Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 7 de Marzo de 2022
| Ponente | Olmedo Arrocha Osorio |
| Fecha de Resolución | 7 de Marzo de 2022 |
| Emisor | Pleno |
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá
Sala: Pleno
Ponente: Olmedo Arrocha Osorio
Fecha: 07 de marzo de 2022
Materia: Amparo de Garantías Constitucionales
Apelación
Expediente: 119760-2021
VISTOS:
Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia del Recurso de Apelación en contra de la Resolución de fecha 28 de octubre de 2021 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a través de la cual NO ADMITE la Acción de Amparo Garantías Constitucionales promovida por la licenciada G.H.G. en su condición de Defensora Pública del señor J.A.B.E. contra la Sentencia N°110/TJ-J de fecha 23 de octubre de 2020 dictada por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá.
El acto impugnado, en grado de apelación lo constituye la Resolución de fecha 28 de octubre de 2021 proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, a través de la cual se dispone lo siguiente:
"En mérito de lo expuesto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales incoado por J.A.B.E. contra el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá integrado por las Jueces Iveth Francois V. (presidente), K.D.R.A. (relatora) e I.C.."
ACTO IMPUGNADO EN SEDE DE AMPARO
El acto recurrido, en sede constitucional, lo constituye la Sentencia N°110/TJ-J de fecha 23 de octubre de 2020 dictada por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual se resolvió lo siguiente:
"En base a lo anteriormente visto, expuesto y considerado, el TRIBUNAL DE JUICIO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE PANAMA; DECLARA CULPABLE a J.A.B.E., varón, panameño, mayor de 32 años de edad, con cedula 8-817-2387, nacido el 4 de julio de 1988, hijo de J.B. y G.E., unido, con dirección en Pedregal, Montería, calle tercera, casa 245, estudios hasta el primer años(sic) de la universidad y de ocupación instalador de aires acondicionados; y se le condena a la pena de DOSCIENTOS DIECISEIS (216) MESES DE PRISION, y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el término de diez (10) años, una vez cumplida la pena principal; en calidad de autor de los cargos formulados en su contra, es decir, por el delito de Almacenamiento de Sustancias Ilícitas y Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos.
SE ORDENA el cese de las medidas cautelares personales impuestas al acusado J.A.B.E., el cual habrá de computarse como parte de la pena a cumplir.
SE ORDENA EL COMISO, del arma de fuego tipo pistola 9mm, marca CZ, modelo 15 P-07 duty, municiones calibre 9 mm, serie impresa original de fábrica, con su proveedor y seis municiones.
REMÍTASE al Juez de Cumplimiento para su verificación y control.
REMÍTANSE las demás comunicaciones pertinentes a quien corresponda.
Antes de entrar al análisis de los presupuestos de admisibilidad de la presente acción constitucional que se trae en alzada, esta Superioridad considera oportuno hacer un recuento sucinto de los acontecimientos que la antecedieron.
Mediante información obtenida el día 8 de septiembre de 2017 inicia una investigación de tipo penal, a través de la cual la Dirección Nacional Antidrogas comunicó que una fuente de colaboración puso en alerta sobre un grupo de nacionales y extranjeros que se dedicaban al trasiego de sustancias ilícitas (drogas) y que el punto de almacenamiento de dicha mercancía era una casa ubicada en Montería, calle tercera, casa N°245, custodiada por el ciudadano J.B.. Además, se indicó que este grupo criminal utilizaba para transportar la mercancía en cuestión un vehículo marca Nissan Sentra, color gris, con numeración 562769, que pertenecía, de igual forma al señor J.B..
Se extrae del escenario planteado que, ese mismo día, el 8 de septiembre de 2017, equipos de policía acuden al área de la residencia prenombrada a fin de verificar la situación, dando en ese momento seguridad perimétrica al área. En el transcurso de ese procedimiento se percatan que no existía movimiento dentro de la casa, por lo que avisan al fiscal que estaba a cargo en la diligencia, quien, en vista de ello, ordenó practicar una diligencia de allanamiento excepcional a la residencia, realizada en ese momento con la presencia de un testigo a ruego, identificado con el nombre de H.M.H..
Del relato expuesto por el amparista se extrae que, producto de dicha diligencia de allanamiento se encontraron varios paquetes rectangulares con sustancias ilícitas, un llavero donde estaba la llave del carro de marca Nissan descrito en párrafos precedentes. En ese sentido, se procedió a abrir el vehículo, encontrándose de igual forma paquetes rectangulares con sustancias ilícitas. Dicha diligencia fue legalizada por el Juez de Garantías que le correspondió la causa, el día 12 de septiembre de 2017.
A raíz de lo anterior, se inicia una serie de investigaciones respecto al caso, que trajo como consecuencia que el día 4 de mayo de 2019, se le imputaran cargos al señor J.B.E.. Sucesivamente, de acuerdo a las reglas del sistema penal acusatorio (Código Procesal Penal), se transita por las fases intermedias y de Juicio Oral, culminando con una sentencia de tipo condenatoria en contra del señor B.E., identificada como la Sentencia N°110/TJ-J de fecha 23 de octubre de 2020 (f. 32 del C. de Amparo), proferida por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá (acto impugnado).
La defensa técnica del penado interpone Recurso de Anulación en contra de dicha Sentencia, y mediante Sentencia de Anulación N°TSA/30-2021 de fecha 8 de abril de 2021, emitida por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá (f. 60-67 del C. de A., se rechaza el recurso.
Hasta aquí, esta Corporación de Justicia extrae los hechos que generaron el acto impugnado que hoy nos ocupa en sede de amparo (alzada).
DEMANDA DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
El actor explica en su demanda que, el Tribunal de Juicio, al emitir la Sentencia Condenatoria N°110/TJ-J de fecha 23 de octubre de 2020, no realizó una adecuada valoración de ciertos elementos probatorios, siendo que estos últimos vulneraron Derechos Constitucionales.
Arguye que, específicamente la Diligencia de Allanamiento Excepcional efectuada por el Ministerio Público, se realizó de manera ilegal porque, en primer lugar, no cumplía con los presupuestos para tal excepcionalidad, debiendo, para ello, existir un control anterior para realizar el allanamiento de manera regular, tal como lo establece los artículos 293 y 297 del Código Procesal Penal. En segundo lugar, porque en la audiencia de control posterior no hubo la presencia de un abogado o una representación jurídica que ejerciera la defensa técnica del...
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