Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Junio de 2021

PonenteSecundino Mendieta G.
Fecha de Resolución23 de Junio de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Secundino Mendieta G.

Fecha: 23 de junio de 2021

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 249542021

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al conocimiento del Pleno de esta Corporación de Justicia, la acción de amparo de garantías constitucionales promovido por la licenciada C.P.S. contra el acto de audiencia celebrado el día 27 de agosto de 2020 por el Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, dentro de la Carpetilla No. 201800031542.

La resolución contra la cual se presenta el recurso de apelación que ocupa al Pleno, es la decisión proferida el 15 de febrero de 2021, por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no admitió la acción de amparo de garantías propuesta por la licenciada C.P.S. en representación de NOMBRE 1.

Procede el Pleno a emitir la decisión del recurso formulado, previo a lo cual se dejan expuestos los antecedentes del mismo.

I.A..

Consta en autos que la licenciada P.S. promovió acción constitucional de amparo contra la decisión proferida por la Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, K.M. en el Acto de Audiencia Oral de fecha 27 de agosto de 2020, dentro de la querella contenida en la noticia criminal identificada con el No. 201800031542, por estimar que el mismo viola las garantías fundamentales consagradas en los artículos 17, 32 y 47 de la Constitución Política.

La acción constitucional propuesta fue inadmitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante Resolución del 15 de febrero de 2021, al considerar lo siguiente: "En estas circunstancias, este Tribunal debe concluir que el amparo propuesto resulta improcedente, pues se evidencia la inexistencia de cargos relativos a la vulneración de derechos fundamentales; y, contrario a ello, se advierte la pretensión de utilizarlo como un recurso ordinario, ante la disconformidad del amparista con la valoración e interpretación realizada por la juzgadora al decidir la solicitud presentada". (cfr. f. 178).

  1. Argumentos de la Apelación.

    En su escrito de apelación (fs. 180-187), la licenciada C.P.S. señaló que en la Resolución de 15 de febrero de 2021 el Primer Tribunal Superior a pesar de que en el libelo de Acción de Amparo de Garantías Constitucionales se hace mención expresa del acto impugnado, se identifica la autoridad acusada, narra los hechos en que se fundamenta la pretensión e indica la garantía constitucional que se estima violada, además se específica el concepto en que se considera infringida, elementos con los cuales, a su parecer, se da cumplimiento a los requisitos mínimos exigidos por las disposiciones legales, específicamente los artículos 2615, 2616 y 2619 del Código Judicial, el Tribunal A-quo decide no admitir dicha acción constitucional por considerar que la decisión de admitir una querella penal constituye una acto jurisdiccional de carácter formal y declarativo que se encuentra entre las facultades de juzgar.

    Explicó que la Acción de Amparo de garantías interpuesta por su representado (NOMBRE 1) ante el Tribunal Superior y en contra de la Juez de Garantías, K.M., tiene como fundamento la violación del debido proceso, y no solo por el hecho por haberse ordenado en una ilegal audiencia de reapertura, la admisión de una querella penal, sino por la forma violatoria de los trámites legales en que dicha admisión se dio, toda vez que, los tipos penales por los cuales se adelanta la investigación penal en contra del señor NOMBRE 1, lo es por los delitos contra el patrimonio económico en calidad de estafa y contra la fe pública en calidad de falsificación de documentos, delitos estos que requieren ser activados mediante querella o denuncia por la persona ofendida, quien está obligada a acreditar la condición de víctima tal cual lo señalan los artículos 112 numeral 3 y 114 numeral 3 en concordancia con el artículo 113 todos del Código de Procedimiento Penal.

    Aclaró que las exigencias antes señaladas no se han dado en el presente caso, toda vez que, la sociedad extranjera INTERAMERICAN AUREAL VENTURE LTD, figura como supuesta víctima, no solo no goza de la legitimidad para instaurar procesos judiciales dentro de la República de Panamá, sino que además, no ha acreditado gozar de la condición de accionista de la Sociedad Anónima PARQUE INDUSTRIAL USA CARIBE, S., de conformidad como lo establece la Ley 32 de 1927 que regula el régimen de Sociedades Anónimas dentro de la República de Panamá.

    Estima la apelante que el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal establece con claridad quiénes son las personas que se les reconoce la condición de víctimas de un delito, además el artículo 84 del mismo Código de Procedimiento Penal establece el concepto de querellante legítimo, a la víctima del delito.

    En consecuencia, según sus consideraciones, para poder interponer una querella en cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 88 del Código Procesal Penal debe tenerse la condición de víctima, todo esto de conformidad con lo señalado en el artículo 86 del Código Procesal Penal, el cual señala que la querella será inadmisible cuando el querellando no sea legítimo.

    Por estas consideraciones, expresa la apelante que se evidencia la violación del artículo 32 de la Constitución Política de Panamá que consagra la garantía fundamental del debido proceso, infringido a su juicio, por parte de la orden emitida por la Juez de G.K.M. en el acto de audiencia celebrado el día 27 de agosto de 2020, al desconocer las normas sustantivas que regulan las Sociedades Anónimas en la República de Panamá (Ley 32 de 1927), eludiendo declarar inadmisible la querella conforme a la petición expuesta por la defensa técnica en el acto de audiencia oral mencionado.

    A juicio de la apelante, aunado a la falta de legitimidad en su condición de víctima de la sociedad PARQUE INDUSTRIAL USA CARIBE, S., la sociedad extranjera INTERAMERICAN AUREAL VENTURE, LTD, es ilegítima para accionar judicialmente en la República de Panamá, toda vez que, incumple con la normativa que la faculta para ello, es decir, el artículo 283 del Código de Comercio de la República de Panamá, así como los artículos 60 A, 60 D, y 60 F del mismo Código, en concordancia con la Ley 32 de 1927 sobre sociedades anónimas, en los artículos 90, 91, 92. Además, los artículos 5, 6, y 50 de la Ley 4 del 9 de enero de 2009, sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada en Panamá, y los artículos 658 y 659 del Código Judicial.

    Explicó que en este caso se ha violentado el debido proceso de su representado, puesto que, producto de una audiencia ilegal de reapertura donde no estuvo representado por su abogado particular, o abogado de oficio designado por el juez, se reabrió la carpetilla 31542-18 que contiene el escrito de querella, violando derechos fundamentales y representando una amenaza inminente a la libertad personal, en virtud de que actualmente existe una solicitud de audiencia de imputación de cargos y solicitud de medidas cautelares, derivado de la ilegal condición de víctima del delito que la Sociedad INTERAMERICAN AUREAL VENTURE LTD dice ostentar.

    Finalmente, señaló lo siguiente: "Consideramos que, contrario a lo expuesto por el Primer Tribunal Superior dentro de la Resolución de 15 de febrero de 2021, los hechos expuestos y acusados en el libelo de Acción de Amparo de Garantías, reflejan una evidente vulneración de la garantía fundamental del debido proceso, es decir, la decisión proferida por la Juez de G.K.M., viola en concepto de violación directa por omisión, por falta de aplicación los artículos 17, 32 y 47 de la Constitución Política de Panamá en consonancia con los artículos 84 y 86 del Código Procesal Penal, toda vez que INTERAMERICAN AUREAL VENTURE LTD no constituye un querellante legítimo, ya que no goza la condición de accionista de la Sociedad Anónima PARQUE INDUSTRIAL USA CARIBE, S., puesto que sus acciones no se encuentran registradas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, no son acciones liberadas ni pagadas de conformidad como así lo exige la ley de Sociedades Anónimas (Ley 32 de 1927), todo lo cual deja en total indefensión a mi representado."

    Basado en estas consideraciones, solicita se revoque la Resolución de 15 de febrero de 2021 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual no admite el amparo de garantías constitucionales interpuesto por NOMBRE 1 en contra de la decisión emitida en el acto de audiencia realizada el día 27 de agosto de 2020, proferido por la Juez de G.K.M., en la cual declara admisible la querella contenida en la noticia criminal identificada con el No. 201800031542, donde afirmó que la misma cumple con los requisitos legales exigidos por los artículos 79, 84 y 88 del Código Procesal Penal, lo cual, a su juicio, viola las garantías constitucionales consagradas en los artículos 17, 32 y 47 de la Constitución Política de Panamá y, en su defecto, se ordene su admisión.

  2. Consideraciones y Decisión del Pleno

    Lo hasta aquí reseñado, revela que el recurso de apelación examinado se propone contra la resolución proferida en primera instancia por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el día 15 de febrero de 2021, que no admite la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por NOMBRE 1 contra el acto de audiencia oral celebrado el día 27 de agosto de 2020, por la Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá (Licenciada KENIA MARÍN), declara admisible la querella contenida en la noticia criminal identificada con el No. 201800031542 y manifiesta que la misma cumple con los requisitos legales exigidos por los artículos 79, 84, y 88 del Código Procesal Penal.

    En ese sentido, observa esta Superioridad que el argumento empleado por el Tribunal primario para no admitir el amparo impetrado, es entre otras cosas, que la acción constitucional es empleada por la recurrente como un recurso ordinario ante la disconformidad del amparista con la valoración e interpretación realizada por la juzgadora al decidir la solicitud presentada; por ello, a juicio del Tribunal A-quo, el amparo resulta improcedente.

    Además, se advierte que la decisión de admitir una querella penal constituye un acto jurisdiccional de carácter formal y declarativo que se encuentra entre las facultades de juzgar, de igual manera, se indicó que la juez demandada en la admisión de la querella penal dentro de las facultades que le otorga la Ley, realizó un análisis y juicio valorativo que la condujo a concluir que se cumplían los requisitos legales para admitirse la querella pretendida (fojas 176-178).

    Expuesto lo anterior, el Pleno de la Corte Suprema comparte el criterio externado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en la resolución recurrida, toda vez que, en las acciones de amparo no es jurídicamente factible adentrarse en el examen de aspectos que se ubican fundamentalmente en el plano de la legalidad.

    Si bien es cierto, se invoca como infringidas las garantías constitucionales contenidas en los artículos 17, 32 y 47 de la Constitución Política, la violación esencialmente se circunscribe a atacar la interpretación jurídica realizada por la Juzgadora demandada.

    En esta línea de pensamientos, el Pleno de la Corte percibe o ubica la disconformidad del amparista en la apreciación jurídica externada por la Juez de G.K.M., en el acto de audiencia oral celebrado el 27 de agosto de 2020, circunstancias y condiciones procesales éstas que a la Corte no le es dable contrariar por la vía extraordinaria del amparo.

    Además, conforme se aprecia en autos, los cargos desarrollados por la accionante buscan un nuevo análisis de los elementos propios de la causa, que se ventilaron en dicho acto de audiencia, además, que el examen se adentre también en consideraciones sobre valoración de aspectos debatidos en audiencia oral, tareas que no corresponden al Tribunal Constitucional en sede de amparo.

    El actor pretende indebidamente que esta Superioridad entre a valorar la síntesis de lo debatido en el acto de audiencia oral celebrada el día 27 de agosto de 2020 dentro de la carpeta identificada 201800031542, con relación a la legitimidad para actuar como víctima de la sociedad extranjera INTERAMERICAN AUREAL VENTURE LTD.

    Aun cuando en las consideraciones expuestas por la apelante, explica que la orden emitida por la Juez infringe el debido proceso, y se trasgreden de manera directa los artículos 17, 32 y 47 de la Constitución Política, por razón de que INTERAMERICAN AUREAL VENTURE LTD no constituye un querellante legítimo que no goza de la condición de accionista de la Sociedad Anónima PARQUE INDUSTRIAL USA CARIBE, S., sus acciones no se encuentran registradas en el libro de registro de acciones de la sociedad, no son liberadas ni pagadas de conformidad como así lo exige la Ley de Sociedades Anónimas (Ley 32 de 1927), lo cual deja en indefensión al amparista.

    Se observa que el cuestionamiento elaborado contra el acto acusado, guarda relación con la interpretación jurídica realizada por la juzgadora acusada, con respecto al análisis de los elementos y los argumentos que se le ponen de manifiesto en el acto de audiencia celebrado el día 27 de agosto de 2020, dentro de la noticia criminal identificada con el No. 201800031542 y sobre lo cual concluyó que resultaba admisible la querella dentro de esta misma causa.

    En ese orden, podemos resaltar entre otras cosas que al explicar las posibles infracciones constitucionales, se indica: "La decisión proferida por la Juez de G.K.M., el día 27 de agosto de 2020, ha infringido por omisión, el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, el cual consagra el Principio del Debido Proceso, toda vez que, al decidir que la Querella interpuesta por la sociedad extranjera INTERAMERICAN AUREAL VENTURE, LTD, aduce una calidad de accionista y por ende víctima de la Sociedad Anónima PARQUE INDUSTRIAL, USA CARIBE, S., cumple con todos los requisitos de ley para su admisión, desconoce e infringe los trámites legales y requisitos de ley señalados en el Código Procesal Penal para poder admitir Querellas que den origen a investigaciones criminales y además, infringe las normativas que regulan los requisitos de ley que se exigen a las sociedades anónimas tanto panameñas como extranjeras y los requisitos legales para que éstas últimas puedan accionar judicialmente dentro de la República de Panamá." (Foja 14).

    Expuesto lo anterior, y demás argumentos empleados en la presente acción, se infiere que la demanda no se ha formulado correctamente, toda vez que tal como sostuvo el Tribunal A quo, la pretensión de utilizar la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales como un recurso ordinario, ante la disconformidad del amparista con la valoración e interpretación realizada por la juzgadora al decidir la solicitud presentada.

    Además, la decisión aludida de admitir una querella penal constituye un acto jurisdiccional de carácter formal y declarativo que se encuentra entre las facultades de juzgar, de igual manera, la admisión de la querella está dentro de las potestades que le otorga la Ley a la juez aludida y la misma realizó un análisis y juicio valorativo que la condujo a concluir que se cumplían con los requisitos legales para admitirse la querella pretendida.

    De igual manera, se deduce que la intención de la recurrente es que este Tribunal Constitucional se constituya en una instancia adicional dentro de la noticia criminal identificada con el No. 201800031542.

    Sobre los aspectos antes señalados, se ha referido el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en distintos pronunciamientos, como el que se observa en el fallo del 1 de abril de 2019:

    Es importante resaltar que si bien la acción de amparo de garantías constitucionales es el mecanismo constitucional ideado para la efectiva tutela de derechos fundamentales, tanto así, que la Corte Suprema de Justicia, en algunos casos ha flexibilizado las exigencias de ciertos requisitos formales, no obstante, ello ha procedido cuando de los argumentos del actor se desprende que estamos frente a un acto que, a prima facie, puede representar la vulneración de derechos fundamentales, no obstante cabe reiterar que el amparista no orienta el sentido o concepto de la infracción, su disconformidad, a criterio del Pleno, se circunscribe al ámbito legal, ya que lleva a este Tribunal de Amparo a ser una instancia más en el proceso que verifique el criterio jurídico del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

    En conclusión, la actuación llevada a cabo en el acto de audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones el día 15 de enero de 2019, no refleja a prima facie, la posible vulneración de derechos y garantías fundamentales consagrados en los artículos 17 y 32 de la Constitución Política, señaladas por el amparista.

    Es importante reiterar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha sentado el criterio que la violación al debido proceso ocurre cuando se desconocen o pretermiten trámites esenciales del proceso que efectivamente conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes; lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa conforme a los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos.

    Lo anterior lleva a esta Superioridad a concluir que la presente Acción de Amparo de Garantías interpuesta por el Licenciado Lucio Valencia, en su calidad de Fiscal Adjunto de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Regional de Colón, resulta inadmisible. (Ver fallo del 1 de abril de 2019, Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por el licenciado L.M.V., en su calidad de Fiscal Adjunto de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Regional de Colón contra la decisión adoptada en la audiencia celebrada el día 15 de enero de 2019, por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, Ponente: MAGISTRADA A.R.D.C..

    Expuesto lo anterior, vale la pena indicar que en el caso bajo estudio, no se vislumbra por lo menos prima facie una potencial infracción de derechos fundamentales, por el contrario estima esta Corporación de Justicia que la acción se presenta con el propósito de que el Pleno se constituya en una instancia adicional dentro de la noticia criminal identificada con el No. 201800031542, aspectos que no corresponde a la materia que tutela la acción de amparo, salvo en las circunstancias excepcionales, las cuales no se perciben en el caso que nos ocupa.

    Por ello, resulta claro que la pretensión consignada en la demanda de amparo resulta manifiestamente improcedente, en virtud de las deficiencias antes señaladas.

    Como quiera entonces que, esta Corporación de Justicia no encuentra fundadas las razones expuestas en el recurso de apelación y que, por el contrario, comparte el criterio del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, lo correspondiente en derecho es confirmar la decisión judicial recurrida.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 15 de febrero de 2021, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual NO ADMITIÓ la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por NOMBRE 1 contra la Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, licenciada K.M..

    N.,

    SECUNDINO MENDIETA

    LUIS RAMÓN FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- A.R.D.C. -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES - OLMEDO ARROCHA OSORIO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME - MARIBEL CORNEJO BATISTA.

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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