Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Panama), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 6 de Octubre de 2015

PonenteNelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución 6 de Octubre de 2015
EmisorTercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: La Licenciada T.M.L.A., actuando en representación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), interpuso Recurso de Apelación contra la Decisión No.8/2012 de 21 de marzo de 2012, dictada por la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá dentro de la disputa de negociabilidad identificada como NEG-01/11 presentada por la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) contra la ACP. El presente recurso de apelación fue admitido por la Junta de Relaciones Laborales mediante la Resolución No.36/2012 de 16 de abril de 2012. I. ANTECEDENTES DEL RECURSO El día 29 de marzo de 2011, el C.V.G.F., S. General de la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC), presentó ante la Junta de Relaciones Laborales, una Disputa de Negociabilidad alegando la negativa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a negociar un cambio en el estándar de Calificación de las posiciones de Capitán de Draga de cucharón FE-17 y Capitán de Draga de Succión de primera clase FE-17. Posteriormente, el 12 de abril de 2011, la UCOC corrige el escrito contentivo de la Disputa de Negociabilidad y, en el mismo, aluden a que la Administración de Dragado plantea, con el nuevo estándar de calificación, la eliminación del requisito de experiencia mínima de dos años como Operador de las Dragas de Cucharón y Draga de Succión FE-17, afectando dichas posiciones operativas y transformándolas en funciones administrativas dentro de la operación, lo cual constituye un cambio significativo en las condiciones de trabajo contrario a la Ley, ya que estas condiciones y derechos laborales están garantizados en los artículos 322 de la Constitución y 81 de la Ley Orgánica. Por consiguiente, solicitan que se mantenga el estatus quo de la posición y se declare negociable el asunto, alegando que el cambio llevado por la ACP es, a todas luces, una alteración de las condiciones de trabajo de la posición. La Junta de Relaciones Laborales, mediante nota JRL-SJ-350/2011 de 4 de mayo de 2011, dio traslado a la ACP de la solicitud presentada por la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta, para que dentro del término de quince (15) días, presentara su contestación. La ACP, a través de la Gerencia de Relaciones Laborales Corporativas, contestó mediante nota RHRL-11-180 de 20 de mayo de 2011, centrando su oposición, entre otras consideraciones, en que el cambio realizado a los estándares de calificación de los puestos de Capitán de Draga, no cumple con ninguno de los requisitos descritos en los numerales 1 y 2 del artículo 102 de la Ley 19 de 11 de junio de 1997, para que sea procedente una negociación. A su criterio, queda demostrado que no nos encontramos ante un asunto negociable, sino ante una decisión administrativa que se ha dado en el ejercicio de un derecho de la Administración y que no incide, de manera alguna, en las condiciones de trabajo de los trabajadores cubiertos que pertenecen a la Unidad Negociadora de Capitanes y Oficiales de Cubierta. Que si bien la decisión fue participada al sindicato de la UCOC, ello se dio solo con la intención de informarlos y de obtener sus observaciones y recomendaciones, misma que podrían ser utilizadas para mejorar o fortalecer los cambios introducidos en el estándar, en el mejor interés de las necesidades operacionales y en aras de mantener una línea abierta de comunicación con la UCOC como R.E.. Por consiguiente, aluden a que de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de Relaciones Laborales, el derecho de la Administración de asignar y dirigir a los trabajadores y asignarles trabajo, enmarcado en el artículo 100 de la Ley Orgánica de la ACP, incluye la facultad de determinar los requisitos, calificaciones, habilidades o destrezas exigidos para realizar el trabajo u otras características particulares e individuales relacionadas al trabajo. La Junta de Relaciones Laborales, a través del Resuelto No.39/2011 de 30 de mayo de 2011, programó la audiencia para ventilar la solicitud de revisión de la presente disputa de negociabilidad para el 6 de julio de 2011. Asimismo, se convocó a las partes para una reunión previa para el 28 de junio de 2011, en la cual se fijó como objeto del proceso lo siguiente: 1. Determinar si la modificación de estándar de calificación es o no negociable de acuerdo al artículo 102, numeral 1. 2. Determinar si el procedimiento para la implementación de las modificaciones del estándar de calificación propuesto por la administración en el ejercicio de sus funciones es negociable porque dichos cambios pueden tener un impacto de más que de poca importancia en las condiciones de empleo de los trabajadores de la Unidad Negociadora de los Capitanes y Oficiales de Cubierta de acuerdo al artículo 102, numeral 3. Luego de cumplidas las etapas procesales respectivas, la Junta de Relaciones Laborales, profirió la Decisión No.8/2012 de 21 de marzo de 2012, por medio del cual resolvió lo siguiente: "PRIMERO: Declarar negociable los requisitos de calificación de las posiciones de Capitán de Dragas de Cucharón FE-17 y de Capitán de Dragas de Succión de primera clase FE-17. SEGUNDO: Declarar que existe el deber de la ACP, de negociar la implementación de las modificaciones del estándar de calificación propuesto por la administración en base a lo expuesto en l aparte motiva de esta decisión La Junta de Relaciones Laborales expuso en la parte motiva de su decisión que lo solicitado por la parte actora ha sido negociado por la ACP con los representantes exclusivos de otra unidad negociadora, demostrando una aceptación de la negociabilidad, no solo de los requisitos de calificación, así como de las habilidades y experiencias exigidas a los aspirantes a posiciones dentro de una unidad negociadora, sino que también se negoció aquellos requerimientos de calificación, habilidad y experiencia exigidas para los avances en grado y escalafón dentro de las posiciones de una unidad negociadora. Por ello, la Junta de Relaciones Laborales estimó que si se niega a los miembros de una unidad negociadora el derecho a negociar los estándares de calificación, a pesar de haberlo hecho con otro grupo de trabajadores en función de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica, se estaría avalando condiciones de desigualdad dentro de la fuerza laboral de la ACP, que discriminaría, en este caso, a la unidad negociadora de los Capitanes y Oficiales de Cubierta. De igual forma, la Junta de Relaciones Laborales explicó que, a su juicio, con los cambios en los estándares de calificación, se verían afectados aquellos trabajadores de la unidad negociadora que, en virtud de los requerimientos establecidos en los estándares de calificación que la ACP propone modificar, hayan podido acumular la experiencia progresiva en el departamento de cubierta de la draga de cucharon o hidráulica de succión para aspirar a la posición de Capitán de Dragas de Cucharón o de Succión en el grado FE. 17. Por último, la Junta de Relaciones Laborales estimó que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de Relaciones Laborales de la ACP y el numeral 2 del artículo 102 la Ley Orgánica, se colige la obligación de la ACP de negociar los procedimientos para implementar las decisiones que adopte en el ejercicio de sus derechos, facultades y atribuciones, por considerar la representación sindical que existe un impacto de más que de poca importancia en las condiciones de empleo de los trabajadores de la unidad negociadora de la UCOC. II. FUNDAMENTO DE LA APELACION Por su parte, la Licenciada T.L., apoderada judicial de la Autoridad del Canal de Panamá, sustenta su apelación contra la Decisión No.8/2012 de 21 de marzo de 2012, alegando que la misma es contraria a las disposiciones contenidas en los artículos 100 (num. 3) y 102 de la Ley 19 de 11 de junio de 1997. En primer lugar, sostiene que la resolución apelada viola el artículo 100 de la Ley Orgánica, por cuanto éste, en su numeral 3, establece como un derecho de la administración el asignar trabajo a sus empleados. Que en desarrollo de esta norma el artículo 11, numeral 6, del Reglamento de Relaciones Laborales establece que la ACP tiene el derecho de determinar los requisitos, calificaciones y habilidades o destrezas exigidos para realizar el trabajo u otras características particulares e individuales relacionadas al trabajo. Y, por otro lado, el artículo 19 del referido reglamento establece que los derechos de la Administración son irrenunciables Señala la recurrente que, a pesar de lo antes expuesto, la Junta de Relaciones Laborales ha interpretado que el Sindicato tiene la facultad de negociar las calificaciones de un puesto e inclusive ordena a la ACP a negociar dicho tema, en contravención del derecho de la Administración de asignar trabajo, contemplado en la Ley Orgánica y el reglamento de Relaciones Laborales. Agrega que la capacidad de administrar es una facultad exclusiva de la ACP y que conlleva el derecho de asignar trabajo, por lo cual no puede estar sujeta a la voluntad de una persona distinta a aquel funcionario a quien la Ley, le confió la dirección de la institución, pues dicha Ley, en ninguna de sus normas, contempla la co-administración de la ACP con los Sindicatos. Por otro lado, alega la apelante que la Decisión proferida por la Junta de Relaciones Laborales viola el artículo 102 de la Ley 19 de 11 de junio de 1997, de manera directa por comisión, por cuanto los numerales 1, 2 y 3 de la norma establecen los asuntos sobre los cuales han de versar las negociaciones entre la Administración y los Representantes Exclusivos, siempre que no entren en conflicto con la Ley Orgánica y los Reglamentos. Que en el presente caso, la Junta de Relaciones Laborales concluye erróneamente, a raíz de la aceptación de las pruebas UCOC-12 y UCOC-13, que una vez que la ACP ha negociado derechos de la Administración con la unidad negociadora de los Prácticos, la ACP está en la obligación de negociar estos temas con todas las unidades negociadoras y Representantes Exclusivos del Canal de Panamá. A. también que, para que un asunto sea negociable de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 102 de la Ley Orgánica de la ACP, debe afectar las condiciones de empleo, y en el segundo supuesto, por el impacto e implementación de una decisión de la Administración en el ejercicio del derecho de ésta, el cual, además debe conllevar como consecuencia de esa decisión una afectación adversa a los trabajadores con un impacto de más que de poca importancia (de minimis) en las condiciones de trabajo. Concluye señalando que en el caso que nos ocupa, el cambio de un estándar de calificación no es negociable, pues éste sólo podría ser negociable de haberse dado alguna variación o cambio en las condiciones de empleo existente o que afectara de modo significativo las condiciones de trabajo de los trabajadores que ocupan el puesto específico. Sin embargo, este supuesto cambio, cuya existencia reconoce la Junta de Relaciones Laborales, no fue probado por el Sindicato durante la audiencia, tal como se puede apreciar en el expediente oficial del caso. III. OPOSICIÓN A LA APELACION Mediante Resolución No.44/2012 de 8 de mayo de 2012, la Junta de Relaciones Laborales ordenó correrle traslado del escrito de sustentación del recurso de apelación presentado por la apoderada judicial de la ACP, a la parte denunciante para que, a través de apoderado judicial, presentara oposición al recurso. Así, en su parte medular, alega la oponente que el estándar de calificación es una condición de empleo y forma parte del procedimiento para la implementación de los derechos de la administración, ya que son los requisitos necesarios para la elegibilidad de un puesto u ocupación, para poder asignar y dirigir a los trabajadores y asignarles trabajo, conforme lo establece el artículo 100 de la Ley Orgánica y así se ha reconocido por la ACP, en Convenciones como se aportó en la prueba UCOC-12 y UCOC-13. Agrega que la modificación en los estándares de calificación son condiciones de empleo que, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 102 de la Ley Orgánica, son materia de negociación y el Estándar de calificación es también parte del procedimiento para la ejecución de un derecho por lo que, según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 102, es objeto de negociación. Sostiene que dicho cambio si afecta a un grupo considerable de empleados de la UCOC, quienes cumpliendo con el estándar de calificación existente desde 1978, pueden aspirar a ocupar las posiciones de Capitán de Dragas de Cucharón FE-17 y de Capitán de Dragas d Succión de primera clase FE-17 en el momento que quedan disponibles, ya que, a la fecha, ambas están ocupadas. Concluyen aduciendo que, el hacer cambios en el estándar de calificación, en forma arbitraria, como se ha hecho, sin ir a una negociación con quienes se ven afectados con dicha decisión, es una abierta violación a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la ACP, que establece que el régimen laboral especial de la Autoridad se fundamenta en los principios de méritos e igualdad de oportunidades, que se están desconociendo a los capitanes de estos equipos, sus méritos y experiencias en el manejo de estos equipos. IV. DECISIÓN DE LA SALA Luego de un recuento de los antecedentes del caso y de los hechos en que la recurrente fundamenta su escrito de apelación procede esta Superioridad a iniciar un acucioso análisis del acto impugnado con el objeto de ponderar si hay lugar a efectuar la revocatoria de la decisión recurrida. Como queda visto, la génesis del recurso que nos ocupa radica en la disputa de negociabilidad propuesta por la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (en adelante UCOC) contra la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en el cual la parte actora solicitó que la Junta de Relaciones Laborales (JRL) de la ACP, declarase negociable el asunto de la calificación de los Capitanes de Draga de Cucharón y Capitán de Draga de Succión de primera clase FE-17. La representación de la UCOC, sostiene que los cambios propuestos por la Gerencia Ejecutiva de la División de Dragados de la ACP, plantea con este nuevo estándar de calificación, la eliminación del requisitos de experiencia mínima de dos años como Operador de las Dragas de Cucharón y de Succión FE-17, afectando dichas posiciones operativas y transformándolas en funciones administrativas dentro de la operación, lo cual constituye un cambio significativo en las condiciones de trabajo y contrarios a la Ley, por tanto, son asuntos sujetos a negociación de acuerdo al artículo 102 de la Ley Orgánica de la ACP. Por su parte, la administración de la ACP sostiene que no es legal, ni viable tener una negociación sobre los temas presentados por el Sindicato en esta Disputa de Negociabilidad, toda vez que el cambio realizado a los estándares de calificación de los puestos de Capitán de Draga, no cumple con ninguno de los requisitos descritos en los puntos 1 y 2 del artículo 102, para que sea procedente una negociación. Que nos encontramos ante una decisión administrativa que se ha dado en el ejercicio de un derecho de la Administración y que no incide de manera alguna en las condiciones de trabajo de los trabajadores cubiertos que pertenecen a la UCOC. Observa la S. que, dentro de este contexto, luego de analizar los planteamientos de las partes, las pruebas aportadas al proceso y la normativa aplicable, la JRL mediante la Decisión No.8/2012 de 21 de marzo de 2012, resolvió declarar negociable los requisitos de calificación de las posiciones de Capitán de Dragas de Cucharón FE-17 y de Capitán de Dragas de Succión de primera clase FE-17. Asimismo, declaró que existe el deber de la ACP de negociar la implementación de las modificaciones del estándar de calificación propuesto por la administración. Ahora bien, la ACP sustenta su apelación en que la Decisión No.8/2012 de 21 de marzo de 2012, dictada por la Junta de Relaciones Labores, por la cual resuelve la Denuncia por Disputa de Negociabilidad NEG 01-11, presentada por la UCOC contra la ACP, es contraria al artículo 100, numeral 3 y al artículo 102, numerales 1 y 2 de la Ley 19 de 11 de junio de 1997, los cuales son del tenor siguiente: Artículo 100. La administración de la Autoridad tendrá derecho a: 1. Determinar la misión, el presupuesto, la organización, el número de trabajadores y las medidas de seguridad interna de la Autoridad. 2. Emplear, asignar, dirigir, despedir y retener trabajadores de la Autoridad; suspender, destituir, reducir en grado o salario; o tomar otras acciones disciplinarias contra los trabajadores. 3. Asignar trabajo, tomar decisiones respecto a contrataciones de terceros y determinar el personal necesario para las actividades relacionadas con el funcionamiento del canal. 4. Seleccionar, para efectos de empleo y ascensos, entre aquellos candidatos debidamente evaluados y certificados como los más calificados, provenientes de listas u otras fuentes apropiadas establecidas en los reglamentos. 5. Tomar las medidas para cumplir con la misión de la Autoridad durante una urgencia. Artículo 102. Las negociaciones entre la administración de la Autoridad y cualquier representante exclusivo, reglamentos, versarán sobre los siguientes asuntos: 1. Los que se afecten las condiciones de empleo de los trabajadores de una unidad negociadora, excepto aquellos asuntos relacionados con la clasificación de puestos y los que se establezcan expresamente en esta Ley o sean una consecuencia de ésta. 2. Los procedimientos que se utilicen para implementar las decisiones de la administración de la Autoridad, a los que se refiere el artículo 100 de esta Ley, así como las medidas adecuadas que se apliquen al trabajador afectado adversamente por tales decisiones, a menos que tales decisiones sólo tengan efecto de poca importancia en las condiciones de trabajo. 3. El número, tipos y grado de los trabajadores que puedan ser asignados a cualquier unidad organizativa, proyecto de trabajo u horario de trabajo; la tecnología, los medios y métodos para desempeñar un trabajo. La obligación de negociar estos asuntos quedará sujeta a la utilización de un método de negociación, en base a intereses y no a posiciones adversas de las partes, el que será establecido en los reglamentos. Los intereses de las partes deben promover necesariamente el objetivo de mejorar la calidad y productividad, el servicio al usuario, la eficiencia operacional del canal y la calidad del ambiente de trabajo." Agrega la recurrente que el numeral 3 del artículo 100 de la Ley Orgánica de la ACP establece el derecho de la Administración del Canal de asignar trabajo a sus empleados y que, en desarrollo de esta norma, el artículo 11 (num.6) del Reglamento de Relaciones Laborales de la ACP establece que la ACP tiene el derecho de determinar los requisitos, calificaciones y habilidades o destrezas exigidos para realizar el trabajo u otras características particulares e individuales relacionadas al trabajo. Por tanto, considera que siendo un derecho de la Administración la facultad de asignar trabajo, mal puede disponer la Junta que, este derecho, ha de ser negociable para que pueda ejercerse. Respecto al artículo 102 de la Ley 19 de 1997, alega que el mismo establece los asuntos sobre los cuales han de versar las negociaciones entre la Administración y los Representantes Exclusivos, siempre que no entren en conflicto con la Ley Orgánica y los Reglamentos. Que en el caso que nos ocupa, el cambio de un estándar de calificación no es negociable de conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo 102, salvo que se hubiese dado alguna variación o cambio en las condiciones de empleo existentes o que afectara de modo significativo las condiciones de trabajo de los trabajadores que ocupan el puesto específico. Indica que el supuesto cambio cuya existencia reconoce la Junta de Relaciones Laborales no fue probado por el sindicato durante la audiencia, tal como se puede apreciar en el expediente. Según consta en el expediente, la decisión de la Junta de Relaciones Laborales, se fundamentó medularmente en que las pruebas aportadas por el R.E. de la Unidad Negociadora, identificadas como UCOC-12 y UCOC-13 (visibles de foja93-95), evidencian el hecho que lo solicitado por la parte actora, ha sido negociado por la ACP con los representantes exclusivos de otra unidad negociadora, demostrando una aceptación de la negociabilidad, no solo de los requisitos de calificación, así como las habilidades y experiencia exigidas a los aspirantes a posiciones dentro de una unidad negociadora, sino que también se negoció aquellos requerimientos de calificación, habilidad y experiencia exigidas para los avances en grado y escalón dentro de las posiciones de una unidad negociadora. Es decir, que como quiera que la administración negoció y acordó, con un grupo de trabajadores los estándares de calificación requeridos para ocupar las distintas posiciones dentro de una unidad negociadora y plasmó en dicho acuerdo que lo hacía de conformidad con el artículo 102 de la Ley Orgánica, éstos son asuntos negociables. Ahora bien, este Tribunal difiere con el criterio esbozado por la Junta de Relaciones Laborales, en el sentido de que los requisitos de calificación de las posiciones de Capitán de Dragas de Cucharón FE-17 y de Capitán de Dragas, sea un asunto negociable de conformidad con e1 artículo 102 de la Ley 19 de 11 de junio de 1997. Esto es así, toda vez que, en primer lugar, de conformidad con el artículo 100 de la Ley Orgánica de la ACP, es un derecho de la Administración el "Asignar trabajo, tomar decisiones respecto a contrataciones de terceros y determinar el personal necesario para las actividades relacionadas con el funcionamiento del canal." En ese sentido, tal como sostiene la recurrente, el Reglamento de Relaciones Laborales establece en su artículo 11, numeral 6, que el derecho de la administración de asignar y dirigir a los trabajadores conlleva la facultad de determinar "Los requisitos, calificaciones y habilidades o destrezas exigidos para realizar el trabajo u otras características particulares e individuales relacionadas al trabajo..." Y, que según el artículo 19 del Reglamento de Relaciones Laborales, los derechos de la administración, de conformidad con el artículo 100 de la Ley Orgánica y este reglamento, son irrenunciables. Expuesto lo anterior, permite a la S. colegir que la Ley y el reglamento (Relaciones Laborales) le otorgan a la Administración de la ACP, como parte de su derecho de asignar trabajo, la facultad de determinar los requisitos de calificación exigidos para realizar un puesto. Por consiguiente, estima este Tribunal de Apelación que para que la Junta de Relaciones Laborales de la ACP, declarase negociable los requisitos de calificación de las posiciones de Capitán de Dragas de Cucharón FE-17 y Capitán de Dragas de Succión de primera clase FE-17, debió quedar acreditado en el expediente, que el asunto afectaba las condiciones de empleo de los trabajadores de la UCOC. Dentro de este contexto, la Ley Orgánica define, en su artículo 2, las condiciones de empleo como las "políticas, prácticas y asuntos de personal, establecidos por esta Ley, los reglamentos , las convenciones colectivas, o por cualquier otro instrumento idóneo que afecten las condiciones de trabajo, salvo lo que expresamente excluye la Ley" Y por condiciones de trabajo puede entenderse -aún cuando la Ley Orgánica no define el término- como los "aspectos del contenido del contrato de trabajo que se refieren al modo, tiempo y lugar de la prestación del trabajo y de la remuneración recibida a cambio" (A.M.V. y J.G.M., G. de empleo y relaciones laborales, Madrid, 1998). Desde este punto de vista, no hay duda que el asunto que afecte una condición de empleo y que conlleve a una negociación con el R.E., es aquel que altere, cambie, modifique o de otro modo vulnere la calificación asignación y cambios de horarios de trabajo para la realización del trabajo corresponde al tiempo de trabajo, es decir, jornadas, horarios, etc. No obstante, esta S. no encuentra sustento en la supuesta afectación de las condiciones de empleo de los trabajadores de la UCOC. Así, en el escrito de Disputa de Negociabilidad (corregido) presentado por el UCOC se expuso que "con este nuevo estándar de calificación, la eliminación del requisito de experiencia mínima, de dos años, como Operador de las Dragas de Cucharón y Draga de Succión FE-17, afectando dichas posiciones operativas y transformándolas en funciones administrativas dentro de la operación, lo cual constituye un cambio significativo en las condiciones de trabajo y contrarios a la Ley, ya que estas condiciones y derechos laborales están garantizados en el artículo 322 de la Constitución y 81 de la Ley Orgánica." Sin embargo, no explica en que consiste la afectación a los trabajadores de su unidad negociadora. Asimismo, se percata la S. que, en la audiencia del caso, al momento de sustentar los alegatos, la parte actora, por intermedio del señor R.B., sub-secretario de la UCOC, alegó que "La modificación en años de experiencia que se observa, al eliminar el requisitos básico de dos años de experiencia como operador de la draga FE-14, y permitir mediante una combinación de tres años de experiencia como FE-14 en cualquier otro equipo flotante, no necesariamente draga, le permite a otros calificar a la posición de Capitán de Draga FE-17, sin contar con la experiencia operacional que un operador de draga requería anteriormente, y es a todas luces una alteración a las condiciones de empleo de los Capitanes FE-14, toda vez que estos cambios permiten a personal sin experiencia en draga, poder acceder ahora a posición de Capitán FE-17, que en el pasado le estaba excluida por la falta de experiencia." Sobre el particular, la representante de la ACP adujo que el estándar de calificación de un puesto, establece los requisitos básicos que debe cumplir un solicitante para calificar para un puesto en particular. Que en el caso del estándar de calificación de los puestos de Capitán de Draga, el cambio que se produjo permite a otros trabajadores, de la misma unidad negociadora de la UCOC, con experiencia en las grúas flotantes y/o barcazas de perforación, tengan también la oportunidad de calificar al puesto de Capitán de Draga; pues, si bien existen diferencias entre los puestos de FE-11 y FE-14 en las grúas flotantes, las barcazas de perforación y las dragas, los mismos tienen idénticos requisitos de licencia, por lo que guardan grandes similitudes. Por tales motivos, este Tribunal es del criterio que el cambio realizado a los estándares de calificación de puestos de Capitán de Draga, no cumple con el requisito contenido en el numeral 1 del artículo 102 de la Ley 19 de 1997 y, por tanto, no constituye un asunto negociable. En ese mismo orden, vale aclarar que, efectivamente, de conformidad con el numeral 2 del referido artículo, son negociables los procedimientos que se utilicen para implementar las decisiones de la administración de la Autoridad a los que se refiere el artículo 100 de la Ley Orgánica, salvo que tales decisiones sólo tengan efecto de poca importancia en las condiciones de trabajo. Así, se infiere también del contenido del artículo 20 del Reglamento de Relaciones Laborales cuando señala que: Artículo 20. Los procedimientos que se utilicen para implementar las decisiones que la administración adopte en el ejercicio de sus derechos, facultades y atribuciones, así como las medidas adecuadas que se apliquen a un trabajador o trabajadores afectados adversamente por tales decisiones, podrán ser objeto de negociación, salvo que el efecto en las condiciones de trabajo sea de poca importancia En desarrollo de la normativa citada, la Convención Colectiva vigente celebrada entre la Unidad de Trabajadores No Profesionales y la Autoridad del Canal de Panamá, contiene en su artículo 11 todo lo relativo a la Negociación Intermedia, el cual dispone en su sección 11.01 que "Este procedimiento aplica a las negociaciones sobre los asuntos que afecten las condiciones de empleo de los trabajadores, excepto aquellos relacionados con la clasificación de puestos y los que se establezcan expresamente en la Ley Orgánica o sean consecuencia de ésta; a los procedimientos que se utilicen para implementar las decisiones de la administración de la Autoridad, a los que se refiere el artículo 100 de la Ley Orgánica, así como las medidas adecuadas que se apliquen al trabajador afectado adversamente por tales decisiones, a menos que tales decisiones sólo tengan efecto de poca importancia en las condiciones de trabajo..." (resalta la S.) Sobre el particular, coincide esta S. con el criterio expresado por la representación de la ACP, en el sentido que no se acreditó la afectación de las condiciones de empleo de los trabajadores de la UCOC, pues el estándar de calificación o los cambios que se incorporen en éstos, no afectan de manera alguna, el modo, tiempo o lugar de la prestación del trabajo, ni la remuneración recibida a cambio. La JRL expuso que con los cambios en los estándares de calificación a su juicio, se verían afectados aquellos trabajadores de la unidad negociadora, que en virtud de los requerimientos establecidos en los estándares de calificación que la ACP se propone modificar, hayan podido acumular la experiencia progresiva en el departamento de cubierta de la draga de cucharón o hidráulica de succión para aspirar a la posición de Capitán de Cucharón o de Succión en le grado FE-17" (cfr. f.149) Sin embargo, concluye la S. que, del contenido de las propuestas presentadas por la UCOC, a lo largo del proceso, se infiere que el desacuerdo con relación al tema de los cambios de estándar de calificación, se circunscribe a la negativa de permitir que otro grupo de trabajadores (inclusive de su propia organización) participe o reúna las competencias mínimas para aspirar a los referidos puestos de Capitán de Draga FE-17. Por consiguiente, coincide esta Superioridad con el argumento de la parte recurrente en el sentido que los estándares de calificación, de ninguna manera, alcanzan a impactar las condiciones de trabajo de un individuo que aspira a ocupar el puesto, ya que aún no ha sido contratado y, por otro lado, en cuanto al trabajador que ya está contratado tampoco se le afectan las condiciones de trabajo en su puesto regular debido a que dichas condiciones emanan de su contratación en la ACP y no del cambio que se ha propuesto. Para el caso que nos ocupa, es opinión de la S. que para la declaratoria de negociabilidad por parte de la Junta de Relaciones Laborales, era necesario acreditar la afectación de las condiciones de empleo de los trabajadores, la cual debió estar directamente relacionada con aspectos específicos y negociables de los temas propuestos por la Administración, así como el impacto o importancia en dichas condiciones como consecuencia del cambio. Ninguno de los dos presupuestos se presenta en el negocio bajo estudio. Así pues, no caben argumentos distintos a los contenidos en la Ley y los reglamentos, para efectos de la declaratoria de negociabilidad de un asunto. Las anotaciones antes expresadas, nos llevan a concluir que el apelante ha demostrado que el contenido de la Resolución 8/2012 de 21 de marzo de 2012, vulnera la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997 (Orgánica del Canal de Panamá) y dada la potestad saneadora de esta S. que actúa en este tipo de procesos como Tribunal de Apelaciones, lo procedente es la revocatoria de la resolución recurrida. En mérito de lo antes expuesto, la S. Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Decisión No.8/2012 de 21 de marzo de 2012, proferida por la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá dentro de la Disputa de Negociabilidad NEG-01/11 interpuesta por la UNION DE CAPITANES Y OFICIALES DE CUBIERTA (UCOC). N., N.C. DE PAREDES LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO KATIA ROSAS (Secretaria)

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