Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 30 de Junio de 2021

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución30 de Junio de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 30 de junio de 2021

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 12452021

Vistos:

En grado de apelación ha ingresado a esta Superioridad el expediente contentivo de la acción de A. de Garantías Constitucionales, promovida por la licenciada K.R., en su condición de Defensora Pública del señor NOMBRE 1, con el propósito que se revoque la decisión adoptada en la audiencia oral celebrada el 10 de febrero de 2020, por la Licenciada Clara I.C., Juez de Cumplimiento de la provincia de Bocas del Toro.

La resolución contra la cual se presenta el recurso de apelación que ocupa al Pleno, es la decisión proferida el 16 de diciembre de 2020, por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, por la cual no concedió la acción de amparo de garantías propuesta.

Procede el Pleno a emitir la decisión del recurso formulado, previo a las siguientes consideraciones.

Antecedentes

Las constancias procesales que se adjuntan con la acción constitucional que nos ocupa, revelan que el 10 de febrero de 2020, la Juez de Cumplimiento de la provincia de Bocas del Toro, licenciada C.I.C. de G., celebró audiencia oral a solicitud de la Fiscalía de Cumplimiento de la provincia de Bocas del Toro, y que guarda relación con la ejecución de la pena impuesta al señor NOMBRE 1 por la comisión de un delito contra el Patrimonio Económico (robo agravado) en perjuicio de NOMBRE 4 y NOMBRE 3.

Dentro de la referida audiencia, la Juez de Cumplimiento de la provincia de Bocas del Toro, dispuso (según Registro de Cumplimiento No.81 visible a foja 18) retrotraer el proceso seguido a NOMBRE 1, antes de la unificación de las sentencias, dictada con el Auto No.130 del 20 de abril de 2018; y, puso la sentencia No. 105 de 9 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado de Garantías de la provincia de Bocas del Toro, por el delito de robo y cuya pena es de 154 meses de prisión, en su etapa inicial.

Explicó la juzgadora que las decisiones del Juez de Cumplimiento no hacen tránsito a cosa juzgada. Que si bien el Ejecutivo le perdonó la pena de 56 meses de prisión, no se cuestionan las decisiones del ex presidente de la República, tal y como fue dispuesta en el Decreto Ejecutivo No.69 de 10 de junio de 2019, por lo que se acata esa rebaja de pena, la cual fue valorada por la Junta Técnica del centro penitenciario con la Resolución 67 de 17 de octubre de 2018. Sin embargo, indicó la Juez que se tiene que ejecutar la sentencia pendiente de 154 meses de prisión, impuesta al señor NOMBRE 1 mediante Sentencia No.105 de 9 de octubre de 2017, ya que no se tomó en cuenta que hubo una unificación de penas ante ese despacho el 20 de abril de 2018, por medio del Auto No.130.

Por su parte, la licenciada K.R., Defensora Pública del señor NOMBRE 1, promovió acción constitucional de amparo contra la decisión emitida por la Juez de Cumplimiento en el acto de audiencia oral celebrado el 10 de febrero de 2020, por estimar que la misma viola garantías fundamentales consagradas en el artículo 32 de la Constitución Política.

A juicio de la Defensora Pública del amparista, la Juez de Cumplimiento infringe, de manera directa por omisión, la norma constitucional, toda vez que si ya el señor NOMBRE 1 había sido beneficiado con una rebaja de la pena que le quedaba por cumplir; y que, en este caso muy particular, ya se tenía conocimiento que había una unificación de penas, mal pudo el Centro Penitenciario omitir esta situación, ya que ese proceso de verificación pasó por varias personas; inclusive, de la Junta Técnica, la cual está integrada por el director de la cárcel, psicólogo, asesor legal, trabajador social y jefe de seguridad, por lo que mal podría decirse que ninguno advirtió la situación de que, presuntamente, había otra causa penal pendiente.

Por otro lado, señala que el Ministerio Público y la víctima tuvieron su momento procesal para impugnar la decisión, según lo establece la ley de protección a las víctimas, la cual ya ejecutoriada, no cabría recurso de revisión de ejecución de sentencia, pues ya se había perdonado hasta la pena accesoria. Por ello, considera que no habría ejecución de sentencia por verificar, sino que lo correspondiente sería declarar extinta la causa penal.

Concluye la defensora indicando que el retrotraer el proceso seguido al señor NOMBRE 1, antes de la unificación de las sentencias, dictada con el Auto No.130 de 20 de abril de 2018, y poner la sentencia 105 de 9 de octubre de 2017, por el delito de robo, cuya pena es de 154 meses de prisión que debe cumplir, se vulnera el principio de favorabilidad en beneficio del reo, toda vez que si la unificación en un momento procesal fue beneficiosa para el sancionado, no se puede ahora dejar sin efecto, pues, causa un detrimento a sus derechos.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante resolución de 16 de diciembre de 2020 (fs.40-46), resolvió no conceder la presente acción constitucional subjetiva, luego de considerar que no prosperan los cargos en los que se sustentan la demanda objeto de examen, pues, no se ha logrado demostrar la infracción reclamada en la emisión del acto demandado y que genere una afectación de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política. En lo medular, se dejan expuestas las consideraciones de la sentencia apelada:

"En efecto, consta en el CD contentivo del audio del acto oral donde se emitió el auto impugnado, que el Ministerio Público, representado por la licenciada V.Q., agendó ese acto en virtud de la salida del sentenciado NOMBRE 1, del Centro Penitenciario de Bocas del Toro, ya que el mismo fue beneficiado mediante Decreto Ejecutivo N°69 de 10 de junio de 2019, con rebaja de pena correspondiente a 56 meses de prisión y la respectiva pena accesoria; sin embargo, indicó que existía una condena por 154 meses de prisión por el delito de robo agravado que no fue tomada en cuenta al verificar los requisitos para otorgarle dicho beneficio y la cual fue unificada mediante el auto N°130 de 20 de abril de 2018.

Consta dentro del antecedente, la resolución N°67 C.P/Bocas del Toro 10-17-18, correspondiente al acta de rebaja de pena, específicamente en el número 10 sobre NOMBRE 1, en el cual, entre otras cosas, se hizo referencia que el mismo estaba condenado a cumplir 56 meses de prisión por el delito de robo, por lo que la Junta Técnica del Centro Penitenciario de Bocas del Toro, concedió la viabilidad para este tipo de libertad fuera beneficiado con la rebaja de pena.

De igual forma, se puede consultar en las copias autenticadas de la carpetilla en mención, la sentencia N°105 de 9 de octubre de 2017, donde se condenó a NOMBRE 1, a las penas de 154 meses de prisión y a la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de dos años.

En ese sentido, es preciso señalar que existen dos sentencias condenatorias en contra de NOMBRE 1, por el delito de robo agravado en perjuicio de NOMBRE 2, NOMBRE 3 y NOMBRE 4, estos últimos por causas acumuladas; en uno de dichos procesos penales fue condenado a la pena principal de 56 meses de prisión y en el otro, a la pena de 154 meses, por lo que mal podría este tribunal valorar los señalamientos de la defensa del señor NOMBRE 1, de reclamar la aplicabilidad de una circunstancia que de haberse tomado en cuenta por la Junta Técnica del Centro Penitenciario de Bocas del Toro, no se le hubiera otorgado la viabilidad de ser candidato para el beneficio de rebaja de pena.

Aunado a que, de modo alguno puede interpretarse que el beneficio de rebaja de pena que le fue otorgado al amparista por los 56 meses de prisión correspondiente a la primera causa, suspenda o invalide la ejecución de la sentencia 105 de 9 de octubre de 2017. (cfr. f.44-45)

  1. Argumentos de la Apelación

En el escrito de apelación que encontramos de foja 51 a 55 del cuaderno de amparo, la Defensora Pública del señor NOMBRE 1, insiste en la vulneración de garantías fundamentales y reitera los hechos en que sustentó su demanda de amparo.

En ese sentido, sostiene que la decisión de la Juez de Cumplimiento de Bocas del Toro, vulnera el artículo 32 de la Constitución Política, específicamente las normas de procedimiento, ya que al retrotraer el proceso seguido a NOMBRE 1 antes de la unificación de las sentencias, dictada con el auto 130 del 20 de abril de 2018, impone la sentencia No.105 de 9 de octubre de 2017, por el delito de robo, cuya pena es de 154 meses, que debe cumplir, lo cual vulnera ese principio de favorabilidad en beneficio del reo, toda vez que estas penas habían sido unificadas desde el mes de abril de 2018, es decir, antes de que fuese recomendado por la Junta Técnica del Centro Penitenciario, que se llevó a cabo el día 17 de octubre de 2018.

Una vez conocido el contenido de la resolución impugnada, así como del recurso planteado por la parte actora, procede el Pleno a resolver lo que en derecho corresponde.

En tal sentido, y si bien es cierto lo decidido y apelado es una decisión de fondo, es oportuno recordar sobre la necesidad de que previo a este tipo de fallos, se deben observar con el debido detenimiento los aspectos formales de la acción; y que, para el caso que nos ocupa, resultaba claro que nos encontrábamos frente a una acción de amparo de garantías constitucionales que incumplía lo dispuesto por el artículo 2615 del Código Judicial, que establece que la acción de amparo podrá ejercerse contra toda clase de actos que vulnere o lesione derechos o garantías fundamentales que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, "cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata."

Al respecto, esta Corporación de Justicia observa que la resolución demandada fue dictada el 10 de febrero de 2020, la cual fue notificada en el mismo acto de audiencia oral. Sin embargo, la acción de amparo fue presentada ante el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 19 de octubre de 2020, esto es, poco más de ocho (8) meses después de emitirse el acto objeto de la acción constitucional, lo cual excede el término prudencial de tres (3) meses que, salvo circunstancias excepcionales, se ha fijado como parámetro temporal para determinar la existencia de la gravedad e inminencia del daño de un acto impugnado en sede de amparo. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la recurrente no planteó que su inacción obedecía a ningún motivo fuera de su control, que sustente válidamente por qué no interpuso el amparo dentro del término señalado.

Del mismo modo, las constancias de audio que se adjuntan con la presente acción constitucional y cuyo registro se dejó plasmado en el Auto No.81 de 10 de febrero de 2020 (Cfr. fs 18-19), revelan que la defensora pública del señor NOMBRE 1, anunció recurso de apelación contra lo dispuesto en el acto de audiencia. Para ello, se fijó el 12 de febrero de 2020, como fecha de audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones de Bocas del Toro. A pesar de esto, la defensora del amparista nada menciona al respecto, lo que hubiese permitido a esta Superioridad verificar si, efectivamente, se cumplió con el agotamiento de "los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución de que se trate" tal como establece el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial, pues, el solo anuncio no cumple con este requisito.

Ahora bien, vale la pena destacar que, pese a todo lo antes expuesto, la jurisprudencia de esta Máxima Corporación de Justicia ha venido considerando, en varias decisiones, que una vez admitida una demanda de amparo, lo procedente es expedir una decisión de fondo y no emitir declaratorias de no viabilidad cuando se haya percatado que la demanda no debió haberse admitido por carecer de ciertas formalidades básicas.

Con base en lo anterior y en atención a que existe un principio de lealtad y buena fe, en que deben afincarse todas las actuaciones de los jueces, magistrados, así como de las partes en un proceso judicial, procede este Tribunal de alzada a verificar los cargos de infracción a garantías constitucionales que se le atribuyen a la actuación demandada, así como al pronunciamiento del Tribunal A quo.

Así, corresponde a esta Corporación de Justicia examinar el cargo de violación al artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, que le formula el amparista a la decisión proferida por la Juez de Cumplimiento de la provincia de Bocas del Toro, bajo el argumento que el señor NOMBRE 1 fue beneficiado con una rebaja de pena por medio de Decreto Ejecutivo No.69 de 10 de junio de 2019, por lo que habiendo una pena unificada antes de la promulgación del referido decreto, se debe tener en cuenta que ya había un mandamiento que tenía una sola pena, de la cual se debe rebajar el resto que estaba pendiente de cumplir, y no hacer exclusión entre una y otra.

Observa este Pleno que las constancias procesales revelan que, efectivamente, mediante Auto No.130 de 20 de abril de 2018, la Juez de Cumplimiento de la provincia de Bocas del Toro, dispuso unificar las penas impuestas al amparista NOMBRE 1, a saber: - la pena de 56 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas, impuesta mediante Sentencia 36 de 4 de julio de 2016; y, - la pena de 154 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas, por el término de dos años, que fuera impuesta mediante sentencia 105 de 9 de octubre de 2017.

Así, resultó una pena unificada de 210 meses de prisión y la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de 80 meses, que deberá cumplir una vez finalizada la pena principal, la cual, se estableció para el 29 de marzo de 2034.

Posteriormente, consta que por medio del Decreto Ejecutivo No.69 de 10 de junio de 2019, se dispuso "Rebajar la pena de prisión y la correspondiente pena accesoria que esté pendiente de cumplir", a un grupo de personas privadas de libertad, entre éstas, al señor NOMBRE 1, portador de la cédula de identidad personal No.CÉDULA 1.

Ciertamente que si nos limitáramos a considerar que mediante el referido Decreto Ejecutivo, al señor NOMBRE 1, le rebajaron la pena de prisión, así como la pena accesoria que estaba pendiente de cumplir, se podría colegir, prima facie, que habiendo sido unificadas las penas impuestas, mediante Auto No. 130 de 20 de abril de 2018, se debe entender que se refiere a esta última pena (unificada).

No obstante lo anterior, a juicio de esta Corporación de Justicia, el escenario jurídico varía sustancialmente si examinamos, íntegramente, los antecedentes y las circunstancias que generaron la inclusión del ahora amparista en el Decreto Ejecutivo No. 69 de 10 de junio de 2019. Y ello es así, pues los antecedentes que acompañan a la acción constitucional que nos ocupa, revelan que mediante Sentencia No.36 de 4 de julio de 2016, el Juez de Garantías de la provincia de Bocas del Toro, le impuso al señor NOMBRE 1, la pena de 56 meses de prisión por la comisión de un delito contra el patrimonio económico (robo agravado) en perjuicio de I.G., siendo sustituida por trabajo comunitario, lo cual fue posteriormente revocado por el Juez de Cumplimiento de la provincia de Bocas del Toro, por medio del Auto No.178 de 15 de noviembre de 2016, toda vez que el señor NOMBRE 1 incumplió con las condiciones impuestas, ordenándose su reingreso al centro carcelario.

Asimismo, observa esta Superioridad que mediante Sentencia No.105 de 9 de octubre de 2017, se declaró penalmente responsable al señor NOMBRE 1, como autor por el delito contra el patrimonio económico (robo agravado), en perjuicio de NOMBRE 3 y NOMBRE 4 (causas acumuladas), imponiéndole la pena de 154 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Ahora bien, se advierte que mediante Resolución No.67 C.P./Bocas del Toro, del 17 de julio de 2018, se consideró al privado "NOMBRE 1: con cédula de identidad personal CÉDULA 1 condenado a cumplir la condena de (56) MESES de prisión por el delito Robo, la 1/2 la cumple el 03 de octubre del 2018 las 2/3 las cumple el 04 de julio de 2019 y la total de la pena el 14 de Diciembre de 2020..." Es decir, para la inclusión del amparista NOMBRE 1 en la rebaja de pena que fuera concedida mediante el Decreto Ejecutivo No.69 de 10 de junio de 2019, la Junta Técnica del Centro Penitenciario de Bocas del Toro, solo consideró la pena de los 56 meses de prisión e inhabilitación por el mismo periodo, una vez vencida la pena principal, la cual fue impuesta por el Juez de Garantías de la provincia de Bocas del Toro, mediante Sentencia No.36 de 4 de julio de 2016.

Sobre este particular, esta Superioridad coincide con el criterio expuesto por el Tribunal A quo, en el sentido que, de ningún modo, puede interpretarse que el beneficio de rebaja de pena otorgado al amparista por los 56 meses de prisión y que corresponden a la primera causa, suspenda o invalide la ejecución de la Sentencia No.105 de 9 de octubre de 2017, toda vez que no consta que esta última haya sido considerada para la inclusión del señor NOMBRE 1 en el beneficio de rebaja de pena, tal como se observa en la "Resolución No.67 C.P./Bocas del Toro 10-17-18, Acta de Rebaja de Pena", proferida por la Junta Técnica del Centro Penitenciario de Bocas del Toro.

La rebaja de pena "es una figura que sólo procede en el período de la ejecución de la pena, etapa cuya responsabilidad corresponde al Órgano Ejecutivo a través del Sistema Penitenciario y por tanto, es a esa instancia a la que compete la individualización ejecutiva de la pena, que es distinta a la individualización legal y a la de carácter judicial que ejercen los Tribunales de justicia, es una facultad conferida al Ejecutivo, que le permite la rebaja de penas y la aplicación de sustitutivos al internamiento, de conformidad al sistema de tratamiento penitenciario que se adopte." (Acciones de Inconstitucionalidad. Inversiones Temeda, S.A. y Agroforestal Temeda, S.A. contra los Decretos Ejecutivos N°297 y 298 de 30 de junio de 2014. M.. A.A.Z.. 9 de noviembre de 2015).

Así las cosas, tal como concluyó la Juez de Cumplimiento acusada en el acto de audiencia celebrada el 10 de febrero de 2020, no le era viable desconocer o revisar la rebaja de pena concedida por el Órgano Ejecutivo, siendo esta una facultad constitucional del Presidente de la República. Sin embargo, atendiendo a que dicha rebaja se produjo sobre la condena impuesta de 56 meses de prisión, quedó en evidencia que no se ha cumplido aquella pena de 154 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas, impuesta por el Juez de Garantías de la provincia de Bocas del Toro, mediante Sentencia No.105 de 9 de octubre de 2017.

Y si bien es cierto, como señala la recurrente, que una vez publicado el listado de los candidatos para ser beneficiados con rebaja de pena, se otorga un término para que las víctimas ejerzan su derecho de oposición, se debe tener presente que este derecho se ejerce precisamente sobre la rebaja de pena concedida que, para el caso que nos ocupa, había sido impuesta por un Juez de Garantías de la provincia de Bocas, mediante Sentencia No.36 de 4 de julio de 2016.

Es justamente la inclusión del sentenciado NOMBRE 1 en la lista de privados de libertad favorecidos para la rebaja de pena (por los 56 meses de prisión) por la Junta Técnica del Centro Penitenciario de Bocas del Toro, la que sustenta la decisión de la Juez de Cumplimento de Bocas del Toro. Por ende, siendo que a esta última le compete "Resolver las cuestiones que se susciten durante la ejecución de la sentencia" se celebró la audiencia oral el 10 de febrero de 2020, con la participación de la Fiscal y la defensa, adoptándose la decisión jurisdiccional objeto de amparo, en atención a lo que dispone el artículo 509 (num. 2), en concordancia con lo que establece el artículo 46 (num. 4), ambos del Código Procesal Penal.

Por consiguiente, esta Superioridad coincide con el criterio esgrimido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en el sentido que el amparista no ha logrado acreditar la vulneración de algún trámite legal que haya afectado el debido proceso. Por el contrario, la acción se presenta con el firme propósito de que esta Corporación de Justicia dirima una controversia de índole legal que guarda relación con el criterio jurídico que utilizó la Juez de Cumplimiento de la provincia de Bocas del Toro para arribar a su decisión y que, contra la misma, se anunció recurso de apelación; esto último que, como anotáramos en párrafos precedentes, no se hace mención alguna por parte de quien recurre.

En consecuencia, no se logra acreditar vulneración a la garantía fundamental del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Carta Fundamental y sobre la cual esta Corporación de Justicia ha expresado, de forma reiterada, que "es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas, oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender sus derechos." (ARTURO, H., "El Debido Proceso", Editorial Temis, S.A. Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1996, pág. 54).

En definitiva, luego del examen de las constancias que reposan en autos, este Tribunal de A. estima que a partir de lo dispuesto en la decisión adoptada en el acto de audiencia celebrado el 10 de febrero de 2020 y que consta en el Auto No.81 de 10 de febrero de 2020, por la Juez de Cumplimiento de la provincia de Bocas del Toro, no se produce violación alguna de derechos fundamentales que justifiquen su revocatoria, por lo que corresponde confirmar la resolución venida en apelación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020) dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales promovido por la licenciada K.R., en representación de NOMBRE 1, contra la decisión adoptada dentro del acto de audiencia oral celebrado por la Juez de Cumplimiento de la provincia de Bocas del Toro.

N.,

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

LUIS RAMÓN FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES - OLMEDO ARROCHA OSORIO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME - M.C.B. (Salvamento de Voto)

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

SALVAMENTO DE VOTO MAGISTRADA M.C.B.

Con el debido respeto, debo manifestar mi desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría del Pleno consistente en CONFIRMAR la Resolución de 16 de diciembre de 2020 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que NO CONCEDE el amparo de garantías constitucionales interpuesto a favor de NOMBRE 1 contra la Resolución de 10 de febrero de 2020 del Juzgado de Cumplimiento de Bocas del Toro que retrotrae el proceso al momento anterior al Auto N°130 de 20 de abril de 2018, que unificó las penas que le fueron impuestas mediante Sentencias de 4 de julio de 2016 y 9 de octubre de 2017.

Mi disenso obedece a que la acción idónea para resolver el asunto planteado es el Hábeas Corpus, no el A. de Garantías Constitucionales, pues lo que se cuestiona es el carácter ilícito de la privación de la libertad del demandante derivada de una decisión del Juzgado de Garantías de Bocas del Toro que tuvo la virtualidad de modificar un Decreto de Rebaja de Penas dictado por el Presidente de la República en ejercicio de la atribución establecida en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política.

La decisión técnicamente correcta es revocar la Resolución de 16 de diciembre de 2020 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial y declarar no viable la demanda de amparo de garantías constitucionales o bien, con el ánimo de favorecer el más expedito reconocimiento del derecho humano a la libertad que le asiste al accionante, CONCEDER la demanda de tutela de derechos fundamentales presentada aclarando que ello se realiza con carácter excepcionalísimo dada la ostensible gravedad del asunto traído a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, al margen de los posibles errores que pudieron incidir para que NOMBRE 1, formase parte de la lista de candidatos a la rebaja de pena presidencial, es un hecho jurídicamente indubitable e inimpugnable judicialmente en tanto derivación directa de la Constitución Política, que fue beneficiado en términos absolutos por el Presidente de la República a través del Decreto Ejecutivo N°69 de 10 de junio de 2019, quien no podría haber distinguido entre una u otra de las penas impuestas en distintos procesos penales porque habían sido unificadas desde el 20 de abril de 2018.

El efecto del Decreto Presidencial de rebaja de penas fue abordado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en fallo de 10 de mayo de 2017 bajo la entrada 730-14 y consiste en que el beneficiado recupera su libertad, a partir de lo cual, debe entenderse que no cabe intervención del Juez de Cumplimiento.

El cumplimiento de las penas es una actividad que corresponde claramente a los organismos del poder ejecutivo pertinentes. El juez de cumplimiento interviene como juez de derechos humanos para modular sus eventuales excesos y remediar los errores que pudieran afectar la dignidad del privado de libertad hasta un límite que no sea incompatible con el principio de separación de poderes, el cual, a mi juicio, se ve claramente fracturado con la decisión contenida en el fallo. Como este no fue el criterio de la mayoría del Pleno, SALVO MI VOTO.

Fecha ut supra.

M.C.B.

YANIXSA Y. YUEN C.

SECRETARIA GENERAL

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