Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 15 de Julio de 2021

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución15 de Julio de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: P.

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 15 de julio de 2021

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Apelación

Expediente: 920-2020

Vistos:

En grado de apelación ha ingresado al conocimiento del P. de esta Corporación de Justicia, la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la licenciada L.H.A., en representación de la ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. CASA BONITA, contra la decisión adoptada en el acto de audiencia celebrado el 21 de septiembre de 2020, por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Tercer Circuito Judicial de Panamá.

La resolución contra la cual se presenta el recurso de apelación que ocupa al P., es la decisión proferida el 14 de octubre de 2020, por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual no admitió la acción de amparo de garantías propuesta por la recurrente ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. CASA BONITA.

Procede el P. a emitir la decisión del recurso formulado, previo a lo cual se dejan expuestos los antecedentes del mismo.

Antecedentes

Consta en autos que la licenciada L.H.A., apoderada especial de la ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. CASA BONITA, promovió acción constitucional de amparo contra la decisión adoptada por el Juez Primero de Circuito de lo Civil del Tercer Circuito Judicial, en el acto de audiencia celebrado el 21 de septiembre de 2020, por estimar que ello mismo viola, de forma directa por comisión, lo normado en el artículo 32 de la Constitución Política.

Al respecto, la amparista señala que las pruebas que le fueron negadas son conducentes, pues las mismas se refieren a los hechos del proceso y a sus excepciones y defensas contenidas con su contestación de demanda. Asimismo, alude a que las pruebas que fueron negadas son idóneas, toda vez que se trata de comunicaciones y correspondencia electrónica realizadas desde y/o hacia la demandada y emitidas por la demandada, que se refiere a los hechos controvertidos y que acusan la temeridad de la pretensión.

La acción constitucional propuesta fue inadmitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 14 de octubre de 2020, al considerar que "...la demandante impugna, con su Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, el pronunciamiento sobre la admisibilidad e inadmisión de pruebas aportadas por las partes dentro del proceso oral que interpuso CASA DEL MAR BEACH CORPORATION en contra de la amparista, señalando que se infringe el artículo 32 de la Constitución Política, y en consecuencia solicita que este Tribunal de Amparo ordene la admisión de las pruebas que le fueron negadas" (cfr. f.24)

Agregó el Tribunal A quo que, una resolución sobre la admisión de pruebas en el proceso no es impugnable por vía constitucional, salvo que la misma evidenciara una flagrante violación, amenaza, lesión o menoscabo de derechos fundamentales, conforme lo ha manifestado la jurisprudencia del P. de la Corte Suprema de Justicia.

Argumentos de la Apelación

En su escrito de apelación (fs. 28 a 31), la apoderada judicial de la amparista manifiesta que el artículo 32 de la Constitución Nacional, establece una garantía inamovible de derecho, como lo es el debido proceso legal, que para el caso que nos ocupa y tal como ha sido reiterado hasta la saciedad por la jurisprudencia y la doctrina, importa entre otras cosas, al asegurar a las partes la oportunidad de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y contradecir las aportadas por la contraparte, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.

Sobre el tema, la apoderada judicial de la recurrente reitera que las pruebas que le fueron negadas son contundentes, eficaces, conducentes y, además, idóneas, pues, se trata de comunicaciones y correspondencia electrónicas realizadas desde y/o hacia la demandada y emitidas por la demandada, que se refieren a los hechos controvertidos, sus excepciones y defensas; y que acusan la temeridad de la pretensión.

Concretamente, alega la recurrente que no pretenden, como dice el A quo, impugnar una resolución sobre admisión de pruebas, sino lo que pretende es que no se les deje en indefensión.

Agrega, además, que la cuestión probatoria, hoy día, no es tan solo preocupación del derecho procesal, sino que ha trascendido al campo constitucional y la jurisprudencia constitucional que se ha dedicado a dilucidar cuestiones relativas a la prueba, toda vez que se trata de un elemento integrante de la figura de tutela judicial, del debido proceso y que ha adquirido una óptica y una dimensión constitucional.

Consideraciones y Decisión del P.

En virtud de la promoción del recurso de apelación, corresponde a este P. pronunciarse respecto a la decisión vertida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, y por tanto, determinar en alzada lo dispuesto en las normas constitucionales y legales sobre la materia, es decir, si la orden o acto impugnado lesiona derechos fundamentales previstos en nuestra Constitución Política y en la norma convencional de derechos humanos vigente en Panamá.

Es necesario destacar que la amparista alegó la infracción del artículo 32 de la Constitución Política porque, a su juicio, el Juez acusado, al dictar el acto impugnado, conculca su derecho a la legítima defensa.

En su opinión, la transgresión del precepto constitucional que consagra el debido proceso, se produce cuando el Juez Primero de Circuito de lo Civil del Tercer Circuito Judicial, niega unas pruebas, en particular, la diligencia notarial de verificación de correspondencia electrónica y la inspección ocular con el auxilio de peritos especializados en informática, a cuentas de correo electrónico, las cuales son conducentes, pues, las mismas se refieren a los hechos del proceso y a sus excepciones y defensas contenidas con su contestación. Afirma que las referidas pruebas son idóneas, por cuanto se trata de comunicaciones y correspondencia electrónicas realizadas desde y/o hacia la demandada y emitidas por la demandada, que se refiere a los hechos controvertidos y que acusan la temeridad de la pretensión.

Sostiene el recurrente en su escrito de apelación que no pretenden impugnar una resolución sobre la admisión de pruebas, sino que no se les deje en indefensión.

Ahora bien, esta Superioridad observa que en el acto de audiencia oral celebrado el 21 de septiembre de 2020, luego que se le otorgase a las partes la oportunidad de presentar sus pruebas y contrapruebas, así como las objeciones a éstas, el Juez Primero de Circuito Civil del Tercer Circuito Judicial, en el mismo acto, decidió respecto a la admisibilidad de las pruebas, siendo admitidas unas e inadmitidas otras (Cfr. fs.12-18)

En primer lugar, este P. le otorga razón a la impugnante en cuanto a la apreciación de la procedencia de la acción de amparo para el control jurisdiccional de la garantía de los derechos fundamentales de actuaciones como la que ahora se examina, esto es así, ya que a partir de la Sentencia de 14 de julio de 2008, se ha sentado el criterio que de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se deduce que la acción de amparo de garantías constitucionales contemplada en el artículo 54 de la Ley Fundamental está prevista "como un recurso sencillo, rápido y efectivo al que tiene derecho toda persona, para "que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales". En otras palabras, el alcance de protección constitucional, vía amparo, no se limita únicamente a la tutela de derechos que puedan ser lesionados por órdenes de hacer o no hacer, sino que se amplifica de modo tal que es susceptible de amparo todo acto que lesione derechos fundamentales.

Desde esta perspectiva, desde luego que es posible someter a los rigores del amparo una resolución de admisión de pruebas, como la que se examina. Sin embargo, cabe precisar que ello es así sólo en "aquellos casos en que la misma evidenciara la flagrante violación, amenaza, lesión o menoscabo de derechos fundamentales" (Cfr. CSJ, P., Car Spot S. A. vs. Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, Fallo de 14 de febrero de 2011, M.L.M.C., pues, aunque el amparo pretende la tutela suprema de los valores, principios y derechos previstos en el Texto Constitucional, ésta no es una acción absoluta; por el contrario, se encuentra sujeta a ciertos límites en su ejercicio; y, uno de ellos, sostenido en la jurisprudencia tradicional de esta Corte, es que el amparo no puede ser confundido como una instancia adicional para valorar pruebas y elementos allegados al proceso judicial, actividad que le corresponde, privativamente, al juez natural.

Al margen de lo anterior, resulta evidente que la acción promovida más que pretender la tutela del derecho al debido proceso, lo que busca es objetar el juicio de admisibilidad de pruebas realizado por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Tercer Circuito Judicial. No obstante, tal ponderación escapa del juicio de amparo y, por lo tanto, de la competencia de este P., el cual está constituido para salvaguardar la tutela constitucional de los derechos fundamentales y no para su apreciación en el plano de la legalidad.

La jurisprudencia de esta Corporación de Justicia, ha sido constante al señalar que no es dable examinar a través del proceso de amparo, si es correcta o no la decisión adoptada por el juez en el ejercicio subjetivo de valoración de la pertinencia o ineficacia de las pruebas aducidas por las partes, pues dicha atribución de conformidad con el artículo 783 del Código Judicial, le corresponde al juez de la causa. Además, que de admitirse tal posibilidad se estaría rebasando el interés y objeto del amparo de garantías constitucionales, el cual es por su naturaleza un mecanismo procesal extraordinario y no una tercera instancia.

En tal virtud, la negativa a la admisión de pruebas solo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conducen a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidos o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente superfluos o se les considere manifiestamente dilatorias en el desarrollo del proceso.

En otro orden, por ser un derecho de configuración legal, debe cumplir una serie de exigencias y presupuestos preestablecidos por la legislación procesal para su admisión, práctica y valoración, según sea el caso.

De igual forma, es necesario indicar que, para que un medio probatorio sea admitido en el proceso, debe ser pertinente, es decir, que la prueba aducida por la parte debe guardar estrecha relación con el objeto del proceso. Entonces, la valoración de la pertinencia o no del medio probatorio corresponde sólo al juez natural, por constituirse es una atribución legal.

En cuanto a los aspectos relativos a la conveniencia o no de la prueba, es necesario insistir en que esta actividad sólo le concierne al juez ordinario. Por ello, el Tribunal de Amparo como encargado de asegurar el respeto de los derechos fundamentales sólo podrá revisar esta actividad del juez si la decisión que deniega la admisión de la prueba carece de todo fundamento o el mismo es incongruente, arbitrario o irracional, lo que a criterio de este Tribunal Constitucional, no ocurre en el caso bajo estudio.

Aunado a lo anterior, es importante tener presente que, parte del ejercicio del juzgador, al momento de pronunciarse sobre la admisibilidad de la prueba descansa sobre la utilidad de la prueba (uno de los llamados requisitos intrínsecos) para generar el convencimiento sobre la respectiva pretensión. De esta forma, si el juez de la causa estima que su experiencia basta para apreciar la prueba aportada, el peritaje no resulta imperativo.

Asimismo, ha reconocido el P. al respecto, cuando en fallo de 16 de octubre de 2002 señaló:

"Es evidente que el derecho a la prueba es uno de los derechos que se encuentran incorporados al derecho fundamental del debido proceso, pero dicho derecho a la prueba no es equivalente a que, quien las propone, tenga derecho a proponer las pruebas que estime conducentes y que el tribunal debe admitirlas y practicarlas, por cuanto el derecho a la prueba, no impide la labor del tribunal de enjuiciar la procedencia de la prueba y de no admitir aquellas que, a su juicio, no sean pertinentes, siempre que como es natural, motive a suficiencia dicha admisión" (Cfr. CSJ, P.. R. L.G. DE P. Corporación vs. Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, Fallo de 28 de junio de 2012).

Así las cosas, si bien el derecho a la prueba se torna fundamental, reconocido en nuestra Constitución Política y en la jurisprudencia de esta máxima Corporación de Justicia, no tiene un carácter ilimitado o absoluto, puesto que este derecho es limitable siempre que se justifique en la necesidad de preservar otro principio fundamental. Por lo cual, el principal límite del derecho a la prueba son los demás derechos fundamentales, sobre todo, el debido proceso.

El derecho subjetivo a probar se limita en cada proceso por las nociones de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba; y su ejercicio se reglamenta por la Ley, con las formalidades y demás requisitos de la actividad probatoria.

En síntesis, el derecho a la prueba debe responder a unas exigencias legales que lo limitan, pues no es admisible -como pretende la amparista- allegar todo tipo de pruebas, en tanto, en el campo jurídico no existe un derecho ilimitado, máxime cuando dicho derecho se está ejercitando en el escenario de un proceso judicial; empero, lo que fuere legal, pertinente, útil y conduzca a la demostración de los hechos objeto de debate, está ligado a la garantía del derecho a probar, a partir de la cual cualquier negativa injustificada representa su violación, protegible con los mecanismos establecidos para ello.

En cualquier caso, la tutela constitucional pretendida pudiera proceder en el evento que el acto impugnado desconociera aspectos objetivos del debido proceso y sus componentes, a saber: el derecho a ser juzgado por autoridad competente; el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales; el derecho de no ser juzgado dos veces por la misma causa penal, policiva o disciplinaria; el derecho a aducir, aportar y practicar pruebas atendiendo al derecho de defensa y contradicción propia de la fase o etapa probatoria en el Proceso; y el derecho a obtener una resolución debidamente motivada.

No obstante, como se puede constatar en el infolio, no se observa que se afecte objetivamente algunas de las formalidades esenciales del debido proceso, puesto que el acto de audiencia celebrado el 21 de septiembre de 2020, fue emitido por autoridad jurisdiccional competente; a propósito del accionar de las partes interesadas en el proceso oral; mediante resolución motivada; y de conformidad con los presupuestos legales estipulados en el artículo 783 del Código Judicial, en cuanto a la admisión de pruebas. Por tanto, se colige que no se ha infringido el derecho fundamental al debido proceso de la amparista.

Siendo así, este P. procede a confirmar la resolución venida en grado de apelación.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución de 14 de octubre de 2020, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la licenciada L.H.A., en representación de la ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DEL P.H. CASA BONITA contra la decisión adoptada en el acto de audiencia celebrado el 21 de septiembre de 2020, por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Tercer Circuito Judicial de Panamá.

N.,

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

LUIS RAMÓN FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES -- O.A.O.-.J.E.A.P.C.-.C.C.R.-.M.C.B..

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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