°7 de 30 de diciembre de 2011. Contra la Sentencia en mención propuso la parte demandante Recurso de apelación, el cual nos avocamos a resolver. RECURSO DE APELACIÓN La firma de abogados ARROCHA & ASSOCIATES L.F, apoderados judiciales de la parte demandante, objeta la Sentencia emitida por el Tribunal Marítimo, en todos los aspectos expuestos por el Juzgador A quo y cuyos cargos y argumentos se exponen a continuación: En relación al aspecto que plantea la Sentencia, que no se está inmiscuido en un proceso laboral sino en uno marítimo, comparte el Recurrente la posición expuesta por la Juez A quo. Sin embargo, considera que desde el punto de vista del bien jurídico tutelado, las normas de tipo laboral (siendo el trabajador el sujeto y objeto de las mismas) pertenece a lo que se conoce como los Derechos Sociales, que después de las Garantías Fundamentales son los que más protección gozan, mientras las normas de Derecho Marítimo son de índole privado. Argumenta el Apelante que, el planteamiento esbozado por la J.M. supone una protección a un derecho privado por encima del derecho social y eso nada tiene que ver con el estadio, con la jurisdicción o con el tipo de proceso que se esté ventilando. Aclara, que no se trata de un trabajador que se lesionó en una faceta de su vida privada, sino en ejercicio de su desempeño como trabajador. Que tratándose de un trabajador del mar, tiene una protección mayor que el resto de los trabajadores a través de las Convenciones y del derecho interno de los Estados. En cuanto a que debe aplicarse la Prescripción que establece la Ley de Comercio Marítimo Venezolano y no la Ley Laboral venezolana (LOPCYMAT), plantea que no está en desacuerdo si es que ese término de prescripción se aplica utilizando la fecha del daño sufrido y no del hecho dañoso o que se aplique la regla para contabilizar la prescripción en procesos de cualquier jurisdicción donde esté involucrado un trabajador peticionando una indemnización. Como sustento de su posición cita extractos de la obra del J.J.T.J., Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo 1, página N° 710 y Tomo 11 páginas 276 y 278. Otro de los aspectos en el que fundamenta su desacuerdo con lo expuesto por la J.M., es en cuanto a que la LOPCYMAT se presenta solo contra empleadores o empleadoras, pues a su juicio el razonamiento correcto debió ser que bajo la legislación venezolana, se debe concatenar la norma de la Ley de Comercio Marítimo y la LOPCYMAT, por lo cual el año debe computarse desde el momento en que el derecho nace al marino lesionado, es decir, desde el momento en que se hayan cumplido algunos de los extremos de la Ley contenidos en la LOPCYMAT, como son la finalización de la relación laboral o la declaratoria de la incapacidad por el ente competente, lo que ocurra de último. Señala que el propio Artículo 118, numeral 2 de la Ley de Comercio Marítimo de Venezuela establece que el plazo de prescripción comenzará a correr "desde la fecha de nacimiento de los créditos que garantizan los privilegios marítimos". Considera que la incapacidad se otorga cuando se puede demostrar que el lesionado tendría conciencia de su incapacidad, iniciándose el cómputo, porque es allí cuando nace el crédito. Expone que esta Corte Suprema de Justicia, en el Fallo emitido en el Incidente de Prescripción dentro del Proceso de Crédito Marítimo Privilegiado interpuesto por JOSE IGNACIO BILBAO contra PESQUERA COSTA DE LA LUZ, S.A., propietaria de la M/N "LA PARULA", acepta su criterio, es decir, que por tratarse de un accidente de trabajo se aplica la Ley Laboral y eso debe ser así contra cualquiera, inclusive contra la nave, porque la ficción de demanda in rem y la ubicación como sujeto procesal es porque la nave se considera EL EMPLEADOR. Adicionalmente señala, que este fallo analiza que por tratarse de un accidente de trabajo deben aplicarse las normas laborales de Venezuela, en atención al Artículo 59 de la Ley Orgánica de Trabajo (LOT). Las jurisprudencias citadas por la parte excepcionante, no pueden ser tomadas en consideración por la Corte, puesto que la misma tiene que ver con un tema de reglas de competencia y con Derecho Aeronáutico, en el cual murieron personas, por lo que el daño sufrido coincide con el hecho dañoso. Adicional a ello, dicha jurisprudencia data del año 1993, cuando en Venezuela no existía la legislación que ahora se analiza. En relación a los elementos de la Prescripción, señala el Procurador judicial de la parte demandante que es imposible ejercer un derecho por una condición de la cual no se tiene conciencia. Expresa que resulta contrario al principio universalmente aceptado en cuanto a que los trabajadores se les debe aplicar la ley que le es más favorable. Resulta contrario a dicho principio valorar como bien jurídico con mayor protección la norma de comercio marítimo de Venezuela que fue aplicada. Finaliza solicitando, que se aplique el criterio expuesto en el Fallo de JOSE IGNACIO BILBAO, en el sentido que en materia de accidentes de trabajo de un marino, la prescripción se rige por la normas laborales por ser especial y por ser acorde al principio "More favens artifex". Que si bien son del criterio, que se tiene que aplicar la regla de prescripción de un año que recoge el numeral 2 de la Ley de Comercio Marítimo de Venezuela, solicita que dicho criterio se apegue a que ese año no se compute indefectiblemente a partir de la ocurrencia del accidente, sino que debe considerarse cuando le nació el derecho a su mandante para ejercerlo. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Sentencia N°7 de 30 de diciembre de 2011 y en su lugar se declare no probada la Excepción de Prescripción propuesta por la M/N "CANAIMA". OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN POR M/N "CANAIMA" A fin de desvirtuar lo argumentado por la parte demandante, la Firma forense DE CASTRO & ROBLES, en representación de la M/N CANAIMA. Concentra los aspectos de disconformidad planteados por el Recurrente en dos (2) hechos centrales a saber: La aplicación de la Ley de Comercio Marítimo por encima de la LOPCYMAT, por una parte y por otra el cómputo del plazo de prescripción previsto en el artículo 118 del Código de Comercio de Venezuela. Señala el opositor, que no es un tema controvertido la aplicación de la Ley venezolana al presente Proceso, por el hecho que el B. es de bandera venezolana; expresando que no cabe duda, que ante la naturaleza especialísima del Proceso que nos ocupa, es decir, una Acción in rem en contra de la Nave, la legislación aplicable en cuanto a la prescripción de la Acción es aquella dispuesta en la propia legislación especial que otorga el derecho de accionar in rem contra una nave, esto es la Ley de Comercio Marítimo de Venezuela. Sostiene que, dicha Ley en su Título IV Privilegios e Hipotecas dispone el término perentorio de un (1) año para accionar contra una Nave producto de un crédito privilegiado sobre el buque. Por otro lado, la Firma DE CASTRO & ROBLES considera atinada la aplicación, de conformidad con las reglas de la sana crítica por la Juez A quo, la opinión legal del Abogado N.V.D.C.R., pese a que esta opinión no fue emitida para el presente proceso. De esta opinión se desprende que: 1. En Venezuela la legislación aplicable a los procesos de ejecución de crédito marítimo privilegiado es la Ley de Comercio Marítimo de Venezuela; 2. Esta Ley especial, dispone un término de prescripción de un (1) año para interponer acciones in rem contra la nave y 3. Este término especial de prescripción es de un (1) año para interponer acciones in rem contra la nave, el cual empieza a correr desde la fecha del accidente. Es por ello, que considera que la presente Demanda se encuentra prescrita por haber transcurrido con creces el lapso de un año para interponer acciones in rem contra la Nave. También señala, que esta opinión es compartida por la Licda. L.M., perito de la parte A., quien a fs. 1283 y 1284 del expediente expuso: "El derecho a garantizarse con el B. las resultas de una reclamación por indemnización de daños con ocasión de la realización de trabajos a bordo, deberá ejercitarse dentro del plazo de un año devenido en el embargo preventivo o ejecutivo del B. propiedad del empleador". En cuanto al fallo citado de JOSE IGNACIO BILBAO contra PESPQUERA COSTA DE LA LUZ, S.A., señala que se trata de una Acción in personam dirigida contra el propietario de M/N "LA PARRULA"; señalando el opositor, que no existe duda que cuando se trate de accidentes de trabajo a bordo de B.s de nacionalidad venezolana se aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Trabajo y la LOPCYMAT, siempre y cuando se instauren acciones personales contra los propietarios de los buques o aquellos que resulten responsables. Que el derecho especialísimo de accionar in rem contra la nave se encuentra únicamente regulado en la Ley de Comercio Marítimo. Sostiene que el criterio expuesto por la J.M. ha sido adoptado por la S. con anterioridad en el proceso F.D.M. contra M/N "FLAMARCA VII" y que en cuanto a la aplicación de la LOPCYMAT al caso, por ser una Ley posterior y específica en materia laboral carece de validez. Que ella no contiene disposiciones específicas que establezcan que esta Ley regulará los accidentes de trabajo que ocurran a bordo de los B.s nacionales de Venezuela, por lo que se observa que no establece que sea una ley especial que debe prevalecer sobre la Ley Orgánica de Trabajo. Ahora bien, en cuanto al cómputo del plazo de prescripción previsto en el Artículo 118 del Código de Comercio de Venezuela, en escrito de sustentación de apelación (fs. 1738) afirma el Recurrente que la Corte Suprema de Justicia, ya ha dicho que la prescripción se computa a partir del hecho dañoso. El abogado N.V.D.C., en la opinión legal aportada a fs. 1312, también expresó lo mismo. Es por ello, que considera el opositor que la prescripción computada por el Juez A quo desde la fecha del accidente es correcta, por lo que la Acción in rem se encuentra prescrita. Que en Venezuela los créditos marítimos privilegiados surgen en virtud de las disposiciones de la Ley de Comercio Marítimo de Venezuela y que dicha Ley establece un periodo de prescripción de un año, por lo que para la presente Acción in rem se encuentra prescrita, lo que en opinión del opositor no vulnera los derechos del demandante, puesto que la extinción del crédito privilegiado no extingue el derecho de accionar in personam. Finalmente solicita se confirme la Sentencia condenando en costas al Recurrente. CRITERIO DE LA SALA La S. como Tribunal de Apelaciones Marítimas entra a conocer la presente alzada, por considerar que corresponde a asuntos de derecho, de conformidad con lo que establece el Artículo 483 de la Ley de Procedimiento Marítimo, a lo que procede. De la lectura del Recurso se desprende que el apelante alega dos cargos. El primero, relacionado a la aplicación de la Ley de Comercio Marítimo por encima de la LOPCYMAT y el segundo, a partir de cuándo inicia el cómputo del plazo de prescripción previsto en el Artículo 118 del Código de Comercio de Venezuela. En cuanto al primer cargo, la S. considera necesario recordar que nos encontramos frente a un Proceso especial de crédito marítimo privilegiado regulado por la Ley 8, de 30 de marzo de 1982, en el Artículo 168 ordinal 3. El crédito cuya ejecución se solicita, se sustenta en las lesiones corporales sufridas por el Sr. J.H.M. producto del accidente de trabajo, ocurrido el 29 de noviembre de 2008 que le generó una incapacidad permanente para trabajar como marino. Luego la Ley sustantiva aplicable por razón de la bandera de la Nave es la Ley Venezolana, aspecto sobre el cual no se evidencia oposición alguna. En este sentido, la Ley venezolana que establece como un crédito marítimo privilegiado las lesiones corporales de marinos a bordo de un B., es la Ley de Comercio Marítimo. En este sentido, el Artículo 115 de dicha Ley, expresa textualmente: "Artículo 115: Son créditos marítimos privilegiados sobre el buque, los siguientes: 1.Los créditos por los sueldos y otras cantidades adeudadas al capitán, oficiales y demás miembros de la tripulación del buque en virtud de sus servicios a bordo, incluidos los gastos de repatriación y las cuotas de la seguridad social pagaderas a su nombre. 2.Los créditos por indemnizaciones por muerte o lesiones corporales ocurridas, en tierra a bordo o en el agua, en relación directa con la explotación del buque. 3..." En cuanto a este aspecto de la censura, la J.M. expuso en la Sentencia recurrida lo que se cita a continuación: "Es en base a esta norma de la legislación venezolana, que puede este Despacho Judicial corroborar que efectivamente el señor J.H.M., si mantiene un crédito marítimo privilegiado sobre la M/N "CANAIMA", precisamente sustentado en las alegadas lesiones corporales que sufrió producto del accidente de trabajo ocurrido el día 29 de noviembre de 2008. Ahora bien, toda vez que el demandante escogió la vía del Proceso In Rem, para hacer valer sus pretensiones, ello le obliga a someterse a la regulación especial existente en Venezuela para los créditos marítimos privilegiados y dentro de ellos el término de prescripción que dicha legislación establezca para ejercitarlos." Ahora bien, el Recurrente alega como argumento en contra de la aplicación de la Ley de Comercio Marítimo de Venezuela por la Juez de conocimiento, que nos encontramos frente al derecho de un trabajador del mar, derecho que se encuentra garantizado a través de Convenios Internacionales, por ser un principio universalmente reconocido y que está siendo desconocido por la Juez A quo, al aplicar como término de prescripción a la Acción ejercitada por el marino J.H.M. el término especial consagrado en la Ley de Comercio Marítimo venezolano y no el dispuesto en la LOPCYMAT, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que regula las reclamaciones por accidentes de trabajo o enfermedades de marinos a bordo de buques, específicamente en su artículo 9 que a la letra dice: "Artículo 9: Las acciones para reclamar las indemnizaciones a empleadores por accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales prescriben en cinco (5) años, contados a partir de la fecha de terminación laboral o de la certificación del origen ocupacional del accidente o de la enfermedad por parte de la Unidad Técnica Administrativa del Instituto de Prevención de Salud y Seguridad Laboral correspondiente, lo que ocurra de último." Como puede verse, la norma legal transcrita hace referencia al término de prescripción de derechos laborales ejercitables por los trabajadores contra los empleadores, la cual fija en 5 años, premisa diferente a la argumentada y solicitada por el Recurrente en la causa objeto de estudio, pues como señalamos en líneas anteriores, lo que se reclama a través de la presente causa es la ejecución de un crédito marítimo privilegiado contra la M/N "CANAIMA". Es por ello, que no puede señalar la S. que nos encontramos frente a un conflicto de leyes, en el cual haya que aplicar la norma más favorable al trabajador, como pretende el Recurrente. El privilegio marítimo no cambia su naturaleza a pesar de la existencia de otros instrumentos o disposiciones que lo regulen. En este sentido, el privilegio marítimo se debe regular conforme a los principios del Derecho Marítimo. Con ello no se conculcan derechos garantizados a los trabajadores por Convenios Internacionales, pues como atinadamente señaló la Juez de conocimiento, el trabajador puede demandar al empleador por los daños y perjuicios sufridos bajo la figura de un Proceso in personam o a través de una causa laboral, a la cual obviamente se le aplicarán las normas legales que le asistan y únicamente en caso de conflicto de leyes dará lugar a la aplicación de la legislación más favorable al trabajador, principio reconocido por esta S. en todos aquellos fallos en los que se conculquen derechos laborales, escenario que no se identifica ni se presenta en la presente causa. La Ley de Comercio Marítimo es la Ley especial en el ordenamiento jurídico venezolano para regular los créditos marítimos privilegiados. En este sentido, enfatizamos lo dicho antes en cuanto a que el privilegio marítimo no cambia su naturaleza aún cuando su crédito se desprenda de una relación de trabajo. Por lo tanto, habrá de tenerse cuidado al considerar la interpretación armónica de una institución como lo es el crédito marítimo privilegiado, a fin de no desnaturalizarlo. En cuanto a la prescripción de los créditos marítimos privilegiados, debe la S. aclarar que ellos se extinguen transcurrido un año de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de la misma excerta legal, que a la letra dice: "Artículo 118:Los créditos privilegiados sobre el buque enumerados en el artículo 115 de este Decreto Ley, se extinguen transcurrido un año de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, a menos que antes del vencimiento de este plazo, el buque haya sido objeto de embargo preventivo o ejecución conducente a una venta forzosa. Este plazo comenzará a correr: 1.Desde el momento en que haya terminado el enrolamiento del acreedor a bordo del buque, respecto del crédito privilegiado a que se refiere el numeral 1 del artículo 115 de este Decreto Ley. 2.Desde la fecha de nacimiento de los créditos que garantizan los privilegios marítimos a que se refieren los numerales 2, 3, 4, 5, del mismo artículo 115 de este Decreto Ley."(Destaca la S.) Entonces, al regular de forma específica dicho Artículo el término especial de prescripción, rige el lapso de caducidad de 1 año previsto en la Ley de Comercio Marítimo como determinó la J.M. en la Sentencia recurrida. Debe señalar la S., en cuanto a la aplicación del Fallo de 15 de junio de 2000, emitido por esta S. de la Corte en el Proceso Ordinario Marítimo que JOSE IGNACIO BILBAO le sigue a PESQUERA COSTA DE LA LUZ, S.A., citado por el Recurrente para determinar la ley aplicable al crédito marítimo privilegiado objeto de estudio, en cuanto al término de prescripción, que luego de su lectura se evidencia que la misma no se compadece con la causa objeto de estudio, por los hechos que se exponen a continuación: 1. La cita jurisprudencial se da con ocasión de un Proceso in personam contra el propietario de la M/N "LA PARRULA", Proceso diferente al ensayado en la presente causa, el cual reiteramos es un Proceso especialísimo de la jurisdicción marítima por elevar a la categoría de parte a la Nave, para hacerle frente a todos aquellos créditos que la Ley erija como privilegiados y 2. Luego, el fallo externa que ante pretensión de indemnización por accidentes de trabajo, es decir, producto de una relación de trabajo, la legislación aplicable sin duda alguna es la Ley Orgánica de Trabajo venezolana, pretensión totalmente diferente a la de ejecución de crédito marítimo privilegiado, como la que aquí ensaya el Actor. Para finalizar, la S. debe atender el argumento expuesto por el Recurrente relativo a partir de cuándo inicia el cómputo del término de prescripción consagrado en el Artículo 118 del Código de Comercio Venezolano, para lo cual resulta necesario establecer los elementos de juicio que permitan determinar con claridad, a partir de cuándo inicia dicho término. La norma jurídica descrita plantea que el término de prescripción de los créditos marítimos privilegiados es de un (1) año, el cual se computa para el crédito marítimo objeto de estudio, es decir, el contemplado para el caso del numeral 2 del Artículo 115 Lex cit, a partir de la fecha de nacimiento de los créditos que garantizan los privilegios marítimos. El Recurrente plantea, que si bien es cierto el accidente de trabajo ocurrió el 29 de noviembre de 2008, dicho término no puede computarse a partir de la fecha del accidente, sino del momento en que el marino tuvo conocimiento de la lesión corporal permanente, la cual se da cuando se emite la incapacidad permanente. Esta incapacidad fue emitida, según se observa a fs.1727 por el Dr. J.L.C. el 10 de mayo de 2010. La Juez A quo planteó, respecto al inicio del computo del término de prescripción, bajo los término establecidos por el Artículo 118 Lex cit lo que se cita a continuación: "Otro aspecto que nos llama poderosamente la atención, es lo expuesto por el demandante respecto a la prescripción contemplada en el caso del numeral 2 del artículo 118 del CCM venezolano, cuando señala que este término empieza a correr no desde que ocurre el accidente, sino desde el momento en que el trabajador tiene conocimiento de que tiene una incapacidad para trabajar. Sin embargo, cabe mencionar que dicha argumentación se encuentra sustentada no en el Código de Comercio Marítimo venezolano, que regula de manera especifica los créditos marítimo privilegiados, sino en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LPPCYMAT), que es la Ley que recoge la prescripción para los casos de accidentes o infortunios en el área laboral en Venezuela. ... Es por ello, que en el caso que ocupa nuestro estudio, aplicaremos una interpretación literal de la norma de prescripción de los créditos marítimos privilegiados, es decir del artículo 118 del CCM venezolano, por cuanto no hay dudas en cuanto a su redacción y de las consecuencias jurídicas de redacción y que a nuestro concepto establece claramente que el término de prescripción para los créditos marítimos privilegiados venezolanos es de un (1) año." El tema del inicio del cómputo del término de prescripción, ya ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta S. de la Corte, tal cual fue citado por el opositor en su escrito de alegato, con ocasión al Proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado interpuesto por F.D.R. contra de la M/N FLAMARCA, de 18 de mayo de 1993, criterio que no ha variado a pesar del transcurso del tiempo, puesto que la norma no ha sufrido reforma o modificación alguna y que reproducimos para mayor claridad: "B. Lo referente a la prescripción del privilegio. Esta S. de la Corte ya ha tenido oportunidad de referirse a este tema. En efecto, en sentencia del 23 de julio de 1991 (Registro Judicial de julio de 1991, pág. 64), proferida en el proceso in rem seguido por RUSSELL JAMES CASEMERO Jr. contra la M/N CONQUISTA, de registro venezolano, la Corte confirmó lo decidido por el Tribunal Marítimo, en cuanto a que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4° y 12 de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales de Venezuela, si se comprueba que la demanda in rem se presenta más de un año después del momento en que surgió el presunto crédito marítimo privilegiado contra la nave, se considera que el privilegio marítimo a prescrito, es decir, que no puede mantenerse en pie dicha reclamación dentro de un proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado, toda vez que este proceso supone la existencia de un crédito privilegiado contra la cosa, en este caso, contra la nave. Lo cual no significa que el actor haya perdido su derecho a demandar al propietario por la vía ordinaria, con el objeto de satisfacer su presunto derecho. En el caso bajo estudio, la situación planteada es sustancialmente igual a la que se analizó en la sentencia de la Corte a la que se hecho referencia, por ende, la sala reitera su criterio, tal como se explica a continuación: En el presente proceso la demanda in rem se interpuso el 8 de septiembre de 1989, es decir un año, tres meses y 17 días después de la fecha en que supuestamente ocurrió el accidente alegado por el marino apelante (22 de mayo de 1988, Cfr. Hecho Tercero de la demanda, f.2), por lo tanto, resulta plenamente aplicable el art.12, numeral 1°, de la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales de Venezuela, cuyo texto es del tenor siguiente: ARTÍCULO 12.... Como en el proceso no se ha acreditado la interrupción ni la suspensión del término de prescripción, de acuerdo a lo dispuesto en la norma citada, resulta irrefutable que el privilegio prescribió, sin perjuicio de que subsista el derecho del demandante a reclamar, por la vía ordinaria, la satisfacción de su presunto derecho en contra del propietario de la nave". (Destaca la S.) De la cita jurisprudencial transcrita, se evidencia que si la Acción se presenta después del año en que surgió el presunto crédito marítimo privilegiado a favor del marino, es decir, de la fecha en que ocurrió el accidente de trabajo que produjo las lesiones corporales del marino, éste podrá accionar ejercitando su derecho por la vía ordinaria. Ahora bien, con relación al cargo objeto de estudio esta S. comparte el criterio externado por la J.M., en el sentido que la norma de comercio marítimo venezolano no da lugar a interpretaciones, por lo que el cómputo del término de prescripción ha de iniciar a partir que surge el presunto crédito marítimo, es decir, desde la ocurrencia del accidente de trabajo, en este caso, a partir del día 29 de noviembre de 2008. En este sentido, si el accidente ocurrió el 29 de noviembre de 2008 y la Demanda fue presentada el 19 de abril de 2011 y notificada por razón de la aprehensión física de la M/N "CANAIMA" el 20 de abril de 2011, la Acción ejercitada por el señor J.H.M. se encuentra prescrita al tenor de lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Comercio Marítimo de Venezuela, pues ha transcurrido más de un año desde que ocurrió el accidente que produjo las lesiones al Actor y la presentación de la Demanda. Siendo entonces que las alegaciones de la parte Recurrente no aportan elementos nuevos que lleven a revocar la Resolución impugnada, corresponde confirmar la misma, a lo que se procede. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia N°7 de 30 de diciembre de 2011, dictada dentro del Proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado que J.H.M. le sigue a la M/N CANAIMA. Las costas de segunda instancia se fijan en la suma de Quinientos Balboas con 00/100 (B/500.00). N.. OYDÉN ORTEGA DURÁN HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARLEY J. MITCHELL D. SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)