Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 15 de Marzo de 2018

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución15 de Marzo de 2018
EmisorPleno

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia del Amparo de Garantías Constitucionales en grado de apelación, interpuesto por la firma forense RAMOS CHUE & ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de THE PENTHOUSETOWER CORP., contra el auto No.905-15 de 21 de diciembre de 2015, dictada por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN SEDE DE AMPARO.

La Tutela Constitucional presentada por los apoderados judiciales de The PENTHOUSETOWER CORP., se produce en virtud de la expedición del Auto No.905-15 de 21 de diciembre de 2015, mediante el cual el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá declara NO PROBADO el Incidente de Nulidad por Falta de Competencia presentado por el Licenciado M.Á.R., dentro del proceso digital de Protección al Consumidor incoado por S.R. contra THE PENTHOUSETOWER CORP., CONDENANDO EN COSTAS A LA INCIDENTISTA en la suma de trescientos balboas (B/.300.00) y se ORDENA la incorporación del cuadernillo al negocio principal.

Dicho auto fue apelado ante el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, quienes mediante la Resolución de 24 de octubre de 2016, CONFIRMAN el auto No.905-15 de 21 de diciembre de 2015, señalando en cuanto al tema que nos ocupa lo siguiente:

"... La parte demandante SANDRO ROMITI, ostenta la condición de consumidor conforme al numeral 3 del artículo 2 del Decreto Ejecutivo No.46 de 23 de julio de 2009, por el cual se reglamenta el Título II de Protección al consumidor de la Ley No.45 de 31 de octubre de 2007. En consecuencia, el tribunal A quo es competente para conocer de este tipo de procesos de manera exclusiva y privativa conforme el artículo 124 de la Ley No.45 de 2007.

Por ajustarse a derecho la decisión de primera instancia será confirmada con la consecuente imposición de las costas a la parte demandada recurrente conforme al artículo 1071 del Código Judicial como norma supletoria.

En mérito de lo expuesto, el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto No.905-15 de veintiuno (21) de diciembre de dos mil quince (2015), emitido por el Juzgado Noveno de Circuito, de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, dentro del proceso de protección al consumidor incoado por S.R. contra THE PENTHOUSE TOWER, CORP."

Dicha decisión es fundamentada en que THE PENTHOUSETOWER CORP., se obliga a vender libre de gravámenes la finca que resulte de la segregación que se haga del apartamento identificado como número 29-F al señor S.R.. También se infiere de dicho clausulado que el PROMITENTE VENDEDOR y/o el Administrador Hotelero o el tercero designado por el PROMITENTE VENDEDOR, podrán pactar con el PROMITENTE COMPRADOR, en este caso con el señor S.R., la participación del Apartamento en el Programa de Arrendamiento, más no se deja constancia escrita sobre que la promitente compradora adquiere la unidad departamental para actividades comerciales.

Señala el Tribunal que tampoco fue incorporada al proceso prueba alguna que pueda acreditar que el señor S.R., firmó un Acuerdo de Arrendamiento con PENTHOUSETOWER CORP., para que ésta pudiese usar y operar el apartamento con la finalidad de que sirviera a la operación del Hotel que se establecería en el EDIFICIO PENTHOUSE. En consecuencia, señalan que mal podrían arribar a la conclusión de que el demandante no tiene la calidad de consumidor, aun cuando en el Contrato de Promesa de Compraventa se establezca la posibilidad de que las partes intervinientes en el contrato, pudieran pactar la participación del Apartamento en el Programa de Arrendamiento, nueva modalidad de negocio en el cual se combinan las características de la propiedad horizontal con las instalaciones hoteleras.

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ANTE EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL-DECISIÓN.

Mediante Resolución de veintiocho (28) de agosto de dos mil diecisiete (2017) el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, NO CONCEDE el Amparo de Derechos Constitucionales presentado por THE PENTHOUSETOWER CORP., en contra del Auto No.905-15 de 21 de diciembre de 2015.

Fundamenta su decisión en que no existe en el expediente constancia alguna de que el Promitente Comprador haya manifestado su voluntad de otorgar el bien inmueble al Promitente Vendedor para la administración del bien en arrendamiento hotelero, por lo cual no varía la condición de consumidor que tiene quien ha adquirido a través del contrato promesa de compraventa del bien inmueble, concordando con lo señalado por el Tercer Tribunal Superior.

APELACIÓN DE AMPARO ANTE EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

La Apelación de Amparo promovida por THE PENTHOUSETOWER, CORP., en contra de la sentencia de 28 de agosto de 2017, se fundamenta en los siguientes aspectos:

Considera EL AMPARISTA que se ha producido una violación al artículo 32 y 215 de la Constitución Política, señalando que el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial ha hecho una presunción errada de los hechos que constan en el presente proceso al suponer en la sentencia recurrida que "no se ha variado la condición de consumidor que tiene quien ha adquirido a través del contrato promesa de compraventa del bien inmueble", sin constatar primero que se trata de un consumidor o destinatario final de las dos (2) unidades inmobiliarias que S.R. se disponía a adquirir de PENTHOUSETOWER CORP., sin demostrar que S.R. tiene el don de la ubicuidad al poder residir en dos unidades al mismo tiempo.

Además señala que tanto la juez de primera instancia como el juzgador de segunda instancia han depositado en PENTHOUSETOWER CORP., la carga de la prueba del proceso instaurado por S.R. y que dicha juez no puede presumir sobre cuál de las dos (2) unidades inmobiliarias adquiridas por éste tiene competencia, es decir, el juzgador no cuenta con prueba suficiente para decidir en cuál de las dos compras hechas por S.R. tendrá competencia, hecho omitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Indican además que el Primer Tribunal Superior ha apreciado una prueba incompleta, ya que la Resolución de MIVIOT sólo resolvió incorporar el edificio al Régimen de Propiedad Horizontal y aprobar el reglamento de copropiedad del P.H., sin valorar el documento al que hace alusión dicha resolución, como lo es el reglamento de copropiedad del P.H. que señala a qué tipo de unidades inmobiliarias corresponden la unidad 29-F y 29-G del P.H. y que se disponía a adquirir S.R..

También destacan que no puede valorarse la Resolución de MIVIOT sin contar con el reglamento de copropiedad del P.H., toda vez que no tiene certeza el juzgador que las unidades que se disponía a adquirir S.R. corresponden a residencias o a hotel, por lo cual se le ha violado el debido proceso a THE PENTHOUSETOWER CORP.

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE TERCERO.

Visible a foja 72 del expediente judicial, consta poder y solicitud de intervención de tercero afectado por parte del Licenciado V.M.P. en representación de S.R., en donde solicita se confirme la Resolución de 28 de agosto de 2017 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, y se admita su intervención como terceros.

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO.

Luego de revisadas las constancias procesales y determinada la competencia que nos otorga el artículo 2625 del Código Judicial que señala que cuando se presente apelación contra un fallo dictado en materia de Amparo de Garantías Fundamentales, se enviará el expediente al superior para que decida la alzada.

Conocer de la apelación de A. que nos ocupa, le compete al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como Superior Jerárquico del aludido Tribunal Superior.

En primer lugar, precisa recordar que el amparo es un mecanismo procesal extraordinario de protección de derechos fundamentales distintos a los derechos de libertad personal y de información que busca la protección efectiva y rápida de los derechos constitucionales que han sido vulnerados por la emisión de un acto de autoridad pública que por la gravedad e inminencia del daño requieren de una pronta reparación.

Asimismo debemos indicar, que la medida que se impugna mediante este medio de revisión constitucional, debe consistir en un acto o decisión que sea susceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, contenido no sólo en nuestra Constitución Política, sino en los Convenios o Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en la República de Panamá.

La disconformidad de la apelante se resume en que, a su criterio, la decisión vertida por el Tribunal Superior vulnera el principio constitucional del debido proceso, contenidos en el artículo 32 y 215 de la Constitución Política, al señalar que la Juez Novena de Comercio no era la competente para decidir el proceso proteccionista, como lo es el proceso de protección al consumidor, bajo el A. de la Ley 45 de 2007 que opera en los Juzgados de Comercio, cuando el demandante del proceso de comercio no se ajusta a la definición de destinatario final que establece la citada Ley.

Además indica que existe dentro del proceso prueba suficiente para considerar que el presente proceso debe ser declinado a los Juzgados Civiles ordinarios, toda vez que, la manifestación expresa de voluntad a la que hace alusión el Primer Tribunal Superior se concretó con la firma del contrato de compraventa de la unidad inmobiliaria que sería destinada al arrendamiento hotelero y que el señor S.R. no adquirió la propiedad como destinatario final, por lo cual se violó la garantía del debido proceso que implica la garantía de ser juzgado por Tribunal Competente. El apelante no explica cómo se produce la violación del artículo 215 Constitucional, referente a que las leyes procesales que se aprueben se inspirarán en la simplificación de los trámites, economía procesal y ausencia de formalismos y que el objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial, por lo cual este no podrá ser analizado por el PLENO de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Por su parte el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en sentencia de 28 de agosto de 2017, resuelve NO CONCEDER el Amparo de Derechos Constitucionales presentado por THE PENTHOUSETOWER CORP., fundamentado en que no se vislumbra en la actuación del funcionario demandado, transgresión alguna al contenido del artículo 32 de la Constitución Política, en virtud de que no existe en el expediente constancia de la manifestación de voluntad mediante la cual el Promitente Comprador otorga el bien inmueble al Promitente Vendedor para la administración del bien en arrendamiento hotelero.

En cuanto al artículo que señala la Amparista como vulnerado, se encuentra el artículo 32, que señala: "que nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria", el Pleno de la Corte estima necesario indicar que dicho artículo consagra el principio del debido proceso como un derecho fundamental; razón por la cual, se reitera lo señalado en su jurisprudencia en cuanto a que, "el debido proceso comprende el conjunto de garantías que buscan asegurar a las partes que conforman un Proceso, una recta y cumplida decisión sobre sus pretensiones".

En Panamá, la garantía del debido proceso, citando al D.A.H., no es más que la institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonables de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos (HOYOS, A., El Debido Proceso, Editorial Temis, S.A.B., 1996, pág. 54)

En ese orden de ideas y tomando en consideración que la parte actora considera que se ha vulnerado el debido proceso de su representado por falta de competencia, del análisis de los antecedentes judiciales y de las constancias procesales contenidas en el expediente en cuestión, el PLENO evidencia lo siguiente:

El día 5 de septiembre de 2008 se celebran en la República de Panamá, los contratos de promesa de compraventa entre el señor S.F. en representación de THE PENTHOUSETOWER CORP., (promitente vendedor) y S.R. (promitente comprador), dichos contratos contienen la siguiente cláusula:

"CUARTA: Declara el PROMITENTE VENDEDOR que por el presente documento se obliga a vender libre de gravámenes al PROMITENTE COMPRADOR, y éste a comprar, la finca que resulte de la segregación que se haga del apartamento identificado como número VEINTINUEVE-F (29-F) y VEINTINUEVE G (29-G), localizados en el edificio PENTHOUSE TOWER, así como el derecho de uso exclusivo de UN (1) estacionamiento que serán asignados por el PROMITENTE VENDEDOR.

EL PROMITENTE VENDEDOR y/o el Administrador Hotelero o el Tercero designado por el PROMITENTE VENDEDOR podrán pactar con el PROMITENTE COMPRADOR, la participación del Apartamento en el programa de Arrendamiento.

En ese evento, EL PROMITENTE COMPRADOR acepta que una vez incluya el apartamento en Programa de Arrendamiento, su uso y ocupación por parte del PROMITENTE COMPRADOR será limitado, y el Apartamento estará destinado a ser utilizado y operado de acuerdo a los términos y condiciones del Acuerdo de Administración Hotelera y el Programa de Arrendamiento, y la Administración del Hotel ocupará y operará el Apartamento con la finalidad de que el mismo sirva a la operación del Hotel a establecerse en el edificio." (lo resaltado es de la Sala).

Tal como se evidencia de la cláusula que antecede, la misma indica la posibilidad de que el señor S.R., pactara la incorporación de sus inmuebles al programa de arrendamiento, sin embargo, no existe constancia dentro del expediente o contrato alguno entre SANDRO ROMITI Y THE PENTHOUSETOWER CORP., de que el mismo haya incorporado sus unidades inmobiliarias a dicho programa.

En ese sentido, el señor R. se enmarca dentro de la definición de consumidor establecida en el artículo 33 de la Ley 45 de 2007, que señala que consumidor es la persona natural o jurídica que adquiere de un proveedor bienes o servicios finales de cualquier naturaleza.

El Magistrado y autor L.C.V. al definir el consumidor final dice: "Avanzando en nuestro intento de explicar la noción de consumidor final, queda claro que en el caso de las personas naturales, la delimitación del concepto es de más fácil precisión, ya que por lo general las personas naturales requieren la satisfacción de sus distintas necesidades, a través de la adquisición de bienes y servicios necesarios para su subsistencia con lo cual adquieren el carácter de consumidores, por la naturaleza persona de la adquisición (v.gr. la compra de una casa, un auto, electrodomésticos, etc.) en las cuales el objeto se agota con el uso o consumo."

Es de relevancia acotar que este proceso inicia en la Jurisdicción Civil, y el Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial se declara que no es competente para asumir el negocio jurídico en cuestión, mediante Auto No.845 de 28 de junio de 2013, por tratarse de una relación de consumo, en un contrato de adhesión y de una construcción nueva, temas que contempla taxativamente la Ley de Protección al Consumidor, Ley 45 de 2007, en sus artículos 79 y 83, además de lo señalado por la Juez Novena de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, quien mediante el Auto No.956 de 3 de octubre de 2013, determinó que sí era competente para el conocimiento de este caso, en cual señala taxativamente lo siguiente:

"...Antes de verificar los requisitos de admisibilidad del libelo de demanda, resulta de trascendental importancia analizar la competencia de este Tribunal para el conocimiento del proceso que nos ocupa.

Es importante destacar que el Artículo 124 de la Ley No.45 de 31 de octubre de 2007, reformado por el Artículo 15 de la Ley No.29 de 2 de junio de 2008, adscribe competencia exclusiva y privativa a este Tribunal para conocer "En materia de Protección al Consumidor, las controversias que surjan como consecuencia de cualquier pretensión individual o colectiva que emane de una relación de consumo nacida dentro o fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley". (numeral 2). Consecuentemente, esta sede jurisdiccional, es competente para el conocimiento de la causa que nos ocupa."

Aunado a lo anterior, la cláusula segunda de la promesa de compraventa pactada entre las partes, establece que el edificio de 36 pisos aproximadamente, constará de apartamentos de vivienda y hotel, así como también queda descrito en la Resolución 2013-2011 de 27 de diciembre de 2011 del Ministerio de Vivienda que declara apto para incorporarse al régimen de propiedad horizontal el P.H. THE PANAMERA RESIDENCES, cuyo destino es para uso residencial y hotelero.

Las distintas cláusulas de la promesa de compraventa pactada, establecen claramente que existe una posibilidad u opción de que las unidades de apartamento adquiridas por el señor S.R. puedan ser incorporadas al programa de arrendamiento, sin embargo, al no existir prueba alguna que evidencie que el consumidor pactó la precitada incorporación, esta Corporación de Justicia no puede determinar que existió alguna violación al debido proceso por falta de competencia.

En virtud de lo anterior, esta Corporación de Justicia constata que no existe violación a los presupuestos de la garantía del debido proceso, contenidos en el artículo 32 Constitucional, al ajustarse a los procedimientos dispuestos para tales efectos y al haber sido dictada por funcionaria competente, la resolución judicial contenida en el Auto No.905-15 de 21 de diciembre de 2015, mediante el cual el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá declara NO PROBADO el Incidente de Nulidad por Falta de Competencia.

De lo explicado el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, evidencia que la decisión adoptada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, del 28 de agosto de 2017, que NO CONCEDE el A. de Garantías Constitucionales interpuesto, debe confirmarse.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley:

ADMITE la intervención de tercero interesado del señor S.R. y TÉNGASE al licenciado V.M.P. como apoderado judicial del demandante S.R., para que lo represente en los términos del poder conferido.

CONFIRMA la Resolución de 28 de agosto de 2017, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que NO CONCEDE el Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por la firma RAMOS CHUE & ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de THE PENTHOUSETOWER CORP., contra la el Auto No.905-15 de 21 de diciembre de 2015, proferido por la Juez Novena de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial.

N.;

ABEL AUGUSTO ZAMORANO

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- EFRÉN C. TELLO C.-- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)