Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 22 de Diciembre de 2014

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución22 de Diciembre de 2014
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

El Licenciado J.A.M., actuando en representación del Sindicato del Canal de Panamá y el Caribe (SCPC), ha interpuesto Recurso de Apelación contra la Resolución No.5/2010 de 21 de octubre de 2009, proferida por la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá, dentro del proceso por práctica laboral desleal No.PLD-09/08 interpuesta por el Sindicato del Canal de Panamá y el Caribe (SCPC) contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por la supuesta violación de los derechos laborales de la trabajadora SANDRA GOULDBURN.

El recurso de apelación fue admitido por la Resolución No.23/2010 de 13 de noviembre de dos mil nueve (2009) de la Junta de Relaciones Laborales.

  1. ANTECEDENTES DEL CASO

    La génesis de este negocio radica en la denuncia por práctica laboral desleal presentada ante la Junta de Relaciones Laborales el 26 de febrero de 2008, por el señor C.A.C., Representante Sindical del Sindicato del Canal de Panamá y el Caribe (SCPC) por las supuestas violaciones de los derechos laborales de la trabajadora S.G. por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)

    A lo largo y extenso del escrito en que el sindicato fundamenta su denuncia, se puede observar que la misma, en su parte medular, alega que la Autoridad del Canal de Panamá incurrió en un ocultamiento deliberado de los cambios en la descripción de puesto de Trabajo No.120002 de la señora S.G., Oficial de Presupuesto NM-11, del cual no existe constancia que haya sido remitido al Punto de Contacto Designado de la Unidad Negociadora de los Empleados No-Profesionales, como lo establece el Artículo No.17 de la Convención Colectiva vigente al momento de efectuarse los cambios inconsultos en sus deberes y responsabilidades.

    El sindicato en su denuncia, indicó que la señora S.G. era la Oficial de Presupuesto del Departamento de Informática y Tecnología (IM). Que según la descripción del puesto de trabajo que se le asignó, el título era Oficial de Presupuesto NM-11, "Budget Officer" y que la misma no incluía supervisión, ni lista de empleados supervisados. Que todas las responsabilidades de la señora G. estaban directamente relacionadas a la elaboración de presupuesto.

    Que en el mes de marzo de 1999, la administración, a través de su supervisor, el Ingeniero Jacinto Wong, le asignó informalmente a la señora G., la supervisión de la Unidad de Administración de Recursos de la División de Apoyo Técnico (IMT-EQ).

    Que anterior a la fecha, esta Unidad (IMT-EQ) estaba bajo la supervisión directa del Gerente, División de Apoyo, NM-14, I.H.H., un trabajador de confianza, excluido de las unidades negociadoras y, que la supervisora permanente de esta unidad, era la señora M.A., Supervisora Especialista en Equipo Electrónico, NM-11, quien tenía bajo su supervisión a once (11) personas. O sea, que a la señora G. le tocaba supervisar a estas 11 personas adicionales y a otra del mismo grado NM-11.

    Señala el denunciante que la ACP implementó cambios en las condiciones de trabajo y empleo de la señora S.G., afectándola adversamente, cuando utilizó un procedimiento sin cumplir con su obligación de negociar dicho procedimiento, así como las medidas adecuadas que se aplicaban a la trabajadora, de acuerdo al artículo 102 de la Ley Orgánica. Que los cambios en las condiciones de trabajo y empleo significaron beneficios indebidos a la administración, de los cuales la señora G. no se favoreció, recibiendo de hecho la administración servicios gratuitos.

    Indica además, que el 30 de septiembre de 2007, la ACP restringió e interfirió en los derechos de la trabajadora de ser compensada por prestar servicios adicionales y de grado superior cuando, al culminar la prestación de dichos servicios, la administración no le remuneró por los servicios prestados. Que es irrelevante si la supervisión prestada por la señora G., era administrativa o técnica; sino que lo relevante es que la administración le asignó responsabilidades de importancia significativa, adicionales a sus responsabilidades de Oficial de Presupuesto; servicios que prestó la señora G. y de los cuales la administración recibió un beneficio. Que los beneficios deben ser para ambas partes, por ende, la Sra. G., debe ser compensada.

    Por otro lado, señala que el 1 de octubre de 2007, la ACP incurrió en una nueva práctica laboral desleal al restringir e interferir en los derechos de la trabajadora de ser tratada equitativamente y según la costumbre, ya que, en esta fecha, la ACP reconoce que, en efecto, las responsabilidades de IMXB-EQ, deben estar bajo la jefatura de un trabajador de grado superior, y las transfiere de la trabajadora G. a un Supervisor NM-13, trabajador de confianza, excluido de las unidades negociadoras, sin compensar a la señora G., por los servicios adicionales y de grado superior que le fueron asignadas unilateralmente; y las cuales, la administración ahora reconoce como responsabilidades que deben estar, y siempre han debido estar, bajo un trabajador de grado superior, excluido de las unidades negociadoras.

    Por último, sostiene también que, de haberse remitido al Punto de Contacto Designado los cambios propuestos a la descripción del puesto mencionado, pudieron ser tratados de acuerdo al Artículo 10 de la Convención Colectiva vigente al momento de efectuarse los cambios, negándose de hecho, la ACP, de negociar de buena fe con el sindicato como corresponde, conculcando legítimos derechos de la trabajadora S.G..

    Por su parte, la administración de la ACP, a través de su Gerente de Relaciones Laborales Corporativas, A.M.G.C., mediante nota RHRL-08-512 del 14 de mayo de 2008, presentó sus consideraciones pertinentes a la denuncia, alegando que la señora G. fue asignada al puesto No.120002 a raíz de la reestructuración ocurrida en el año 1997, por la Comisión del Canal de Panamá y que, para ese entonces, ya la trabajadora tenía responsabilidades de supervisión. Lo que se puede evidenciar en las evaluaciones de desempeño de la señora G., previo al periodo de 1999.

    Señala que en el año de 1999, como resultado de las recomendaciones del estudio realizado por el U.S. Army Management Analysis Ageny (USAMAA), se determinó agregar bajo la supervisión directa de la señora G. un puesto cuya ocupante, a su vez, supervisaba a otros trabajadores y sobre el cual, la señora G., sólo tendría supervisión de tipo administrativo, mas no sobre conocimientos, destrezas o servicios técnicos. Que la adición en el número de personas supervisadas (una persona más) por la señora G., no representaba un cambio significativo en sus funciones (más que de minimis), ya que ella ejercía y estaba familiarizada con las responsabilidades de liderazgo y supervisión, razón por la cual, no se requería la notificación al representante exclusivo.

    Que posterior a la actualización que se realizó a la descripción de funciones del puesto No.120002, ocupado por la señora G., actualización que ésta última firmó el 6 de octubre de 1999, la descripción fue traducida al idioma español en agosto de 2003, la cual también fue firmada por la propia señora G. el 12 de agosto de 2003, con lo cual, se evidencia que la misma tuvo conocimiento de los deberes y responsabilidades en su descripción de puesto desde octubre de 1999.

    Concluye la Gerente de Relaciones Laborales de la ACP que, del contenido de la denuncia, se revela que la verdadera intención tanto del sindicato como de la señora G., era solicitar una remuneración por el equivalente de la diferencia con el salario de un grado superior al grado NM-11 por el periodo transcurrido entre el 8 de febrero de 2000 al 30 de septiembre de 2007. Que también es el resultado del disgusto de la señora G. por no haber sido ella, la elegida como la Oficial de Presupuesto principal, con funciones de supervisión sobre el equipo de presupuesto del Departamento de Finanzas y Administración, sino por haber quedado bajo la supervisión de dicho Oficial de Presupuesto luego de la reciente reestructuración.

    Que lo anterior se traduce en que el trasfondo en este caso era, y sigue siendo, una disconformidad en la clasificación del puesto, asunto que, al ver que no puede ser objeto de una queja, ahora encamina por la vía de una denuncia por práctica laboral desleal.

    Luego de una investigación previa, la Junta de Relaciones Laborales, a través de la Resolución No.86/2008 de 26 de agosto de 2008, consideró viable la admisión de la denuncia por Práctica Laboral Desleal presentada por el SCPC, al señalar que, "las partes han presentado argumentos legítimos reforzados por los derechos de la partes consagrados en la sección segunda de la Ley 19 de 1997, advirtiéndose la posibilidad de que en el ejercicio del derecho de administrar que le compete a la Administración de la Autoridad del Canal, se haya podido vulnerar derechos consagrados a la señora S.G. y a su representante certificado, lo que lleva a esta Junta a la determinación de admitir la denuncia y así, dar a las partes la oportunidad de presentar los argumentos y pruebas que sustenten sus posiciones." (Cfr. f. 234)

    La Autoridad del Canal de Panamá, al contestar la denuncia adujo, como cuestión de previo y especial pronunciamiento, la extemporaneidad de la presentación de la misma, toda vez que la denuncia por práctica laboral desleal presentada por el Sindicato del Canal de Panamá y el Caribe en representación de la señora S.G., se basa, entre otras cosas, en la alegación de la señora G. que sus funciones asignadas de acuerdo con el puesto No.120002 en 1997, en adición al hecho de que no se le notificó al Representante Exclusivo sobre el cambio efectuado en la descripción de puesto del año 1999. Que la descripción del puesto en cuestión se revisa nuevamente en el 2003.

    Por lo que, de conformidad con lo que establece el Artículo 88 del Reglamento de Relaciones Laborales de la ACP, la señora G. tuvo que presentar su denuncia de Práctica Laboral Desleal en un término de seis (6) meses o ciento ochenta días calendario, lo que a todas luces no cumplió, con relación a la asignación de sus funciones en los años 1997, 1999 y 2003, ya que la denuncia de práctica laboral desleal se presentó el 26 de febrero de 2008, es decir, varios años después de que venciera el término de seis (6) meses o de ciento ochenta (180) días correspondiente para la presentación de dicha denuncia.

    Posteriormente, la representación de la Autoridad del Canal de Panamá, presentó ante la Junta de Relaciones Laborales solicitud de decisión sumaria de conformidad con lo que establece el artículo 29 del Acuerdo No.2 de 29 de febrero de 2000, por el cual se aprueba el Reglamento de Denuncias por Prácticas Laborales Desleales, solicitando, a su vez, que se desestimen las pretensiones de la señora G. debido a que dichas pretensiones han sido presentadas de manera extemporánea.

    En virtud de lo anterior, la Junta de Relaciones Laborales, mediante Resolución 17/2009 del 4 de diciembre de 2008, resolvió acoger la solicitud de decisión sumaria para el caso de la denuncia No. PLD-09/08 y continuar con el trámite inherente a este tipo de procedimiento.

  2. RESOLUCIÓN APELADA

    Consecuentemente, la Junta de Relaciones Laborales profirió la Decisión No.5/2010 del 21 de octubre de 2009, por medio del cual resolvió lo siguiente:

    "DESESTIMAR la presente denuncia por práctica laboral desleal identificada como PLD-09/08 al considerarla extemporánea, al rebasar los límites de tiempo para su presentación"

    Entre las consideraciones para la expedición de la decisión antes transcrita, figura que la señora G. disponía de una serie de opciones cuando, en el año 2000, la Administración incorporó cambios en los deberes y responsabilidades de su descripción de puesto y mantuvo el mismo grado. Sin embargo, la actuación de la trabajadora deja la impresión que eligió no proceder bajo ninguna de las opciones que tenía a su disposición, a saber: 1. informar al sindicato; 2 poner ella misma una práctica laboral desleal en su propio nombre; y 3. presentar una queja.

    Señala además que, "cualquier denuncia basada en un hecho, conducta o evento que ocurra con más de seis (6) meses de antelación a su presentación, es inoportuno de conformidad con el Acuerdo, a menos que logre establecerse que la Administración o el Sindicato impidió el descubrimiento de la conducta o hecho por ocultamiento, y de esta manera la persona no pudo presentarla antes" (Cfr. f. 343 del expediente de antecedentes)

    No obstante, respecto a la alegado ocultamiento deliberado por parte de la Administración la Junta de Relaciones Laborales concluyó que "la participación activa de la trabajadora en la actualización de su descripción de puesto, su cuestionamiento informal sobre el grado de su posición y su negativa a solicitar la asistencia del sindicato tienen incidencia sobre el alegado desconocimiento del caso; pese a lo cual, la Junta concluye que el Sindicato no pudo demostrar el ocultamiento deliberado del caso por parte de la administración, por lo cual la segunda causal invocada tampoco podrá ser examinada por la Junta por ser extemporánea."

    La Junta de Relaciones Laborales es del criterio "que durante los siete años que duró su asignación la trabajadora tenía más que suficiente tiempo para acercarse a su Sindicato con el propósito de consultar sobre los cambios de su condición de trabajo, presentar una denuncia o poner al Sindicato al tanto de lo que estaba ocurriendo. Lo que no ocurrió sino hasta el momento de su conocimiento de su regreso a su posición original." (Cfr. f. 344 del expediente de antecedentes).

  3. FUNDAMENTO DE LA APELACION

    Por su parte, la parte recurrente sustenta su apelación contra la Resolución No.5/2010 de 21 de octubre de 2009, alegando que la misma es contraria a las siguientes disposiciones de la Ley 19 de 11 de junio de 1997:

    Artículo 82. El régimen laboral especial de la Autoridad se fundamenta en los principios de méritos e igualdad de oportunidades.

    Artículo 85.Con el propósito de promover la capacidad, estabilidad y productividad del personal requerido para el funcionamiento eficiente del canal, la Autoridad garantizará:

    1...

    2. la clasificación de puestos de acuerdo con la complejidad de las funciones y responsabilidad del cargo, así como la remuneraciones determinadas por tablas salariales, de acuerdo con la clasificación, de modo que se cumpla con el principio de igual salario por igual trabajo.

    Arguye el recurrente, que al la señora S.G. no tuvo igual oportunidad como su subalterna M.A. de ganar igual salario que ella, quien ganaba mayor salario por estar en escalones más avanzados.

    Artículo 89. Los funcionarios, los trabajadores de confianza y los trabajadores de la Autoridad, tienen la obligación de cumplir esta Ley y los reglamentos y, a la vez, la administración de la Autoridad tiene la responsabilidad de mantener el orden y la disciplina en el trabajo. A quienes no cumplan o se aparten de los estándares relativos a la conducta o al desempeño exigidos por la Ley o los reglamentos, se les aplicarán las sanciones correspondientes.

    Quien recurre, considera que la anterior norma ha sido vulnerada, ya que fue un funcionario quien tomó la decisión de no avisar al sindicato de los cambios de condiciones de trabajo y empleo de la señora S.G., incumpliendo con lo dispuesto en la norma.

    Artículo 97. Todo representante exclusivo tendrá derecho a:

    1. Actuar en representación de los trabajadores de una unidad negociadora y ser protegido en el ejercicio de este derecho

    2. Representar los intereses de todos los trabajadores de la unidad negociadora.

    3. Participar en cualquier reunión formal entre la Administración de la Autoridad y los trabajadores, relacionado con una queja o asunto de condiciones de empleo

    Estima el actor que la ACP le negó su derecho de representación y su derecho de ser protegido. Que al no comunicar la ACP al sindicato los cambios a la trabajadora S.G., le impidió representar sus intereses.

    Además, señala que la ACP no invitó al Sindicato a conversar respecto a los cambios de condiciones de trabajo y empleo de la trabajadora G..

    Que la JRL comprobó que esta violación se dio y decide desestimar el caso, por lo que se convierte en participe de la violación de esta disposición de la Ley Orgánica.

    Artículo 101. La obligación de la administración de la Autoridad, así como la de cualquier representante exclusivo de negociar de buena fe, se definirá y desarrollará en los reglamentos, e incluirá, como mínimo, el requisito de que, en las negociaciones, las partes sean representadas por personas facultadas expresamente para lograr acuerdos que obliguen a sus representados, sin perjuicio de que ninguna de las partes podrá ser compelida u obligada a aceptar o acordar una propuesta o hacer concesión alguna.

    Sostiene el recurrente que la JRL, al avalar la violación de la ACP, la hace violadora de la misma disposición legal, ya que sin notificación, mal pudieron darse negociaciones de buena fe entre personas facultadas expresamente para llegar a acuerdos.

    Artículo 102. Las negociaciones entre la administración de la Autoridad y cualquier representante exclusivo, siempre que no entren en conflicto con esta Ley y los reglamentos, versarán sobre los siguientes asuntos:

    1. Los que afecten las condiciones de empleo de los trabajadores de una unidad negociadora, excepto aquellos asuntos relacionados con la clasificación de puestos y los que se establezcan expresamente en esta Ley o sean una consecuencia de ésta.

    2. Los procedimientos que se utilicen para implementar las decisiones de la administración de la Autoridad, a los que se refiere el artículo 100 de esta Ley, así como las medidas adecuadas que se apliquen al trabajador afectado adversamente por tales decisiones, a menos que tales decisiones sólo tengan efecto de poca importancia en las condiciones de trabajo.

    3. El número, tipos y grado de los trabajadores que puedan ser asignados a cualquier unidad organizativa, proyecto de trabajo u horario de trabajo; la tecnología, los medios y métodos para desempeñar un trabajo. La obligación de negociar estos asuntos quedará sujeta a la utilización de un método de negociación, en base a intereses y no a posiciones adversas de las partes, el que será establecido en los reglamentos. Los intereses de las partes deben promover necesariamente el objetivo de mejorar la calidad y productividad, el servicio al usuario, la eficiencia operaciones del canal y la calidad del ambiente de trabajo.

    Manifiesta el recurrente que la JRL encontró que las condiciones de empleo de la trabajadora G. fueron cambiadas significativamente y que ella no podía negociar por si misma, sino que esto competía al RC, lo que no se logró por la negativa de la ACP. Que al avalar lo que hiciera la ACP, la hace participe de la violación a la norma citada.

    Artículo 108. Para los propósitos de la presente sección, se considerarán prácticas laborales desleales por parte de la Autoridad, las siguientes:

    1.Interferir, restringir o coaccionar a un trabajador en el ejercicio de cualquier derecho que le corresponda, de conformidad con las disposiciones de la presente sección.

    5.Negarse a consultar o a negociar e buena fe con un sindicato, como lo exige esta sección.

    8.No obedecer o negarse a cumplir cualquier disposición de esta sección."

    Alega el recurrente que la JRL también se hace participe de esta violación, ya que la ACP interfirió en los derechos que le corresponden a la trabajadora S.G., al no dar parte al sindicato de los cambios a que le estaba sometiendo, los cuales ocultó al sindicato, negándose a consultar y negociar de buena fe como lo exige esta sección

    El recurrente, luego de exponer los hechos sobre los cuales ha fundamentado su solicitud de que se revoque la Resolución No.5/2010, expedida por la Junta de Relaciones Laborales en el caso PLD-09-08, pretende que, en consecuencia de lo anterior, se declare que la Autoridad del Canal de Panamá cometió una práctica laboral desleal al haber incumplido la obligación de notificar al Sindicato los cambios de condiciones de empleo de la señora S.G..

    Asimismo, solicita se ordene a la ACP a corresponderle a la señora G. con un ajuste de salarios y grado, hasta alcanzar el del empleado más alto que ella supervisara, con efectos retroactivos al momento del cambio de las condiciones de empleo. Así como también se condene a la ACP, al pago de los honorarios de abogados a favor del Sindicato hasta el máximo que estipule el reglamento de Administración de Personal.

  4. OPOSICIÓN A LA APELACION

    La Licenciada Tiany López, en representación de la Autoridad del Canal de Panamá, presentó escrito de oposición a la apelación presentada por el Sindicato del Canal de Panamá y el Caribe (SCPC), considerando que los argumentos del recurrente son totalmente subjetivos y que no han sido probados en el expediente oficial del caso presentado ante la Junta de Relaciones Laborales.

    La apoderada de la Autoridad del Canal de Panamá, luego de contestar los hechos en que recurrente fundamenta su escrito de apelación y expresar sus consideraciones respecto a cada una de las expresiones de las normas que el recurrente estima violadas por parte de la Junta de Relaciones Laborales, solicita la S. se confirme la decisión No.5/2010 de 21 de octubre de 2009, que desestima, por extemporánea, la denuncia interpuesta por el Sindicato del Canal de Panamá y el Caribe (SCPC) a nombre de la trabajadora S.G..

  5. DECISIÓN DE LA SALA

    Luego de un recuento de los antecedentes del caso, de los hechos en que el recurrente fundamenta su escrito de apelación, así como la oposición a los mismos, procede esta Superioridad a iniciar un acucioso análisis del acto apelado con el objeto de ponderar si hay lugar a efectuar la revocatoria de la decisión recurrida, no sin antes exponer las siguientes consideraciones:

    En primer lugar, es preciso señalar que del examen del expediente se infiere que la Junta de Relaciones Laborales (en adelante JRL), como Tribunal de instancia, determinó que los temas que entraría a resolver dentro de la denuncia por práctica laboral desleal serían los siguientes: 1. El posible cambio unilateral en las condiciones de trabajo de la señora S.G. y 2. La negativa de la Administración en cumplir con su obligación de notificar al sindicato sobre dichos cambios y, por ende, no haberse realizado las negociaciones correspondientes.

    En ese mismo orden, se observa que la JRL resolvió acoger la solicitud de decisión sumaria para el caso de la denuncia No. PLD-09/08, presentada por la apoderada de la Autoridad del Canal de Panamá, la cual finaliza con la Decisión No.5/2010 de 21 de octubre de 2009, por la cual la Junta de Relaciones Laborales desestimó la denuncia por considerarla extemporánea, al rebasar los límites para su presentación.

    Como queda visto, la Decisión proferida por la Junta de Relaciones Laborales, se refiere a la extemporaneidad de la presentación de la denuncia por práctica laboral desleal No. PLD-09/08 interpuesta por el Sindicato del Canal de Panamá y el Caribe (SCPC), con fundamento en lo que dispone el Acuerdo No.18 de 1 de julio de 1999, por el cual se aprueba el Reglamento de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá, el cual, en su artículo 88 establece lo siguiente:

    El término para denunciar una práctica laboral desleal prescribe en ciento ochenta (180) días calendario, contados a partir de la fecha en que se dio el hecho que se alega como tal. Cuando la parte actora no tuvo conocimiento del hecho alegado, por razón del ocultamiento deliberado o no del mismo, el término comenzará a partir de la fecha en que tuvo dicho conocimiento.

    En ese sentido, dentro del régimen especial de relaciones laborales de la Autoridad del Canal de Panamá, la prescripción para la presentación de una denuncia por práctica laboral desleal, es el término establecido tanto en el Reglamento de Relaciones Laborales, como en el Reglamento de Prácticas Laborales Desleales (arts. 5 y 19 del Acuerdo No.2 de 29 de febrero de 2000), para ejercer y conservar derechos, que deben ser reconocidos a quien alegue tenerlos, mediante la concurrencia a la Junta de Relaciones Laborales. Al no ejercitarse la reclamación oportuna, el derecho queda relegado a una simple expectativa, que por inercia de los interesados no pudo ser reconocida plenamente. Así, en éstos casos, es obvio que la pretensión se extingue. Lo que impide a la JRL pronunciarse sobre el fondo del asunto en cuestión, en este caso, la presunta comisión de una práctica laboral desleal por parte de la ACP.

    En otras palabras, la prescripción se refiere al término, establecido por los Reglamentos, para acudir a la Junta de Relaciones Laborales para adquirir la declaratoria de la comisión de una práctica laboral desleal, ya sea por parte de la Autoridad del Canal de Panamá, una Organización Sindical o un Representante Exclusivo.

    Así las cosas, de las constancias que obran en el expediente, y contrario a lo que alega el Licenciado Moncada en su escrito de apelación, no es que la Junta de Relaciones Laborales haya decidido que la ACP no cometió una práctica laboral desleal, sino que, en caso de que la administración hubiese cometido una práctica laboral desleal, la presentación de la denuncia, rebasó los límites establecidos en los reglamentos indicados para tal fin, toda vez que los hechos en que fundamentan su denuncia, acaecieron hace más de siete años (octubre de 1999).

    Ahora bien, de una lectura del escrito en que el recurrente fundamenta su apelación, así como las normas que aduce infringidas por la JRL, se infiere que el mismo centra sus argumentos en tratar de demostrar, efectivamente, la comisión de una práctica laboral desleal por parte de la Autoridad del Canal de Panamá, por la vulneración de derechos consagrados tanto a la trabajadora S.G., como al representante exclusivo.

    Vemos pues, que el recurrente pretende indebidamente ignorar la extemporaneidad declarada por la JRL, para que esta S., como Tribunal de Apelaciones de conformidad con el artículo 114 de la Ley Orgánica de la ACP, se pronuncie sobre la comisión de la supuesta práctica laboral desleal que el denunciante le atribuye a la administración de la ACP.

    La única referencia que el recurrente hace respecto a la extemporaneidad de la presentación de la denuncia, es la alegación de que la JRL, no tomó en cuenta que el reclamo sí se hizo en su momento por parte de la trabajadora G. y que la respuesta de su oficial administrativa fue que se había notificado al sindicato y que no había objetado el cambio" (f. 2)

    Señala el apelante que, si bien es cierto que la trabajadora contaba con las opciones que la Junta mencionó en su decisión, la señora G. se confió en la palabra honorable de su superior administrativo (Victoria Wong), que se supone era honesta y leal, y el no haber procedido a realizar alguna de las acciones mencionadas, fue por confiar en la lealtad ésta.

    No obstante, llama la atención a la S. que sintiéndose inconforme y afectada adversamente por el cambio de las descripciones del puesto de trabajo de la señora G. (No.120002) y por el impacto que le representó las nuevas asignaciones, en ningún momento haya acudido previamente al sindicato, porque, según ella, se le informó verbalmente que el sindicato había sido notificado. Confiándose de ello, por más de siete (7) años

    Resulta obvio, que si la trabajadora consideraba que los cambios le afectaban adversamente, podía acudir al sindicato a buscar asesoría. Incluso en caso de que, acudiendo, no obtuviera una respuesta satisfactoria, en su lugar, podía interponer, en su propio nombre, una práctica laboral desleal, tal y como indicó la JRL. Lo que no ocurrió oportunamente.

    Respecto al alegado ocultamiento deliberado de la notificación al sindicato, sobre los cambios y la negativa a negociar de buena fe, este Tribunal coincide con el criterio expuesto por la JRL, en el sentido de que el sindicato no pudo demostrar que la administración ocultó deliberadamente los cambios en la descripción del puesto de la trabajadora y con ello impidió al sindicato hacer uso de los derechos que le correspondía; ya que, en virtud de que la participación activa de la trabajadora en la actualización de su descripción de puesto, su cuestionamiento informal y su negativa a solicitar la asistencia del sindicato, tienen incidencia sobre alegado desconocimiento del caso.

    Inclusive, si nos enfocamos desde la perspectiva que ahora quiere hacer ver el recurrente, la presentación de la denuncia estaba igualmente prescrita. Veamos.

    El apoderado del sindicato aduce, en su escrito de apelación, que es hasta agosto del 2007, en que se dan las sospechas de la trabajadora de que el sindicato no había sido notificado del cambio.

    Se percata la S. que, en la denuncia interpuesta por el señor C.C., en el hecho VIGÉSIMO QUINTO se alegó que el 15 de agosto de 2007. Preocupada porque siente que su grado puede estar en peligro en esta reorganización, la señora G., acude al Sindicato.

    Asimismo, a foja 2 del escrito de apelación se aduce que, "En vista de esta situación, la trabajadora comienza a indagar, primero al SCPC, donde se le informa que no tienen registros de que la situación de su cambio en el año 2000, se haya informado..." (resalta la S.)

    En ese sentido, este Tribunal considera que, una vez la trabajadora acude al Sindicato para exponer su situación, este último conoce del hecho que ahora alegan como práctica laboral desleal; toda vez que, es el propio sindicato que le informa a la trabajadora sobre la inexistencia de registros acerca de los cambios en la descripción del puesto que ocupa.

    Dentro de ese contexto, siendo que es a parir del 15 de agosto de 2007, en que el sindicato tiene conocimiento de la alegada falta de notificación de los cambios o del supuesto ocultamiento deliberado de dicha notificación por parte de la administración, y no es sino hasta el 26 de febrero de 2008, en que interponen la denuncia ante la JRL, se evidencia claramente, que la misma fue presentada en un término mayor a los 180 días calendario que establece el artículo 88 del Reglamento de Relaciones Laborales.

    Antes de finalizar, convine precisar que si bien las relaciones laborales del Canal de Panamá, las cuales mantienen un régimen laboral especial con fundamento constitucional y legal, no establecen formalismo alguno para la interposición del recurso de apelación en contra de las decisiones proferidas por la Junta de Relaciones Laborales (salvo que las mismas sean contrarias a la propia Ley), esta Corporación de Justicia ha sostenido y sostiene que el proponente, no sólo debe citar las normas que considera infringidas, sino que es imprescindible, como requisito mínimo, que el mismo exponga y estructure el recurso de forma clara, objetiva e individualizada, que le sirva de guía a la S. como Tribunal de Alzada, para así poder decidir si los cargos de ilegalidad, sometidos a estudio, son fundados o no.

    Como indicáramos anteriormente, en el presente caso, el recurrente no expone argumentación alguna con el objeto de enervar las consideraciones expuestas por la JRL en su Decisión No.5/2010 de 21 de octubre de 2009, que la llevaron, mediante decisión sumaria, a desestimar la denuncia por extemporánea. En ese sentido, pues, no es posible entrar a enmendar, modificar o revocar la decisión adoptada.

    Dado lo anterior y frente a este escenario jurídico, concluye la S. que la Junta de Relaciones Laborales falló conforme a derecho, toda vez que está demostrado que la presentación de la denuncia por práctica laboral desleal ante la JRL estaba prescrita.

    En mérito de lo antes expuesto, la S. Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Decisión No.5/2010 de 21 de octubre de 2009, proferida por la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá dentro de la denuncia No.PLD-09/08 interpuesta por el Sindicato del Canal de Panamá y el Caribe (SCPC) en contra de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

    N.,

    VICTOR L. BENAVIDES P.

    LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    KATIA ROSAS (Secretaria)

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