Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 21 de Agosto de 2018

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución:21 de Agosto de 2018
Emisor:Pleno

VISTOS:

En grado de apelación, ha llegado la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por la Licenciada E. De Frías de Uribe en representación de N.J.L. contra la Diligencia de Indagatoria N°22 de 7 de julio de 2016, dictada por la Fiscalía Tercera de Descarga de Circuito, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

  1. ACTO IMPUGNADO EN SEDE DE AMPARO

    La Resolución Indagatoria N°22 fechada 7 de julio de 2016, dictada por la Fiscalía Tercera de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá contra N.J.L. dentro de la investigación seguida por delito Contra la Vida y la Integridad Personal, en perjuicio de V.C.C. (q.e.p.d.).

  2. EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES

    La Licenciada Esther De Frías de Uribe, en representación de N.J.L., al interponer el Amparo de Garantías Constitucionales señaló en su escrito, que el proceso penal inició con la querella presentada contra su representado el 10 de diciembre de 2013, dentro del cual se dispuso conformar una Junta Médica Forense que concluyó en su Informe que es necesario otro especialista para poder presentar el Informe definitivo. Sin embargo, el Ministerio Público sin esperar el Informe definitivo y su respectiva ratificación, ordenó la indagatoria del señor N.J.L..

    Señala que contra dicha Orden de Indagatoria interpuso Incidente de Controversia, el cual fue admitido por el Juzgado Primero de Circuito Penal de Panamá, sin embargo, luego de los Recursos de Apelación interpuestos por la Fiscalía y el querellante, el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante Resolución Incidente de Controversia N°15-16 fechada 6 de septiembre de 2016, revocó la decisión de primera instancia, y negó el Incidente presentado.

    Considera la letrada que la Fiscalía Tercera de Descarga del Primer Circuito Judicial de Panamá, al haber dictado la Orden de Indagatoria sin reunir los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico, incurre en una grave vulneración de los artículos 17, 22 y 32 de la Constitución Política.

    En cuanto al artículo 32 de la Constitución, lo considera violado porque para ordenar Declaración Indagatoria es necesario que se cumplan los requisitos del artículo 2092 del Código Judicial, como la comprobación del hecho punible y la probable vinculación del imputado. En cuanto a la comprobación del hecho, se establece a través de facultativos o peritos de las personas, huellas, documentos, rastros o señales que haya dejado el hecho, indicios, medios científicos o cualquier otro medio racional para la formación de la convicción del Juez. En cuanto a la vinculación del imputado, se constata que en una primera oportunidad el Ministerio Público solicitó sobreseimiento objetivo e impersonal, por considerar que los elementos probatorios incorporados al expediente no son suficientes para acreditar la existencia del hecho punible investigado.

    Indica que igual argumentación utilizó la Fiscalía, cuando negó la solicitud de la querella, de recibirle indagatoria el 5 de enero de 2015, y el Juzgado Primero, cuando dictó la Resolución de Sobreseimiento Provisional N°192-13 de 30 de abril de 2015; sin que hasta la fecha la Junta Médica haya dado un Informe definitivo o dictamen concluyente.

    Estima la Abogada defensora que al dictarse orden de indagatoria y, en consecuencia, formularle cargos a una persona cuando no existen los presupuestos que determina la ley, se viola el artículo 22 de la Constitución Política, que consagra la presunción de inocencia de su defendido.

    Considera que la Autoridad demandada ha dejado de cumplir con el mandato constitucional contenido en el artículo 17 de la Constitución Política, que impone el deber de las Autoridades de proteger y respetar los derechos fundamentales, pues en este caso, a su criterio, se ha vulnerado el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.

  3. LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

    Mediante Sentencia de 10 de abril de 2018, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, como Tribunal Constitucional de primera instancia, decidió NO CONCEDER la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por la Licenciada E. De Frías de Uribe, en representación de N.J.L., en base a que observa que la Fiscalía de Descarga al emitir la Resolución Indagatoria N°22 de 7 de julio de 2016, hace un recuento de los antecedentes de la causa, luego precisa los elementos que a su consideración comprueban la existencia del hecho punible y los elementos que vinculan al procesado, enumerando el A quo cada uno de ellos.

    En virtud de lo anterior, advierte el Tribunal A-quo que la resolución atacada cumple con las exigencias contenidas en el artículo 2092 del Código Judicial, pues ha sido emitida por Autoridad competente, mediante resolución escrita razonada, con la indicación de los elementos que acreditan la existencia del delito y las pruebas indiciarias de las que se desprende la vinculación del investigado, sin que ese Tribunal pueda entrar a una valoración probatoria de fondo, debido a que no le corresponde dicha función como Tribunal de Amparo. De allí que, al haberse cumplido con los presupuestos requeridos por el artículo 2092, no se configura la violación de garantía del debido proceso, ni las otras garantías invocadas por el amparista, por lo que, considera que no procede conceder la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto.

  4. ARGUMENTOS DEL APELANTE AMPARISTA

    En su escrito de apelación, la Licenciada E. De Frías de Uribe, en representación de N.J.L., señaló que el Tribunal Constitucional de primera instancia no sustentó su decisión, toda vez que se basó en el simple razonamiento que por estar la Providencia por escrito y con motivación, es suficiente; lo cual resulta contradictorio con la última jurisprudencia, que obliga a efectuar un verdadero examen de los elementos y no conformarse con tener una resolución por escrito.

    Considera la letrada que el fallo de primera instancia no dio contestación jurídica a su argumento principal planteado, que es la ausencia de un dictamen definitivo o final según los miembros de la Junta; que la Fiscalía llama a Indagatoria a su representado, sin embargo, el Juez de Circuito admite el Incidente de Controversia promovido, por considerar que nunca se dio un dictamen concluyente, situación en la que basa su Acción de A..

    Señala que, en esa resolución, el Juzgado Primero de Circuito hace una síntesis de todas y cada una de las declaraciones hechas por todos los Médicos que participaron y rindieron el Informe contenido en el cuestionario formulado por la Junta Médica Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    Manifiesta la actora constitucional que, de las notas enviadas al Despacho Instructor por el Dr. J.V.P., se observa que éste solicitó la participación y opinión de un Médico especialista, tal como se hizo; sin embargo, también señaló que era necesario que la Junta se reuniera para analizar las respuestas del consultor, a fin de emitir su opinión, de lo que se desprende que dicha reunión es imperante para el dictamen concluyente, porque es necesario que la Junta Médica se reúna para evaluar el Informe rendido por el Médico perito consultor, además de las declaraciones del Dr. F.M.B., para poder dar un dictamen concluyente, luego de analizados los Informes rendidos por dichos galenos, en conjunto con los demás elementos probatorios que se encuentran en autos. Y, al no realizar la Junta Médica la reunión solicitada por el Dr. V.P., no se ha podido realizar el dictamen oficial final, donde se determine de forma definitiva el nexo causal (vinculación) de la causa de muerte, si fue por negligencia, imprudencia o impericia médica o mala praxis o negligencia médica en la intervención quirúrgica a la que fue sometida V.C. (q.e.p.d.), además de los tratamientos post operatorios.

    Una vez examinados los aspectos medulares en los que se fundamenta la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, así como la actuación y el resto de la documentación aportada, procede esta Corporación de Justicia a realizar las siguientes consideraciones:

    El punto central dentro de la presente Acción de Amparo, estriba en que la Fiscalía Tercera de Descarga de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, en la resolución que dispone recibirle Declaración Indagatoria a N.J.L. a juicio de la recurrente, vulneró el debido proceso legal, porque la misma no cumplió con los requisitos que establece la ley para su procedencia; es decir, la existencia del hecho punible y la posible vinculación del imputado, toda vez que al expediente no se incorporó el Informe definitivo de la Junta Médico Forense, ni su respectiva ratificación.

    Adentrándonos a resolver la presente iniciativa constitucional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera indispensable resaltar la naturaleza y objetivo de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, como el instrumento que ha señalado el constituyente, dentro del Estado democrático y social de derecho, a fin de que cualquier persona pueda acudir ante la sede judicial y reclamar la tutela de su derecho infringido por una acción o acto, ya sea por acción u omisión, que siendo emitido por servidor público, viole los derechos y garantías que la Constitución consagra, a fin de que sea revocada a petición suya o de cualquier persona.

    Dicha garantía se encuentra consagrada no sólo en el artículo 54 de la Constitución Política de la República de Panamá, sino también en Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos reconocidos por la República de Panamá, y a nivel legal, en los artículos 2615 y siguientes del Código Judicial, en el cual se establece además, que dicha Acción de tutela de derechos fundamentales puede ser impetrada cuando por la gravedad e inminencia del daño que representa el acto, se requiere de su revocación inmediata.

    Explica la proponente de la acción que, con la resolución atacada en A., se vulneraron los artículos 17, 22 y 32 de la Constitución Política; y, en ese sentido, vale la pena indicar que el artículo 17, constituye un ámbito universal de protección, al enunciar los fines estatales esenciales, que deben estar presentes en todo el ordenamiento jurídico, al prescribir que las Autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales, donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, así como cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Además, la norma amplía el radio de protección de los derechos fundamentales y la dignidad de la persona como derecho universal.

    Por su parte el artículo 22 de la Constitución Política consagra, entre otros, el derecho del procesado a que se presuma su inocencia, siendo del tenor siguiente:

    Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.

    Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa.

    Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales.

    El derecho a la presunción de inocencia conlleva, además, que quien acuse, pruebe la culpabilidad del acusado. Para el jurista español J.P.I.J., el derecho a la presunción de inocencia se proyecta en dos vertientes, a saber:

    "Primero, incide en las situaciones extra procesales y constituye el derecho a recibir la consideración de no participe o autor del hecho punible, en especial, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos consecuentes. Verbigracia, el presentar en audiencia al acusado engrilletado y/o con uniforme del centro de reclusión constituye una violación al derecho de presunción de inocencia.

    Segundo, tiene amplia proyección sobre el régimen jurídico de la prueba. En ese sentido, el derecho a la presunción de inocencia soporta que toda sentencia condenatoria debe estar fundamentada en una actividad probatoria, por lo que no puede existir condena sin pruebas." (PICÓ I JUNOY, J.. Las Garantías Constitucionales del Proceso. Editor J.M.B.. España, 1997. P.. 155)

    En cuanto al artículo 32 de la Constitución Política, que también se dice vulnerado, señala lo siguiente:

    "Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria."

    Sobre el debido proceso, el D.A.H. ha puntualizado que es "una institución instrumental en virtud de la cual se debe asegurar a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos." (HOYOS, A.. El Debido Proceso, E.. Temis, S.A., Bogotá, 1996, pág.54)

    Bajo este marco de ideas, debemos recordar que el debido proceso consiste en una serie de derechos procesales, que tienden a asegurar a las partes la efectiva defensa de sus derechos en el proceso. De manera tal, que éste se vulnera cuando se limita o restringen los derechos que lo componen, produciendo indefensión a las partes.

    Es de lugar hacer mención que el Juzgado Primero de Circuito Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Resolución de Incidente de Controversia N°15-16 de 6 de septiembre de 2016, anuló en todas sus partes la Resolución de Indagatoria atacada con la presente acción constitucional; decisión que fue apelada por la representación de la querella y la Fiscalía Tercera de Descarga.

    Es así que, una vez ingresado el expediente en alzada, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, a través del Auto N°39 S.I., dispuso revocar el Auto apelado y, en su lugar, mantuvo la Diligencia Sumarial N°22 de 7 de julio de 2016, emitida por la Fiscalía Tercera de Descarga del Primer Circuito Judicial de Panamá, la cual ordena la recepción de la Declaración Indagatoria de N.J.L.A..

    Como vemos, resulta relevante para la actora constitucional que el Ministerio Público, a través de la Providencia de Indagatoria atacada vía Incidente de Controversia, haya dispuesto recibir la declaración de su representado, porque a su consideración dicha decisión es alejada de la realidad probatoria incorporada al Sumario, pues para la letrada, no se acreditó el hecho punible ni la vinculación de su representado.

    En ese sentido, al comparar lo solicitado por la apelante, con lo decidido por la Fiscalía Tercera de Descarga del Primer Circuito Judicial de Panamá, a fin de ponderar si, efectivamente, estamos ante la vulneración de alguna de las normas constitucionales invocadas en el A., podemos observar que la defensa del señor N.J.L. al atacar la Providencia que ordena la Declaración Indagatoria, fundamentó su incidencia, en que la orden de Declaración Indagatoria contra su representado fue emitida sin cumplir con los requisitos del artículo 2092 del Código Judicial, es decir, acreditación del hecho punible y vinculación del procesado.

    De allí entonces, que al hacer un análisis de la orden de Declaración Indagatoria dispuesta por la Fiscalía Tercera de Descarga, se advierte que en su contenido al momento de establecer las razones de hecho y de derecho para ordenar la indagatoria del señor N.J.L. estableció que se cuenta con: el Protocolo de Necropsia, copia del Formulario Único de Parte Clínico de Defunción N°97078 y Certificado de Defunción correspondiente a la occisa V. CORREA CASTRO (q.e.p.d.) donde se señala como causa de la muerte taponamiento cardíaco, sepsis, estado posterior a procedimientos quirúrgicos; dictamen pericial de la Junta Médica Forense del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses y el Informe Pericial elaborado por el Médico consultor especialista en Medicina Crítica y Cuidados intensivos G.C..

    Mientras que la vinculación del señor N.J.L. surge de la querella presentada por J.O.R., de la Declaración Jurada de NORMA VIRGINIA CASTRO DE B., esposo y madre de la occisa, respectivamente, y los testimonios de B.B.D.A., quien indicó que no atendió a la señora V.C. CASTRO (q.e.p.d.), por los lazos familiares, de los D.E.L.D., quien confeccionó el Protocolo de Necropsia, C.B.Z., J.H.J., R.P.V., TESILA URIBE NAVARRO, R.A.V., A.N.I.P., D.M.S., con el cuestionario formulado por la Junta Médico Forense al Médico Especialista Consultor, del dictamen pericial de la Junta Médico Forense, la declaración de los D.F.A.M. y G.C., Médicos Especialistas Consultores, quienes se afirmaron y ratificaron de las respuestas dadas al cuestionario formulado por la Junta Médico Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

    Siendo ello así, esta Corporación de Justicia Constitucional, estima que le asiste razón a la amparista cuando afirma que el acto impugnado en sede constitucional subjetiva, viola el debido proceso, cuando se dispone ordenar recibirle indagatoria al señor L., sin atender la inexistencia de los elementos indispensables para llegar a ese estadio procesal; es decir, para darle al señor la condición de imputado dentro de una causa penal.

    Recordemos que, la condición de imputado dentro de una causa penal supone la confirmación por parte del Estado representado por quien ejerce el ius puniendi, de que existen suficientes elementos de convicción que apuntan hacia la existencia de una conducta punible y la probable vinculación de una persona determinada a ese hecho sujeto a investigación. Desde ese momento en que se ordena la indagatoria de la persona, deja de ser un simple investigado o sospechoso, para convertirse en un sujeto del proceso, no sólo con derechos, sino también con responsabilidades o cargas, como por ejemplo, la posible sujeción o sometimiento a un régimen cautelar que restrinja en mayor o menor grado su libertad ambulatoria. Sin duda, que en ese momento, el Ministerio Público inicia formalmente un camino hacia la posible ruptura del estadio de inocencia, sin desconocer su obligación de realizar una investigación objetiva.

    Tal es el grado de relevancia que importa la orden de indagatoria para la persona, que la Autoridad no puede soslayar el cumplimiento de los requisitos que supone su fundamentación, como lo son la existencia de los extremos del delito, en los términos señalados en el artículo 2092 del Código Judicial. Por lo tanto, se constituyen estos requisitos en una especie de garantía del correcto proceder de la Autoridad en el aseguramiento del respecto a la garantía del debido proceso y de la presunción de inocencia.

    Para este Tribunal, es claro que una persona no puede ni debe ser sometida a una indagatoria si antes no se ha incorporado al proceso de investigación aquellos elementos objetivos que permitan tener por acreditados, por un lado, un hecho punible de acuerdo a nuestra normativa legal, y por otro, los elementos que mínimamente sugieran que la responsabilidad del ilícito recae sobre una persona determinada.

    Aclarado lo anterior, resulta que, la orden de indagatoria se encuentra sostenida en elementos que, si bien indican la muerte de una persona, no logran precisar con alguna precisión si se trata de un evento que tuvo como origen una situación de mala praxis o negligencia médica, quedando aún por esclarecer su el evento fatídico ocurrió debido a un conjunto de circunstancias clínicas de la paciente, que condujeron necesariamente a ese resultado. Tal circunstancia resulta indispensable en este tipo de casos para poder dar el paso de disponer la Indagatoria de la persona, y por ello era importante que se contara con el dictamen final de la Junta Médica, como elemento que permitiera conocer si hubo un evento externo a las condiciones clínicas de la ahora occisa, que contribuyó a su fatal desenlace, y que a su vez permitiera dirigir la vinculación hacia una persona en particular.

    No obstante, el Ministerio Público, decidió ordenar la Indagatoria del señor N.J.L., pese a no contar con elementos que permitieran solventar los extremos requeridos para ese ejercicio, constituyéndose tal actuación en un acto distanciado de los principios de investigación objetiva y presunción de inocencia, que sin duda son componentes que podemos incorporar con facilidad al debido proceso, consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política. Lo anterior nos hace entender, por un lado, que si procediéramos a validar las actuaciones bajo este panorama, estaríamos aupando el uso indiscriminado del poder punitivo del Estado, en perjuicio de ciudadanos contra quienes no existe siquiera una vinculación preliminaren el curso de una investigación penal.

    Visto así, a juicio del Pleno, la decisión atacada a través de esta acción constitucional, conlleva la vulneración de los derechos que integran el debido proceso, pues la disposición de la orden de declaración indagatoria, sin cumplir con los parámetros legales, afectó a una de las partes (es decir, al amparista), lesionado su estado de inocencia y convirtiéndolo en sujeto procesal con cargas que, en ese momento procesal, no debiera estar obligado a soportar, por la carencia de elementos suficientes para atribuirle la condición de imputado dentro de una causa penal.

    Dicho esto, y teniendo presente que la violación al debido proceso la centra el amparista en aspectos puntuales, los cuales han sido resueltos por esta Corporación en los términos ya expresados, podemos concluir que se comprobó la contravención al principio del debido proceso legal establecido en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, y el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, tal como se desprende del presente caso, y en virtud de ello, el Pleno debe concluir que la Acción de Amparo presentada debe ser concedida, y a ello procede de inmediato.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la decisión de 10 de abril de 2018, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y en su lugar, CONCEDE el Amparo de Garantías Constitucionales promovido por la Licenciada E. De Frías de Uribe a favor de su representado N.J.L. contra la Diligencia de Indagatoria N°22 de 7 de julio de 2016, dictada por la Fiscalía Tercera de Descarga de Circuito, del Primer Circuito Judicial de Panamá. En consecuencia, SE DEJA SIN EFECTO la Orden de Indagatoria atacada.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    OYDÉN ORTEGA DURÁN --- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO --- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS CECILIO CEDALISE RIQUELME --- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA --- HARRY A. DÍAZ

    LUIS R. FÁBREGA S.--- JERÓNIMO MEJÍA E.

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)