Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 10 de Diciembre de 2019

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución10 de Diciembre de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 10 de diciembre de 2019

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 1279-18

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el Recurso de Apelación promovido por el licenciado E.P.H., Defensor Público de San Miguelito, actuando en nombre y representación de E.O.P., contra la Resolución de 22 de octubre de 2018 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se resolvió lo siguiente: "Como corolario de todo lo expuesto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el A. de Garantías Constitucionales incoado por E.O.P. contra la JUEZ DE GARANTÍAS DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, LICENCIADA K.J.."

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Resolución de 22 de octubre de 2018, denegó el A. promovido contra la decisión de la JUEZ DE GARANTÍAS DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, licenciada K.J., tomada en audiencia celebrada el 11 de agosto de 2018, dentro de la carpetilla número 201800008584.

Fundamenta el Tribunal Primario su decisión señalando que, a prima facie pareciera ser que la demanda presentada cumple con los requisitos establecidos en los artículos 2615 y 2619 del Código Judicial, sin embargo, manifiesta que la misma enfrenta una dificultad para su admisión la cual desarrollan a continuación.

Al ser expuestos los hechos en que se sustentan la Demanda de A., el defensor público en representación del Amparista manifiesta que mediante Sentencia N°63 de 9 de agosto de 2016, el Juzgado Primero Municipal del Distrito de San Miguelito declaró penalmente responsables a R.E.S. y A.L.F.C., por el delito de maltrato al niño, niña y adolescentes, en perjuicio de la menor A.A.A.G., condenándolos a la pena de seis (6) meses de prisión, la referida sentencia quedó en firme y ejecutoriada.

En atención a la sentencia descrita se emite Oficio N°102 de 7 de febrero de 2018, a través del cual se ordenó a la Dirección de Investigación Judicial capturar y filiar a órdenes del Sistema Penitenciario a la señora A.L.F.C., y que al negarse la prenombrada a salir de su residencia, la Policía Nacional, mediante Oficio de 8 de febrero de 2018, solicitó "para ello conforme al trámite legal se allanara su residencia", previa orden del F., E.O.P., ahora el Amparista, se ejecutó el 8 de febrero de 2018, diligencia de allanamiento. Luego de realizada la diligencia de allanamiento, el licenciado E.O.P., decidió retirarse del domicilio de la señora A.L.F.C., previo compromiso de ésta de presentarse voluntariamente "ante el despacho judicial o ante el Juez de Cumplimiento".

Durante el acto de audiencia de 14 de agosto de 2018, la Juez demandada admitió la formulación de imputación en contra del F.E.O.P., hoy Amparista, por del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de A.L.F.C., indicando que el Amparista actúo convencido de sus facultades legales y constitucionales y que la figura "delictual" del abuso de autoridad no permite ser analizada desde la perspectiva de un actuar culposo.

Señala además, que la Imputación se encuentra en el Artículo 280 del Código Procesal Penal y que la misma consiste en que ante el Juez de Garantías, el F. le comunicará oralmente al investigado que actualmente se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados. La referida norma señala que la Imputación individualizará al imputado, indicará los hechos relevantes que fundamentan la imputación y enunciará los elementos de conocimiento que la sustentan. Y conforme al Artículo 278 del Código en mención, la audiencia de formulación de la imputación deberá comparecer el F., el defensor y el imputado o acusado.

Agrega que, al examinar los hechos de la demanda de amparo y el concepto de violación de la norma constitucional que se alega infringida, el Tribunal de A. advierte que lo alegado básicamente por el defensor público del Amparista es que los hechos que fundamenta la imputación no pueden constituir delito porque su representado estaba facultado para decretar la diligencia de allanamiento que se realizó y que los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público para formular la imputación "no son idóneos para acreditar un delito ni mucho menos una conducta dolosa por parte del F. Pitti", de manera tal que la Juez demandada no valoró en su justa dimensión los hechos y elementos de convicción enunciados por el Ministerio Público para formular la imputación.

Explica el Tribunal, que al escuchar la audiencia durante la cual se hace la formulación de imputación, advierte que en la misma estuvieron presentes la Juez de Garantías, la F. Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, los querellantes y su representación judicial, los imputados, incluido el Amparista, representado por un defensor público, según lo exige el artículo 278 del Código Judicial. Que la F., al realizar la imputación individualizó a los imputados, indicó los hechos relevantes que fundamentan la imputación y enunció los elementos de conocimiento que sustentan la imputación.

Señala el A - quo que, de acuerdo a las circunstancias descritas, llega a la conclusión que lo pretendido por el activador constitucional es que se examine la interpretación de la Ley y las valoraciones que llevaron a la autoridad demandada a dar por presentada la formulación de imputación del Ministerio Público, lo cual es extraño al Tribunal de A., ya que su función no es emitir un nuevo análisis de la controversia planteada, como si se tratará de una segunda instancia.

Indica que, aunado a lo anterior no correspondía atender o dilucidar en la audiencia de imputación, las alegaciones de la defensa del Amparista para tener por no presentada la misma, ya que tales alegaciones son propias de la fase intermedia, ya que es en la audiencia de acusación, conforme a lo establecido en el Artículo 345 del Código Procesal Penal, que la Juez de Garantías da la palabra a la defensa, al F. y al querellante para alegaciones previas de incompetencia, nulidades y para cualquier incidencia y donde el Juez deberá pronunciarse de inmediato, de forma oral y motivada sobre las alegaciones.

Finalizó manifestando el Tribunal Superior que lo apelado por el defensor público que representa al Amparista en la audiencia de formulación de imputación no podía ser ventilado en dicha audiencia, al no haber sido alegado en el momento oportuno.

Conforme a lo expuesto, concluyó que no tendría sentido admitir la demanda de amparo porque lo alegado no puede ventilarse en la audiencia de formulación de imputación, contemplada en el Artículo 280 del Código Procesal Penal, lo cual deberá ser alegado, ventilado y decidido en audiencia de acusación a que alude el Artículo 345 ibídem.

ARGUMENTOS DEL APELANTE

El licenciado E.R.P.H., Defensor Público de San Miguelito, actuando en nombre y representación de E.O.P., anunció y sustento Recurso de Apelación en contra de la Resolución 22 de octubre de 2018, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no se admite la Acción de A. de Garantías Constitucional interpuesta en contra la actuación judicial de la Juez de Garantías del Segundo Circuito Judicial de Panamá, en acto de audiencia de 14 de agosto de 2018.

Manifiesta el Activador Constitucional que, pasó por alto el Tribunal, la censura que realiza la Defensa al acto cumplido por la Juez de Garantías no gira en torno a su naturaleza, ni sobre la ausencia o no de facultades del Juez para ordenar, sino sobre el hecho que el referido acto se han afectado derechos y garantías fundamentales cumplido con clara vulneración del Derecho al Debido Proceso, en su contenido específico del Derecho a la Defensa y del cumplimiento del Trámite Procedimental establecido en la Ley.

Agrega el Recurrente que los hechos que se le imputan al F.E.O.P., al minuto nueve con treinta (00:09:30), al minuto veintisiete con veintisiete (00:27:27), constituyen apreciaciones subjetivas que no encuentran cabida en el contenido de los presuntos elementos de convicción y evidencias anotadas, para configurar el trámite legal establecido en el Artículo 280 del Código de Procedimiento Penal, ya que se indica de antemano que se ordenó de manera "arbitraria e ilícita" la captura de una procesada, con sentencia penal en firme y requerida para ser puesta a órdenes del Sistema Penitenciario, lo cual fue tramitado por el Sistema Penitenciario, verificada la situación jurídica de la señora F.C..

Indica el A. que resulta evidente que lo imputado no es un hecho jurídicamente relevante, ya que reflejan objetivamente que un funcionario púbico, es el presente caso el F.E.O.P., en ejercicio de sus facultades legales, realizó una diligencia de allanamiento de acuerdo a mandato constitucional, según lo preceptuado en el Artículo 220 numeral 2 de la Constitución Política.

Arguye el Activador Constitucional que lo anterior se trata de un procedimiento establecido legal y constitucionalmente en donde la Policía Nacional le solicita, en un proceso del Sistema Inquisitivo, a la F. de Descarga, un allanamiento para la captura de A.L.F.C., ordenada por un Tribunal Jurisdiccional, lo que implica un deber de promover el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada, tal como lo ordena el Artículo 17 de la Constitución Política, que preceptúa que las autoridades están instituidas para proteger, así como para cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Refiere que en acto de audiencia de imputación, presentados los hechos relevantes que sustentan su petición, la Juez no verificó los elementos que conforman el tipo penal imputado, según lo establecido en el Artículo 355 del Código Penal, siendo admitida en contra del F.E.P., a pesar de que su actuar se encuentra conforme al principio de constitucionalización del proceso y trámite legal, como una actuación establecida y facultado por mandato de la Constitución Nacional.

Señala además el A. que resulta evidente que cada uno de los elementos de convicción invocando el Artículo 280 del Código de Procedimiento Penal, no acreditan la comisión de un hecho jurídicamente relevante que se enmarque dentro del tipo penal propuesto. Lo anterior refiriéndose a que la práctica de una diligencia propia del cargo del F.E.P., que se observa dentro del marco legal y constitucional.

A juicio del Amparista en el desarrollo de la imputación en contra del F.E.P. se sustentó que no era competente para realizar el allanamiento y que por ello había incurrido en abuso de autoridad, indicando como elementos de convicción, el escrito de querella presentado por el licenciado G.B. en representación suya y de los señores R.S. y A.L.F., condenados por el proceso que da origen al oficio de captura, decreto de nombramiento del F.E.P., el acta de diligencia de allanamiento de 8 de febrero de 2018, oficio de 8 de febrero de 2018 de la Policía Nacional donde solicita el allanamiento, evaluaciones de la familia S.F. en UPAVIT, copia autenticada del expediente del maltrato al menor del Juzgado Municipal de San Miguelito, resolución de Habeas Corpus de 28 de febrero de 2018, reporte de correspondencia de oficio 102 de 9 de febrero de 2018, y que según el Amparista no son elementos de convicción en base a lo establecido en el Artículo 280 del Código de Procedimiento Penal.

Refiere que, de mantenerse la orden impugnada sometería a su representado a un proceso por un hecho delictivo que no constituye delito, contrariando el debido proceso y el principio de presunción de inocencia, infringiéndose de manera directa el Artículo 32 de la Constitución Política, el cual contiene entre sus postulados el derecho fundamental a que el juzgamiento o su trámite se lleve a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley, ya que se dio por presentada una imputación que a criterio del Amparista produce efectos negativos en las garantías fundamentales, ya que da paso a la posibilidad de restricciones personales y patrimoniales para el indiciado.

Solicita que se revoque la decisión del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y en consecuencia, se admita y conceda el A. de Garantías Constitucionales, contra la decisión de tener formulada la imputación en contra de E.O.P., por el supuesto delito de Abuso de Autoridad.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

En esta etapa procesal, corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la Acción Constitucional que nos ocupa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 54 de la Constitución Nacional y los artículos 2615, 2616 y 2619 del Código Judicial, así como de lo expresado por la Jurisprudencia de esta Máxima Corporación de Justicia.

Dentro del caso en estudio, esta Corporación de Justicia observa que la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales se interpone contra un Acto, según el cual, al decir del A., vulnera o lesiona derechos o garantías consagrados en la Constitución. Igualmente se consignó el nombre del S. que impartió el Acto, los hechos en los cuales se fundamenta la pretensión constitucional y las normas constitucionales supuestamente infringidas.

En ese orden de ideas, se advierte como Acto atacado la Resolución de 22 de octubre de 2018 emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no se admite la Acción de A. de Garantías Constitucionales incoada por el licenciado E.P.H., Defensor Público de San Miguelito, actuando en nombre y representación de E.O.P., en contra de la Juez de Garantías del Segundo Circuito Judicial de Panamá, licenciada K.J..

Al respecto, el Primer Tribunal Superior manifestó que, en virtud de las circunstancias descritas concluyó que lo pretendido por el Activador Constitucional es que se examine la interpretación de la Ley y las valoraciones que llevaron a la autoridad demandada a dar por presentada la formulación de imputación del Ministerio Público, lo cual a consideración del Tribunal resulta extraño ya que su función no es emitir un nuevo análisis de la controversia planteada, como si fuera el caso de una segunda instancia.

Por su parte, el recurrente señala que de mantenerse la orden impugnada someterían a su representado a un proceso que no se constituye en delito, infringiendo el debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Al darse la imputación se producirían efectos negativos en las garantías fundamentales, ya que se daría paso a limitaciones personales y patrimoniales del indiciado, a pesar de que no se configuran elementos del tipo penal y evidencias enunciadas necesarias y congruentes para proceder con la etapa procesal correspondiente.

Luego de una revisión de las constancias procesales y el Acto atacado, se observa que el A. pretende que este Tribunal Constitucional se constituya en una instancia más dentro del Proceso ante la decisión no satisfactoria en relación a la formulación de imputación acogida por la Juez de Garantías en acto de audiencias celebrado el 14 de agosto de 2018 dentro de la Carpetilla N°201800008584.

Resulta de importancia señalar que, el Pleno de esta Corporación de Justicia estima que de las constancias se advierte que dicho acto no vislumbra la posible vulneración de derechos fundamentales en contra del Recurrente, ya que, sin entrar en consideraciones de fondo, la admisión de la formulación de imputación por parte de la Juez de Garantías cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 340 del Código Procesal Penal y siguientes el cual trata sobre la Audiencia de Formulación de Acusación.

Si bien esta Superioridad ha hecho una excepción a la regla conforme a la cual el A. de Garantías Constitucionales no está configurado para que se vuelva a efectuar una valoración probatoria o para verificar que la aplicación o interpretación de la Ley por parte del funcionario demandado, dicha posibilidad tiene lugar únicamente en los casos en que se ha violado un derecho o una garantía fundamental. Sobre este tema, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012), indicó lo siguiente:

... la jurisprudencia ha hecho una excepción a la regla conforme a la cual el amparo no está indicado para que se vuelva a efectuar una valoración probatoria o para verificar que la aplicación o interpretación de la ley por parte del juez ordinario haya sido correcta. Esa excepción tiene lugar en aquellos casos en los que se ha violado un derecho o garantía fundamentalpor razón de una sentencia arbitraria o por una sentencia que está falta de motivación o que se haya realizado una motivación insuficiente o deficiente argumentación (Cfr. Sentencia de 21 de noviembre de 2011) o cuando se trate de una sentencia en la que se aprecie una evidente mala valoración o no apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión(Cfr. Sentencia de 4 de julio de 2012) o cuando se trate de una sentencia en la que se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la ley, siempre que, se reitera, se afecte con una de dichas sentencias un derecho o garantía fundamental. (Destaca el Pleno de la Corte)

...

Hechas las consideraciones anteriores, este Tribunal Constitucional concluye que la iniciativa constitucional bajo examen no reúne las condiciones para su admisibilidad y en ese sentido debe pronunciarse.

Por tanto, el Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia comparte la decisión del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de no admitir la Acción de A. de Garantías Constitucionales, por las consideraciones expuestas anteriormente.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución del 22 de octubre de dos mil dieciocho (2018), expedida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual NO ADMITE la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado E.P.H., Defensor Público de San Miguelito, actuando en nombre y representación del señor E.O.P., contra la Juez de Garantías del Segundo Distrito Judicial, licenciada K.J..

N. y D..

OLMEDO ARROCHA OSORIO

JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS - CECILIO CEDALISE RIQUELME - SECUNDINO MENDIETA G. (Abstención de Voto) - H.A.D.-.L.R.F.S.-.J.E.M.E.-.A.R.D.C.A.A.Z..

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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