Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Febrero de 2021

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución24 de Febrero de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 24 de febrero de 2021

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 660-2020

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el Recurso de Apelación interpuesto por la Firma Forense Vega &.Á., actuando en nombre y representación del señor R.L.P., contra la Resolución de 14 de agosto de 2020, mediante la cual el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, NO CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Resolución de 13 de julio de 2020, emitida por la Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, la Licenciada G.C.G.G. que a través de la citada resolución autorizó la Diligencia de Allanamiento y Registro a la Finca No. 11393, ubicada en la comunidad de Cerro Blanco, corregimiento de las Huacas, distrito de Río de Jesús, provincia de Veraguas, propiedad del amparista.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA.

Correspondió al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial conocer en Primera Instancia del presente negocio constitucional. Dicho Tribunal, mediante Resolución fechada 14 de agosto de 2020, dispuso no conceder la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por la Firma Forense Vega &.Á., actuando en nombre y representación del señor R.L.P., por considerar que la funcionaria demandada no incurrió en vulneración de los derechos a la intimidad, inviolabilidad del domicilio, y el debido proceso del señor R.L.P., por cuanto la intromisión a su domicilio, ya que se dio por mandato escrito de una autoridad competente, y para fines específicos, por lo que a criterio del Tribunal Superior no se puede pretender la revocatoria de una orden que se reviste de legalidad.

SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN

Consta de fojas 52 a 56 del cuadernillo de Amparo que la Firma Forense Vega &.Á., actuando en nombre y representación del señor R.L.P., anunció en tiempo oportuno Recurso de Apelación contra la Resolución del 14 de agosto de 2020, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el cual le fue concedido en el efecto suspensivo mediante la Providencia del veintiséis (26) de agosto de dos mil veinte (2020).

El recurrente indica que la decisión atacada, de forma errada afirma que al Juez de Garantías en ese rol de control jurisdiccional del allanamiento, únicamente le incumbe la emisión de una mera "autorización" de verificación de los requisitos de los artículos 293, 296 y 297 del Código de Procedimiento Penal, en una especie de "verificador", con lo que sugiere que los requisitos constitucionales de los artículos 26 y 29 de la Carta Magna, en cuanto a los fines específicos, objeto de la diligencia y "otros aspectos", está en manos y a discreción unilateral y absoluta del peticionario del allanamiento (Fiscal) y no del Juez que decide, posición que a criterio del amparista, representa un evidente "retroceso" con clara inclinación a las teorías y prácticas del sistema penal inquisitivo o mixto.

Agrega, que el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial olvida "que en esta vía de amparo y en la efectiva realización del principio de constitucionalización (sic) del proceso penal, la discusión debe partir por la revisión de los preceptos constitucionales invocados y no limitarse al exclusivo examen - de paso restrictivo- de los preceptos legales, lectura que además omite la regla de interpretación contenida en el artículo 1 del Código Procesal Penal, en cuanto a la imperiosa aplicación de los principios enunciados en los artículos 2 y 3 del mismo texto procesal (convencionalidad, constitucionalización, debido proceso, entre otros)."

Por otro lado, arguye el Activador Constitucional que en atención al amparo, "es obligatorio someterse a la revisión de los artículos 26 y 29 de la Constitución (en concordancia al artículo 32) para confrontar la actuación acusada. En esa línea, lo expedido por el Juzgado de Garantías en cuanto a los allanamientos y cualquier otra forma de intromisión a la intimidad y privacidad, tiene que ubicarse en la categoría de "mandato" escrito que exige dichas disposiciones superiores y no minimizarla a una mera "autorización" basados solamente en la lectura literal de las disposiciones legales inferiores (art. 293, 296 y 297 c.p.p.) en ánimo de liberar a la juez de garantías de las obligaciones que le imponen las normativas constitucionales en cuanto al allanamiento y registro. Es este el primer yerro en que incurre el tribunal de instancia al minimizar la jerarquía de la orden demandada y con ello trasladar exclusivamente al fiscal peticionario, la responsabilidad constitucional que le es inherente al juez de garantías."

Por último expone, lo siguiente: "No dudamos de la celeridad con que debe ser atendido un petitorio de allanamiento, pero celeridad no se debe traducir jamás en ausencia de control judicial. De ser así, la función del juez resulta irrelevante e innecesaria"

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Examinado el criterio del Tribunal A quo, al igual que los argumentos de la parte recurrente, procede el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a resolver la alzada.

Como se ha indicado, el Recurso de Apelación que nos ocupa es en contra de la Resolución del 14 de agosto de 2020, mediante la cual el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial resolvió no conceder la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, promovida por la Firma Forense Vega &.Á., actuando en nombre y representación del señor R.L.P., contra la Resolución de 13 de julio de 2020, emitida por la Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, la Licenciada G.C.G.G.

De las constancias procesales se observa que lo atacado a través de la Acción de Amparo, radica en lo decidido por la Juez de Garantías al autorizar la Diligencia de Allanamiento y Registro a la Finca No. 11393, ubicada en la comunidad de Cerro Blanco, corregimiento de las Huacas, distrito de Río de Jesús, provincia de Veraguas, propiedad del amparista.

A juicio del activador Constitucional, la orden emitida por la Juez de Garantías, que autoriza el allanamiento, constituye en una ostensible vulneración directa por omisión, de normas constitucionales (artículos 26, 29 y 32 de la Constitución Política), toda vez que, se autorizó la incursión domiciliaria, el examen y retención de comunicaciones privadas, en cumplimiento de una orden defectuosa, escueta y ambigua, que estaba dirigida a ubicar y recuperar el arma de fuego marca Tavor, modelo X95, con el seriado 43806730, que reposa en la armería del SENAFRONT, situación que era de conocimiento pleno del Fiscal peticionario.

El recurrente indica, que al autorizarse la búsqueda de forma genérica, pasó a ser indeterminada, presuponiendo un modo de desatención de las exigencias de la norma constitucional que condiciona la orden de allanamiento a fines específicos, sumado a que ésta se extendió a las comunicaciones del señor R.L.P., sin que pueda apreciarse en la redacción, un mínimo de motivación razonada y suficiente, como elemento integrante y exigible de toda resolución judicial, en atención al principio del debido proceso legal.

En este orden, observa esta Superioridad, que el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial mediante Resolución del 27 de julio del 2020, requirió a la funcionaria demandada la actuación, o en su defecto, un informe acerca de los hechos, materia del recurso. Por lo que, la Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá (En Turno), Licenciada T.M., remitió al Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, actuaciones como la copia de la solicitud de allanamiento instaurada por el F.J.Ó.D.C., de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada; así como la autorización de allanamiento suscrita por la Licenciada G.G. con fecha 13 de julio del 2020.

En lo medular de la solicitud de autorización de allanamiento, efectuada por el F.J.Ó.D.C. a la Juez de Garantías, se expone lo siguiente:

"DELITO:

· Contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos.

Identificación/ ubicación y descripción del lugar a registrar: (artículo 26 de la Constitución Política de Panamá, Art. 293 y 296 C.P.P.)

· Practicar Diligencia de Allanamiento y Registro, provincia de Veraguas, Distrito de Rio de Jesús, Corregimiento de las Huacas, comunidad de cerro Banco Finca con número de folio 11393

· FINALIDAD:ubicar las armas de fuego que se encuentran relacionadas al delito Contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos, de documentos, teléfonos celulares, sim cards, memorias de almacenamiento, computadoras y cualquier otro tipo de elemento tecnológico que almacene información o comunicaciones, ya que dichos elementos tecnológicos pueden ,mantener información o comunicaciones que puedan dar con otras personas posiblemente vinculadas al hecho y ayude a acreditar el delito en estudio o bien la vinculación o no del indicador R.L.P., con (sic) cedula de identidad personal No. 9-141-569.

MOTIVOS (indique de manera clara y detallada los motivos o razones para realizar la actividad)

· Este despacho adelanta actos de investigación dentro de la carpetilla 201900014171, por la comisión del delito CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA, en la modalidad de Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos, hecho investigado de Oficio, en la cual se recibe Nota 109 DNIP/UNESIS-2019, de fecha 11 de marzo de 2019, remitida por (sic) Jefe de la Unidad Especial de Informaciones Sensitivas, quien pone en conocimiento que el día 9 de marzo del año en curso, una unidad bajo su cargo recibe información delicada consistente sobre ciertas actividades que se dieron o se están dando en el país, consideradas como Tráfico Internacional de Armas de Guerra, armas que llegaron al país para algún estamento de seguridad del Estado, pero las mismas fueron registradas por medio de algún mecanismo de falsificación a personas naturales.

Consta informe de información obtenida fechada 09-03-2019, a las 11:00 horas, suscrita por un investigador de la Unidad Especial de Informaciones Sensitivas, quien plasma en su informe haber recibido una información de una fuente la cual no da a conocer su identidad por temor a represalias y por su propia seguridad y la de su familia, el mismo le da a conocer información delicada sobre ciertas actividades que se dieron o se están dando en nuestro país, que considera es Tráfico Internacional de Armas. Esta fuente proporciona varias series de armas de guerra que según tiene conocimiento llegaron al país, posiblemente para algún estamento de seguridad del Estado, pero fueron registradas por medio de algún mecanismo de falsificación a personas naturales.

El investigador plasmó en su informe que las armas de guerra que el colaborador le brindó son de la marca IWI, con las siguientes series: 43806725, 43806731, 43806726, 43806735, 43806727, 44104184, 43806730, 44104183; Por (sic) último el investigador puso en conocimiento de la fuente sobre la figura del testigo protegido, sin embargo este (sic) le manifestó que por lo peligroso que es y a lo que se dedica esta Organización Criminal, deseaba continuar en el anonimato y que de obtener más información la estaría proporcionando.

Consta diligencia judicial en la Dirección Nacional de Armamento de la Policía Nacional, en la cual se solicitó información relacionada a las series de armas de fuego: 43806725, 43806731, 43806726, 43806735, 43806727, 44104184, 43806730, 44104183, en la cual se pudo obtener el nombre de una sociedad anónima, posiblemente relacionada a la importación de las series arribas mencionadas las cuales se detallan:

...

Se obtuvo la Nota DIASP-1264-2015, del 23 de diciembre de 2015, procedente de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública, dirigida al Director de la Policía Nacional OMAR PINZÓN, en la cual le solicitó que dos (2) de las armas relacionadas a la investigación 44104184 y 44104183, junto a cinco (5) armas más (B061896, B071135, B082692, B063273 y B098368), fueran almacenadas en la Dirección Nacional de Armamento, indicando que dichas armas habían ingresado a territorio nacional mediante un Certificado de Usuario Final, emitido por el Servicio Nacional de Fronteras, comprobándose de esta manera la información con la que inicia esta investigación y a la vez aumentando el número de armas de fuego vinculadas al caso, lo cual quedarían (sic) así:

...

Se cuenta con copia del Certificado de Usuario Final No. SNF-DAE-DC-167-14, del 14 de abril de 2014, emitido por el Servicio Nacional de Fronteras, firmado por el Director General F.A.A., en el cual se lee lo siguiente:

'Nosotros certificamos que somos usuario final para los artículos/productos mencionados a continuación con el único propósito de uso exclusivo del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Nos comprometemos a no vender, entregar o transferir a terceros bajo ninguna circunstancia (excluyendo al proveedor Israel) que sea ni de manera temporal ni permanente los temas o productos mencionados abajo, al igual que o integrado en otro sistema o parte de esto, incluyendo los equipos y/o piezas de repuesto entregados por el Servicio técnico de apoyo, documentación y manuales de operación, sin la previa aprobación por escrito del Gobierno de Israel'

...

Contamos con copia del oficio No. 103/DAM/2016, del 21 de abril de 2016, en el cual J.Q., J. del Departamento de Armas y Municiones de la Dirección Institucional de Seguridad Publica, solicita al Sub Comisionado CASTO RAMOS, Director Nacional de Armamento, de la Policía Nacional, el apoyo para retirar del depósito de "Horoko", las armas que detalla y menciona a personas que posteriormente fueron vinculadas a la investigación, dentro de la descripción de las armas de fuego que se mencionan en ese oficio se detectaron cinco (5) de las que ya previamente habían sido vinculadas a la investigación (44104184, B061896, B071135, B082692 y B098368); además describen seis (6) armas adicionales (B685585, B681107, B685557, B681100, B685559 y B685511) de las ya identificadas lo cual aumentaría a 20 la cantidad de armas relacionadas a la investigación a saber.

...

El arma de fuego con serie 43806731, la cual como ya se ha indicado entró al país mediante Certificado de Usuario Final No. SNF-DAE-DC-167-14, del 14 de abril de 2014, emitido por el Servicio Nacional de Fronteras, firmado por el Director General F.A.A., terminó siendo registrada a título personal en la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Publica, a nombre de O.A.P.M..

Dos (2) de las armas del primer grupo de ocho (8), que dieron pie al inicio de la investigación, aparecen en la nota 668/DIASP/DPA/2016, del 20 de mayo de 2016, en donde J.Q., J. del Departamento de Permiso de Armas de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública, le solicita al Sub Comisionado Casto Ramos, el apoyo a fin de retirar las armas de fuego e indica que las mismas son propiedad de J.L.J., aun cuando existe una nota donde acredita que las mismas entraron a suelo panameño mediante la emisión de un Certificado de Usuario Final del Servicio Nacional de Frontera, estas armas son las 43806735 y 44104183, y efectivamente estas armas fueron registradas en la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Publica a nombre del señor J.L.J..

De la Dirección Nacional de Armamento de la Policía Nacional se retiraron cinco (5) armas de fuego, dos (2) de las cuales guardan relación con la investigación (430806725 y 43806726), para esto se presentaron ordenes de Retiro emitidas por la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Publica, aun cuando éstas armas de fuego como ya se ha dicho entraron al territorio nacional mediante la emisión de un Certificado de Usuario Final del Servicio Nacional de Fronteras; de igual manera en esta acta de retiro se observan tres (3) armas (B946973,B947009 y B946958) que guardan relación con la investigación lo cual aumenta a veintitrés (23) la cantidad de armas con irregularidades.

...

De la Dirección Nacional de Armamento de la Policía Nacional, se retiró el arma de fuego 43806727, con la Orden de Retiro No.003, indicando que la misma es propiedad de Aerotécnica de Panamá, junto a esta arma, que se ha acreditado que entró al país mediante la emisión de un Certificado de Usuario Final del Servicio Nacional de Frontera, fueron retiradas (2) armas más, las cuales se Constató que guardan relación con la investigación, siendo estas las identificadas con la serie B681109 y B676260, lo cual aumenta a veinticinco (25) la cantidad de armas investigadas.

...

El señor F.A.A.M., siendo Director General del Servicio Nacional de Fronteras emitió un Certificado de Usuario Final, identificado con el (sic) número SNF/DAE/167-14, del 14 de abril de 2014, a fin de obtener ocho armas de fuego de la marca CZ, en dicho documento se lee lo siguiente:

...

En efecto las ocho armas de fuego, fueron adquiridas e introducidas al país, por medio de la empresa Aerotécnica de Panamá, y entraron a la armería del Servicio Nacional de Fronteras, tal como consta en la nota SNF/DG/DEAR/64-16, fechada 2 de febrero de 2016, firmada por el D.F.A., en dicha nota, aun cuando estas armas entraron al país para uso exclusivo del Servicio Nacional de Fronteras, le entrega seis (6) de estas armas de fuego, incluida la identificada con la serie 43806730, al señor J.B..

Consta la nota de la empresa ADEPSA, dirigida a la Policía Nacional, firmada por J.B., R.L. de Aerotécnica de Panamá, S.A., donde remite al Despacho de la Policía Nacional seis (6) fusiles Tavor, que se mantenían en la Armería Central de Summit en calidad de muestra, los cuales son identificadas con las series 4380627, 43806730, 43806731, 43806735 y 43806725; este documento fue recibido en la Dirección Nacional de Armamento, el día 7 de abril de 2016.

Posteriormente esta arma de fuego con serie 43806725, fue retirada del Departamento de Armas y Municiones Comerciales, mediante Orden de Retiro No. 048 del 1 de abril de 2016, firmado por el Director de ese entonces L.Z., y se indica que la finalidad del retiro es el registro de la misma a nombre de F.A.A., con cedula de identidad personal No. 8-236-1213, quien es la misma persona que firmó el Certificado de Usuario Final para la adquisición de las 8 armas de fuego incluyendo la identificada con el número de serie 43806725 y que debían de ser de uso exclusivo para el Servicio Nacional (sic) Aeronaval.

En esta misma línea vemos que la Dirección Nacional en Asuntos de Seguridad Publica, emite la Orden de Retiro No. 0045, del 22 de marzo de 2016, firmada por el entonces D.L.Z., en la cual autoriza a AEROTECNICA DE PANAMA, S.A., para efectuar el RETIRO del Almacén Oficial de Depósitos de la Policia Nacional del arma de fuego 43806730; a fin de realizar los trámites de registro ante la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Publica, a nombre de R.L.P., aun cuando se tiene conocimiento que el arma en mención entró a suelo panameño para uso exclusivo del Servicio Nacional de Fronteras.

Luego el día 19 de mayo del 2016, la Dirección Nacional de Armamento, mediante el recibo de entrega No. RAPB-02-D.N.A. 16, certifica que se retiran del Departamento de Armas y Municiones Comerciales, las armas de fuego siguientes: 43806730, 43806735, 44104183.

Aun cuando esta arma de fuego 43806730 entró a territorio panameño, mediante la emisión de un Certificado de Usuario Final emitido por el Servicio Nacional de Fronteras, para uso exclusivo de ese estamento, el señor R.L.P., adjunta a su solicitud de registro, una factura comercial de la empresa Aerotécnica de Panamá, en donde J.B. le vende al señor L.P., el arma de fuego tipo fusil tavor, con serie 43806730, por la suma de un balboa con siete centavos (B/.1.07).

El arma de fuego solicitada para su registro con serie 43806730, por R.L.P., fue incluida en el Certificado de Tenencia de Arma de Fuego identificado con número 04480, el día 4 de mayo de 2016; aun al hecho de que fue incluida en este Certificado de tenencia de Arma de Fuego, La Dirección Institucional mediante la Nota DIAPS055-2020, del 7 de enero de 2020, indica que el arma de fuego con serie 43806730, no se mantiene registrada en la base de datos de la institución.

Consta la Nota 5866/DIASP/2017, del 14 de noviembre de 2017, emitida por la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Publica, dirigida a C.H., a fin de remitirle el arma que describe de la siguiente forma "Fusil de Asalto, modelo X95, marca IWI, calibre 5.56X45 (arma de guerra), serie No. 43806730" a fin de que fuera incluido formalmente en el inventario del Servicio Nacional de Fronteras.

En contraste con lo anterior, y siendo que de manera documental el arma de fuego entró a la armería del Servicio Nacional de Fronteras, la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Publica, nos remite copia autenticada del F. de solicitud para permiso para portar arma de fuego, a nombre de R.L.P., con cedula de identidad personal No. 57-103, fechado 16 de marzo del 2018 (nótese posterior a la supuesta entrega del arma en el Servicio Nacional de Fronteras), y el arma de la cual solicitó permiso es el fusil, marca IWI, con número de serie 43806730.

Esta investigación ha arrojado información, que da cuenta de la entrada de otras armas de fuego por territorio nacional en la misma modalidad de emisión de Certificados de Usuarios Finales, por estamentos de seguridad, en tiempo de prohibición de importación de armas de fuego, de las cuales se cuenta con sus números de serie y características, y se está a la espera de documentación que acredite la relación de las mismas a particulares.

Según lo recabado por esta Agencia de Instrucción se ha determinado que una empresa privada Aerotécnica de Panamá, estuvo ingresando numerosas armas de fuego a territorio nacional en tiempo de prohibición de importación de armas de fuego (Veda), utilizando para tal fin, la participación activa de colaboradores con altos cargos de los estamentos de seguridad del Estado, quienes emitían Certificados de Usuarios Finales, en los cuales como sea visto en líneas arriba, se indica expresamente que las armas introducidas al país serían para uso exclusivo del estamento de seguridad solicitante y no para ser registradas a nombres de particulares, sin embargo, una vez estas armas de fuego ingresaban al estamento correspondiente, eran remitidas al Departamento de Armas y Municiones Comerciales, de la Dirección Nacional de Armamentos de la Policía Nacional, departamento que tiene como función primordial almacenar y custodiar armas que están destinadas al comercio.

...

Por lo anterior, resulta excepcional, necesaria y proporcional la solicitud, atendiendo a la gravedad del hecho investigado, ya que se trata de delito CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA, en la modalidad de POSESIÓN Y TRÁFICO DE ARMAS Y EXPLOSIVOS, en la que se encuentran en peligro un bien jurídico tutelado que es la SEGURIDAD COLECTIVA; aun cuando nos encontramos en una etapa de investigación de manera incipiente, corre el peligro de la perdida de indicios y objeto del delito, debido a que se han filtrado a los medios de comunicación, información de carácter reservada relacionada a la carpetilla 201900014171; de igual forma esta investigación se da por la posible comisión de delito de Tráfico Internacional de Armas de Fuego, las cuales revisten un carácter único, debido a que, las armas de fuego detectadas, que han estado entrando a territorio nacional en tiempo de prohibición de importación de armas de fuego (veda), lo hicieron mediante la utilización de los estamentos de seguridad de la República de Panamá, y han sido destinadas a particulares.

También se hace necesario mencionar que éste es un delito TRANSNACIONAL, como lo estipula la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS (PROTOCOLO DE PALERMO AÑO 2000), siendo uno de estos protocolos, RESOLUCIÓN 55/255 de la Asamblea General, de 31 de mayo de 2001, Protocolo Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que nuestra Legislación Panameña acoge este protocolo mediante la LEY No. 23 DE JULIO DE 2004 y por ello se crea la LEY 57 DEL 27 DE MAYO DE 2011, GENERAL DE ARMAS FUEGO, MUNICIONES Y MATERIALES RELACIONADOS, al igual que este delito se encuentra en el catálogo de delitos tipificados como DELINCUENCIA ORGANIZADA, mediante la LEY 121 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. Todo esto, en estricto cumplimiento del ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.

Todo esto, en fundamento en lo establecido en el ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, que versa sobre competencia para actuaciones inmediatas.

Respaldo probatorio de los motivos citados en el numeral 6°

· Elementos materiales probatorios o evidencia física.

· Noticia Criminal

· Informe fechado 09-03-2019, por (sic) de información obtenida suscrita por un Investigador de la Unidad Especial de Informaciones Sensitivas de la D.I.P.

· Diligencia de Inspección Judicial practicada en las instalaciones de la Policía Nacional.

· Copia de la Nota SNF/DG/DEAR/64-16, fechada 2 de febrero de 2016, firmada por el D.F.A..

· Orden de Retiro No. 048 del 1 de abril de 2016, firmado por el Director de ese entonces L.Z..

· Oficio 646/DIASP/DAM/2016, del 16 de mayo de 2016, emitido por el DIASP

· Copia del Certificado de Tenencia de Arma de Fuego identificado con el número 04480.

· Nota 5866/DIASP/2017, del 14 de noviembre de 2017, emitida por la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Publica, dirigida a C.H., a fin de remitirle el arma de fuego que describe de la siguiente forma "Fusil de Asalto, modelo X95, marca IWI, calibre 5.56X45 (arma de guerra), serie No. 43806730"

Plazo de la orden:

· La aludida diligencia se debe realizar el día 14 de julio del 2020, a partir de las seis de la mañana (6:00 A.M.) hasta antes de las diez de la noche (10:00 P.M.) del mismo día.

...

Funcionario que requiere la autorización:

...

· Juan Oscar Domingo Cano

Funcionario Órgano Judicial que recibe solicitud:

· G.G.

(Lo resaltado es de Pleno)..."

En este orden, la Juez de Garantías del Primer Distrito Judicial, Licenciada G.C.G.G., determinó mediante Resolución del 13 de julio de dos mil veinte 2020, (acto demandado en Amparo) lo siguiente:

"Se Autoriza la diligencia de allanamiento y registro en la Provincia de Veraguas, Distrito de Río de Jesús, Corregimiento de las Huacas, comunidad de Cerro Banco, Finca con número de folio 11393.

FINALIDAD DEL REGISTRO: "Ubicar armas de fuego que se encuentran relacionada a la presente investigación. Además de documentos, teléfonos celulares, sim cards, memorias de almacenamiento, computadoras y cualquier otro tipo de elemento tecnológico que almacene información o comunicación, ya que dichos elementos tecnológicos pueden mantener información o comunicaciones que puedan dar con otras personas posiblemente vinculadas al hecho y ayude a acreditar el delito en estudio o bien la vinculación o no del indicador R.L.P., con cedula de identidad personal No. 9-141-569 Investigación que guarda relación con la causa penal No. 201900014171 por un delito CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA en la modalidad de Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos. (art.333 y 335 del Código Penal).

Consta en la petición los motivos, la identificación del lugar donde recaerá la diligencia del registro, los antecedentes proporcionados por la FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA que se detallan en la solicitud escrita al igual que el respaldo probatorio.

Consideramos que luego de analizada la petición que se requiere obtener los elementos de convicción que le puedan permitir al Ministerio Público poder identificar y vincular a los posibles autores del hecho, es lo que este Tribunal de Garantías y en atención al artículo 293 y siguientes del Código de Procedimiento Penal AUTORIZA el mismo. LA PRESENTE AUTORIZACIÓN DE ALLANAMIENTO, registro deberá realizarse a partir del DÍA CATORCE (14) DE JULIO DE 2020 DESDE LAS 6:00 A.M. HASTA LAS 10:00 P.M. DE ESE MISMO DÍA, por la FISCALÍA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, por intermedio de (SIC) la LICENCIADO J.O.D.C. o al fiscal que se designe de esa sección. Al practicarse la diligencia se deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 293, 296, 297 y 299 del Código Procesal Penal."

Ahora bien, lo que corresponde a este Máximo Tribunal Constitucional es determinar si dentro de la causa penal, de la cual accede la presente acción constitucional, la Juez de Garantías, Licenciada Gloria C, G.G., vulneró los derechos y garantías fundamentales argüidos por el amparista al emitir la decisión atacada vía A., es decir, los artículos 26, 29 y 32 de nuestra Carta Magna, cuyos textos rezan así:

Artículo 26. El domicilio o residencia son inviolables. Nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño, a no ser por mandato escrito de autoridad competente y para fines específicos, o para socorrer a víctimas de crímenes o desastres.

Los servidores públicos de trabajo, de seguridad social y de sanidad pueden practicar, previa identificación, vistas domiciliarias o de inspección, a los sitios de trabajo con el fin de velar por el cumplimiento de las leyes sociales y de la salud pública.

Artículo 29. La correspondencia y demás documentos privados son inviolables y no pueden ser examinados ni retenidos, sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales. En todo caso, se guardará absoluta reserva sobre los asuntos ajenos al objeto del examen o de la retención.

El registro de cartas y demás documentos o papeles se practicará siempre en presencia del interesado o de una persona de su familia o, en su defecto, de los vecinos honorables del mismo lugar.

Todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas, sino por mandato de autoridad judicial.

El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran los autores.

Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.

Ante la situación planteada, esta Superioridad al verificar las constancias procesales que acompañan la presente causa, coincide plenamente con el criterio esbozado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá; manifestando que el Juzgado de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, en turno, con la emisión de la Resolución de 13 de julio de 2020, no quebrantó los artículos 26, 29 y 32 de nuestro Estatuto Fundamental, puesto que cumplió a cabalidad con su función de examinar el cumplimiento de los requisitos formales, y la razonabilidad de los motivos de la solicitud del F., petición que fue resuelta sin dilación, conforme lo mandata la Ley.

En este sentido, es necesario conocer también, el contenido de las disposiciones legales contenidas en la Ley No.63 de 28 de agosto del 2008, y que fundaron la aludida petición, es decir, el allanamiento y registro del domicilio del accionante, veamos:

"Artículo 293. Allanamiento de residencias. En caso de ser necesario registrar un lugar habitado o sus dependencias inmediatas, el allanamiento será autorizado por el Juez de Garantías, previa petición fundamentada del F..

El horario para su realización será entre las seis de la mañana y las diez de la noche.

Cuando el morador o su representante lo consientan o en los casos sumamente graves y urgentes podrá procederse a cualquier hora y deberá dejarse constancia de la situación de urgencia en la resolución que autoriza el allanamiento.

El titular del inmueble o quien lo ocupe podrá autorizar al F. para que realice el registro. Este consentimiento deberá consignarse por escrito en el acta correspondiente." (Las negritas y subrayas son del Pleno).

La norma citada, establece como regla en materia de allanamientos de residencias, que los mismos deben estar precedidos de la autorización por parte del Juez de Garantías, previa petición fundada por parte del F..

Es así que, la petición que realiza el F. a efectos de que se efectúe el allanamiento, debe cumplir con los requisitos que dispone el Código Procesal Penal en su artículo 296, a saber:

"Artículo 296. Autorización judicial. El Ministerio Público deberá requerir, por escrito a través de cualquier medio idóneo, la autorización para el allanamiento debidamente fundado, que deberá contener:

· La identificación concreta del lugar o los lugares que deberán ser registrados.

· La finalidad del registro.

· Los motivos y las pruebas que fundan la necesidad del allanamiento y el momento para realizarla.

· El nombre del Fiscal responsable de la ejecución de la medida.

· La firma del Fiscal que requiere la autorización." (El destacado es del Pleno).

Por su parte, el artículo 297 del mismo cuerpo normativo, señala que el Juez examinará el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad de los motivos de la solicitud que hace el F.. La referida norma expresa:

Artículo 297. Autorización del allanamiento. El juez examinará el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad de los motivos de la solicitud del Fiscal. La petición deberá ser resuelta inmediatamente y sin más trámites y no podrá exceder de dos horas desde que fue recibida por el Juez de Garantías, quien hará constar la autorización en el mismo escrito, indicando el término para iniciar la diligencia.

El Juez conservará una copia y otra será entregada, en el momento del allanamiento, al titular, al encargado o a quien se encuentre en el domicilio o, en su defecto, a un vecino.

Es así, que el Pleno de esta Corporación de Justicia, al verificar las constancias procesales, aprecia que la solicitud efectuada por la Fiscalía de Crimen Organizado, cumple con lo que mandata la ley en estos casos, en dicho documento consultable de foja 24 a la 35 del expediente judicial, especificó el número de caso; el tipo de delito, el objetivo de la actividad; la identificación, ubicación y descripción del lugar a registrar; las dependencias a las que se le impartirían la orden; la finalidad; los motivos detallados de manera clara y extensiva, con las razones para llevar a cabo la misma; el respaldo probatorio o evidencia física; el plazo de la orden; el fiscal responsable de la ejecución de la medida; y , por último, el funcionario o despacho que requería de la autorización.

Hechas las consideraciones anteriores, el Pleno de esta Corporación de Justicia estima que al verificarse la decisión adoptada por la Juez de Garantías Licenciada G.C.G.G., fue acorde a lo que mandata la Ley, examinó el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad de los motivos de la solicitud del F., y autorizó la diligencia de allanamiento sin demora, por lo que esta Superioridad comparte el criterio del Tribunal A quo y considera que en el caso bajo estudio, no se ha producido vulneración alguna a las garantías Constitucionales.

No obstante, en cuanto a las argumentaciones utilizadas por el apelante, al expresar en su escrito, que la Resolución emitida por la Juez de Garantías carece de motivación, argumentación, razonamiento o explicación, procedemos a citar lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto al tema, Caso López Mendoza V. Venezuela, mediante la Sentencia de 1 de Septiembre de 2011 (Fondo, R. y Costas) y en el Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, a través de la Sentencia de 5 de agosto de 2008, veamos:

"...141.[...] la Corte reitera que la motivación "es la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Por ello, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Por todo ello, el deber de motivación es una de las "debidas garantías" incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso. (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso López Mendoza vs. Venezuela, Sentencia de 1 de septiembre de 2011 (Fondo, R. y Costas).

"...90. En tercer lugar, teniendo en cuenta que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, C.A.B. y otros Vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008).

Es decir, que la motivación implica que, cualquier decisión cuente con un razonamiento que no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lógica y jurídica los fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera tal que las partes, a partir de conocer las razones por las cuales se decidió en un sentido o en otro, estén en la capacidad de realizar los actos necesarios para la defensa de su derecho.

Siendo ello así, esta Alta Corporación de Justicia, estima que tampoco le asiste razón al amparista, cuando afirma que el acto impugnado en sede constitucional carece de motivación alguna, toda vez que, del mencionado acto se desprende la motivación suficiente, en apego a las normas que regentan esta materia.

Por tanto, siendo que la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales tiene como finalidad examinar actos arbitrarios o sin sustento legal que constituyen posibles lesiones de derechos fundamentales contenidos en la Constitución, situación que no se configura en el presente Proceso, procedemos a confirmar la decisión impugnada.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución del catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020), dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual NO CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el señor R.L.P. contra la Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, la Licenciada G.C.G.G., por haber proferido la ORDEN JUDICIAL contenida en la Resolución de 13 de julio del 2020, a través de la cual se autorizó la Diligencia de Allanamiento y Registro, a la Finca No. 11393, ubicada en la comunidad de Cerro Blanco, corregimiento de Las Huacas, Distrito de Río de Jesús, Provincia de Veraguas, de propiedad del amparista.

N. y Devuélvase,

LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- OLMEDO ARROCHA OSORIO -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- RAFAEL A. MURGAS TORRAZZA -- H.A.D.L.B.-.M.C.B..

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR