Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 27 de Agosto de 2019

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución27 de Agosto de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 27 de agosto de 2019

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 453-19

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia del Recurso de Apelación promovido por la firma forense BATISTA, ORTEGA & ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de la sociedad anónima denominada PERRO VIEJO, INC., contra la Resolución de 25 de marzo de 2019 proferida por el Primer Tribunal Superior, mediante la cual se resolvió lo siguiente:

"...por lo expuesto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la sociedad PERRO VIEJO INC., (cesionaria de ALTO VOLCAN S.A.) en contra del Juzgado Decimoséptimo de Circuito, del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil."

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

Correspondió al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial conocer en Primera Instancia del presente negocio constitucional y mediante

Resolución fechada 25 de marzo de 2019, no concedió la Acción Constitucional, por considerar que no se ha violentado la garantía procesal citada, y motiva su posición señalando que "...erradamente el amparista hace alusión a que la resolución atacada se enmarca en el contenido del artículo 1079 del Código Judicial; no obstante, dicha norma contempla una resolución distinta a la que es objeto de análisis, ya que la misma hace alusión al Auto que debe dictarse para aprobar la liquidación final de costas y gastos que realiza el Secretario Judicial, una vez concluye todo el proceso y luego de dictada la Sentencia que resuelve el fondo de la controversia, la cual sí es susceptible de recurso de apelación en el efecto diferido...";

A. que el Auto N°1656 de 5 de octubre de 2017 emitido por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Distrito Judicial, se enmarca dentro del contenido del artículo 1038 del Código Judicial y que el mismo obedece a la existencia de una resolución debidamente ejecutoriada en la cual se condenó a la sociedad ALTO VOLCÁN, S. al pago de US$ 131,000.00 en concepto de costas, en virtud del desistimiento de la pretensión presentada y debidamente admitido por el Tribunal.

Luego de exponer su análisis y consideraciones con relación a la demanda constitucional toma la decisión de no conceder el A. de Garantías Constitucionales ya que todo el procedimiento llevado a cabo dentro del expediente, se enmarca en las actuaciones propias de este tipo de trámite y además es del criterio de que tampoco se ha vulnerado el principio de la doble instancia ya que la resolución demandada no admite recurso de apelación.

Por último, indica que no existe violación a la tutela judicial efectiva toda vez que se evidencia que se han utilizado todos los recursos permitidos por Ley a fin de salvaguardar los derechos de la sociedad ALTO VOLCÁN, S.

SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN

La firma forense BATISTA, ORTEGA & ASOCIADOS, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión tomada por el Primer Tribunal Superior mediante resolución de 25 de marzo de 2019 y entre sus descargos expone lo solicitado en la demanda de A. de Garantías Constitucionales señalando los hechos en los que se sustenta su acción constitucional.

Señala que en el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil quedó radicada una demanda ordinaria instaurada por ALTO VOLCÁN, S. en contra de SUNSET POINT INC. y otros, en la cual se solicitó la emisión jurisdiccional de múltiples declaraciones.

Indica que ALTO VOLCÁN, S., cedió a PERRO VIEJO INC., el crédito litigioso relacionado a la demanda descrita en el párrafo anterior, transferencia que fue admitida por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial.

Manifiesta que a pesar de que el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil, reconoció la cesión, admitió una solicitud de desistimiento de la pretensión presentada por quien decía ser el representante legal de ALTO VOLCÁN, S., mediante Auto N°1717 de 27 de diciembre de 2013; en dicha resolución también se condenó a la parte demandante, es decir a ALTO VOLCÁN, S., al pago de costas por la suma de US$ 131,000.00. Esta decisión fue recurrida y el Primer Tribunal Superior la confirmó mediante resolución de 16 de agosto de 2017.

Señala que luego de esto y de manera prematura el licenciado MARIO FONSECA IMENDIA, actuando en nombre de las demandadas denunció bienes de ALTO VOLCÁN, S. para su embargo y considera que ese no era el trámite que correspondía. Expone que la ejecución de las costas impuestas en el Auto N°1717 de 27 de diciembre de 2013 fue acogida mediante Auto N°1656 de 5 de octubre de 2017, decretándose embargo sobre determinados bienes de ALTO VOLCÁN, S.

Nos narra que en contra del Auto N°1656 de 5 de octubre de 2017, anunciaron y sustentaron recurso de apelación basando su impugnación en el hecho de que se había obviado el trámite de liquidación de costas y gastos, resolución que a su entender es susceptible de apelación, en atención a lo dispuesto en el artículo 1079 del Código Judicial y en virtud de que la resolución atacada ordena la ejecución de un acto que imprime tramitación, decisión apelable conforme al artículo 1139 del Código Judicial.

Explica que la Autoridad Demandada emitió el Auto N°127 de 23 de enero de 2018 mediante el cual no concedió el Recurso de Apelación interpuesto en contra del Auto N°1656 de 5 de octubre de 2017, motivo por el cual ha interpuesto demanda constitucional por considerar que se ha desconocido el derecho de impugnación, de la doble instancia, de una tutela judicial efectiva y de respeto al procedimiento por ser normas de orden público a las que tiene derecho su mandante.

Luego de expuestas sus consideraciones solicita que se revoque la resolución de 25 de marzo de 2019 emitida por el Primer Tribunal Superior y en consecuencia, se ordene la admisión del A. de Garantías Constitucionales que ha propuesto en contra del acto que considera violatorio al debido proceso contenido en el Auto N°127 de 23 de enero de 2018 dictado por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial.

INTERVENCIÓN DE TERCERO INTERESADO Y OPOSICIÓN A LA APELACIÓN

El licenciado MARIO FONSECA IMENDIA, ingresa a la presente demanda constitucional como tercero interesado y solicita que sea rechazada de plano el presente A. de Garantías Constitucionales por considerar que el amparista no es litigante en el proceso que se encuentra radicado en el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, en el que ALTO VOLCÁN, S. demandó a SUNSET POINT INC, y otros.

Manifiesta que los hechos expuestos por el activista constitucional están tergiversados porque al momento del desistimiento no existía cesión de derechos; además manifiesta que ninguna de las normas acusadas fueron infringidas.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Examinado el criterio del Tribunal a-quo, los argumentos de la parte recurrente y del Tercero Interesado procede el Pleno de esta Corporación de Justicia a resolver la alzada.

En la Demanda de A. bajo estudio se advierte que el Acto atacado lo constituye el Auto N°127 de 23 de enero de 2018 emitido por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial en el cual se resolvió lo siguiente:

...por lo antes expuesto, la suscrita JUEZ DECIMOSÉPTIMA DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, SUPLENTE ESPECIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de PERRO VIEJO INC. (CESIONARIA DE ALTO VOLCAN, S.) contra el Auto N° 1656 de 05 de octubre de 2017, proferido dentro del Proceso Ordinario promovido por ALTO VOLCAN, S. contra M-TEK LATIN AMERICAN, INC., DEJELIN BOCAS INC., SUNSET PINT, INC. MARIO FONSECA INMEDIA, M.F.L., J.M., M.S. (USUAL) O W.M.S. (LEGAL), J.R.H., FUNDACIÓN ANAMAT, PUNTA VOLCAN DEVELOPMENT CORP., RHB FIVE INC., D.E.M., INMOBILIARIA ITAGUI, S. Y J.J.L....

Adentrándonos al estudio de la resolución censurada, observamos que la Autoridad demandada en sede constitucional motiva la misma señalando entre otras cosas lo siguiente:

"...debemos recordar que en nuestro sistema procesal, sólo pueden ser objeto del recurso ordinario de apelación las resoluciones que figuran, expresamente señaladas, como apelables por el Código Judicial.

De allí que, en materia de apelación, la enumeración que contiene el Artículo 1131 del Código Judicial es taxativa o "números clausus", ya que fuera de éstas, serán únicamente apelables aquellos supuestos especiales en el cual la ley ha dispuesto que son impugnables, específicamente por este recurso de apelación.

De la actuación que surge en autos, es ostensible que la resolución que resuelve la ejecución y decreta embargo, no ésta incluida en el catálogo de resoluciones que permiten ser apeladas, por lo que no puede ser concedido el recurso..."

Del estudio de los antecedentes que acompañan esta acción constitucional, observamos que contra el Auto N°127 de 23 de enero de 2018 emitido por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial se interpuso Recurso de Hecho, el cual fue tramitado, analizado y resuelto por el Primer Tribunal Superior mediante resolución de 12 de abril de 2018 (fjs.1046 a 1052 de ant.) que decidió no concederlo considerando que el Auto N°1656 de 5 de octubre de 2017, que se pretendía impugnar, libra ejecución de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1038 del Código Judicial por lo que al tenor de esta norma esa resolución no es apelable.

Son apelables las sentencias, las resoluciones que las normas así lo dispongan y las resoluciones dictadas en primera instancia a las que se refiere el artículo 1131 del Código Judicial; en virtud de lo anterior, le corresponde al Tribunal primario resolver sobre la concesión del recurso considerando si el mismo es procedente o no conforme a su naturaleza; en el caso que nos ocupa, la decisión tomada en el acto demandando se ajusta a lo establecido en las normas de procedimiento concernientes a la tramitación de los Recursos de Apelación (artículo 1137 Código Judicial) y resulta bien motivada toda vez que lo que se pretendía impugnar (Auto N°1656 de 05 de octubre de 2017) era la ejecución de un embargo que tiene su génesis en el incumplimiento por parte de ALTO VOLCÁN, S. en el pago de las costas impuestas en primera y segunda instancia, como consecuencia del desistimiento de la pretensión admitida y debidamente ejecutoriada mediante Auto N°1717 de 27 de diciembre de 2013, actuación que no es recurrible a la luz de lo dispuesto en el artículo 1038 del Código Judicial.

En el Auto N°1656 de 05 de octubre de 2017, el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial resolvió lo siguiente:

"...en mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe, JUEZ DECIMOSÉPTIMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, Suplente Especial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: LIBRA EJECUCIÓN a favor de M-TEK LATIN AMERICAN, INC., DEJELIN BOCAS INC., SUNSET PINT, INC. MARIO FONSECA INMEDIA, M.F.L., J.M., M.S. (USUAL) O W.M.S. (LEGAL), J.R.H., FUNDACIÓN ANAMAT, PUNTA VOLCAN DEVELOPMENT CORP., RHB FIVE INC., D.E.M., INMOBILIARIA ITAGUI, S. Y J.J.L. contra ALTO VOLCAN, S. por la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS BALBOAS CON VEINTICINCO CENTECIMOS (B/.146,336.25), la cual incluye las costas de ejecución.

En consecuencia, DECRETA EMBARGO en contra de ALTO VOLCAN, S., hasta la concurrencia de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS BALBOAS CON VEINTICINCO CENTESIMOS (B/ 146,336.25) sobre: la suma de dinero que se encuentre consignada en el Banco Nacional referente al Certificado de Deposito (sic) Judicial N° 020110000009629 del 16 de agosto del 2011, aportado en el Cuadernillo de Secuestro y sobre el Inmueble Boquerón, Código de Ubicación 4205, folio Real N°59253(F), corregimiento de Paraíso, Distrito de Boquerón; Provincia de Chiriquí, inscrita a documento R.6., propiedad de ALTO VOLCAN, S., en las oficinas del Registro Público. ..."

De los antecedentes extraemos que la resolución precitada se funda en la denuncia de bienes y solicitud de embargo (fj. 1023 ant.) realizada por las demandadas a fin de que ALTO VOLCÁN, S. cumpliera con la orden de pagar las costas impuestas como consecuencia del desistimiento. Esta gestión la hace viable lo normado en el artículo 1038 del Código Judicial que establece entre otras cosas que "...en estas ejecuciones la parte condenada sólo podrá oponer la alegación de que la resolución ha sido invalidada o cumplida..." que es precisamente lo que cimienta la decisión de no conceder la apelación que se resuelve en el Auto N°127 de 23 de enero de 2018.

El amparista-recurrente manifiesta que el Auto N°1656 de 05 de octubre de 2017 es susceptible de apelación en atención a lo dispuesto en el artículo 1079 del Código Judicial que es del tenor siguiente:

"Artículo 1079. El secretario del juzgado de primera instancia, hará liquidación general de todas las costas que se hayan ocasionado en el curso del proceso, salvo las que se hubieren hecho efectivas y las que se estén cobrando en cuaderno separado. El juez examinará esa liquidación y la aprobará o la rectificará si estuviere errada, pero no podrá variar las tasaciones aprobadas por el superior, salvo en simples yerros aritméticos. La resolución que dicte es apelable en el efecto diferido. La liquidación de costas hecha por el secretario y aprobada o modificada por el juez, presta mérito ejecutivo y pueden cobrarse por este proceso o bien unirse a la obligación reconocida en la decisión, para hacerlas efectivas bajo una sola ejecución."

Con relación a este criterio esbozado por el amparista, consideramos que le asiste razón al a quo cuando indica que el accionante constitucional incurre en un yerro al considerar que el Auto N°1656 de 05 de octubre de 2017 se ajusta a lo establecido en la norma precitada. Compartimos esta opinión toda vez que la resolución en cuestión libra ejecución y decreta embargo en contra de ALTO VOLCÁN, S., por las costas que adeuda a las demandadas, mas no establece la liquidación de costas del proceso. Una cosa es que se ordene la ejecución y embargo de bienes para el cumplimiento de un mandamiento ejecutivo y otra muy distinta es el establecimiento de la liquidación final de gastos y costas que debe realizar el Secretario Judicial una vez culminado un litigio.

En este mismo orden de ideas y con el ánimo de ampliar las consideraciones del Tribunal primario manifestamos que discrepamos de lo expuesto en el hecho sexto de la demanda constitucional cuando el amparista señala que "...se ha obviado un trámite indispensable establecido en la Ley, como lo es la liquidación general de costas y gastos,..."; lo anterior, a la luz de lo dispuesto en el artículo 1042 del Código Judicial que es del tenor siguiente:

Artículo 1042. Si una resolución contuviera condenación al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida podrá procederse a hacer efectiva la primera, sin necesidad de esperar a que se liquide la segunda.

De la norma citada se colige que la ejecución de la que trata el Auto N°1656 de 05 de octubre de 2017 no necesita como pre requisito la liquidación de costas y gastos del proceso, no siendo esta última una condición exigible para que se haga efectiva la primera.

En virtud de lo expuesto, consideramos que la decisión tomada en el Auto 127 de 23 de enero de 2018 se ajusta a derecho y no vulnera ninguna norma constitucional que lesione las garantías fundamentales ni de ALTO VOLCÁN, S. ni de la amparista.

Del recuento de la actividad procesal que se vislumbra en los antecedentes que acompañan esta demanda constitucional, se puede corroborar que la accionante ha aprovechado todas las oportunidades procesales que la Ley le consiente a fin de exponer su disconformidad contra el Auto N°1656 de 5 de octubre de 2017 y el Auto N°127 de 23 de enero de 2018 con lo que se evidencia que no se ha restringido a ALTO VOLCÁN, S. el derecho que le asiste a la impugnación, a la doble instancia y a una tutela judicial efectiva.

El Pleno, en reiteradas ocasiones ha expresado que la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política de Panamá, comprende tres derechos, a saber, el derecho a ser juzgado por autoridad competente; el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales pertinentes; y el derecho a no ser juzgado más de una vez por una misma causa penal, policiva o disciplinaria. La garantía del debido proceso, tiene una consolidada existencia en nuestro Estado de Derecho, como institución fundamental garantizadora de los derechos fundamentales, en toda nuestras Cartas Constitucionales, y ha sido objeto de copiosísima jurisprudencia por parte de este Pleno. Consiste, como ha puntualizado el M.A.H., en "...una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos...". (HOYOS, A.. El Debido Proceso, E.. Temis, S., Bogotá, 1996, pág. 54).

En virtud de lo anterior expuesto, resulta prudente manifestar al amparista-recurrente que la acción constitucional debe implicar una violación al debido proceso que evidencie y advierta una posible trascendencia negativa que imposibilite ejercer facultades procesales y que en consecuencia, vulnere garantías constitucionales; en este sentido esta Corporación de Justicia ha emitido pronunciamientos señalando sobre la violación al debido proceso que "...únicamente ocurre cuando se desconocen o pretermiten trámites esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes" (Fallo del Pleno de la Corte Suprema de 21 de agosto de 2008, G.C.A. en contra del IFARHU); tales situaciones corresponde al accionante manifestarlas a fin de que sea objeto de estudio en sede constitucional, pero en el caso que nos ocupa no se nos ha planteado una afectación palpable que por su gravedad e inminencia vulnere las garantías fundamentales de ALTO VOLCÁN, S. ni de PERRO VIEJO INC. como cesionaria de los créditos litigiosos de ALTO VOLCÁN, S. por lo que consideramos que le asiste razón al Tribunal A quo en el criterio esbozado en la resolución impugnada.

Hechas las consideraciones anteriores, esta Superioridad estima que lo procedente es confirmar la Resolución del 25 de marzo del 2019 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y no conceder la Acción de A. propuesta por la firma forense BATISTA, ORTEGA & ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de la sociedad anónima denominada PERRO VIEJO, INC.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia de A. de Garantías Constitucionales de fecha 25 de marzo del 2019 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no concedió el A. de Garantías Constitucionales promovido por la firma forense BATISTA, ORTEGA & ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de la sociedad anónima denominada PERRO VIEJO, INC.

N. y D..

OLMEDO ARROCHA OSORIO

JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS - CECILIO CEDALISE RIQUELME - HERNÁN A. DE LEÓN B.-.H.A.D.-.L.R.F.S.-.J.E.M.E.-.A.R.D.C.-.A.A.Z..

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)