Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 30 de Septiembre de 2015

Ponente:Harry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución:30 de Septiembre de 2015
Emisor:Pleno

VISTOS: Ingresa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de H.C. Preventivo, propuesta por el licenciado H.S.L. en nombre y representación del señor D.M., contra la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN El proponente de la acción constitucional advierte que en la actualidad su representado, señor D.M., no se encuentra privado de libertad, sin embargo, tiene temor fundado que su cliente sea detenido ya que contra la mayoría de las personas indagadas en la causa que se instruye por el presunto delito de blanqueo de capitales, se ha ordenado la medida cautelar de detención preventiva. Aduce que la Fiscalía Tercera Anticorrupción no respeta la ley, ni la Constitución, ni los Derechos Humanos de los investigados, por cuanto que ha ordenado fuera del término de instrucción del sumario, la detención preventiva contra algunos coimputados, lo cual constituye un indicativo que existen muchas probabilidades que la funcionaria atacada dicte medida cautelar grave también contra D.M.. Indica que contra su representado se giró orden de conducción, la cual estima es infundada ya que carece de material probatorio lícito, por cuanto que el incumplimiento del término de instrucción del sumario ha generado la violación del principio de validez de la prueba y del debido proceso legal. Añade que a la causa se han incorporado pruebas que indican que su representado se dedica a brindar el servicio de asesoría a empresas para la licitación pública, lo que justifica el giro de cheques a su nombre por parte de HIDALGO & HIDALGO, empresa a la que asesora desde el año 2007, por lo que no es un tercero que recibió cheques sin justificación. Finaliza solicitándole a la Corte Suprema de Justicia, ordene que no existe motivo legal para privar de libertad a D.M.. INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA Acogida la acción constitucional, se libró el mandamiento correspondiente contra la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, quien mediante escrito calendado 17 de agosto de 2015, manifestó: 1. No, este Despacho, no ordenó ni verbalmente ni por escrito la Medida Cautelar de Detención Preventiva en contra del señor D.M., con cédula N° 4-123-1124. 2. No, este Despacho, no ordenó la Medida Cautelar de Detención Preventiva en contra del señor D.M., por ende no existe fundamento de hecho y de derecho para ello. 3. No, en la actualidad el señor D.M., no se mantiene a órdenes de este Despacho, ni bajo custodia. Las sumarias seguidas al señor D.M., se mantienen en esta agencia de instrucción. Cabe destacar que, al mismo se le formuló cargos por el delito contra el orden económico (Delito de Blanqueo de Capitales), en resolución N° 217-15 del 31 de julio de 2015 Como primer aspecto valorativo, se aprecia que se trata de una acción de H.C. en su modalidad preventiva, presentada por el Licenciado H.S.L., quien solicita se declare ilegal una posible orden de detención preventiva contra su representado D.M.. Siendo ello así, es necesario establecer que esta modalidad de H.C. está contemplada en el tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución Política, que dispone: "Artículo 23. ... ... El H.C. también procederá cuando exista una amenaza real o cierta contra la libertad corporal, o cuando la forma o las condiciones de la detención o el lugar donde se encuentra la persona pongan en peligro su integridad física, mental o moral o infrinja su derecho de defensa." En consecuencia, el H.C. Preventivo tiene como finalidad, evitar que la persona sea detenida mediante una orden abusiva o ilegal que haya sido proferida en su contra. Es decir, en estos casos la privación de libertad aún no ha sido ejecutada, pero existe la real y cierta amenaza que ello se logre arbitrariamente. Respecto a los supuestos que determinan la existencia de una amenaza real o cierta contra la libertad corporal, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de la siguiente manera: El H.C. Preventivo procede cuando existe una amenaza real o cierta contra la libertad corporal (tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución Nacional). Ello ocurre cuando: a) existe una orden de detención preventiva, b) la detención no se haya hecho efectiva, c) En algunos casos contra órdenes de conducción, según las circunstancias de su expedición. (Resolución del 12 de enero de 2015 emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia) En el caso que nos ocupa, tanto la autoridad demandada como el propio actor, plantean la inexistencia de una orden de detención, de manera tal que no se cumple con el primer supuesto desarrollado por la jurisprudencia, para la procedencia de la acción de H.C. Preventivo. Se constata más bien la existencia de la diligencia fechada 31 de julio de 2015 que contiene la orden de declaración indagatoria a través de la cual se vincula formalmente al señor D.M. al proceso que se ventila en la Fiscalía Tercera Anticorrupción por el delito de blanqueo de capitales, el cual guarda relación con el Proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario del Valle de Tonosí (fs. 11-49 del cuadernillo). Contrario a lo esbozado por el accionante, la expedición de orden de declaración indagatoria no acredita un temor fundado respecto a la posible privación arbitraria de la libertad de su representado, ya que se trata de un acto de investigación, cónsono con el ejercicio de la acción penal a cargo del Ministerio Público, conforme se lo exige el artículo 220 numeral 4 de la Constitución Política, cuyo contenido no es susceptible de revisión por la vía de la acción de H.C. Preventivo. En esa misma línea de pensamiento, es menester advertir que el hecho que en la causa se hayan vinculado a otras personas contra las cuales se ha ordenado la medida cautelar de detención preventiva, tampoco sustenta un temor fundado de detención arbitraria, en la medida que la imposición de las medidas cautelares han de responder a las necesidades de cautela que el funcionario de instrucción determine de manera individual para cada persona imputada, lo cual se decide a través de un análisis motivado; sin embargo, tal y como ha sido expuesto, en esta causa, no se ha girado orden de detención preventiva contra el señor D.M.. Lo que sí constata el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es que la Fiscalía Tercera Anticorrupción, en la diligencia fechada 31 de julio de 2015, no solo ordenó la recepción de declaración indagatoria contra el señor D.M., por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales; sino que también, ordenó la conducción del mismo (f. 49 del cuadernillo), lo cual merece un pronunciamiento de esta Superioridad. Tal como se ha esbozado, la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ha extendido a la acción de H.C. Preventivo, el reconocimiento del análisis de la orden de conducción, la cual debe ser girada por la autoridad competente cumpliendo con las disposiciones procesales sobre la materia. De manera específica, respecto a la conducción inmersa en la diligencia que ordena la declaración indagatoria del señor D.M.; debe el Pleno puntualizar que la misma ha sido emitida por autoridad competente, es decir, por la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, por un delito grave como lo es el Blanqueo de Capitales, que conlleva una pena mínima de cinco (5) años de prisión, en medio de una investigación penal en detrimento del Estado, relacionada con el Proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario del Valle de Tonosí. Aunado a ello, es importante ponderar que la conducción ha sido ordenada a través de diligencia fechada 31 de julio de 2015, por medio de la cual la Fiscal Tercera Anticorrupción expuso los fundamentos para vincular al señor D.M. a la causa, ordenando su notificación y conducción para que rinda sus descargos, como en Derecho corresponde. Desde esa perspectiva, se observa que la orden de conducción emitida no es arbitraria, e incluso está encaminada, exclusivamente, a lograr la comparecencia del imputado para rendir declaración indagatoria. Una vez se cumpla, corresponde al Ministerio Público analizar y motivar la imposición o no de medidas cautelares y elegir la más cónsona respecto a la causa, basándose en los principios de proporcionalidad y necesidad de cautela, todo ello en el marco de una investigación penal. En ese orden de ideas, es menester destacar que el accionante plantea que la orden de conducción es infundada ya que se basa en pruebas ilícitas por haber sido recabadas fuera del término de instrucción del sumario; no obstante, debe el Pleno de la Corte Suprema advertir que los estos señalamientos de validez probatoria, no son revisables en materia de H.C., correspondiéndole esa tarea al juez de la causa, a través de la interposición de las acciones y recursos de los cuales disponen las partes para tal efecto. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de reiterar que la acción de H.C. es un instrumento jurídico procesal que protege a la persona contra las detenciones ilegales o arbitrarias, es decir, cuando son dictadas sin atender las formalidades legales, o que son dictadas por autoridad incompetente, sin el necesario fundamento legal o fuera de los casos previstos por la ley. No obstante, en el caso que nos ocupa, tal y como ha sido expuesto, la Fiscalía Tercera Anticorrupción ha girado orden de conducción contra el imputado D.M., luego de formularle cargos por la presunta comisión del delito de Blanqueo de Capitales; decisión que materializó a través de diligencia fechada 31 de julio de 2015, la cual está motivada; de modo tal que su emisión no ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Política y en las leyes de la República; por lo que el Pleno procede a declararla legal. Durante la tramitación de la acción de H.C. preventivo, el Licdo. H.S.L., presentó en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, escrito por medio del cual solicitó que esta Superioridad comunique a la Fiscalía demandada que debe dejar sin efecto la orden de captura y conducción dictada contra su representado. En relación a lo pedido debemos advertir que en la documentación que forma parte del cuadernillo de H.C. no consta orden de captura girada contra D.M., por cuanto que la Fiscalía Tercera Anticorrupción no ha ordenado su detención preventiva. Respecto a la orden de conducción, tal como ha sido expuesto, ha sido girada por autoridad competente, cumpliendo con el debido proceso legal, razón por la que se desestima esta petición. Sin embargo, debemos puntualizar que es conforme a Derecho que la Fiscalía Tercera Anticorrupción deje sin efecto la orden de conducción, una vez que el imputado comparezca a la diligencia de declaración indagatoria, que es la razón fundamental de su emisión. Finalmente, se advierte que el día 27 de agosto de 2015, la autoridad demandada, es decir, la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación presentó escrito ante la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, por medio del cual informa a esta Superioridad la tramitación de la suspensión del proceso en virtud del fuero electoral que ostentan los coimputados P.E. y JULIO TERRIENTES ELLIS, toda vez que se han postulado para las elecciones internas del Partido Cambio Democrático a celebrarse el 25 de octubre de 2015; situación que no incide en el pronunciamiento constitucional que debe emitir esta Corporación de Justicia respecto a la existencia probada de amenazas de eventual detención arbitraria contra D.M.. De acuerdo a las razones expuestas, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la orden de conducción dictada contra D.M. por la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, dentro de la investigación penal que se lleva a cabo por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. N., HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)