Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Marzo de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución23 de Marzo de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 23 de marzo de 2021

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 1103-19

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en grado de Apelación, de la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el Licenciado J.L.R.C., actuando en su condición de Fiscal de Circuito de la Sección de Asistencia a Juicio Oral, de la Fiscalía Regional de la provincia de los Santos, contra el Acto de Audiencia celebrado el 04 de octubre de 2019, por el Licenciado F.B., J. de Garantías de la provincia de los Santos dentro de la Causa Criminal N° 201880540003, seguida a C.E., por la supuesta comisión de un Delito Contra el Honor, en la Modalidad de Injuria, en perjuicio de E.H.R..

  1. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

    Mediante Resolución de diecisiete (17) de octubre de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, conoció de la Acción de A. de Garantías interpuesta por el Fiscal de Circuito de la Sección de Asistencia a Juicio Oral, de la Fiscalía Regional de los Santos y dispuso "CONCEDER" la Acción Constitucional dentro la Causa Criminal N° 201880540003.

    Dentro de las consideraciones expuestas por el Tribunal Superior se destacó, que las normas aplicables al caso deben ser interpretadas integralmente al tenor de lo dispuesto en el artículo 208 (sic) del Código Procesal Penal, mismo que regula la imputación por parte del Ministerio Público ante el J. de Garantías, toda vez, que concluida la Fase de Investigación, la causa debe ser sometida a las reglas de reparto ante los Jueces de Garantías, de igual manera el Ministerio Publico debe comparecer ante el J. de Garantías para formular la Acusación y a su vez, es este J. quien está facultado para admitir o excluir el material probatorio propuesto, que posteriormente será presentado en Audiencia de Juicio Oral.

  2. RECURSO DE APELACIÓN

    El Licenciado R.A.V.C., actuando en representación de C.A.E.C., en su condición de tercero interesado, interpuso Recurso de Apelación en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial que, como hemos indicado, concedió la Acción de A. de Garantías Constitucionales antes descrita.

    Al respecto, se indicó que la Acción Procesal planteada ante este Tribunal Constitucional, versa sobre el incumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 2, 505, 506 (numeral 1) del Código Procesal Penal, adoptado por medio de la Ley 63 de 28 de agosto de 2008, los artículos 9, 13 y 14 numeral 1 del Código Civil, como también de los artículos 18, 32, 54 y 210 de la Constitución Política de Panamá.

    El apoderado judicial del apelante, igualmente expuso en la sustentación del Recurso, que el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, vulneró de forma integral la aplicación del Debido Proceso Legal, al considerar en la Sentencia impugnada que el J.M. no debe actuar como J. de esa condición, ante la declaratoria de incompetencia asumida por el J. de Garantías del Circuito de los Santos el Licenciado F.B., durante el acto de Audiencia Intermedia celebrada el cuatro (4) de octubre de dos mil diecinueve (2019), quien resolvió abstenerse de asumir conocimiento para dirigir la correspondiente Audiencia, ante la presentación de Incidente por Falta de Competencia promovido por el Licenciado R.A.V.C., defensa judicial de la parte accionante.

  3. FUNDAMENTACIÓN Y DECISIÓN DEL PLENO

    En virtud de la promoción del Recurso de Apelación, corresponde pronunciarnos respecto a la decisión vertida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial y, por tanto, determinar si la misma se adecua a lo dispuesto en las normas legales sobre la materia.

    Desde esta perspectiva, debemos resaltar, que la Acción de A. es el instrumento jurídico que ha dispuesto el Constituyente, dentro del Estado Democrático y Constitucional de Derecho, a fin que cualquier persona pueda acudir en Sede Judicial y reclamar la nulidad de cualquier Acto, que, siendo patrocinado por el servidor público, contravenga los postulados esenciales, Principios y valores en los que se sostiene el conjunto de Derechos fundamentales reconocidos en el Sistema Constitucional Panameño.

    Así tenemos que, el Instituto del A. está consagrado a nivel constitucional en el artículo 54, mismo que establece los siguiente:

    Articulo 54. Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que esta Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona. El recurso de amparo de garantías constitucionales a que este artículo se refiere, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales.

    Esta norma constitucional, en concordancia con el artículo 4 de la Carta Magna según el cual Panamá acata las normas del Derecho Internacional, obliga a tomar en cuenta el contenido del artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece la Acción de A., en los términos siguientes:

    "Artículo 25. Protección Judicial.

    1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

    2. Los Estados Partes se comprometen:a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

      En relación con las normas de carácter constitucional citadas, el A. de Garantías Constitucionales fue diseñado por el Constituyente para salvaguardar los Derechos Fundamentales y, sobre todo, para garantizar la efectiva intervención judicial a favor de la restauración del Derecho vulnerado.

      A continuación, pasamos a detallar algunos puntos señalados dentro del Recurso de Apelación:

      · Considera la representación judicial del apelante, que los artículos 505 y 506 del Código Procesal Penal, por ser normas especiales, se prefieren, de conformidad con el numeral 1 del artículo 14 del Código Civil, a las normas que tengan carácter general y, por lo tanto, las normas relativas a la Audiencia de Acusación no son aplicables al Proceso ante el J. Municipal.

      · Sostiene, que pretender mediante un A. de Garantías Constitucionales, modificar una norma procesal, es una violación a lo establecido en el Artículo 18 de la Constitución Política de la República de Panamá, que indica, que los servidores públicos solo pueden hacer lo que la Ley expresamente ordena.

      · Añade entre sus argumentos, que la decisión adoptada por el J. de Garantías de los Santos, F.B., no viola el artículo 32 de la Constitución Política, porque la declaratoria de incompetencia tiene su sustento en lo dispuesto en el artículo 505 del Código Procesal Penal.

      · Manifiesta también, que el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, en la Sentencia Impugnada, lo que hace es revisar si la aplicación o interpretación de la Ley, por parte del J. de Garantías de Los Santos, fue correcta, lo que está vedado a un Tribunal de A..

      En primer lugar, es necesario señalar que las Garantías objetivas del Debido Proceso han sido claramente delimitadas por jurisprudencia reiterada de esta Superioridad. En este sentido, de acuerdo con el Principio de Estricta Legalidad Procesal, la Administración de Justicia debe ejercitarse conforme a los trámites establecidos en la Ley.

      Lo anterior, en acatamiento de las formalidades básicas o esenciales que rigen la actividad jurisdiccional, por lo que, deben asegurarse a las partes en todo Proceso legalmente establecido la oportunidad razonable de ser oídas por un Tribunal competente, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del Proceso, de contradecir las aportadas por la contraparte, y de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la Ley contra Resoluciones judiciales, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus Derechos.

      Queda claro que en este caso debemos atender las Reglas de Procedimiento que dirigen la Fase de Investigación, de conformidad al artículo 1 del Código Procesal Penal, que señala que sus disposiciones deben ser interpretadas de acuerdo a las "Garantías, los Principios y las Reglas" descritas en su Título I, Capítulo I.

      En lo relativo al contexto en el que se sitúan las referidas disposiciones legales, el artículo 505 del Código Procesal Penal, nos indica que "la Fase de Investigación por los asuntos que sean de competencia del J. Municipal se regirá por las disposiciones previstas en este Código para dicha fase, en lo que fuera conducente", de lo señalado, podemos extraer indiscutiblemente que el Procedimiento propio de la Fase de Investigación, no contempla al J.M. como J. Competente para acoger la Imputación de los Cargos o disponer de Medidas Cautelares; salvo circunstancias excepcionales, previstas en el numeral 4 del artículo 45 del Código Procesal, las cuales abordaremos en el desarrollo de nuestra motivación, según lo determinado por nuestro Compendio Procesal Penal vigente.

      En cuanto al Procedimiento ante el J. Municipal, tipificado en el Título VII, Capítulo V del Código Procesal Penal, en sus artículos 505 y 506, nos indican:

      "Artículo 505. Fase de investigación. La fase de investigación por los asuntos que sean de competencia del J. Municipal se regirá por las disposiciones previstas en este Código para dicha fase, en lo que fuera conducente. Concluida la investigación, el funcionario la pasará directamente al J. Municipal competente, previa audiencia de conciliación que dirigirá el J.." (Lo resaltado es nuestro)

      "Artículo 506. Procedimiento. En los asuntos que competan al J.M. la audiencia oral y pública se regirá por las siguientes reglas especiales:

    3. Se procederá a la lectura de los cargos.

    4. Se oirá a la persona imputada, luego a la persona ofendida si existe y seguidamente se recibirán las pruebas admitidas.

    5. Finalizada la audiencia, la autoridad judicial dictará inmediatamente el fallo.

    6. Cuando el imputado reconozca el cargo, sin más trámites se finalizará la audiencia y se dictará el fallo.

    7. La audiencia podrá prorrogarse por un término no mayor de tres días, de oficio o a petición del imputado, para preparar la prueba.

    8. Cuando el imputado no se presente voluntariamente podrá hacerse comparecer por la Fuerza Pública.

    9. La formulación de los cargos podrá ser realizada por la víctima o por los funcionarios que para estos casos determine la ley." (Lo resaltado es nuestro)

      Visto de este modo, en lo que respecta a la interpretación del artículo 505 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 506 del mismo cuerpo legal, se desprende que al concluirse la Fase de la Investigación Penal, ésta será remitida al J.M. correspondiente, quien procederá a la Lectura de los Cargos, refiriendo que previo a ello en la Audiencia Oral, el J. de Garantías ha debido actuar en lo relativo a la Acusación, emisión del Auto de Apertura a Juicio y la Admisión de Pruebas.

      Ante este escenario, la interpretación sistemática de dichos preceptos legales coloca ante el J. de Garantías la competencia para actuar en la Fase de Investigación misma que termina con la Acusación hasta llegar a la Audiencia Intermedia, sin asignar dicho rol al J. Municipal.

      Otro aspecto que estimamos cabe aclarar, si bien es el J. de Garantías a quien en la Fase de Investigación se le atribuye la condición de J. Natural, lo cierto es que, el numeral 4 del artículo 45 del Código Procesal Penal, de modo excepcional contempla la posibilidad de actuar al J. Municipal, sobre las solicitudes de Medidas Cautelares o de Investigación que afecten Derechos y Garantías Fundamentales, en los casos que no admitan demora y no sea posible lograr la intervención inmediata del J. de Garantías competente.

      Para tales efectos, el artículo 45 del Código Procesal Penal, nos indica lo siguiente:

      "Artículo 45. Competencia de los Jueces Municipales. Los Jueces Municipales conocerán:

    10. De los procesos de hurto simple, apropiación indebida, estafa simple y daños, cuyas cuantías excedan de mil balboas (B/.1,000.00) y no rebasen los cinco mil balboas (B/.5,000.00).

    11. De los procesos por lesiones dolosas o culposas, cuando la incapacidad sea superior a treinta días y no exceda de sesenta, y de los delitos cuyas penas no excedan de un año de prisión.

    12. Del juicio por los delitos de quebrantamiento de sanciones, posesión ilícita de drogas para consumo y posesión ilícita de armas, o de hacerse justicia por sí mismo y los hechos punibles sancionados con días- multa.

    13. De las solicitudes de medidas cautelares o de investigación que afecten derechos y garantías fundamentales, en los casos que no admitan demora y no sea posible lograr la intervención inmediata del J. de Garantías competente." (Lo resaltado es nuestro)

      Por surtirse este Proceso bajo las Reglas del Código Procesal Penal, se hace importante mencionar que la norma in comento distingue en su numeral 3 al J.M. como competente para conocer de los Procesos Penales sancionados con días multa, lo que incluye el delito de Injuria Simple, el cual prevé una pena de sesenta (60) a ciento veinte (120) días multas.

      Lo anterior comprende la determinación del J. al que corresponde conocer sobre la causa, tomando en consideración que se aplicarán las disposiciones de la Fase de Investigación a los Procesos Municipales, así las cosas, se reserva al J. de Garantías la realización de la Audiencia Intermedia.

      En ese orden, es preciso señalar que en el Sistema Penal Acusatorio, la Fase Intermedia o de Preparación de Juicio Oral, es esencial para el resultado final adecuado del Proceso, pues tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del Juicio, dicha etapa consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia, con la celebración de la Audiencia Intermedia y culmina con el dictado del Auto de Apertura a Juicio Oral, dispuesto en el artículo 349 del Código Procesal Penal, que a la letra dice:

      "Artículo 349. Apertura del juicio oral. Al término de la audiencia, si no se hubiera suspendido, o bien en la nueva fecha que fijará el J. de Garantías dentro de cinco días de recibidos los antecedentes del Tribunal de Juicio, dictará el auto de apertura del juicio oral. Esta resolución deberá indicar:

    14. El Tribunal competente para conocer el juicio oral.

    15. Los nombres y las generales de las partes intervinientes en el juicio.

    16. La acusación que deberá ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado en ella.

    17. Los hechos que se dieran por acreditados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343.

    18. La acción restaurativa, si la hubiera.

    19. Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 346.

    20. La individualización de los testigos, peritos e intérpretes que deberán ser citados a la audiencia de juicio oral, con sus respectivas direcciones o domicilio, salvo que hubiera hecho reserva de ellos, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 332." (Lo resaltado es nuestro)

      De lo anterior, podemos concluir que el Auto de Apertura es la decisión judicial emitida por el J. de Garantías, para que el acusado sea sometido a un Juicio Público; por lo tanto, el J.M. no puede actuar como J. de Garantías y a su vez como J. de Juicio dentro de una misma Causa Criminal, pues, sería contrario al Debido Proceso Legal.

      Por tal razón, el J. de Garantías está facultado para actuar dentro del Juicio Penal desde la Fase Preliminar de Investigación hasta la emisión del Auto de Apertura de Juicio Oral, por lo tanto, el J.M. entraría a conocer de la etapa de Juicio Oral.

      De esta manera se estaría cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá. que a su tenor literal reza:

      "Articulo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria." (Lo resaltado es nuestro)

      Como se extrae de la norma constitucional transcrita, el contexto fundamental de la Garantía del Debido Proceso impone que todo actuar de la Administración de Justicia debe expedirse en cumplimiento de las formalidades constitucionales y legales, las cuales han sido claramente delimitadas por Jurisprudencia reiterada de esta Superioridad, destacando el Derecho a ser oído y de argumentar, como también la oportunidad probatoria y de promover Recursos, entre otros.

      Lo anterior implica, el acatamiento de las formalidades básicas o esenciales que rigen la actividad jurisdiccional, por lo que, incumbe al J. como director del Proceso mantener el balance o equilibrio para evitar la desatención de Derechos a cualquiera de los intervinientes, así lo prevé el artículo 2 del Código Procesal Penal considerando las normas de la Constitución Nacional que recoge la Garantía del Debido Proceso, cuando señala:

      Artículo 2. Legalidad procesal. Nadie puede ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad sin juicio previo dentro de un proceso tramitado con arreglo a las normas de la Constitución Política, de los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá y de este Código.

      De esta manera consideramos, que no se puede desconocer el sentido de las normas Constitucionales, legales y de Derechos Humanos que otorgan Garantías Fundamentales, como son el Debido Proceso.

      Así el artículo 18 de la Constitución Política, señala:

      "Artículo 18. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas".

      Finalmente atendiendo al contenido de los artículos 9, 13 y 14 numeral 1 del Código Civil, en ocasión al asunto que nos ocupa, en materia de interpretación y aplicación de la Ley, debemos precisar que donde el sentido de la Ley es claro, no hay cabida para otras interpretaciones distintas.Dicho de otra manera, cuando la norma es clara, no admite interpretación.

      Dichos preceptos legales, establecen:

      "Artículo 9. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intensión o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la hortera fidedigna de su establecimiento." (Lo resaltado es nuestro)

      "Artículo 13. Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional, las reglas generales de derecho, y la costumbre, siendo general y conforme con la moral cristiana." (Lo resaltado es nuestro)

      "Artículo 14. Si en los códigos de la República se hallaren algunas disposiciones incompatibles ante sí, se observarán en su aplicación de las reglas siguientes:

    21. La disposición relativa a un asunto especial, o a negocios en casos particulares, se prefiere a la que tenga carácter general."

    22. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se hallaren en un mismo Código, se preferirá la disposición consignada en el Artículo posterior, y si estuviere en diversos Códigos o leyes, se preferirá la disposición del Código o ley especial sobre la materia de que se trate." (Lo resaltado es nuestro)

      Lo anterior conlleva que el marco jurídico sobre el cual el J. o Tribunal debe fundar las bases de su decisión, no se reduce a la Ley ordinaria, sino que se extiende mucho más allá a normas superiores como la Constitución Nacional, el Bloque de Constitucionalidad y las normas de Convencionalidad; entendiendo entonces que el Debido Proceso Legal y la Tutela Judicial Efectiva obligan al Tribunal a adoptar decisiones en observancia de la Ley.

      Con relación a los Principios, el Código Procesal Penal establece en su artículo 1 que "El Proceso Penal se fundamenta en las Garantías, los Principios y las Reglas descritas en este título. Las normas contenidas en este Código deberán interpretarse siempre de conformidad con estos".

      Bajo esa condición normativa, este Tribunal Constitucional es del criterio que dentro de la Acción de A. de Garantías Constitucionales los hechos descritos por el Accionante y el acto atacado, reflejan la infracción de Derechos reconocidos en la Constitución que fundamentan el Debido Proceso vulnerándose uno de los requisitos esenciales como lo es el surtimiento del Proceso de conformidad con los trámites legales pertinentes.

      Por lo que antecede, este Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en base a los elementos de convicción que hasta este momento se han incorporado al Expediente en estudio considera que lo procedente es confirmar la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

      En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de diecisiete (17) de octubre de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, dentro de la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentada por el Fiscal de Circuito de la Sección de Asistencia a Juicio Oral, de la Fiscalía Regional de los Santos en contra de la decisión adoptada en la Audiencia celebrada el 04 de octubre de 2019, por el Licenciado F.B., J. de Garantías del Circuito de Los Santos, dentro de la Causa Criminal N° 201880540003.

      N.;

      CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

      OLMEDO ARROCHA OSORIO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME -- MARIBEL CORNEJO BATISTA (Salvamento de Voto) -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- LUIS R. FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

      YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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