Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 13 de Marzo de 2019

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución13 de Marzo de 2019
EmisorPleno

VISTOS:

En apelación ha ingresado al conocimiento del Pleno de esta Corporación de Justicia, la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado R.A.A.C.; actuando en nombre y representación de BANISTMO S.A., contra la decisión de fecha 26 de junio de 2018, dictada por el Juez de Garantías de la Provincia de Chiriquí, dentro del proceso penal seguido a J.C.P. y GLORIA ESTELA LEE ATENCIO, por delito de estafa en perjuicio de A.P..

Procede el Pleno a emitir la decisión del recurso formulado, previo a lo cual se dejan expuestos los antecedentes del mismo.

  1. Resolución Recurrida

    El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, en la resolución del 10 de septiembre de 2018, no concedió la acción de amparo de garantías presentada contra la decisión de fecha 26 de junio de 2018, dictada por el Juez de Garantías de la Provincia de Chiriquí. En lo medular, se dejan expuestas las consideraciones de la sentencia apelada:

    ...Para el amparista, la actuación del Juez violenta los artículos 32 de la Constitución de la República de Panamá, de igual forma los artículos 106, 107 y 262 del Código Procesal Penal, toda vez que se aprecia que con dicha decisión adoptada el funcionario demandado violenta garantías constitucionales y legales de su representado BANISTMO S.A.

    ...Visto lo anterior, consideramos que no le asiste la razón a la amparista toda vez que en el acto de la audiencia oral celebrada dentro de la carpetilla 201700037627 se les dio la oportunidad de contradecir a las partes o sujetos procesales con base a lo establecido en el Artículo 19 del Código Procesal Penal, y es así como el Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Chiriquí, en Resolución de 3 de julio de 2018, confirmó la decisión del Juez de Garantías tal como se constata en la reproducción del disco compacto de la audiencia de apelación, arribó a dicha decisión al considerar que la víctima tiene un derecho afectado, es decir su propiedad y que por la Estafa querellada que se aprovecha del deterioro físico cognitivo y la edad avanzada de A.P.S., lo hicieron contraer la obligación como G.H. y gravar su finca con una Hipoteca...

    ...Por otro lado, si bien es cierto, es jurisprudencia patria que en sede de amparo, no se puede atender la valoración o interpretación que tuvo el funcionario demandado pero si de manera excepcional podría revisarse estos puntos cuando se ha cometido una grave error al interpretar o aplicar la Ley, siempre que se afecte, un derecho o garantía constitucional...

    ...Dicho extremo, no se cumple en la presente acción constitucional toda vez que las apreciaciones anteriores, ponen de manifiesto que las objeciones formuladas por el amparista recae en el campo legal, lo cual no es dado resolver a través de la acción de amparo de derechos fundamentales, pues lo que pretende es que se realice un estudio de los requisitos o la interpretación y alcance de las normas antes referidas, que sirvió al Juez de Garantías, como fundamento de su decisión...

    ...Debe externarse que el amparo no ha sido diseñado como una tercera instancia revisora de los fundamentos legales que sirvieron al funcionario acusado para arribar a una decisión, pues esta tarea solo corresponde al propio juez y al juzgador de alzada...

  2. Argumentos de la Apelación

    En lo medular de su escrito de apelación (fs. 415-419), el licenciado R.A.A.C., señala que con la orden impugnada se violentó el debido proceso (artículo 32 de la Constitución Política), pues, se desconoció y dejó de aplicar el procedimiento previsto en los artículos 106 y 262 del Código Procesal Penal.

    Afirmó que el artículo 262 del Código Procesal Penal instituye el procedimiento para tutelar los derechos de quienes resulten afectados patrimonialmente por haberse secuestrado dentro de las causas penales, bienes con gravámenes, y a su juicio, en este caso se cumplieron todos los presupuestos fácticos y jurídicos que esta norma (artículo 262 del Código Procesal Penal) establece para que el Juez de Garantías procediera a levantar el secuestro penal, sin embargo el Tribunal de amparo no lo ponderó al resolver la acción presentada.

    Indicó que con el acto impugnado se violentó el debido proceso, pues, se niega el levantamiento del secuestro penal, sustentado en el hecho que BANISTMO compareció en una fase procesal inadecuada, sin embargo, la norma no especifica un período o fase en el cual el acreedor deba concurrir a solicitar el levantamiento del secuestro, situación que a su parecer, tampoco valoró el tribunal constitucional, pues, la norma indica que la participación del tercero se da desde que se afecte su derecho.

    Acotó que la decisión recurrida deja en indefensión a BANISTMO, puesto que no existe ningún otro mecanismo dentro del proceso penal para levantar el secuestro penal.

    Además indicó que, el tribunal de amparo dejó de ponderar que el proceso penal tiene sus efectos únicamente entre las partes (victimario y víctima), (querellado y querellantes) en el caso particular (estafador y estafado). Según su criterio, la orden impugnada se dictó sin apego a los trámites contenidos en el Código Procesal Penal, lo que desborda el mandato normativo, causando cargas patrimoniales sobre BANISTMO que no tiene por qué asumir e, implícitamente se le está condenando a pagar económicamente por un delito que no cometió, situación que constituye una clara violación al debido proceso.

    Manifestó que lo que reclama BANISTMO en su acción constitucional es el desapego a la ley que se materializa en la orden de no hacer, como consecuencia directa de no atender el sentido literal de las normas que conforman la institución del tercero afectado dentro del proceso penal. Según sus conclusiones, resulta incongruente que se reconozca a BANISTMO tanto en el proceso penal, como en la acción de amparo como tercero afectado, sin embargo no se siga el procedimiento de remate que la norma establece, y se incurra en el error que se alude en la acción de amparo.

    Finalmente, indicó que BANISTMO no ha señalado errores de valoración probatoria que constituyan temas vedados en materia de amparo, lo que señala es la inaplicación de un trámite de ley, que a su juicio, trae como consecuencia que la decisión tomada violente un derecho patrimonial y, a su vez, violente gravemente el debido proceso.

    Basado en estas consideraciones solicita se revoque la resolución de fecha 10 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, y en su lugar se conceda el amparo de Garantías Constitucionales.

  3. Tercero Interesado

    El licenciado R.A.S., tercero interesado dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por BANISTMO, presentó escrito de oposición al recurso de apelación (fojas 420-424) señalando que la resolución en la cual no se concede el amparo se ajusta a derecho, pues, al amparista no se le ha vulnerado el debido proceso, ni derecho alguno y lo que pretende con su acción es convertir en una tercera instancia al Tribunal Constitucional para debatir cosas ajenas a este proceso.

    Aclaró que BANISTMO requiere el levantamiento de la medida cautelar real sobre la Finca No. 68, Tomo 6, F.2., para hacer efectivo el embargo y lograr los resultados del proceso ejecutivo que ha promovido en el Juzgado Tercero de Circuito Civil de Panamá, petición que fue negada por el Juez de Garantías de Chiriquí en Resolución de 26 de junio de 2018 por considerar que si bien BANISTMO tiene una afectación patrimonial y puede ser considerado como un tercero afectado, nada impedía que como tal, hiciera valer su derecho en la correspondiente fase intermedia presentando su acción resarcitoria en contra de los imputados J.C.P. y GLORIA ESTELA LEE ATENCIO, como lo establecen los artículos 106 y 107 del Código Procesal Penal. Además se indicó en el fallo, que no era posible levantar el secuestro penal decretado sobre la finca en mención, ya que la víctima del delito A.P.S. tenía una pretensión directa sobre este bien, toda vez que el delito querellado consiste en que mediante engaño, aprovechándose de la avanzada edad del señor P.S., que presentaba un deterioro cognitivo, el cual afecta su memoria, juicio y, lo imposibilitaba para disponer de sus bienes o celebrar actos o contratos con terceras personas, lo despojaron de parte de su patrimonio y solicitaron un préstamo constituyéndolo como garante hipotecario.

    Manifestó que la resolución del Juez de Garantías fue confirmada por voto mayoritario del Tribunal Superior de Apelaciones de la Provincia de Chiriquí en resolución del 3 de julio de 2018, concluyendo de la misma forma del juez primario, que le víctima tenía un derecho afectado, que es precisamente la propiedad, y que en virtud de la estafa querellada se aprovechó el deterioro cognitivo de A.P.S. para hacerlo contraer una obligación como garante hipotecario y gravar su finca con una hipoteca, y en efecto la víctima dentro de la acción resarcitoria podría pedir se deje sin efecto las inscripciones en el Registro Público de los actos delictivo realizados en su contra, ya que tiene derechos consagrados en los artículo 79, numeral 2, 122 y 341 del Código Procesal Penal. De la misma manera el tercero afectado (BANISTMO) tiene el derecho de reclamar directamente a los imputados a través de la correspondiente acción resarcitoria los daños y perjuicios sufridos con motivo del delito.

    Sostuvo que BANISTMO pretende a través de la presente acción constitucional que se levante el secuestro penal decretado, sin embargo no presentó una acción resarcitoria en la fase intermedia, tal como lo señala el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal, por lo que a su criterio, de concederse el amparo de garantías constitucionales presentado se estaría afectando directamente a la víctima del delito, ya que el secuestro penal es lo único que protege la finca y su pretensión civil dentro del proceso penal.

    Finalmente señaló el tercero interesado que, el amparista pretende utilizar el amparo de garantías constitucionales como una tercera instancia para que se resuelvan cuestiones de fondo y propias de la valoración o criterio del juez, lo cual no es permitido, como lo ha explicado la jurisprudencia. Además, acotó que no solo pretende que se debatan cuestiones de fondo en una tercera instancia, sino que pretende desvirtuar la finalidad del amparo de garantías constitucionales, pues, según su criterio, no fue conculcado el debido proceso, muy por el contrario su solicitud fue atendida, diligenciada y resuelta de acuerdo a la valoración y criterio del Juez de Garantías, lo cual no implica una vulneración de derechos o garantías fundamentales, sino más bien, se trata de una decisión de fondo sobre la situación planteada resuelta por el juzgado de acuerdo a su criterio.

    Por las consideraciones expuestas solicita se confirme la Sentencia de 10 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial mediante la cual no se concede la acción de amparo interpuesta contra de la resolución de 26 de junio de 2018.

  4. Consideraciones y Decisión del Pleno

    Expuesta la inconformidad del amparista con la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, así como el fundamento de la decisión recurrida, y lo señalado por el tercero interesado, procede esta Corporación de Justicia a resolver el presente recurso de apelación, en atención a las siguientes consideraciones:

    El recurrente señala que en el acto atacado mediante amparo de garantías constitucionales (resolución de fecha 26 de junio de 2018 expedida por el Juez de Garantías de la Provincia de Chiriquí en audiencia oral dentro del proceso penal seguido a J.C.P. y GLORIA ESTELA LEE ATENCIO por delito contra el patrimonio económico-estafa) se violentó el debido proceso contenido en el artículo 32 de la Constitución Política, puesto que, se desconoció el contenido del artículo 262 del Código Procesal Penal que instituye el procedimiento para tutelar los derechos de quienes resulten afectados patrimonialmente por haberse secuestrado dentro de causa penales bienes con gravámenes, ello a pesar de que en la causa cumplía con todos los presupuestos para ello; situación que el Tribunal de amparo no ponderó.

    Además indicó que contrario a lo señalado por el Juez de Garantías al manifestar que la solicitud de levantamiento de secuestro fue presentada en un momento procesal inoportuno, el artículo 262 del Código Procesal Penal no establece un periodo específico para que el acreedor concurra a solicitar el levantamiento del secuestro, lo cual, de igual manera a su juicio, no fue valorado como una violación al debido proceso por el Tribunal Constitucional.

    Según lo planteado por el apelante, la decisión recurrida en amparo deja en indefensión a BANISTMO, pues, no existe otro mecanismo dentro del proceso penal para levantar el secuestro decretado.

    Ahora bien, al remitirnos a los antecedentes de la presente acción constitucional, se puede extraer parte de lo señalado por el Juez de Garantías de la Provincia de Chiriquí en el acto de audiencia oral de fecha 26 de junio de 2018 (acto impugnado), y en el cual dispuso mantener la medida cautelar de secuestro señalando: "...Si hacemos una lectura de la sección segunda sobre medidas cautelares reales del Código de Procedimiento Penal y las que versan sobre el secuestro aquí se habla de secuestro de bienes de propiedad de terceros no vinculados este no es el caso ya que el bien en este caso Banistmo que es le entidad que pide el levantamiento no ostenta la propiedad del bien si no un gravamen, en el artículo 262 se habla del caso de secuestro de bienes con gravámenes y nos manifiesta que en el caso de otros bienes que no sean dineros o valores sobre los cuales recaiga un gravamen en este caso sería una finca el banco o el ente acreedor podrá declarar la deuda de plazo vencido y solicitar el remate judicial de los bienes los excedentes si los hubiere se mantendrán a órdenes de la F.ía del conocimiento sin embargo entendemos que este caso está destinado cuando se secuestran los bienes de la persona que está vinculada al caso es decir imputada y que puede tener algún grado de responsabilidad pero este no es caso que nos ocupa aquí estamos hablando de bienes que le pertenecen a la presunta víctima que se pudieran haber visto afectados con estos hechos que se presume por parte de la querella que son punibles donde el Ministerio Público ya efectuó una imputación y donde estamos como ya se nos manifestó a muy poco tiempo para que la fase de investigación culmine pareciera entonces que esta normativa se dirige sobre el secuestro de los bienes a los bienes con gravámenes que pertenecen a la persona que es investigada que está vinculada al caso..." Minuto 1:10:21 a 1:12:21 del audio del acto de audiencia.

    "...Sin embargo si debemos manifestar que el centro o punto medular de este conflicto se basa en si se cometió o no un hecho punible que va a afectar directamente este bien que ha sido secuestrado si el Juez de Garantías levantara el secuestro entonces es probable que el banco procediese cumpliendo un remate judicial y estaríamos dejando en un nivel a nuestro juicio de desamparo a esa víctima de establecer si ese contrato de hipoteca se hizo con los aspectos legales necesarios y si hubo realmente un consentimiento libremente ejercido o pudo haber algún grado de coacción entonces nos parece que aquí existiría una situación de litispendencia procesal y también tendríamos que ponernos en el escenario de que posiblemente si se pudiera probar que hubo algún tipo de actividad criminal lo cual nosotros no podemos asegurar porque recordemos debemos respetar el principio de presunción de inocencia y eso se determinaría en un juicio si se pudiese probar entonces los efectos de ese proceso penal podrían incidir en la validez del contrato que se suscribió y entonces tendría un impacto directo en los efectos que ese contrato generaría si nosotros dejamos sin esa cautela que es lo que el Juez de Garantías en su momento ejerció al decretar este secuestro entonces se podría desproteger los derechos de los investigados en este caso los señores están imputados o podríamos dar en desprotección a la presunta víctima entonces consideramos nosotros que el tercero afectado si tiene unos derechos que puede hacer valer que puede reivindicar en la causa pero que el estado también y el momento procesal en que nos encontramos lo adecuado sería que presenten su pruebas en la etapa intermedia y que haga valer entonces esos derechos en el debate de fondo que sería el juicio oral y público el cual no debe tardar ya que igual la F. está en un momento de finalizar la investigación entonces a nuestro juicio es nuestro deber aplicar decisiones que sean equitativas y que no dejen en desprotección a algún interviniente sino que se respete también el principio de estricta igualdad de partes que está debidamente descrito en el artículo 3 del mismo Código de Procedimiento Penal...En virtud de lo anterior este Juzgador resuelve MANTENER la medida cautelar de secuestro penal que fue establecida por el Tribunal de Garantías...Minuto 1:15:25 a 1:18:53 del audio del acto de audiencia.

    De lo anterior se infiere que el Juez de Garantías en acto de audiencia valoró lo señalado por las partes con respecto a la solicitud de levantamiento de secuestro concluyendo entre otras cosas que, en la presente causa, no es aplicable lo normado en el artículo 262 del Código Procesal Penal, puesto que, esta norma aplica para procesos en los cuales los bienes aprehendidos y con gravámenes sean de propiedad de los acusados o vinculados con la causa; no obstante, en el caso que nos ocupa, BANISTMO no es el propietario del bien, sino, que el bien pertenece a la presunta víctima.

    Además, consta en el audio que la audiencia realizada el día 26 de junio de 2018 fue a solicitud del apoderado judicial de BANISTMO como tercero afectado, dentro del proceso penal seguido a J.C.P. y GLORIA ESTELA LEE ATENCIO y; su requerimiento en esta audiencia fue el levantamiento de la medida cautelar de secuestro penal que previamente había ordenado un Tribunal de Garantías, sobre la finca No. 68, inscrita en el Registro Público, con Código de Ubicación 4001, Sección de Propiedad, Provincia de Chiriquí.

    En este acto planteó el hecho de que BANISTMO tiene un derecho patrimonial afectado, el cual no puede hacer efectivo con el pago de la suma adeudada, mediante el remate de la finca hipotecada, pues, se ve imposibilitado debido a la existencia del secuestro penal sobre la misma finca y, que había sido decretado por un Tribunal de Garantías previamente.

    Sobre el particular el Juez de Garantías concluyó que no era procedente tal solicitud, puesto que, no habían elementos que variaran la situación del proceso penal con relación al bien cautelado, desde el momento en que se decretó hasta la solicitud. Agregó que BANISTMO podría presentar las pruebas que tenga a bien y hacer efectivo su derecho contra los imputados en el juicio oral; y entre otras cosas, destacó que no era procedente el levantamiento del secuestro penal, pues, el objeto principal del proceso es dilucidar si se cometió un delito o no, al constituir la hipoteca, y si se cumplió con lo establecido para tal fin, por lo que levantar la medida de secuestro penal, sin haber culminado el proceso y antes de determinar si existe alguna conducta criminal en el hecho, sería dejar desprotegida a la presunta víctima del delito.

    De lo anterior podemos concluir que no se ha negado la participación al recurrente como tercero afectado, no se ha dejado en indefensión, incluso se observa que fue a solicitud de la representación judicial de BANISTMO que se realizó la audiencia el día 26 de junio de 2018 a fin de someter a consideración del Juez de Garantías la solicitud del levantamiento del secuestro penal sobre la propiedad que había sido decretado previamente en el proceso.

    En dicha audiencia el recurrente tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos y motivos por los cual consideraba viable su solicitud, con anuencia de las otras partes; a lo cual el Juez de garantías señaló entre otras cosas que no existían elementos en los cuales se observara que las condiciones del proceso había variado con relación al momento en que se decretó el secuestro penal por un Tribunal de Garantías, por lo que se mantenía la medida cautelar sobre el bien y, que lo más adecuado sería que presentara sus pruebas en la fase intermedia a fin de que pudiera hacer valer sus derechos en el juicio oral.

    Expuesto lo anterior es dable indicar que no observa este Pleno que se haya omitido algún trámite esencial que conlleve a la vulneración de algún derecho del recurrente, o que la decisión del Juez de Garantías señale extemporaneidad de la solicitud que realiza el representante judicial de BANISTMO, lo que se indica es que, lo adecuado como tercero afectado, es que reclamara sus derechos contra los acusados, en el juicio oral.

    El hecho de que el juzgador realice estos señalamientos, no le impide a BANISTMO levantar el gravamen sobre el bien, ni se ha extinguido su derecho, el juez realizó una evaluación de las circunstancias, lo que lo llevó a concluir que también había que tutelar el derecho de la víctima en este proceso y no se podría pretender que para ejercer el derecho del tercero afectado (BANISTMO) se desconociera el derecho de la otra parte (víctima).

    Basado en estas consideraciones concluimos de igual forma que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, al señalar que, no le asiste la razón al amparista puesto que, en el acto de audiencia oral se les dio la oportunidad a las partes de contradecir conforme a lo establecido en el artículo 19 del Código Procesal Penal, así como el Tribunal Superior de Apelaciones de la Provincia de Chiriquí en resolución de 3 de julio de 2018 confirmó la decisión del Juez de Garantías, arribando a la conclusión que la víctima tiene un derecho afectado, es decir, su propiedad, que producto de la estafa querellada se aprovecha el deterioro físico cognitivo y la edad avanzada de A.P.S. presuntamente lo hicieron contraer la obligación como garante hipotecario y gravar su finca con una hipoteca; por lo que no resulta viable levantar la medida cautelar sobre la misma.

    Frente a este escenario, y dadas las consideraciones antes señaladas, no observa este Pleno que se haya pretermitido algún trámite esencial que haya conllevado a la indefensión del amparista, máxime cuando es él quien solicita el acto de audiencia en el cual se debate con las partes el levantamiento del secuestro penal, se resuelve su solicitud en primera instancia, luego apela tal decisión y en segunda instancia se confirma la decisión del Juez de Garantías, por lo que, esta M.C. de Justicia coincide con lo planteado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en no conceder el amparo de garantías fundamentales promovido por el licenciado R.A.A.C. en representación de BANISTMO, S.A., pues, no encuentra vulneración de derechos alguno en la resolución de fecha 26 de junio de 2018 expedida en audiencia oral por el Juez de Garantías de la Provincia de C.P.E.G.R. dentro del proceso penal seguido a J.C.P. y GLORIA ESTELA LEE ATENCIO por delito de estafa en perjuicio de A.P..

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 10 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, por medio de la cual NO CONCEDE el Amparo de Garantías Constitucionales promovido por el licenciado R.A.A.C. en representación de Banistmo, S.A. contra el Juez de Garantías de la Provincia de C.P.E.G.R..

    N.,

    HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

    WILFREDO SÁENZ F.-- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR