Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 3 de Mayo de 2017

Ponente:José Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución: 3 de Mayo de 2017
Emisor:Pleno
 

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el recurso de apelación interpuesto por el licenciado A.A.A.F., actuando en su propio nombre, contra la Sentencia de 1° de noviembre de 2016, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a través de la cual no concedió la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta contra el Auto No.1172/238-13 de 12 de agosto de 2015, dictado por el Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

  1. Antecedentes

    La resolución objeto de amparo fue dictada en el marco de un Incidente de Cobro de Honorarios promovido por el Licenciado A.A.A.F. dentro del proceso de Sucesión Intestada de E.D.R. (q.e.p.d.). Dicho acto jurisdiccional está contenido en el Auto N°1172/238-13 de 12 de agosto de 2015, por el cual el Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dispuso admitir una serie de pruebas aducidas y presentadas por las partes. Sin embargo, la disconformidad del amparista se centra en la negativa de admisión de una de las pruebas presentadas, la cual, para una mejor comprensión, procedemos a transcribir:

    · NIEGA la certificación de avalúo emitida por la señora G.P., con cédula de identidad personal No.8-295-395, toda vez, que la misma no ha sido nombrada ni ha tomado posesión dentro del expediente principal y a la vez, se observa que a foja 34 se aportó certificación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) del valor total de la finca.

    Consta en autos que el Licenciado A.A.A.F., actuando en su propio nombre, propuso acción constitucional de amparo contra el Auto No.1172/238-13 de 12 de agosto de 2015, dictado por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, por estimar que el mismo viola, en su perjuicio, las garantías fundamentales consagradas en los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Política.

    El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial decidió no conceder la acción constitucional mediante Resolución de 1° de noviembre de 2016, por considerar que no se advierte que la Juez demandada haya infringido la normativa constitucional, al no admitir la prueba bajo estudio, ya que su actuación es conforme con lo que preceptúa el 966 y s.s. del Código Judicial, normas jurídicas que regulan de forma especial la "Procedencia y Práctica" de la Prueba Pericial. En lo medular, se dejan expuestas las consideraciones de la sentencia apelada:

    No le cabe dudas a este Tribunal Colegido que la prueba en comento fue formulada dentro del momento procesal oportuno, conforme así lo dispone el párrafo cuarto del artículo 704 del Código Judicial ya que dicha disposición señala que Cuando de pidan pruebas en un incidente, el actor deberá aducirlas en el mismo escrito en que lo promueva y la contraparte, en la contestación al traslado.

    No obstante, como hemos indicado, de acuerdo a la alegación del amparista dicha prueba tiene fundamento en el artículo 966 del Código Judicial, norma jurídica que regula de forma especial la prueba pericial, naturaleza que no tiene la prueba analizada ya que se trata de una certificación cuyo contenido se produce de manera extrajudicial en el que no hubo participación de la incidentada, en su calidad de contraparte, por lo tanto, no se ajusta a los requisitos del artículo 966 Lex Cit.

    Por otro lado, el hecho de que el amparista haya solicitado la citación de la señora G.P., a fin de que reconozca el contenido y firma de la certificación en comento, no le otorga la naturaleza de prueba pericial a la certificación en referencia, por los motivos antes indicados.

  2. Argumentos de la Apelación

    En su escrito de apelación, el accionante insiste en que el actuar de la Juez acusada vulnera los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Nacional, desconociendo derechos y deberes individuales y sociales, toda vez que se incumplen normas imperativas como el derecho a ser escuchado y la oportunidad de producir pruebas; y también por extralimitación de funciones por omisión en el ejercicio de éstas.

    Concretamente, alega que la denegación de la prueba presentada dentro del incidente de cobro de honorarios, aparte de no tener ningún fundamento legal que la respalde, lo considera como una violación de los derechos establecidos en la Constitución Política y en las normas de carácter procesal, como son los artículos 781, 782, 783 del Código Judicial.

    Adicionalmente, señala que los Magistrados del Primer Tribunal del Primer Distrito Judicial, con el ánimo de corregir la decisión de la Juez Cuarta de Circuito, tratan de resolver la situación, argumentando otras razones por las cuales no se debe aceptar la prueba y olvidando la razón de su pretensión, que es un amparo de garantías constitucionales, ya que al negar la prueba, se hizo sin argumentos sólidos para ello.

    Estima el recurrente que la presentación de la certificación de la señora G.P., debió ser estimada debidamente, ya que al momento en que se presentó, se le solicitó a la H.J., que se citara a quien la confeccionó para que reconociera el documento y su firma, tal como lo dispone el artículo 865 del Código Judicial. Sin embargo, al momento de admitir las pruebas se negó dicho documento privado, porque la perito no ha sido nombrada por el Tribunal, ni ha tomado posesión dentro del expediente principal, argumento que, a su parecer, no tiene validez. Que la Juez cita una certificación de ANATI, por lo que asume que la J. le está estableciendo que sus honorarios deberán ser tasados en base a esta certificación, ignorando que existe un contrato suscrito entre las partes, en donde se establece que los honorarios del abogado se tasaran de acuerdo al valor actual de la propiedad o el valor de venta y para eso se necesita un avalúo actualizado.

    En ese sentido, señala el recurrente que se niega la prueba porque la perito no estaba acreditada en el proceso principal, pero consta en el expediente que se solicitó a la Juez que citara a la Perito para que reconociera su firma y el contenido de la certificación de avalúo, que la nombraba como su perito avaluadora y solicitó que fuera llamada a tomar posesión del cargo.

    Concluye el apelante, indicando que ha quedado claro que no fue escuchado en su argumentación. Que al emitir el Auto No.1172/238-13 de 12 de agosto de 2016, la señora J. ha violado el principio del debido proceso, al no motivar su decisión y no tener fundamentación válida. Que no se analizaron las pruebas y la razón de las mismas, que, en este caso, era demostrar el valor de la propiedad para la determinación de sus honorarios.

  3. Consideraciones de la Corte

    En virtud de la promoción del recurso de apelación, corresponde a este Pleno pronunciarse con respecto a la decisión vertida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, y por tanto, determinar en alzada lo dispuesto en las normas constitucionales y legales sobre la materia, es decir, si la orden o acto impugnado lesiona derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución Política y en las normas convencionales de derechos humanos vigentes en Panamá.

    Es necesario destacar que el amparista alegó la infracción de los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución, porque a su juicio, la Juez acusada, al dictar el auto atacado, incumplió con el deber de garantizarle su derecho de ser escuchado y la oportunidad de producir pruebas.

    En su opinión, la Juez Cuarta de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, debió aceptar sus pruebas presentadas en debida forma y negar las presentadas por su contraparte, ya que éstas eran realmente improcedentes, no existiendo nexo causal dentro de este proceso; y, como ello no ocurrió, es que considera que se viola el artículo 32 constitucional, de forma directa por falta de aplicación de los artículos 780 y 966 del Código Judicial.

    Sostiene el recurrente en su escrito de apelación que los Magistrados del Primer Tribunal Superior no analizaron la violación y trataron de dar una explicación de porqué la prueba solicitada no constituía una prueba pericial, lo que no es objeto de este proceso. Agrega que el artículo 704 del Código Judicial, señala que si hubiere pruebas que practicar, se concederá un término para ello y, adicionalmente, el artículo 705 de a excerta legal citada, dispone que "Si lo que se discute en el incidente puede afectar el fondo de la controversia, el juez podrá ejercer las facultades de decretar la práctica de oficio, en el propio incidente o en el momento de fallar el proceso principal, según estime conveniente", facultades que no fueron utilizada por la Juez, a su parecer, para descalificarlo y dejarlo en indefensión.

    Luego de analizadas las piezas que conforman el cuaderno de amparo, constata esta Corporación de Justicia que, los razonamientos del amparista están orientados a objetar el juicio de valor expuesto por la Juez Civil acusada, al declarar la no admisión de una de las pruebas presentada dentro del Incidente de Cobro de Honorarios propuesto dentro de un proceso de sucesión intestada, más que alegar alguna violación directa de la Constitución Nacional y las garantías del debido proceso. Ello es así, ya que se advierte que los hechos que motivaron la acción que nos ocupa, resultan ser los mismos que expuso el amparista al momento de interponer el recurso de apelación contra el acto acusado (visible de foja 35 a 40) y que le fuera negado por la juez de la causa, mediante Auto No.043/238-13 de 7 de enero de 2016. Es decir, el argumento principal expuesto en el libelo de demanda, se encuentra en el plano de la legalidad y revela el interés de introducir al Tribunal Constitucional en el análisis de un fallo judicial, que rebasa el interés y objeto del amparo de garantías constitucionales, el cual se resume en verificar si un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna ha sido quebrantado por una autoridad con mando y jurisdicción; todo lo cual agota la posibilidad de convertir al Pleno en una instancia adicional.

    Lo anterior, tiene fundamento en la naturaleza misma de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, establecido con el propósito de proteger a las personas contra actos u órdenes arbitrarias emanadas de la autoridad, que violen directamente sus garantías constitucionales, y no como un mecanismo o instancia adicional intraprocesal; en consecuencia, sólo es viable cuando se aprecie de manera ostensible, que la resolución censurada o atacada se encuentra desprovista de sustento legal, y constituye una posible violación de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Política y otros instrumentos de Derechos Humanos.

    Ahora bien, esta Superioridad ha reconocido que la utilización del amparo como medio para verificar que la aplicación o interpretación de la ley o la valoración de las pruebas por parte del juzgador haya sido correcta es posible, de manera excepcional, en aquellos casos en los que se ha violado un derecho o garantía fundamental por razón de una sentencia arbitraria o por una sentencia en la exista falta de motivación o que se haya realizado una motivación insuficiente o deficiente argumentación (Cfr. Sentencia de 21 de noviembre de 2011) o cuando se trate de una sentencia en la que se aprecie una evidente mala valoración o no apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión (Cfr. Sentencia de 4 de julio de 2012) o cuando se trate de una sentencia en la que se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la ley, siempre que, se reitera, se afecte con una de dichas sentencias un derecho o garantía fundamental (Cfr. Sentencia de 5 de septiembre de 2012).

    Sin embargo, tal como lo expuso el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, para el caso que nos ocupa, según los argumentos expuestos por el amparista la prueba tiene fundamento en el artículo 966 del Código Judicial, que regula la prueba pericial. No obstante, la certificación de avalúo presentada por el incidentista no se ajusta a los requisitos de la referida norma.

    Adicionalmente, observa el Pleno que el amparista en su escrito de apelación (hecho cuarto) argumenta que presentó "la certificación de la señora G.P., la cual debió ser estimada debidamente, ya que al momento en que se presentó, se le solicitó a la Honorable señora J., que se citara a quien la confeccionó para que reconozca el documento y su firma, tal como lo dispone el artículo 865 del Código Judicial. Pero la Honorable señora J. al momento de admitir las pruebas Niega este documento privado..." No obstante, insiste en que en el expediente consta que presentó a la señora G.P., como su perito avaluadora y, además, solicitó que fuera llamada a tomar posesión del cargo.

    En ese sentido, se percata el Pleno que el amparista ante la deficiencia de los requisitos del documento presentado para que se le admitiese como prueba pericial y que le fueron advertidos por la Juez Cuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial en el Auto No.1172/ 238-13 de 12 de agosto de 2105, pretende por esta vía constitucional de amparo, le sea admitido ya sea como documento privado o como prueba pericial. Inclusive, hace alusión a la vulneración del debido proceso por razón de que la juez acusada no haya hecho uso de las facultades legales de practicar pruebas de oficio respecto a pretendida prueba.

    Por otro lado, sin ánimo de entrar en el fondo del asunto, las normas sobre pruebas indican que el juzgador las admitirá siempre que sean legales, oportunas y conducentes, y en el presente caso, la Juez Cuarta de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en un acto de soberanía jurisdiccional que le otorga la Ley, consideró que una de las pruebas presentadas por el incidentista debía inadmitirse y fundamentó las razones por las cuales consideró que no cumplía con las formalidades para ello. Es decir, observamos que la juez conocedora de la causa sustentó la inadmisión del peritaje, por razón que no cumple con las formalidades para que se admitiera como tal.

    Este Tribunal Constitucional estima necesario indicar que, la acción de amparo es una acción independiente que tiende a reparar violaciones directas a los derechos constitucionales infringidos, razón por la cual no puede convertirse en una instancia adicional para valorar circunstancias propias de la apreciación del juzgador al admitir las pruebas allegadas al proceso.

    Sobre el particular, nos permitimos transcribir la Sentencia de 22 de septiembre de 2010, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que recoge este criterio:

    Así, este Tribunal de Alzada considera necesario indicar que, el derecho a la prueba conlleva que las pruebas pertinentes sean admitidas, practicadas y valoradas por el juzgador de la causa.

    En este sentido, por ser un derecho de configuración legal, debe cumplir una serie de exigencias y presupuestos preestablecidos por la legislación procesal para su admisión, práctica y valoración, según sea el caso.

    Es necesario indicar que, para que un medio probatorio sea admitido en el proceso, debe ser pertinente, es decir, que la prueba aducida por la parte debe guardar estrecha relación con el objeto del proceso. Entonces, la valoración de la pertinencia o no del medio probatorio corresponde sólo al juez natural por constituirse en una atribución legal.

    Sin embargo, a pesar de ser un derecho de rango legal, al subsumirse en el derecho de defensa, reconocido en nuestra Carta Magna, el derecho a prueba podrá ser objeto de control constitucional cuando la Resolución judicial que no admite la prueba esté desprovista de motivación, ni indique las razones de su rechazo, lo que puede provocar una indefensión a la parte.

    En cuanto a los aspectos relativos a la conveniencia o no de la prueba, es necesario insistir en que esta actividad sólo le concierne al juez ordinario. Por ello, el Tribunal de Amparo como encargado de asegurar el respeto de los derechos fundamentales sólo podrá revisar esta actividad del juez si la decisión que deniega la admisión de la prueba carece de todo fundamento o el mismo es incongruente, arbitrario o irracional, lo que a criterio de este Tribunal Constitucional no ocurre en el caso bajo estudio.

    Aunado a lo anterior, es importante tener presente que, parte del ejercicio del juzgador, al momento de pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba descansa sobre la utilidad de la prueba (uno de los llamados requisitos intrínsecos) para generar el convencimiento sobre la respectiva pretensión. De esta forma, si el juez de la causa estima que su experiencia basta para apreciar la prueba aportada, el peritaje no resulta imperativo.

    Es necesario insistir en que, el Tribunal de Amparo como encargado de asegurar el respeto a los derechos fundamentales, sólo podrá entrar a revisar esta actividad del Juez, si evidentemente se invoca en sede de admisibilidad de pruebas que la Resolución judicial correspondiente, esté desprovista de motivación o no se indiquen las razones de su rechazo, lo que puede provocar una indefensión a la parte. Por ello, al Tribunal de A. le tocará precisar si la motivación de la resolución impugnada es razonable desde el punto de vista de los elementos que en esa fase corresponde a los jueces verificar o, si por el contrario, la resolución se encuentra carente de motivación, no se indica las razones de su rechazo, carente de fundamento o si es incongruente, arbitraria o irracional. De allí, que no le corresponde al Tribunal de Amparo entrar a revisar si la prueba resulta o no pertinente con los hechos y las pretensiones de la partes, pues esa labor es propia del juez ordinario.

    Siendo así, a la Juez demandada le correspondía la función establecida en el artículo 783 del Código Judicial, consistente en examinar la conducencia y pertinencia de las pruebas presentadas.

    En conclusión, la acción se presenta con el firme propósito de que esta Corporación de Justicia dirima una controversia de índole legal que guarda relación con el criterio jurídico que utilizó la juzgadora para no admitir en calidad de prueba pericial la certificación visible a foja 6 del cuaderno de incidente; lo que no corresponde a la materia que tutela la acción de amparo.

    Por tanto, de acuerdo a los razonamientos expresados, esta Superioridad se ve precisada a confirmar la resolución venida en grado de apelación.

    En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 1° de noviembre de 2016, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual NO CONCEDE el Amparo de garantías fundamentales propuesto por A.A.A.F. en contra del Auto No.1172/238-13 de 12 de agosto de 2015, dictado por Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el cuaderno de Incidente de Cobro de Honorarios presentado dentro del Proceso de Sucesión Intestada de E.D.R. (q.e.p.d.).

    N.,

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)