Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 23 de Octubre de 2019

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución23 de Octubre de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: P.

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 23 de octubre de 2019

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 743-19

VISTOS:

La firma forense R.C. y Asociados, actuando en nombre y representación de D.J.D.S., ha interpuesto Recurso de Apelación contra la Resolución de veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve (2019), emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual no se admite el A. de Garantías Constitucionales incoado en contra del Auto No. 244 de 15 de marzo de 2017 y del Auto No. 496 de 27 de abril de 2017, ambos emitidos por el Juzgado Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

EL AMPARO DE GARANTÍAS FUNDAMENTALES

Narra el amparista que su mandante, el señor D.J.D.S., fue elegido como Diputado Suplente para el período del 1 de julio de 2014 hasta el 30 de junio de 2019.

En los hechos que fundamentan la presente acción constitucional, indica que a los Diputados y S. no se les puede cautelar sus bienes sin autorización del P. de la Corte Suprema de Justicia; según su consideración, es el caso del Diputado R.A. y de su Suplente D.J.D.S..

Manifiesta que mediante el Auto No. 244 de 15 de marzo de 2017 y Auto No. 496 de 27 de abril de 2017, el Juez demandado, decretó embargo Judicial sin previa autorización del P. de la Corte Suprema de Justicia, sobre dos (2) fincas de propiedad de A.D.M., representado por su hijo el Diputado Suplente D.J.D.S., de quien es apoderado general, lo cual consta en el Poder General que se encuentra inscrito en el Registro Público, mediante Escritura Pública No. 24874 de 9 de septiembre de 2016 en la Notaría Pública No. 12 de Panamá.

Señala que con el embargo efectuado sobre los bienes de su mandante se viola su inmunidad patrimonial parlamentaria; sin embargo, el funcionario demandado por intermedio del alguacil ejecutor, ordenó la venta en subasta pública de las fincas descritas anteriormente, pese a que tal embargo viola el artículo 155 de la Constitución Política de Panamá, al no contar con la autorización del P. de la Corte Suprema de Justicia.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

Correspondió al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá conocer en primera instancia el presente negocio constitucional. Dicha Autoridad decidió mediante Resolución de 21 de junio de 2019, no admitir la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la firma forense R.C. y Asociados, actuando en nombre y representación de D.J.D.S., en contra del Auto No. 244 de 15 de marzo de 2017 y del Auto No. 496 de 27 de abril de 2017, emitidos por el Juzgado Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

Explica que en las resoluciones que se pretenden atacar a través de la presente vía, no existe elemento alguno que les permita determinar que la Acción de Garantías Constitucionales fue presentada dentro de los tres meses que exige la jurisprudencia nacional, respecto a la existencia de la gravedad e inminencia del daño.

Expone que transcurrieron más de tres meses desde que fueron emitidas las resoluciones, respecto a la presentación del A. de Garantías Constitucionales, acarreando con ello que, los actos en cuestión, estén desprovistos de la gravedad e inminencia del daño, condición o requisito necesario para dar cabida a una acción constitucional.

Manifiesta que una de las características que deben revestir las órdenes susceptibles de ser atacadas a través de un amparo, es que por la gravedad e inminencia del daño que representan, requieran de una revocación inmediata y que una orden es grave e inminente cuando no han transcurrido más de tres meses a partir de la emisión, notificación, comunicación o publicación de la orden atacada; por lo anterior, considera que no hay elemento alguno que les permita determinar que la acción fue presentada dentro de dicho término, ya que el amparista se notificó del Auto No. 244 de 15 de marzo de 2017, el 22 de mayo de 2018.

Señala que de conformidad con el artículo 2619 del Código Judicial, el libelo de amparo debe contener, además de los requisitos comunes a todas las demandas, las que en dicho precepto legal se enlistan, las cuales son: mención expresa de la orden impugnada, nombre del servidor público que la impartió, hechos en que se funda la pretensión y las garantías fundamentales infringidas y el concepto en que han sido infringidas; no obstante, expone que de la lectura del libelo del amparo, el accionante únicamente hace referencia de los autos impugnados sin mencionar mayores detalles y se hace mención de los artículos constitucionales infringidos (32, 54 y 155 de la Constitución Nacional), pero no se evidencia en la demanda de amparo, ningún concepto o referencia respecto a las infracciones.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La firma forense R.C. y Asociados, ha interpuesto Recurso de Apelación en contra de la Sentencia de 21 de junio de 2019, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá, en virtud de la cual no admite la Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta por el diputado Suplente D.J.D.S. en contra del Juez Quinto del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, Licenciado J.B.M., al considerarla extemporánea al haber sido presentada luego de transcurrir más de tres (3) meses con respecto a la fecha de los Autos de Embargo No. 244 de 15 de marzo de 2017 y 496 de 27 de abril de 2017, ambos proferidos por el Juzgado Quinto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Esboza que disiente de la Sentencia de 30 de septiembre de 2015 proferida por el P. de la Corte Suprema de Justicia, debido a que a su consideración no se relaciona con el derecho fundamental violado a un Diputado Suplente de la República de Panamá, como lo es D.J.D.S., y cuya vulneración de tal derecho fundamental reconocido en el artículo 155 de la Constitución Política de Panamá, no se extingue en tres (3) meses pues la vulneración constitucional persiste en el tiempo y tiene que ser saneada por medio de la demanda constitucional de la referencia o por medio del Recurso de Apelación, ya que a su juicio el daño causado es de tal magnitud que se mantiene en el tiempo de forma continua hasta tanto no se restablezcan sus derechos fundamentales.

Agrega, que el Tribunal Primario, no observó que en el párrafo segundo de su demanda constitucional se establecido en forma clara y precisa que el juez demandado cauteló bienes inmuebles del señor A.D.M., representado por su apoderado general, D.J.D.S., a pesar de que goza de fuero legislativo de tipo patrimonial, hasta el 30 de junio de 2019 como se comprobó en el certificado expedido por el S. General de la Asamblea de Diputados.

El amparista, ahora recurrente, expone que en el tercer párrafo de la demanda constitucional expresó los motivos de la infracción cometida por el juez demandado en lo referente al artículo 155 de la Constitución Nacional; añade a ello, que los hechos de la demanda constituyen motivos relevantes de la infracción causada.

Solicita que previa revocatoria de la Sentencia impugnada se revoquen el Auto No. 244 de 15 de marzo de 2017 y el Auto No. 496 de 27 de abril de 2017, proferidos por el juez demandado.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Habiéndose cumplido el trámite correspondiente, entra el P. de la Corte Suprema de Justicia a considerar el Recurso de Apelación presentado contra la Resolución de veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve (2019), emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que contiene la no admisión de la Acción de A. de Garantías Constitucionales que ocupa nuestro estudio en esta ocasión.

En el caso que nos ocupa, el amparista-recurrente, nos expone su disconformidad con la decisión del a quo, manifestando que la vulneración del derecho fundamental que establece el artículo 155 de la Constitución Nacional no se extingue en tres meses ya que tal vulneración constitucional tiene que ser saneada ya sea por el A. interpuesto o por la presente apelación, debido a que el daño causado a su mandante se mantiene en el tiempo de forma continua hasta tanto no se restablezcan sus derechos fundamentales.

Este P., en reiteradas ocasiones ha señalado que toda Acción de A. de Garantías Constitucionales, constituye o está dirigida a ser guardiana de los derechos fundamentales que la Constitución contempla, así como los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Panameño; pero para que esos derechos sean protegidos por el Tribunal Constitucional, la acción presentada debe establecer una auténtica violación de una norma constitucional.

Sobre estos puntos ya se ha pronunciado esta Corporación de Justicia, en sede de amparo, refiriéndose a las posibles vulneraciones de los derechos constitucionales, explicando que es necesario:

  1. Que exista gravedad e inminencia del daño. Esto implica que, por regla general, no deben haber transcurrido más de tres meses entre el momento en que se le notificó o tuvo conocimiento el amparista del acto impugnado y la presentación del amparo.

  2. Que no sea manifiestamente improcedente. Lo anterior implica que el acto impugnado debe presentar al menos la apariencia de vulnerar o lesionar derechos fundamentales tutelados por la Constitución que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere una revocación inmediata. Esto implica que, en el amparo no se pueden discutir temas de estricta legalidad, sino la vulneración de derechos fundamentales potencialmente afectados.

  3. Que en los casos de resoluciones judiciales se haya agotado los recursos ordinarios para la impugnación del acto, salvo que la vulneración de los derechos fundamentales sea de tal gravedad o flagrancia que la no admisión del amparo permita que se ocasione un daño imposible o muy difícil de reparar.

Ahora bien, al verificar el cumplimiento de los elementos de admisibilidad en la presente demanda constitucional nos encontramos que le asiste razón al Tribunal Primario cuando considera que no se ha demostrado que existe gravedad e inminencia del daño; esto es porque las resoluciones demandadas en Sede Constitucional, en el presente caso, están revestidas de las siguientes características: Primero, ambas resoluciones fueron emitidas en el año 2017; segundo, el Auto No. 496 de 27 de abril de 2017, es conexo al Auto No. 244 de 15 de marzo de 2017, ya que adiciona datos omitidos en este último; y tercero, el Auto No. 244 de 15 de marzo de 2017, fue notificado al amparista-recurrente el 22 el mayo de 2018 y el Auto No. 496 de 27 de abril de 2017, no mantiene constancia de notificación. Entonces, vemos que la demanda constitucional fue interpuesta en junio de 2019, habiendo transcurrido un plazo razonable desde el momento en que se tuvo conocimiento de la emisión de las resoluciones en cuestión.

En relación a este tema, la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia ha señalado que cuando la Acción haya sido interpuesta fuera del plazo razonable para ello, se denota la falta de urgencia e inminencia en la protección de los derechos constitucionales invocados, debido a que desaparece el elemento de urgencia requerido para la admisión de la demanda de amparo. En función de lo anterior, se establecen tres (3) meses como mecanismo de calificación para determinar si se cumple con este requisito de admisibilidad previsto en el artículo 2615 del Código Judicial.

Sobre este punto, el autor R.A.E.M., al referirse a la gravedad e inminencia del daño, nos expone:

"Uno de los elementos fundamentales del amparo, es la existencia de un daño grave e inminente, que requiere una revocación inmediata, "el concepto de inminencia refleja la calidad de algo que amenaza o está para suceder prontamente. Por su parte, gravedad supone una importancia extrema. Analizados estos conceptos en el contexto del artículo 2606 (hoy 2615), se desprende que solamente son susceptibles de atacarse a través de la vía procesal de A. aquellas órdenes que cumpliendo con los otros requisitos exigidos, representan un daño cercano, sobreviviente, no un daño remoto o que ya hubiese surtido sus efectos" (Acciones y Recursos Extraordinarios Manual Teórico Práctico, Panamá, 1999; editorial M.&.P., S.A., 299 p., Pág. 47)

Al respecto, este P., ha sumado copiosa jurisprudencia como la que a continuación exponemos:

"Con respecto a este requisito legal el P. de la Corte, ha contemplado como base un término razonable de tres meses, contados a partir de la notificación, comunicación, publicación o ejecutoría del acto impugnado, para la interposición de la acción de amparo de garantías constitucionales, en virtud de la gravedad o inminencia del daño causado o a causarse a la persona que estima le han sido violado sus derechos fundamentales. De manera que pasado en demasía este tiempo prudencial, se tiene como que ha desaparecido o por no evidenciado el elemento gravedad e inminencia del daño.

En ese orden de ideas, en el caso que nos ocupa, se aprecia que el acto impugnado vía amparo se dictó el 9 de febrero de 2011, siendo notificado al apoderado judicial (mismo que interpone el amparo en estudio), el 17 de febrero de 2011. Sobre el particular, salta a la vista que desde el momento en que se notifica el acto, a la fecha de presentación delamparo que nos ocupa, es decir 3 de marzo de 2012, ha transcurrido más de un año, sobrepasando en demasía en plazo de tres meses contemplado por esta Corporación de Justicia, como término razonable para la interposición de las demandas de amparo, tomando como requisito indispensable la gravedad e inminencia del daño". (Fallo de fecha 31 de agosto de 2012, bajo ponencia del Mag. L.R.F.S.)

"Por otra parte, se observa que la orden atacada, contenida en la Resolución calendada 28 de abril de 2010, fue notificada el día 12 de abril de 2011, tomando como fundamento el artículo 1020 del Código Judicial, mientras que la demanda de A. de Garantías Fundamentales fue presentada el 2 de agosto del año en curso, es decir, 3 meses y 20 días después de ejecutoriada la citada resolución, hecho del cual se advierte que la orden atacada adolece de la gravedad e inminenciadel daño que exige la ley - conditio sine qua non- para la admisión de éstos procesos, tal como lo ha explicado esta Alta Corporación de Justicia..." (Fallo de 12 de enero de 2012, bajo ponencia del Mag. H.A.D.)

Es muy importante resaltar que, dicho término jurisprudencialmente definido, no es absoluto, ya que este P. ha admitido A.s de Derechos Fundamentales fuera del plazo de tres (3) meses, cuando la inacción obedece a motivos determinables ajenos al control del accionante, y que éste los acredite, demostrando que persiste la afectación, lesión, alteración, amenaza o restricción de algún derecho fundamental. (Cfr. Sentencia del P. de 28 de abril de 2010).

La lectura del libelo del presente A., permite comprobar que el hoy recurrente no hizo alusión a ninguna circunstancia de trascendencia que justifique por qué no promovió su acción dentro de un lapso de tiempo razonable, evidenciándose la falta de urgencia en la necesidad de protección de los derechos constitucionales, al invocar este mecanismo de tutela de los derechos fundamentales.

Consideramos oportuno mencionar entonces, lo que sobre la materia ha plasmado la jurisprudencia:

"...de lo anterior se desprende también que no es suficiente (aunque sí necesario) que persista la afectación, lesión, alteración, amenaza o restricción del derecho fundamental del amparista, sino que es indispensable que la no presentación del A. en el plazo de los tres meses obedezca a motivos que seriamente puedan determinarse que son ajenos al control del recurrente; y en ese sentido, es éste quien debe justificar y brindar las razones que, estando fuera de su control, le impidieron presentar esta acción constitucional dentro del plazo de los tres meses, sin embargo en este caso el actor constitucional, no estableció tal situación, ni en el escrito de A., ni en el de apelación.

Aclarado lo anterior, resulta que de lo argumentado por el actor constitucional, este Tribunal de A. no logra encuadrar la situación concreta en uno de los supuestos en los que es posible ignorar el plazo razonable para la presentación de la acción de tutela, aunado al hecho que se trata de una resolución debidamente motivada, producto de un proceso valorativo por el que se llegó desde los hechos acreditados a partir de las pruebas de cargo, a la convicción judicial en que se soporta dicha condena, la cual fue confirmada por un Tribunal Superior.

Lo descrito, lleva a esta Corporación de Justicia, como Tribunal Constitucional en segunda instancia a concluir, que la presente acción de tutela de derechos y garantías fundamentales, no puede ser admitida, toda vez que, no se evidencia una posible violación de los derechos fundamentales del amparista, que posibiliten su admisión, en los términos antes señalados."

(Recurso de Apelación interpuesto dentro de la Acción de A. de Garantías Constitucionales. Magistrado Ponente: A.A.Z.. 12 de octubre de 2018)

(El Subrayado y resaltado es del P.)

En otro orden de ideas, tenemos a bien señalar que de la lectura del libelo de demanda constitucional se colige que el amparista-recurrente, D.J.D.S., ostenta poder general sobre los bienes de su padre, el señor A.D.M. y que a pesar de ello se han violado sus garantías constitucionales ya que la Autoridad demandada embargó y dispuso la venta judicial de bienes de propiedad de su padre, el señor A.D.M., siendo su hijo su apoderado general y gozando de fuero económico en virtud de su condición de Diputado Suplente.

Sobre el particular y sin entrar en consideraciones de fondo, nos resulta viable manifestar que la condición de aforado que tendría el Diputado Suplente, no es transferible a terceras personas y el hecho de que el señor D.J.D.S., sea mandatario de un tercero, en este caso de su progenitor, no le da la virtud de transferencia del aforo ni tampoco le es extensible a sus familiares.

Aunado a lo anterior, vemos que en la presente acción constitucional se manifiesta la posible vulneración del patrimonio de un aforado, garantía contenida en el artículo 155 de la Constitución Nacional; sobre el particular, a modo de docencia, tenemos a bien manifestar que este aforo se refiere a "secuestro o a otra medida cautelar sobre su patrimonio" y no a embargos como ha manifestado el ampartista. Al respecto, se ha de indicar que el secuestro y demás medidas cautelares son medidas preventivas, mientras que el embargo se da en fase de ejecución; "El secuestro es el efecto de la pretensión cautelar; el embargo inicia la fase de ejecución" (Medidas Cautelares, J.F.P., Ediciones Jurídicas G.I., 1998, pág. 179-180)

Debe recordarse que el amparo de derechos fundamentales no es una institución ordinaria y por esta vía sólo es posible verificar trámites o revisar procedimientos en la medida que impliquen la vulneración de disposiciones constitucionales que consagren derechos fundamentales, que hayan podido violentarse con el acto impugnado; es decir, que por esta vía Constitucional lo que se pretende es proteger posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de los individuos frente a todo tipo de actos, siempre que tales actos puedan ser susceptibles de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho previsto en la Constitución Nacional.

En virtud de lo anterior, deben cumplirse con todos los elementos a los que se refieren las normas procesales que tratan la materia, es por ello que compartimos el análisis realizado por el A quo, cuando señala que a pesar de que se hace mención de las normas constitucionales que se acusan de infringidas, no se desarrolla el concepto de la infracción, realizando el ejercicio básico de confrontar el acto demandado con las normas constitucionales; y es que esto es elemental en el libelo de Demanda de A. de Garantías Constitucionales, para que el Tribunal Constitucional pueda vislumbrar con claridad el daño grave e inminente que la actuación del juzgador ha causado a las garantías fundamentales de quien se declara afectado. Esto es, porque debe existir una correlación entre el daño causado y la o las garantías constitucionales que se estimen tutelar.

Por otra parte, el amparista-recurrente no pone de manifiesto la impugnación de la orden demandada por la vía ordinaria ni deja constancia de que se ejerciese alguna actuación tendiente a anular, levantar o dejar sin efecto lo ordenado por el Juez demandado, omitiendo este elemento de admisibilidad de los A.s de Garantías Constitucionales; característica ineludible de esta demanda extraordinaria que le da la excepcionalidad requerida y la distingue, con el afán de no convertirla en una instancia más de los procesos.

Dicho esto, este Tribunal Constitucional es del criterio que dentro de la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales lo procedente es confirmar la decisión recurrida, ya que coincidimos con el A quo, en que no se cumplen los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 2615 y subsiguientes del Código Judicial y no encontramos que se configure una posible violación de derechos fundamentales inherentes al amparista.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve (2019), emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual NO ADMITE el A. de Garantías Constitucionales incoado en contra del Auto No. 244 de 15 de marzo de 2017 y del Auto No. 496 de 27 de abril de 2017, ambos emitidos por el Juzgado Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

N. y D..

OLMEDO ARROCHA OSORIO

JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- SECUNDINO MENDIETA G. - HARRY A. DÍAZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA S. - JERÓNIMO E. MEJÍA E. - ANGELA RUSSO DE CEDEÑO - ABEL AUGUSTO ZAMORANO

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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