Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 23 de Octubre de 2019

Ponente:Secundino Mendieta González
Fecha de Resolución:23 de Octubre de 2019
Emisor:Pleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Secundino Mendieta González

Fecha: 23 de octubre de 2019

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 85-19

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al conocimiento del Pleno de esta Corporación de Justicia, la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el Licenciado G.J.M.M. contra el Juez de Garantías de la Provincia de C., por razón de la orden de no hacer adoptada en la audiencia de acusación fechada 2 de octubre de 2018.

Procede el Pleno a emitir la decisión del recurso formulado, previo a lo cual se dejan expuestos los antecedentes del mismo.

  1. Resolución Recurrida

    El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, no admitió la acción de amparo de derechos fundamentales promovida contra el Juez de Garantías de la Provincia de C..

    En lo medular, se dejan expuestas las consideraciones de la resolución apelada:

    "...En el caso que nos ocupa, este Tribunal no infiere, prima facie, que la autoridad judicial acusada haya incurrido en alguno de los supuestos señalados por nuestra máxima corporación de justicia, pues se desprende del disco compacto que contiene el acto atacado, que las razones para no admitir algunos de los medios probatorios aducidos por la representación de la víctima, tuvieron su amplia fundamentación en atención al artículo 30 y siguientes del Código Procesal Penal, tal como lo expone el amparista en su libelo de la acción de garantías propuesto (cfr. Fs.8-9 y 11), por lo tanto, el problema o la temática gravita sobre aspectos netamente legales...

    ...Así las cosas, resulta que esta acción constitucional deviene en inadmisible, reiterando que los temas a ventilar en esta controversia, se apartan de aquellos constitucionales para los que se implementó el amparo de garantías constitucionales..."

  2. Argumentos de la Apelación

    En su escrito de apelación (fs. 23-29), el Defensor de la Víctima señaló que, el procedimiento adoptado por el Juez de Garantías de la Provincia de C., al restringir la oportunidad de aducir pruebas, a la parte querellante adhesiva, no consta en el Código Procesal Penal, por lo tanto, a su juicio, se desconoce la protección judicial que le asiste a la víctima del delito contenida en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con el artículo 8 de misma convención, que tratan sobre las garantías judiciales de la víctima del delito, entre las cuales se encuentra la oportunidad de ser escuchada y proponer pruebas para la determinación de sus derechos.

    Indicó que el fundamento de derecho utilizado por el Juez para negar la oportunidad de aducir pruebas periciales y documentales a la defensa de la víctima fue el artículo 340 del Código Procesal Penal, sin embargo, a su parecer la norma aplicable para la develación de las evidencias de la Defensa de la Víctima es el último párrafo del artículo 346 del Código Procesal Penal que permite develar evidencia presentada por la víctima en la audiencia de acusación, en igualdad de condiciones que el imputado, y en atención al interés superior del menor.

    Manifestó que los elementos de convicción que adujo como prueba, ya estaban en la carpetilla diligenciados en la etapa de investigación, eran elementos conocidos por los demás intervinientes, por lo que según sus conclusiones, solo debían se aducidos, sometidos al contradictorio y a la labor intelectiva del juzgador, lo que no realizó el Juez de Garantías de la Provincia de C. en la presente causa.

    Sostuvo que la Ley 4 de 1981 incorpora al derecho interno la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el principio de igualdad del hombre y la mujer, y la protección a la mujer contra todo acto discriminatorio. A su parecer, que en el caso objeto de estudio se dio una discriminación en perjuicio de la mujer víctima sobreviviente del delito, al quebrantar su derecho a aducir pruebas y permitirle al imputado (hombre) presentar sus pruebas de forma oral en la etapa intermedia.

    Manifestó que a la víctima se le ha dado un trato desigual y; por su circunstancia de pertenecer a un grupo étnico indígena, su condición de pobreza y de ser una niña, queda en estado de vulnerabilidad múltiple de acuerdo a las Reglas de Brasilia. A criterio de su defensa, el Tribunal de Amparo de Garantías Constitucionales debe corregir esta discriminación sufrida, reparar el agravio y permitírsele aducir sus elementos de convicción para ser usados en el juicio oral, debido a la protección que le asiste en condición de vulnerabilidad.

    Explicó el defensor de la víctima que entre las garantías que se tutelan en las acciones de amparo de garantías constitucionales está el debido proceso contenido en el artículo 32 de la Constitución Política y; en la presente causa, se ha menoscabado tal garantía, por la insuficiente motivación del Juez de Garantías de la Provincia de C., re victimizando a la persona afectada con el delito; además señaló que el Juez demandado no citó la norma que prohíbe a la víctima presentar pruebas en el caso de que sólo el Ministerio Público las incorporó en el escrito de acusación; o por medio de querella autónoma.

    Sostuvo el defensor que en el acto de audiencia aludido, le señaló al Juez que limitar la libertad probatoria a la víctima, atentaba contra la justiciabilidad de los derechos de la víctima, la igualdad de armas, era un acto discriminatorio que iba en contra de la tutela judicial especial a favor del niño y; en contra de los derechos tutelados en la Convención de los Derechos del Niño, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y Convención de Belem do Para; sin embargo, a pesar de ello, esto no fue parte de la motivación del Juez de Garantías, al sustentar la decisión que al presente es sometida al control constitucional.

    A juicio del apelante esta deficiencia constituye una violación al debido proceso pues, en el Sistema Penal Acusatorio los jueces deben motivar sus decisiones razonadamente con base en la argumentación que se le provea en el acto de audiencia oral, resolver obviando tales argumentaciones conlleva a una motivación insuficiente, precaria, causa un agravio procesal.

    Finalmente solicita que se revoque la resolución del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y se conceda el Amparo de Garantías Constitucionales.

    Además señaló en el escrito de apelación que se ha fijado fecha de audiencia ante el Tribunal de Juicio para el día 14 de enero de 2018 a las 9:00 A.M., por lo que solicita que se suspenda provisional el acto de audiencia de juicio oral programado hasta que se resuelva la presente demanda de amparo de garantías constitucionales, puesto que a su parecer, si este acto se celebra desaparece la urgencia de evitar el menoscabo de garantías fundamentales que afectan a la víctima del delito.

  3. Consideraciones y Decisión del Pleno

    Expuesta la inconformidad del amparista con la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, así como el fundamento de la decisión recurrida, procede esta Corporación de Justicia a resolver el presente recurso de apelación.

    El apelante señaló su disconformidad con la decisión del Primer Tribunal Superior en no admitir la acción de amparo de garantías constitucionales, puesto que a su juicio, se le menoscabó el derecho a la víctima, al no admitírsele pruebas periciales y documentales, para ser utilizadas en el juicio oral, además que indica que dicha decisión estuvo desprovista de motivación y de valoración de los argumentos planteados por el defensor de la víctima en audiencia, con referencia a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Convención de los Derechos del Niño, Convención de Belem do Para.

    Al respecto esta Máxima Corporación de Justicia estima que la resolución apelada debe ser confirmada conforme a las siguientes consideraciones legales.

    Es dable indicar que detrás de los argumentos sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales, y del menoscabo señalado por la defensa de la víctima al indicar que no se le ha dado la oportunidad de aducir pruebas, se puede determinar que el aspecto que cuestiona el actor en la presente acción son los fundamentos o; el sustento aplicado por el Juez demandado para arribar a la decisión de no admitir las pruebas propuestas por la defensa de la víctima y en las cuales concluye que la parte querellante está adherida a la acusación fiscal y no está actuando de forma autónoma; por esta razón no puede proponer por si misma medios probatorios distintos a los contenidos en el escrito de acusación, ello con fundamento en los artículo 340 del Código Procesal Penal y subsiguientes.

    De los planteamientos antes señalados se infiere que lo que se cuestiona o se ataca en la presente acción, es precisamente la interpretación del Juez de Garantías al decidir lo planteado en el acto de audiencia, específicamente el hecho de que la Defensa de la Víctima, propone pruebas distintas a las ofrecidas por el F. de la causa, a pesar de que éste (Defensor de la Víctima) estaba adherido a la misma acusación presentada por el F.; pruebas que finalmente no admite el Juez de Garantías, con tal decisión a juicio del proponente del presente amparo no se toma en consideración sus argumentos, ni los convenios internaciones que protegen a la víctima del delito, careciendo de motivación.

    Tales consideraciones no son propias de una acción como la que nos ocupa que no está instituida para este tipo de apreciación de aspectos legales en que fundamentó la decisión el juzgador ordinario; además en la presente causa, no se vislumbra por lo menos a prima facie una posible vulneración de garantías fundamentales con los hechos señalados. Esta Máxima Corporación de Justicia ha reiterado en distintos fallos que este aspecto no es objeto de estudio en este tipo de acciones constitucionales (amparo de garantías) ya que esta tiene un carácter extraordinario y está diseñada para aquellas relativas a denuncia o lesión de derechos fundamentales, pues, el Tribunal Constitucional no está constituido como una instancia adicional para debatir asuntos discutidos por los Tribunales ordinarios de justicia.

    Además, a pesar que la acción de amparo de derechos fundamentales no puede ser utilizada para realizar una nueva valoración de las razones o motivos legales en que el Juzgador sustentó su decisión. No obstante, en el caso en estudio no se advierte ninguna de las circunstancias excepcionales que la Corte Suprema ha considerado que puedan dar lugar a que el Tribunal Constitucional proceda al examen de aspectos legales o de la valoración e interpretación jurídica realizada por la autoridad demandada.

    Antes de concluir con respecto a lo planteado por el defensor de la víctima en el sentido de solicitar se revoque la resolución del 19 de diciembre de 2018 proferida por el Primer Tribunal Superior y se admita la presente acción de amparo de garantías constitucionales, debemos dejar claro que si bien el amparo de garantías constitucionales es una acción, que da acceso a toda persona de recurrir ante cualquier acto que considere vulnera sus derechos, como una garantía fundamental, no podemos soslayar que, previo a entrar a estudiar si se concede o no una acción de amparo, tal acción debe cumplir requisitos formales contenidos tanto en las normas de procedimiento (artículo 2619 del Código Judicial) como en la jurisprudencia que se exigen elementos, presupuestos de procedencia los cuales deben acatar las partes y deben cumplirse en la causa, en la cual se pretende recurrir mediante la acción de amparo.

    En ese orden de ideas al remitirnos a la presente causa, en donde como se ha planteado previamente los argumentos expuestos van dirigidos a atacar los aspectos en los que se fundamentó el Juez de Garantías para sustentar la decisión de no admitir las pruebas propuestas por la defensa de la víctima; y en la cual no se observa por lo menos a prima facie una posible vulneración de garantías fundamentales, es dable advertir que con tales señalamientos, no se logra satisfacer los presupuestos de admisibilidad establecidos por la jurisprudencia de esta Máxima Corporación de Justicia, para luego dar el trámite correspondiente a la admisión y proceder al estudio, si se concede o no la acción; es decir, si tal actuación vulnera garantías fundamentales que conlleve a su revocatoria.

    Frente a este escenario, dadas las consideraciones antes señaladas, no se observa por lo menos a prima facie vulneración de derechos, por lo que corresponde es confirmar la resolución de 19 de diciembre de 2018, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a lo que se procede de inmediato.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 19 de diciembre de 2018, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual NO ADMITIÓ la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto contra el Juez de Garantías de la Provincia de C.(.Q., por motivo de la orden de no hacer adoptada en la audiencia de acusación fechada 2 de octubre de 2018.

    N.,

    SECUNDINO MENDIETA GONZÁLEZ

    HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OLMEDO ARROCHA OSORIO -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME.

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)