Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 1 de Junio de 2020

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución 1 de Junio de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 01 de junio de 2020

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 1288-19

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Recurso de Apelación en contra de la Sentencia de Primera Instancia, fechada 26 de noviembre de 2019, emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, interpuesta por la licenciada S.M.V.J., actuando en su condición de Defensora Pública de la Oficina de Asistencia Legal Gratuita para las Víctimas del Delito del Primer Circuito Judicial, en representación de J.A.Q., contra el acto de audiencia celebrado el día 23 de julio de 2019, por el Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro de la Carpetilla No. 201600024888.

Observa esta Superioridad que de fojas 48 a la 59 del presente expediente consta el Recurso de Apelación incoado por la amparista y este se fundamenta en las consideraciones y los hechos siguientes:

"... No compartimos el criterio de primera instancia, al considerar que no escuchar a la víctima no constituye una omisión flagrantemente el debido proceso, soslayando su carácter instrumental para la vigencia material de derechos y garantías del hombre, y es la piedra angular sobre la cual se edifica nuestro sistema procesal, cuyo concepto jurisprudencial trasciende la expresión literal de la norma y ha sido desarrollado por Nuestra Más Alta Corporación de Justicia, en reiterados fallos vertidos sobre la materia, ...

En el caso subjudice, la víctima estaba representada por su abogada querellante, había absoluta inmediación para ofrecer la oportunidad de ser escuchada, pues es a través de la inmediación que la señora Juez de Garantías podía personalmente asegurarse de que la víctima había sido informada y conocía a cabalidad sobre lo debatido, pues este no es una circunstancia que debe presumirse como aseguró la señora Juez, sino constatarse de viva voz de la querellante, ejercitando propiamente del principio de Oralidad.

Más aún, tratándose que el Juez de Garantías ejerce como Juez Constitucional en su accionar, reviste importancia la orientación del proceso penal en apego al respeto a los derechos y garantías constitucionales, pues el Juez quien tiene el deber de ejercitar el Principio de Tutela Judicial Efectiva, reconociendo y aplicando las garantías fundamentales a todos los intervinientes, su incumplimiento traduce la negación del acceso a la justicia y el trato desigual a la víctima como parte del proceso.

CUARTO

.. En tal sentido, no compartimos la decisión de primera instancia de que estas omisiones no constituyen violaciones al Debido Proceso, pues este viene a estar integrado por una pluralidad de garantías, entre otros, La facultad que tiene toda persona de poder ser oído, en donde se asegure su defensa, la bilateralidad de la audiencia y la igualdad de las partes en el proceso". (Ver Fallo de 20 de febrero de 1984, Pleno de la Corte Suprema de Justicia) El resaltado y subrayado es nuestro)

El derecho a ser escuchado, con resguardo constitucional y legal, también tiene tutela convencional a través de un sinnúmero de instrumentos jurídicos internacionales de los cuales la República de Panamá es Parte; bastaría avocarnos a un ejercicio de control convencional para arribar a esa conclusión que pretende ser desconocida. De allí, la instrumentalidad del Debido Proceso, que lleva implícito el reconocimiento una multiplicidad de derechos, entre otros, el de ser oído, el derecho al contradictorio, etc. ..."

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO

Luego de los hechos desarrollados, corresponde decidir el recurso de apelación formulado, para lo cual es necesario revisar la decisión proferida por el A quo.

En este sentido se aprecia de foja 43 a la 46 del presente expediente la Resolución de 26 de noviembre de 2019, en la que en lo medular se resolvió lo siguiente:

... Las objeciones que da el demandante constitucional no trascienden el plano de lo legal, y no se verifica por la exposición que se presenta en la argumentación un daño a algún derecho fundamental del pretensor, y ello porque, como primer fundamento, la ley no concibe el trámite que se reclama al Juez de Garantías, y se observa que la parte querellante se encontraba presente durante la audiencia donde se dieron y decidieron estos actos. (Hecho primero foja 4).

A pesar de que se señala como infracción de ambos actos el debido proceso, no se presenta en el expediente una violación sobre algún derecho constitucional por una actuación arbitraria, pues como se ha dicho, las normas jurídicas no indican que los actos decididos se deban dar con participación de la parte querellante. Tal como el Juez de Garantías lo indica en los apartados citados en el libelo. ...

Expuestas y transcritas las razones de hecho y derecho que avalaron la decisión del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, debemos detallar que en lo medular de la apelación que se analiza el amparista considera que la interpretación y aplicación que le da la Juez de Garantías al artículo 220 del Código Procesal Penal, no es la correcta y está omite darle participación a la víctima durante el desarrollo de la audiencia celebrada el 23 de julio de 2019, dentro la causa penal identificada con la Noticia Criminal No. 201600024888, en lo concerniente al acuerdo de pena y al conceder el reemplazo de penas de cortas en el proceso antes detallado.

Expuesto los principales argumentos que sustentan la apelación del amparista, y contraponiendo los mismos con la decisión del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de fecha 26 de noviembre de 2019, revisadas las piezas procesales que conforman este expediente, en efecto debemos confirmar lo decidido por el Tribunal A quo, puesto que se debe advertir que la pretensión del accionante recae en que se vuelvan a analizar aspectos de índole legal que llevaron al juez de garantías acusado a la toma de su decisión (acto de audiencia celebrada el día 23 de julio de 2019, presidida por la juez de Garantías, licenciada K.M., dentro de la carpeta 201600024888), por lo que al adentrarnos en el análisis de este proceso, nos hemos percatado que no existió violación alguna al debido proceso.

Con base a lo anterior, debemos evaluar los componentes del debido proceso, por lo que citaremos un extracto del Fallo de 04 de mayo de 2015, veamos:

Fallo de 04 de mayo de 2015

"... El debido proceso, como derecho fundamental se encuentra recogido en nuestro ordenamiento constitucional en el artículo 32 que señala: "que nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales y no más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

Este Máximo Tribunal de Justicia, ha manifestado doctrinal y jurisprudencialmente que la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución comprende tres derechos, a saber, el derecho a ser juzgado por autoridad competente; el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales pertinentes; y el derecho a no ser juzgado más de una vez por una misma causa penal, policiva o disciplinaria.

Es de lugar resaltar que la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la República de Panamá mediante Ley No.15 de 28 de octubre de 1977 e integrante del Bloque de la Constitucionalidad, desarrolla en el artículo 8, la garantía del debido proceso de la siguiente manera:

Artículo 8. Garantías Judiciales

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

En este punto también es de lugar hacer mención al procesalista J.F. que destaca, en sus "Instituciones de Derecho Procesal Civil" que la jurisprudencia ha llenado de contenido la garantía del debido proceso, integrado por los derechos que se indican a continuación:

  1. Derecho a la jurisdicción, que consiste en el derecho a la tutela constitucional.

  2. Derecho al Juez natural.

  3. Derecho a ser oído.

  4. Tribunal competente, predeterminado en la ley, independiente e imparcial.

  5. Derecho a aportar pruebas lícitas, relacionadas con el objeto del proceso, y de contradecir las aportadas por la otra parte o por el juez.

  6. Facultad de hacer uso de los medios de impugnación previstos en la ley contra resoluciones judiciales motivadas.

  7. Respeto a la cosa juzgada.

Es así como el debido proceso está constituido por una serie de elementos dirigidos a asegurar la efectiva o adecuada defensa de las partes en el mismo. A estos elementos procesales se refiere el D.A.H. en su obra sobre el debido proceso, al indicar que:

"si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho a aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medio de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de éstas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguirse un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo, desconoce la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional" (HOYOS, A.. El debido proceso. Editorial Temis, S.A., Santa Fé de Bogotá, 1995, págs.89-90). (lo resaltado es del Pleno).

Del extracto de la jurisprudencia antes mencionada, podemos observar que salvaguardar el debido proceso, es indispensable, puesto que esto le garantiza a las partes, igualdad procesal, derecho a aducir pruebas, contradecir los argumentos de la contraparte y hacer uso efectivo de los medios de impugnación permitidos por Ley; en este sentido, al escuchar el CD, que contiene lo decidido por la Juez de Garantías, podemos concluir que su decisión estuvo debidamente motivada y fundamentada en derecho, por lo que lo alegado por la amparista en cuanto a la infracción de los artículo 4, 17, 32 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no tiene asidero jurídico.

Afirmamos esto, pues tal como lo explicó el Tribunal A quo, "Las objeciones que da el demandante constitucional no trascienden el plano de lo legal, y no se verifica por la exposición que se presenta en la argumentación un daño a algún derecho fundamental del pretensor, y ello porque, como primer fundamento, la ley no concibe el trámite que se le reclama al Juez de Garantías, y se observa que la parte querellante se encontraba presente durante la audiencia donde se dieron y decidieron estos actos. (Hecho Primero foja 4. A pesar que se señala como infracción de ambos actos el debido proceso, no se presentan en el expediente una violación sobre algún derecho constitucional por una actuación arbitraria, pues como se ha dicho, las normas jurídicas no indican que los actos decididos se deban dar con participación de la parte querellante. Tal como el Juez de Garantías lo indica en los apartados citados en el libelo. (foja 6)

Este Tribunal Constitucional, considera oportuno citar algunos extractos de fallos que hacen referencia puntual al tema de los acuerdos de pena y la participación de la víctima en estos casos, veamos:

FALLO DE 14 DE DICIEMBRE DE 2018

"... Se entiende entonces que el acuerdo de pena es la manifestación de voluntades con una finalidad de producir efectos jurídicos, y para ello se requiere de la validación por parte del Juez de Garantías o Tribunal de Juicio, dependiendo en qué fase procesal se celebre el acuerdo.

Sobre este punto este Tribunal Constitucional ha sostenido que el acuerdo de pena sugiere una avenencia de voluntades entre las partes para el caso concreto, las partes son el representante del Ministerio Público encargado de la investigación, la persona que ha sido imputada o acusada y su abogado defensor.

En otras palabras, el acuerdo de pena corresponde a la formalización o materialización de un acuerdo voluntario pactado entre los actores, el cual de forma paralela conlleva implícita la terminación del proceso de forma anticipada, es decir, la renuncia a la forma natural del proceso que conlleva una serie de etapas previas a la emisión de la determinación o no de la responsabilidad penal. (Resolución del 15 de enero de 2016, Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia).

Debemos aclarar que si bien, del análisis del artículo 220 del Código Procesal Penal se observa que de acuerdo a su redacción, que en los acuerdos de pena sólo intervienen el fiscal, el imputado y su defensor; en tanto que la víctima del delito no es vinculante para que se dé el acuerdo; debe informársele por ser su derecho, que se ha llegado a un acuerdo de pena, a efecto que ella pueda ejercer su derecho a ser escuchada.

En este sentido si bien la víctima no cuenta con un poder de veto de los acuerdos celebrados entre la F.ía y el imputado, debe ser oída por el F. y por el Juez. Ello con el propósito de lograr una mejor aproximación a los hechos, a sus circunstancias y a la magnitud del agravio, que permite incorporar en el acuerdo, en cuanto sea posible, el interés manifestado por la víctima. Celebrado el acuerdo, la víctima debe ser informada del mismo a fin de que pueda estructurar una intervención ante el juez cuando el acuerdo sea sometido a su aprobación. En la valoración del acuerdo con miras a su aprobación el juez velará porque el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales tanto del imputado o acusado, como de la víctima. ..."

FALLO DE 31 DE MARZO DE 2016

"... Entonces, el Acuerdo de Pena consiste en un arreglo pactado entre el Ministerio Público y el imputado o acusado debidamente representado por su defensor, lo que implica que éste última renuncia al derecho que tiene de someterse al juicio oral, por la aceptación de la imputación o acusación, o parte de ellos, y también acepta la pena a imponer acordada.

Se infiere de la normativa, que el Acuerdo de Pena se realiza, únicamente, entre el Ministerio Público y el imputado o acusado, y no se requiere de la aprobación de la víctima para que se lleve a efectos. Además de ello, el Juzgador debe aprobar dicho Acuerdo y sólo podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales o cuando existan indicios de corrupción o banalidad.

En ese orden, al verificar el acto oral impugnado se observa que el Juzgador aprobó el Acuerdo, pero no le concedió la indemnización de daños y perjuicios a la víctima debidamente representada por un profesional del derecho, bajo el criterio que se trataba de un Acuerdo entre el Ministerio Público y el acusado con su defensor, y tal reclamación podía efectuarse en la jurisdicción civil.

Como viene expuesto en apartados precedentes, las personas que participan en dicho Acuerdo lo son el Ministerio Público y la persona imputada o acusada, en tanto, no se requiere de la aprobación de la víctima para que el Juzgador pueda acceder a ello. Lo que sí no puede desconocerse es la participación de la víctima para que emita su respectiva opinión.

A ese respecto y como derecho comparado, vale citar un párrafo de la Sentencia C-059/10 de 3 de febrero de 2010, de la Corte Constitucional de la República de Colombia:

"La Corte Constitucional ha considerado en materia de acuerdos y preacuerdos lo siguiente (i) la existencia de estas figuras no vulnera, per se, el derecho fundamental al debido proceso; (ii) el fiscal no cuenta con una libertad absoluta al momento de adecuar la conducta punible; (iii) a los hechos invocados en su alegación conclusiva, el fiscal no les puede dar sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal preexistente; (iv) la intervención de las víctimas en los acuerdos y preacuerdos debe ser compatible con los rasgos esenciales del sistema penal de tendencia acusatoria; (v) no existe una necesaria coincidencia de intereses entre la víctima y la F.ía, situación que debe ser tenida en cuenta en materia de preacuerdos; (vi) si bien la víctima no cuenta con un poder de veto de los acuerdos celebrados entre la F.ía y la defensa, tiene derecho a ser oída e informada acerca de su celebración; (vii) en la valoración del acuerdo, el juez velará porque el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales del imputado y de la víctima; y (viii) en determinados casos, el legislador puede restringir o incluso prohibir la celebración de acuerdos o preacuerdos." (Subraya el Pleno) (Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 108, 294, 349 y 454 (parciales) de la Ley 906 de 2004 y el artículo 189 (parcial) de la Ley 1098 de 2006/Sentencia C-059/10 de 3 de febrero de 2010, de la Corte Constitucional de la República de Colombia).

Al revisar el formato de audio y video, se observa que el Juez de Garantías no desconoció la participación de la víctima en el Acuerdo, habida cuenta que le concedió la palabra al abogado querellante, quien reclamó se condenara en abstracto la responsabilidad civil derivada del delito.

No podemos perder de vista lo que realmente implica esta institución. Se trata de un mecanismo procesal para culminar anticipadamente el proceso penal, que involucra al Ministerio Público y al imputado o acusado; esto no implica que le han sido desconocidos los derechos de la víctima, pues a pesar que no es parte en dicho acuerdo, sus derechos y garantías se mantienen intactos. ..."

De los extractos citados, se explica cuál es la participación de la víctima y de los sujetos procesales durante la validación del acuerdo de pena, además, al escuchar el audio que contiene la audiencia en donde se desarrolla el referido acuerdo y se concede el reemplazo de pena en detrimento del señor J.A.Q., dentro de la carpetilla No. 20160002488, hemos podido constatar que la víctima estuvo presente, acompañada en todo momento de su abogada y tuvo la oportunidad de intervenir por petición de la misma, por lo que no se vislumbra una vulneración al debido proceso, ni a las normas alegadas violentadas por la hoy apelante (artículos 32, 4, 17 y 8 de la Constitución Nacional y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos)

En este contexto, los Magistrados que integramos el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, somos del criterio que se debe confirmar lo decido por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, pues no se da la vulneración de los artículos 4, 17 y 32 de la Constitución Nacional, ni del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, alegadas por la amparista, a lo que nos avocamos.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución fechada 26 de noviembre de 2019, emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales, interpuesta por la licenciada S.M.V.J., actuando en su condición de Defensora Pública de la Oficina de Asistencia Legal Gratuita para las Víctimas del Delito del Primer Circuito Judicial, en representación de J.A.Q., contra el acto de audiencia celebrado el día 23 de julio de 2019, por el Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro de la Carpetilla No. 201600024888.

N.,

LUIS RAMÓN FÁBREGA S

MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO (voto razonado) -- C.A.V. REYES -- O.A.O.-.J.E.A.P.C.-.C.C.R.-.M.C.B.-.A. DE LEÓN BATISTA.

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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