Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 5 de Julio de 2010

Ponente:Winston Spadafora Franco
Fecha de Resolución: 5 de Julio de 2010
Emisor:Pleno

VISTOS:

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante resolución judicial de 5 de agosto de 2009, no concedió la acción de amparo de derechos fundamentales interpuesta por M.C.M., contra el Acta de Audiencia de 29 de mayo de 2009, proferida por el Juez Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá.En la resolución judicial recurrida se expone que no se han infringido los artículos 17, 32 y 54 de la Constitución Política, por cuanto que "la calificación de injustificado que el Juez demandado otorgó a la excusa presentada por el testigo, a través de apoderado judicial de la parte proponente de la declaración, pertenece al marco de la valoración que el Juzgador realizó para tomar su decisión, circunstancia que no corresponde al Tribunal de Amparo valorar, ya que, de lo contrario se desnaturalizaría el carácter extraordinario de esta acción constitucional, para convertirla en otro recurso ordinario y permitirle al Tribunal de Amparo revocar la decisión de "declarar inevacuable" el testimonio excusado, bajo consideraciones subjetivas y no porque exista una infracción a norma de procedimiento que expresamente disponga como impedimento legítimo "compromisos laborales previamente establecidos"; y, pueda el testigo excusar su deber de concurrir a la diligencia".

En el caso de las pruebas testimoniales, indicó el Tribunal Superior, aplica el artículo 932 del Código Judicial, respecto del cual sólo cuando exista un justo motivo, puede prorrogarse la diligencia dentro del respectivo proceso, caso en el cual no aplicaba en el negocio que nos ocupa.

Agregó el Tribunal Superior igualmente que la decisión demandada en amparo no impedía que las pruebas se adujeran en la segunda instancia, de conformidad con el literal b del artículo 1275 del Código Judicial, situación que lo conllevó a considerar que no se infringió la garantía constitucional del debido proceso (fs.44-50).

Contra la resolución judicial anterior dictada por el Primer Tribunal Superior se presentó en tiempo oportuno recurso de apelación. En dicho medio de impugnación, se solicita que se revoque la decisión apelada y, en su lugar, se conceda la acción de amparo de derechos fundamentales presentada.De acuerdo al amparista y apelante el artículo 809 del Código Judicial, permite que si las pruebas no se practican en la fecha señalada, se le puede solicitar al juzgador que asigne una nueva fecha, ya sea de manera verbal o escrita, dentro del término probatorio. En el caso que nos ocupa, sostiene el recurrente, la solicitud para que se fijara una nueva fecha para la práctica de una prueba testimonial se dio dentro del término probatorio, toda vez que, para el día en que se había establecido dentro de la audiencia, la misma se suspendió para ser continuada al día siguiente con la práctica de esa prueba testimonial.

Según el apelante, al haberse decretado inevacuable la práctica de la prueba testimonial de J.A., coartó la posibilidad que se pudiese practicar en la segunda instancia, de conformidad con el artículo 786 del Código de la Familia y el literal b del artículo 1275 del Código Judicial, por lo que se infringe la garantía del debido proceso contenida en el artículo 32 de la Constitución Política, toda vez que no se le ha permitido ser escuchado en el proceso (fs.53-62).

Conocidos los aspectos medulares de la resolución judicial recurrida, así como el sustento del recurso de apelación presentado, procede el Pleno de esta alta Corporación de Justicia a resolver lo que en derecho corresponda.

Según se ha podido conocer el tema de la disconformidad y de supuesta violación a la garantía constitucional del debido proceso, consiste en el hecho que no se le permitió al amparista y ahora recurrente, prorrogar una fecha para la recepción de una prueba testimonial dentro de una audiencia en un proceso de divorcio.Expuso el apelante que esa situación coarta su derecho de defensa y de aportar pruebas, aspectos garantes del cumplimiento de un debido proceso, toda vez que, permitiendo la ley poder solicitar que se establezca una nueva fecha para la práctica de la prueba, la misma le fue negada imposibilitándolo, incluso, poderla aducir en la segunda instancia.

El presente negocio tuvo su génesis en la realización de una audiencia de divorcio llevada a cabo el 28 de mayo de 2009, día en el que se estaban evacuando la práctica de pruebas testimoniales. Según se puede apreciar, para esa fecha y por acuerdo de las partes, se decidió suspender la audiencia para continuarla al día siguiente, fecha en la que estaba programado receptar la prueba testimonial aducida por el amparista y apelante, consistente en el testimonio de J.R.A..

Al día siguiente, 29 de mayo de 2009, el testigo aducido por el amparista, no se apersonó al acto de audiencia, si bien presentaron, en ese momento, un escrito en el que manifestaban su imposibilitad de acudir por compromisos laborales, pese a que la fecha para la realización de esa diligencia se había fijado con antelación. En vista de ello, el Juzgador de la Causa, consideró inevacuable la prueba testimonial, pues, como se dijo, ya estaba programado y, además, las excusas dadas no reflejaban una razón válida para no acudir al acto de audiencia, aunado al hecho que no se manifestó dicha imposibilidad el día anterior, cuando ambos apoderados judiciales estaban presentes.

Lo antes manifestado, a juicio del apelante, es violatorio de la garantía constitucional del debido proceso. Ahora bien, sobre este tema en particular y, del cual mucho se dice para sustentar estas acciones de amparo, el Pleno de la Corte se ha pronunciado de la siguiente manera:

"Y es que la garantía constitucional del debido proceso encierra entre otras cosas la oportunidad de acceder válidamente a los tribunales de justicia y obtener una decisión en base a lo pedido, de ser juzgados en procesos previamente determinados por la ley, de ser oídas, a ser juzgadas por el tribunal competente o por el juez natural, de aportar pruebas lícitas y contradecir las de la contraparte, derecho a obtener resoluciones debidamente motivadas y hacer uso de los medios de impugnación que otorga la ley, para hacer valer sus derechos. Pero, esa garantía del debido proceso implica además, tal como lo ha adoptado el Pleno de la Corte, que "si se viola alguno de dichos elementos de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho de aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medios de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de estas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguirse un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo desconozca la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional" (A.H., El Debido Proceso, Editorial Temis, S.A., Santa Fé de Bogotá Colombia, 1996, pág.89-90)". (Resolución Judicial de 18 de mayo de 2007). Resalta la Corte.

Conforme se ha podido constatar, al amparista y ahora recurrente en ningún momento se le negó la posibilidad de aportar pruebas durante la etapa de la audiencia o, en su defecto, tampoco se le negó la oportunidad de aducir o contradecir las pruebas de la parte contraria. Es más, según cuenta el propio apelante, la fecha para la recepción de esa prueba testimonial, ya había sido fijada con suficiente tiempo de anticipación para que el citado, como las partes, se prepararan para la audiencia.

Por otro lado, según se puede comprobar, cuando el 28 de mayo de 2009, se decidió suspender la audiencia para continuarla al día siguiente con la única finalidad de evacuar el testimonio de la persona citada por el amparista y recurrente, quien además, había sido el proponente de dicha prueba, nada dijo sobre la imposibilidad que el testigo se pudiera presentar para la continuación de la audiencia.

El hecho que no se haya aceptado las excusas dadas por la no comparecencia del citado, en nada infringe la garantía constitucional del debido proceso, pues está incluso, dentro de las facultades del Juzgador. Cosa distinta hubiese sido que, desde un inicio, no se le hubiese brindado la oportunidad procesal de aportar las pruebas lícitas necesarias tendientes a demostrar su pretensión. Ello, en razón que lo pretendido por el recurrente, pareciera ser más un tema de valoración probatoria que la no concesión o imposibilidad de aportar pruebas, situación que escapan al control por medio de una acción de amparo de derechos fundamentales.

Aunado a ello, si el amparista y ahora recurrente considera que sin ese medio de prueba se le causó una afectación de tal envergadura que, de no haberse llevado a cabo, le produjo un menoscabo a sus derechos al obtener una decisión contraria, puede solicitarla en la segunda instancia, de conformidad con el artículo 786 del Código de la Familia, como del literal b del artículo 1275 del Código Judicial, aplicado supletoriamente.Siendo entonces esa la situación y, tras comprobar que no ha existido una violación o infracción a la garantía constitucional del debido proceso, esta Corporación de Justicia debe confirmar la resolución judicial apelada, al compartir el criterio del Primer Tribunal Superior.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución judicial de 5 de agosto de 2009, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

N. y devuélvase.

WINSTON SPADAFORA FRANCO

JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- A.C.C. --J.M.E. --H.J.M.D. --A.M. LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)