Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 4 de Agosto de 2015

Ponente:Abel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución: 4 de Agosto de 2015
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS: La Licenciada TIANY LOPEZ, actuando en nombre y representación de la Autoridad del Canal de Panamá (en adelante ACP), ha promovido recurso de ilegalidad contra el L.A. de 30 de septiembre de 2011, dentro del proceso de arbitraje identificado como el caso N° 10 - 080 - ARB, en el que fueron partes la recurrente (ACP) y la Unión de Prácticos del Canal de Panamá (en adelante, UPCP). Según las constancias procesales, el 5 de mayo de 2010, el práctico supervisor ALBERTO HERRERA realizó un tránsito por un tramo del Corte Culebra, como primer control del N07B en el buque M.M., cuyas dimensiones excedían los requisitos de visibilidad acordados en la sección 30 (a) del artículo 17 de la Convención Colectiva de la Unidad Negociadora de los Prácticos del Canal de Panamá, según el cual en estos casos el práctico que controle la nave debe recibir una bonificación (Cfr. foja 32 del expediente) El 12 de mayo de 2010, el Secretario de Asuntos Laborales de la UPCP, capitán ALVARO MORENO presentó una queja ante el Gerente Ejecutivo de Operaciones de Tránsito, ya que ALBERTO HERRERA no había recibido por parte de la ACP el mencionado incentivo económico. Esta reclamación fue absuelta el 21 de mayo de 2010. (foja 33 expediente judicial) Sin embargo, como la respuesta dada por el Gerente Ejecutivo de Operaciones de Tránsito no fue del agrado del secretario del sindicato, el 26 de mayo de 2010, éste le envió una nota al vicepresidente ejecutivo del Departamento de Operaciones Marítimos, en la que le solicitó que convocara a una reunión para resolver la queja; misma que fue respondida el 8 de julio de 2010, manteniéndose la decisión del Gerente Ejecutivo, por lo que el 13 de julio de 2010, la UPCP solicitó que se llevara el caso a arbitraje ante la Junta de Relaciones Laborales. La audiencia arbitral del caso 10 - 080 - ARB se llevó a cabo el 28 de julio de 2011, y en la misma se analizó lo acordado por la Autoridad del Canal de Panamá y los representantes del Sindicato de la Unión de Prácticos como asunto a decidir, el cual comprende lo siguiente: "1. ¿Violó la ACP la Convención Colectiva al no pagar la compensación establecida en la sección 30 (d) (1) (i) del artículo 17, por asignar al Cap. A.H. a la nave M.M. el 5 de mayo de 2010? 2. En caso de que la respuesta a la pregunta sea afirmativa, ¿Cuál sería el remedio?" (Cfr. fojas 30 y 31 del expediente judicial) El árbitro designado por la Junta de Relaciones Laborales, R.A.P., resolvió el arbitraje mediante el laudo de fecha 30 de septiembre de 2011, en el que dispuso que la ACP, como empleador, debía presentar en un término de 30 días laborables un proyecto que detallara sus procedimientos para la asignación de prácticos supervisores a practicajes programados en bloques de 30 días, por todo el año calendario; y, en adición, debía entregar al sindicato en los quince días posteriores al vencimiento del plazo anterior, una propuesta para el inicio de conversaciones y negociaciones para dilucidar el tema de la asignación de prácticos supervisores y los efectos concernientes al laudo. Además de esto, negó el pago de la compensación por el trabajo u obra terminada solicitada por el sindicato cuando presentó a la Junta de Relaciones Laborales la petición de arbitraje. (Cfr. foja 43 exp. Judicial) En virtud de lo anterior, la ACP interpuso ante esta S. recurso de ilegalidad constante a fojas 1 a 43 del expediente judicial. La Licenciada TIANY LÓPEZ, quien representa a la ACP, manifiesta que el señor árbitro al dictar el Laudo atacado incurrió a las siguientes violaciones a la Ley Orgánica, al Reglamento de Relaciones Laborales en concordancia con la Convención Colectiva de la Unidad Negociadora de los Prácticos: Primer concepto de violación: · Ley Orgánica: "Artículo 106. El arbitraje constituye la última instancia administrativa de la controversia y se regirá por lo dispuesto en esta Ley, los reglamentos y las convenciones colectivas. De invocarse arbitraje, el laudo correspondiente será de obligatorio cumplimiento. Para los propósitos de esta sección, solamente la Autoridad o el representante exclusivo podrán invocar arbitraje. El costo del arbitraje se dividirá en partes iguales entre la Autoridad y la organización sindical respectiva." · Convención Colectiva: "Artículo 13. Sección 21. Límites de tiempo. (a) A menos que las partes y el árbitro acuerden otro límite de tiempo, las partes le solicitarán al árbitro que emita su decisión los más pronto posible, a más tardar treinta (30) días después de que el expediente esté cerrado. (b) La decisión se enviará a ambas partes al mismo tiempo." Señala la representante de la ACP que el laudo arbitral proferido violenta el procedimiento de arbitraje contemplado en la Convención Colectiva, y que, según la Ley señala, el procedimiento de arbitraje debe seguirse de acuerdo a lo establecido en el contrato colectivo. Agrega que tal y como se desprende de las normas citadas el árbitro contaba con un término de 30 días para dictar el laudo, pero en vista de que las partes acordaron términos para la entrega de los alegatos finales y para la entrega del laudo arbitral, este término de la Convención Colectiva fue modificado. En concordancia con el acuerdo entre las partes y el señor árbitro, el laudo debió ser emitido el 14 de septiembre de 2011. Afirma la apoderada judicial, que a pesar de lo anterior, el laudo arbitral fue entregado el 30 de septiembre de 2011, lo cual implica, a su criterio, que el señor árbitro no siguió los lineamientos procedimentales de la Convención Colectiva, contrario a lo normado en el artículo 106 de la Ley Orgánica cuando indica: "el arbitraje constituye la última instancia administrativa de la controversia y se regirá por dispuesto en esta Ley, los reglamentos y las convenciones colectivas..." por lo que la emisión tardía del laudo transgrede el debido proceso de este arbitraje, en concepto de violación directa de la Ley con relación a la Convención Colectiva. Segundo concepto de violación: El L.A. de 30 de septiembre de 2011, violenta el precepto legal contenido en el artículo 106 de la Ley Orgánica, el artículo 82 del Reglamento de Relaciones Laborales con relación al literal e) de la Sección 18 y literal z) de la Sección 19 de ambas secciones del artículo 13 de la Convención Colectiva de la Unidad Negociadora de los Prácticos del Canal de Panamá. · Ley Orgánica: "Artículo 106. El arbitraje constituye la última instancia administrativa de la controversia y se regirá por lo dispuesto en esta Ley, los reglamentos y las convenciones colectivas. De invocarse arbitraje, el laudo correspondiente será de obligatorio cumplimiento. Para los propósitos de esta sección, solamente la Autoridad o el representante exclusivo podrán invocar arbitraje. El costo del arbitraje se dividirá en partes iguales entre la Autoridad y la organización sindical respectiva." · Reglamento de Relaciones Laborales: "Artículo 82. El laudo arbitral decidirá sobre las pretensiones de las partes y dispondrá las pautas o normas necesarias para delimitar, facilitar y orientar la ejecución de la decisión. Los árbitros podrán condenar, si es el caso, por salarios caídos, los intereses correspondientes a éstos y honorarios razonables de abogados, conforme a lo establecido en este reglamento." · Convención Colectiva: "Artículo 13. Sección 18. Preparación para el Arbitraje y Preaudiencia ... (e) La cuestión a decidirse por el árbitro no será separada y distinta de las planteadas en reclamo formal de queja y será advertida por cualquiera de las partes en la pre - audiencia. La cuestión se establecerá antes al inicio de audiencia ya sea por: (1) Las partes, en una declaración conjunta de la cuestión; o (2) El árbitro, si las partes han presentado declaraciones separadas de la cuestión." " Artículo 13. Sección 19. Audiencias de Arbitraje (z) El árbitro deberá basar su decisión sobre este acuerdo y no tendrá ninguna autoridad para agregar a, restar de, o modificar este Acuerdo. La decisión del árbitro deberá incluir un resumen de los hechos, conclusiones, razón de ser de su decisión y su decisión. El árbitro no examinará ni se pronunciará sobre una cuestión que es distinta o separada a la establecida según lo prescrito en la sección 18 del presente artículo. El laudo arbitral deberá ser coherente con las disposiciones del presente contrato colectivo, con la ley orgánica y con los reglamentos de la ACP". Según la apoderada judicial, el árbitro al dictar el laudo arbitral en referencia, no sólo estaba claro en el tema a decidir, sino que a sabiendas que sólo debía determinar la violación o no de la Sección 30 (d) (1) (i) del Artículo 17 de la Convención Colectiva se desapegó completamente de este tema acordado por la Unión y la ACP y de manera evidente entró a considerar asuntos no solicitados por las partes que, vale mencionar, tampoco son de su competencia. Agrega a manera de ejemplo, que la negociabilidad del tema de asignación de prácticos supervisores, es un caso de disputa de negociabilidad de competencia privativa de la Junta de Relaciones Laborales de la Autoridad del Canal de Panamá y no es susceptible de ser analizado en un caso de arbitraje. Es menester indicar, además, que dicho tema ya fue negociado y el mismo se encuentra plasmado en la Convención Colectiva, como muestra del acuerdo de las partes de este tema. La ACP y la UPCP no tenían ninguna controversia con respecto a la negociabilidad del tema de la asignación de prácticos supervisores para realizar tránsitos, si no que dicha controversia se centraba, como lo indica el mismo árbitro, en la posibilidad de que al hacer la asignación de prácticos supervisores a realizar tránsitos por el Canal se pudiese menoscabar o afectar el paquete económico negociado por el Sindicato en beneficio de sus miembros. Alega que el señor árbitro con su actuar incurre en una extralimitación en su decisión pues decide cosas distintas no pedidas en el arbitraje, violentando las normas transcritas. De allí que, a su criterio, el árbitro al expedir el laudo arbitral denota de manera inequívoca, una parcialidad manifiesta a favor de la UPCPA, ya que no sólo no toma en consideración que la carga de la prueba de parte del Sindicato no fue cumplida pues no probó la violación requerida de la Sección 30 (d) (1) (i) del artículo 17 de la Convención Colectiva, sino que se desapega de la materia a decidir para arribar a una conclusión no pedida por ninguna de las partes. El L.A. de 30 de septiembre de 2011, violenta el precepto legal contenido en el Artículo 106 de la Ley Orgánica, con relación al literal i) de la Sección 18 del Artículo 13, al igual que el literal a) de la Sección 20 del Artículo 17, de la Convención Colectiva de la Unidad Negociadora de los Prácticos del Canal de Panamá. "Artículo 13. Sección 18.Preparación para el Arbitraje y Preaudiencia ....Carga de la prueba: (1) En los casos de medidas disciplinarias y medidas adversas, el empleador tendrá la carga de la prueba. (2) En cualquier otro tipo de caso que surja del procedimiento negociado de queja de este contrato colectivo, la parte agraviada tendrá la carga de la prueba. (3) En los casos que deriven de asuntos excluidos en el procedimiento negociado de queja para lo cual está redactado otro procedimiento, la carga de la prueba estarán sujetos a las normas establecidas en dicho procedimiento." Afirma la demandante que este caso no trata de medidas disciplinarias, ni adversas, ni tampoco trata de casos de asuntos excluidos del procedimiento negociado de queja por lo que la normativa aplicable en cuanto a la carga de la prueba es el numeral 2, de la Sección 18, del Artículo 13 de la Convención Colectiva. A su entender, el arbitraje que nos ocupa trata de determinar la violación o no de la Sección 30 (d) (1) (i) del artículo 17 de la Convención Colectiva. En este caso, el agraviado es el Sindicato por lo que la carga de la prueba la tiene la UPCP. Expresa la demandante, que en la página 6 del L.A. cuya nulidad se pide, el señor árbitro dice que de conformidad con el contrato colectivo, la carga de la prueba le correspondía a la UPCP, por ser la parte que presentó la queja. No obstante, los argumentos utilizados por el señor árbitro para arribar a la decisión final, entraña varios aspectos que contradicen tal afirmación procedimental probatoria. En ese orden de ideas considera que la UPCP aseveró en su presentación del caso, que la ACP no debía asignar prácticos supervisores a tránsitos que debían resultar en el pago de beneficios económicos para los miembros de su unidad negociadora. Adicionalmente, el Sindicato presentó el argumento de que si de hecho se realizaban tales asignaciones a los prácticos supervisores evitando así que los miembros de la unidad negociadora de los prácticos recibieran los beneficios económicos que hubieran recibido por dicho tránsito, la ACP tendría que dar el equivalente en dinero a la UPCP por la asignación del práctico supervisor en cuestión. De acuerdo a ello, en la página 6 del L.A. cuya nulidad se pide, el señor árbitro dice que de conformidad con el contrato colectivo, la carga de la prueba le correspondía a la UPCP, por ser la parte que presentó la queja. III.- INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA DEL ÁRBITRO: Mediante Oficio No. 112, 19 - 01 - 2012 R.. 10 - 080 - ARB de 17 de febrero de 2012, constante de fojas 55 a 58 del expediente, el señor R.L.A.P., presentó su informe explicativo de conducta en los siguientes términos: " 1. Tardía del Laudo.a. Alega la parte actora que "Tal y como se desprende claramente de la norma convencional, el señor árbitro contaba con término de 30 días para dictar el laudo, pero en vista de que las partes acordamos términos para la entrega de los alegatos finales y para la entrega de laudo arbitral, este término de la Convención Colectiva fue modificada. En concordancia con el acuerdo entre las partes y el señor árbitro, el laudo debió ser emitido el 14 de septiembre de 2011. Adjuntamos copia del e - mail enviado sobre el tema que prueba esta aseveración.b. En la hoja once (11) del escrito, en efecto, aparece el pie de página con numeral arábico 3, la cual reza: "La modificación del término se encuentra plasmada en el correo electrónico que enviamos el 17 de agosto de 2011 al señor árbitro y a nuestra contraparte, el Capt. Á.M.".c. Sin embargo, no tengo memoria ni notas de dicho acuerdo que la parte actora envía al sindicato y a mi persona a fecha 14 de septiembre de 2011, donde alega que las partes y mi persona modifican la fecha de entrega del laudo para un término menor de 30 días. Más aun, si me hubiera percatado de dicha inferencia, fechada el 17 de agosto de 2011, no estaría de acuerdo con ella por el desconocimiento del estimado del volumen final del expediente de la audiencia, con sus respectivas cintas magnetofónicas y el aporte en escritos de las partes, de 10 días cada uno. Esto no sería razonable ni en cumplimiento con el contrato colectivo. El día siguiente, con fecha de 15 de septiembre de 2011 y siendo las 10:39 P.M. procedo con una réplica simultánea a las partes en el siguiente tenor: "Hola:...A pesar que ya tengo un borrador del laudo, no me acuerdo de haber establecido una fecha tan cercana para entregarlo. Favor aclaren. No encuentro ninguna referencia en mis notas de tal acuerdo."d. El 16 de septiembre de 2011, a las 9:43 A.M. el representante sindical gira la siguiente nota; "Buenos días!...Yo también recuerdo algo al respecto pero no tengo notas relacionadas con la fecha de entrega del laudo. Si no tienen inconveniente, sugiero que nos ajustemos a lo que establece la sección 21 del artículo 13, que son 30 días calendario contados a partir del 31 de agosto (30 de septiembre?)... Saludos, ...Á.M.C.".e. El historial de fechas y horarios de dicho correo, está adjunto, y era de nuestro entender, que esto daba por terminado el asunto. Si la representante de la ACP no estuviese de acuerdo y satisfecha, lo hubiera reclamado. Señores Magistrados, respetuosamente solicito que nieguen la pretensión de ilegalidad y nulidad en base a este alegato presentado por la ACP ya que, dicha modificación de la fecha contractual no se acordó y más aún, sería una violación del contrato sin la anuencia de la contraparte. 2. Violación del Contrato Colectivo y la suerte del remedio solicitado por la UPCP.a. En un sin número de instancias del escrito, la ACP alega que el árbitro no tomó en consideración el asunto a decidir, que nuestra decisión es desacertada y que el fallo arbitral favorece a la UPCP. Sin embargo, el Laudo reza a página 13, párrafo No. 8, lo siguiente:"Categóricamente, estoy convencido que el Empleador no violó el convenio colectivo al asignar un Práctico Supervisor a la travesía, ya que dicha acción de personal cae bajo las prerrogativas de la administración..." En cuanto a las pretensiones de compensación y su manera de distribución entre los prácticos sindicalizados, el laudo reza así: " Denegado. El pago es una compensación por trabajo hecho u obra terminada."b. Por lo anterior, el fallo favorece a la ACP en lo referente al asunto a decidir y la negativa de las pretensiones económicas de la parte agraviada.c. Señores Magistrados, solicito que desestimen las pretensiones de la ACP basado en que fueron favorecidos en toda instancia del fallo arbitral por lo cual no veo como se articularía la alegada "interpretación errónea de la Ley..." y el alegato de "... por incumplimiento del debido proceso en el desarrollo del arbitraje." 3. Reconozco sin embargo, la molestia de la ACP en cuanto a la iniciativa del árbitro de sugerir un mecanismo para resolver la causa subyacente del agravio sindical o sea, que la asignación de prácticos supervisores a tareas identificadas para ser compensadas con bonificaciones de desempeños, no se conviertan en impactos negativos a los prácticos sindicalizados y el derecho de estos de beneficiarse de los incentivos y bonos contemplados en el paquete económico negociado. Por lo cual, en esencia, coincido con la molestia de la ACP y observo la inconveniencia de esta parte del escrito, ya que, no era menester del árbitro dicha instrucción sin enfatizar su mero carácter de recomendaciones a las partes. 4. Señores Magistrados, reitero, el laudo favorece a la ACP en toda instancia. Esto incluye lo medular referente al asunto a decidir y la negativa de las pretensiones económicas de la parte agraviada. Por todo lo anterior, solicito que nieguen las pretensiones del empleador. " El licenciado S.R., miembro de la firma RODRÍGUEZ - ROBLES & ESPINOSA, en nombre y representación de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá, presentó escrito de oposición al Recurso de Ilegalidad presentado por la Licenciada T.L., quien actúa en nombre y representación de la Autoridad del Canal de Panamá, contra el L.A. de 30 de septiembre de 2011, dictado dentro del Caso N° 10-080-ARB, Unión de Prácticos del Canal de Panamá vs Autoridad del Canal de Panamá. Las argumentaciones del UPCP para oponerse al recurso de ilegalidad se pueden resumir de la siguiente manera: "...el recurso de ilegalidad contra el L.A., dictado dentro del Caso N° 10-080-ARB se fundamenta en dos causales distintas: a) por interpretación errónea de la ley b) por el incumplimiento del debido proceso en el desarrollo del arbitraje. Sobre este particular, debemos rechazar que al proferir el L.A., el Árbitro haya infringido la Ley y los reglamentos aplicables. Para sustentar lo antes dicho basta con citar en el último párrafo de la página doce (12) del L.A. en la cual el Arbitro declara que la controversia planteada no guarda relación con el derecho de la ACP como empleador para asignar determinadas tareas a sus empleados en este caso los Prácticos Supervisores en labores de practicaje. Veamos: "4. Basado en el examen del expediente estoy convencido que la controversia que está ante nosotros nada tiene que ver con el derecho del patrono a dirigir su establecimiento de manera más adecuada. No se cuestiona en este caso la facultad del patrono de tomar decisiones legítimas. En vez, este caso está relacionado con el procedimiento, o falta de detalles de ese procedimiento, adoptado por la gerencia para honrar lo pactado en lo concerniente al llamado "paquete económico" y la manera de asignar Prácticos Supervisores a desempeñar practicajes sin impactar adversamente las bonificaciones negociadas para los Prácticos no - supervisores." (El subrayado es nuestro). El párrafo antes citado, demuestra que el Arbitro estuvo plenamente consciente del derecho que ostenta la administración de dirigir y asignar a sus trabajadores un determinado trabajo en este caso labores de practicaje que implican riesgos determinados, por esta razón resulta obvio descartar la infracción por interpretación errónea de la ley antes señalada. Por otra parte, debe negarse la pretendida manifestación de la representante legal de la AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA, al invocar, con respecto al desconocimiento del derecho de la administración a asignar trabajos a sus empleados, la interpretación errónea del árbitro de las normas y reglamentos que regulan esta entidad pública pues este aspecto nunca fue sometido a la ponderación o análisis al proferir el laudo arbitral al que fue designado por las partes. Sobre este punto específico, debemos señalar que en el alegato de apertura del Caso ARB - 080/10 presentado por la UNION DE PRACTICOS DEL CANAL DE PANAMA, se manifestó lo siguiente: "El Empleador seguramente alegará que el derecho de la Administración a asignar trabajo les permite hacer esto y mucho más. La Unión no pretende menoscabar tal derecho, aunque nos gustaría ver un uso más responsable del mismo. Lo único que buscamos, en esta oportunidad, es que la ACP respete lo acordado con la Unión y se garantice que la totalidad del "paquete económico" acordado entre las partes llegue a sus legítimos dueños: los prácticos miembros de la unidad negociadora de prácticos. El 5 de mayo de 2010, la Administración de la ACP, por conducto del CPC Herrera, se ahorró el pago de B/.490.00 a un miembro de la unidad negociadora de prácticos. En una convención colectiva en la cual un práctico tiene la opción de recibir ingresos por casi B/.4,000.00 en concepto de pagos a destajo en un solo tránsito, la posibilidad de que un CPC despoje a un miembro de la unidad negociadora del derecho a recibir esta compensación es extremadamente preocupante. La Unión de Prácticos del Canal de Panamá no pretende con esta queja limitar de manera alguna el derecho de la Administración de la ACP de asignar trabajo a cualquiera de sus empleados, sean estos trabajadores de confianza, como es el caso de los CPC, o trabajadores miembros de la unidad negociadora de prácticos. Lo que la Unión busca es preservar la integridad del "paquete económico" acordado entre las partes, por lo que solicitamos respetuosamente al señor árbitro que emita laudo arbitral a favor de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá y ordene a la ACP a resarcir a los miembros de la unidad negociadora de prácticos por los ingresos dejados de percibir como consecuencia de la asignación del CPC A.H. como primer práctico en control del N07 el 5 de mayo de 2010." (Cfr. pp. 2 - 3) (El subrayado es nuestro). En conclusión, resulta indiscutible que si el derecho asignado por la Ley Orgánica de la ACP y sus reglamentos vigentes para que el empleador en uso de sus facultades pueda asignar funciones o labores a los prácticos no es objeto de debate o controversia; mal puede plantearse, en este medio impugnativo, la infracción a estas disposiciones normativas y reglamentarias por parte de la decisión del laudo arbitral. En relación con las infracciones a la Ley Orgánica de la ACP y al reglamento de Relaciones Laborales por la supuesta interpretación errónea la recurrente manifiesta que el L.A. de 30 de septiembre de 2011 desconoce el artículo 13 de la Convención Colectiva de la Unidad Negociadora de los Prácticos de la Autoridad del Canal de Panamá en concordancia con normas legales y reglamentarias que rigen a la AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA en lo relativo a la facultad que tiene como empleador de asignar trabajo a sus empleados. En relación con este señalamiento, resulta claro que debe descartarse la pretendida infracción a disposiciones que rigen la Convención Colectiva ya que, mediante jurisprudencia reiterada, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que las violaciones a disposiciones de la Convención Colectiva no son susceptibles de análisis o ponderación por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En relación con la aludida violación del artículo 13, Sección 21 (Límites de tiempo), de la Convención Colectiva de la Unidad Negociadora de los Prácticos del Canal de Panamá...La licenciada T.L. alega que el L.A. fue emitido tardíamente y el árbitro contaba con un término de treinta (30) días para dictarlo, lo que a su parecer es suficiente para que se configure la nulidad del laudo y se produzca la infracción al debido proceso legal... resulta evidente señalar que no toda infracción a normas de procedimiento, por ejemplo, el no cumplimiento del plazo para dictar el laudo en el término de treinta (30) días, implica violación al debido proceso legal, pues para que se configure la infracción a este principio fundamental debe producirse el desconocimiento manifiesto al derecho de defensa y de contradicción o bien que la decisión sea incongruente o no esté suficientemente motivada e impida conocer las razones de hecho y de derecho por las cuales se arribó a esa decisión. En ese sentido, se ha dicho reiteradamente, tanto por la doctrina como por jurisprudencia, que las causales de nulidad proceden únicamente cuando realmente infrinjan algún postulado esencial o intrínseco del debido proceso. Desde esa perspectiva, correspondería declarar la nulidad del laudo impugnado sólo si el vicio del procedimiento arbitral afecta el derecho de defensa de la parte que lo invoca, por cuanto se la priva de la posibilidad de ofrecer pruebas. ...debemos señalar que la propia impugnante, al referirse al incumplimiento del debido proceso en el desarrollo del arbitraje indica que el Árbitro contaba con un plazo de treinta (30) días para dictar el Laudo y para probar el supuesto incumplimiento aporta como prueba copia de un correo electrónico que envió el 17 de agosto de 2011 al señor árbitro Licenciado R.A.P. y al Capitán Á.M. de la Unión de Prácticos del Canal en el que constaba la variación del plazo por acuerdo de las partes y el árbitro. Sobre este particular, el señalamiento de la entrega tardía de la decisión final, en el evento que hubiese ocurrido, no está establecida como una causal de nulidad taxativa; por las razones que hemos explicado en los párrafos precedentes y que sintetizamos de la siguiente manera: Las nulidades deben estar contenidas en normas que expresamente sancionen la entrega fuera del plazo para dictar un L.A.. Ello no está contemplado en ninguna de las normas de la ACP y, por añadidura, el plazo de treinta días (30) para emitir el laudo se establece en una disposición convencional que no es susceptible de ser sometida al conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Tampoco la emisión del Laudo causó infracción al derecho de defensa que consiste en la oportunidad de aportar pruebas y contradecir las aportadas por la contraparte. Por estas razones, desechamos la causal de infracción por incumplimiento del debido proceso en el desarrollo del proceso arbitral que es argumentada en el recurso de ilegalidad presentado." Mediante Vista N° 270 de 31 de mayo de 2012, la Procuraduría de la Administración emitió su concepto solicitando se declare ilegal el L.A. impugnado en los siguientes términos: "...Para una mejor coherencia del concepto que debe emitir esta Procuraduría, pasamos a analizar las infracciones que alega la recurrente con respecto a los hechos que supuestamente conculcaron el principio del debido proceso durante el arbitraje y los otros, que según el criterio de ésta, quebrantaron las causales de parcialidad manifiesta del árbitro y de interpretación errónea consagradas en el artículo 107 de la ley orgánica de la ACP... La actora manifiesta que al expedir el laudo arbitral 10-080-ARB, el árbitro A. actuó con parcialidad manifiesta, ya que no observó lo que dispone el numeral 2 de la sección 18 del artículo 13 de la Convención Colectiva de la Unidad Negociadora de los Prácticos del Canal de Panamá, según el cual la carga de la prueba en el proceso le corresponde a la parte agraviada, es decir que, en este caso, era obligación del representante del Sindicato de Prácticos del Canal de Panamá probar que la Autoridad infringió la sección 30 (d) (1) (i) del artículo 17 de dicho convenio y no a la entidad (Cfr. foja 15 del expediente judicial). Con relación a esta causal, esta Procuraduría estima que este cargo de infracción debe ser rechazado de plano por dos razones: la primera, porque la representante de la institución recurrente no ha logrado explicar en qué hechos concretos del proceso el árbitro actuó con parcialidad, pues únicamente hizo una extensa exposición en torno a que el árbitro, R.A., se desapegó de los temas que las partes consideraron debían ser objeto de debate arbitral, sin explicar en qué sentido dicho árbitro se parcializó a favor del sindicato cuando decidió la controversia; la segunda, debido a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la mencionada ley 19 de 1997, el arbitraje constituye la última instancia administrativa de la controversia, por lo que es claro que a través del presente recurso de ilegalidad no resulta viable reabrir el debate de fondo surgido entre el sindicato y la Autoridad, particularmente en lo que respecta al caudal probatorio y la carga de la prueba, ya que en esta instancia únicamente puede ponderarse la ocurrencia o no de las causales de anulación a las que se refiere en forma taxativa el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá. También se advierte que la apoderada judicial de la Autoridad indica que al expedir el laudo arbitral 10-080-ARB el árbitro supuestamente interpretó erróneamente la ley, ya que, según su criterio, éste fundamentó su decisión en la ley federal de los Estados Unidos de Norteamérica; sin embargo, al exponer sus planteamientos en torno a esa infracción vemos que ésta igualmente ha traído al presente proceso aspectos que fueron materia de estudio en la audiencia de 28 de julio de 2011, y a la vez, da una extensa explicación de la forma en que debió fallar el árbitro, sin señalar la manera en que el árbitro aplicó un cuerpo normativo apartándose del texto de la legislación panameña, es decir la ley 97 de 1997, sus reglamentaciones y los convenios colectivos. ...se advierte que en el caso 10 - 80 - ARB relativo a la asignación al supervisor de las tareas de practicaje con derecho a bonificación y, en su defecto, sujeto a reclamo en el evento en que no se produzca la distribución del bono para el sindicato, se analizaron las norma de la Convención Colectiva de la Unidad Negociadora de los Prácticos del Canal de Panamá, de allí que no resulta factible dilucidar este tema a través de la acción de ilegalidad en estudio, ya que con fundamento en el artículo 107 de la ley 19 de 1997, esa S. únicamente está facultada para conocer en segunda instancia de la impugnación de laudos arbitrales en los que se demande su ilegalidad por haber incurrido el árbitro en una interpretación errónea de la ley o los reglamentos, una parcialidad manifiesta a favor de una de las partes o, el incumplimiento del debido proceso en el desarrollo del arbitraje, no así de aquellos laudos donde se aplicaron normas de una convención colectiva... ...Respecto a la emisión tardía del laudo, se observa que en el expediente judicial no consta ningún documento que acredite que las partes y el árbitro convinieron en aplicar la prerrogativa que establece la sección 21 del artículo 13 de la mencionada convención colectiva, la cual permite que por acuerdo entre los interesados el árbitro entregue el laudo en una fecha distinta a los 30 días laborables que dispone el acuerdo colectivo, puesto que lo único que aparece es un correo electrónico enviado por la abogada de la Oficina de Asesoría Jurídica, T.L., al licenciado R.A. y a Á.M., sin que conste que los mismos hayan aceptado que el arbitraje sería decidido el 14 de septiembre de 2011 (Cfr. foja 44 del expediente judicial). ...en el informe de conducta que rindió el árbitro, R.A.P., al Magistrado Sustanciador, éste expuso con relación a la emisión tardía del laudo, que a pesar que la Autoridad aportó con la demanda el citado correo electrónico, él no tenía memoria ni notas que las partes hubiesen convenido en modificar el término de entrega del laudo arbitral, de lo cual de haberse dado no estaría de acuerdo debido a lo voluminoso del expediente de audiencia con sus respectivas cintas magnetofónicas y el aporte de escritos de las partes. Agrega en dicho informe, que el 15 de septiembre de 2011, le envió una réplica simultánea a las partes, en la que expresó que no tenía conocimiento de haber establecido una fecha tan cercana para entregar el laudo, misma que fue respondida por el representante del sindicato en la que apuntaba que recordaba algo sobre ese tema pero que no tenía notas al respecto (Cfr. foja 56 del exp. Judicial) En ese sentido, este Despacho considera oportuno indicar que la situación antes descrita no viola el principio del debido proceso legal, ya que para que ocurra esta infracción es necesario que se haya omitido o prescindido algún trámite fundamental que ponga en estado de indefensión a alguna de las partes que intervienen en el proceso. No obstante, advertimos que aún cuando el árbitro cumplió con el trámite procedimental que establece el Memorando de Entendimiento sobre la Audiencia de Arbitraje en el Procedimiento Negociado para la Tramitación de Quejas, lo cierto es que al momento de emitir el laudo arbitral 10 - 080 - ARB decidió un asunto que no fue el acordado por las partes en la pre - audiencia llevada a cabo el 25 de febrero de 2011, que consistía en determinar si la Autoridad infringió o no la sección 30 (d) (1) (i) del artículo 17 de la Convención Colectiva de la Unidad Negociadora de los Prácticos del Canal de Panamá, tal como lo ha indicado la recurrente al sustentar los otros cargos de infracción (Cfr. fojas 14 a 28 del exp. Judicial). Lo anteriormente expuesto tiene como fundamento el hecho, que el árbitro, R.A., concluyó el proceso arbitral señalando únicamente que las partes debían iniciar un período de conversaciones y negociaciones sobre el tema de la asignación de prácticos supervisores y los efectos concernientes a este laudo, sin adentrarse en el tema de la infracción o no de la norma antes mencionada, lo que denota que al emitir el laudo éste no observó el principio de congruencia que forma parte de los postulados que garantizan el debido proceso legal y que se encuentra consagrado en el acápite z de la sección 19, en concordancia con la sección 18, del artículo 13 de la Convención Colectiva de la Unidad Negociadora de los Prácticos del Canal de Panamá, que la propia demandante adujo infringidos, los cuales establecen que al emitir la decisión el árbitro no puede pronunciarse sobre una cuestión distinta o separada a la establecida por las partes como cuestión a decidir (Cfr. foja 43 del expediente judicial). En virtud de lo expuesto en párrafos precedentes, esta Procuraduría concluye señalando que al emitir el laudo de 30 de septiembre de 2011, el árbitro no observó el principio del debido proceso, alegado por la actora en el presente recurso; ya que su decisión no se ciñó al tema acordado en la declaración conjunta suscrita entre la Autoridad y el sindicato el 25 de febrero de 2011; razón por la que se solicita a los Honorables Magistrados que integran ese Tribunal de Justicia se sirvan declarar que ES ILEGAL el L.A. de 30 de septiembre de 2011, emitido dentro del caso 10 - 080 - ARB." (Resaltado de la S.) A.- COMPETENCIA: En primer lugar, resulta pertinente señalar la competencia de la S. para conocer de estos procesos, la cual fue conferida a través de la Ley 19 de 11 de junio de 1997, "Por la que se organiza la Autoridad del Canal de Panamá", la cual en su artículo 107, expresa lo siguiente: "Artículo 107. No obstante lo establecido en el artículo 106, los laudos arbitrales podrán ser recurridos ante la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dentro del término de 30 días hábiles, contado desde la notificación del fallo correspondiente. Dicho recurso, que será en el efecto suspensivo, sólo procederá cuando el laudo arbitral esté basado en una interpretación errónea de la Ley o los reglamentos, por parcialidad manifiesta del árbitro o incumplimiento del debido proceso en el desarrollo del arbitraje." Por otra parte, el artículo 106 de la precitada excerta legal indica claramente que el arbitraje constituye la última instancia de la controversia, De lo anteriormente expuesto se deduce claramente que estamos en presencia de un recurso innominado y que la S. no se encuentra facultada para conocer en segunda instancia de recursos que se interpongan en contra de laudos arbitrales, salvo que el recuso esté fundamentado en los supuestos específicos que consagra el precitado artículo 107, es decir, que la S. únicamente conocerá de recursos interpuestos contra laudos arbitrales que se basen en: "1.- Interpretación errónea de la Ley o los reglamentos. 2.- Parcialidad manifiesta del árbitro o, 3.- Incumplimiento del debido proceso en el desarrollo del arbitraje". Vale destacar que, tal como lo ha señalado la S. en reiterada jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 203 de la Constitución Nacional, a la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia le corresponde el control de la legalidad de los actos administrativos. Es por ello que la S. sólo puede revisar los actos administrativos de carácter individual o general que violen la ley o disposiciones con jerarquía de ley o normas materiales emitidas por la propia administración. Siendo ello así, en el presente caso, las alegadas erradas interpretaciones del árbitro sobre normas de la Convención Colectiva suscrita entre la ACP y la UPCP, no pueden ser valoradas por esta Superioridad (Ver recurso interpuesto en contra del Laudo - Arbitral No. 10 - 80 - ARB de 30 de septiembre de 2011) que se refieren a la queja por Asignación de Supervisor a tarea con bonificación y reclamo para distribución del bono entre sindicalizados, entre UNION DE PRACTICOS DEL CANAL DE PANAMA (Sindicato) y AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA. B. ANÁLISIS DE LA SALA Conforme a los argumentos expuestos por las partes, a las constancias probatorias visibles en autos y a la normativa que regula el tema de la competencia que mantiene esta S. para conocer recursos de ilegalidad promovidos contra laudos arbitrales, siempre que se fundamenten en las causas específicas que han sido señaladas previamente, pasamos a verificar lo siguiente: El recurso de ilegalidad promovido en contra del L.A. emitido por el Licenciado ROBERTO L. ALLEYNE el 30 de septiembre de 2011, dentro del proceso de arbitraje identificado como el caso 10-080 - ARB, mediante el cual resolvió: "El empleador presentará para dentro de 30 días laborales, un proyecto que detalle sus procedimientos para la asignación de Prácticos Supervisores a practicajes programados, en bloques de 30 días, por todo un año calendario", se fundamentó en las tres causales previstas en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la ACP las cuales son: la interpretación errónea de la ley o los reglamentos, por parcialidad manifiesta del árbitro y el incumplimiento del debido proceso. Los supuestos errores de interpretación que se le imputan al laudo arbitral, recaen en los siguientes temas: 1.- El derecho de la administración de asignar trabajo y las órdenes impartidas. 2.- El tipo y cantidad de trabajo que en general debe ser ejecutado. Observa esta S. que una vez las partes se sometieron al proceso arbitral, decidieron de común acuerdo que el asunto a decidir sería: "1. ¿Violó la ACP la Convención Colectiva al no pagar la compensación establecida en la sección 30 (d) (1) (i) del Artículo 17 por asignar al Capt. A.H. a la nave M.M. el 5 de mayo de 2015? 2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuál sería el remedio"?. De las pruebas aportadas al proceso y de los escritos que constan en autos se infiere que la decisión contenida en el laudo arbitral surge del análisis que efectúa la árbitro de los hechos que dieron origen al proceso arbitral, la valoración que realiza de las pruebas aportadas al proceso y la aplicación de la normativa legal vigente. La S. no coincide con los argumentos esbozados por la recurrente, relativos a la errónea interpretación de la ley y de los reglamentos y estima que la decisión a la que llega el árbitro en su laudo arbitral se encuentra debidamente fundamentada en normas legales, reglamentarias y/o convencionales que se encontraban vigentes al momento de suscitarse la controversia sometida a su consideración. Al respecto cabe destacar lo expresado por el Árbitro en el Laudo demandado en su página 12, párrafo 4, foja 41 del expediente: "4. Basado en el examen del expediente estoy convencido que la controversia que está ante nosotros nada tiene que ver con el derecho del patrono a dirigir su establecimiento de la manera más adecuada. No se cuestiona en este caso la facultad del patrono de tomar decisiones legítimas. En vez, este caso está relacionado con el procedimiento, o falta de detalles de ese procedimiento, adoptado por la gerencia para honrar lo pactado en lo concerniente al llamado "paquete económico" y la manera de asignar Prácticos Supervisores a desempeñar practicajes sin impactar adversamente las bonificaciones negociadas para los Prácticos no - supervisores..." (resaltado de la S.) En el presente proceso, si bien la recurrente hace referencia a una serie de normas legales, convencionales y reglamentarias, que a su juicio fueron erróneamente interpretadas por la árbitro, no se indica con claridad cual es esa comprensión del texto legal que, en su criterio, es la que debió aplicar el árbitro para fallar. Las alegaciones planteadas por la parte recurrente, tendientes a demostrar la configuración de una de las causales de nulidad de laudos arbitrales, indican a esta Superioridad que la recurrente ha aprovechado la posibilidad de interponer este recurso para reabrir nuevamente la discusión en torno a los hechos que dieron origen al proceso arbitral, razón por la cual la causal de errónea interpretación de la ley y de los reglamentos debe ser descartada. En cuanto al cargo relativo a la parcialidad manifiesta del Árbitro, debe esta S. aclarar, que dicha causal implica una actitud del juzgador tendiente a beneficiar o favorecer alguna de las partes sin sustento para ello. A criterio de esta S., en el presente caso, la actitud del árbitro tenía como finalidad garantizar que ambas partes llegaran a establecer un procedimiento consensuado para la asignación de Prácticos Supervisores y minimizar el impacto adverso de las decisiones gerenciales. Lo anterior se infiere de lo expresado por el Árbitro en el laudo impugnado en su página 12: "d. Viendo el expediente como un todo, soy del convencimiento que las partes han traído al arbitraje un asunto totalmente negociable entre ellas - que se sintetiza en consensuar un procedimiento más fiable para la asignación de Prácticos Supervisores y resolver el impacto de las asignaciones de Práctico Supervisor en la degradación del monto del paquete económico negociado. Sin embargo, después que las partes eligen el foro arbitral como remedio de sus disputas, al Árbitro solo le cabe rendir un laudo.e. Una de las características fundamentales del procedimiento de arbitraje obrero - patronal es la facultad de los árbitros de conocer disputas y determinar remedios. En lo referente a esta facultad de determinar remedios del árbitro, la Corte Suprema de Estados Unidos ha establecido, en las sentencias Lincoln Mills y Steelworkers Trilogy, que cuando las partes acuerdan someter al árbitro cuestiones de aplicación e interpretación del convenio colectivo, éste tiene amplia autoridad para conceder remedios, siempre y cuando, no se le haya limitado la misma en el convenio o en el acuerdo de sumisión. (resaltado de la S.) Adicionalmente, el Árbitro, al decidir la causa sometida a su conocimiento resolvió no imponer ningún tipo de carga económica contra el hoy demandante, en este caso la ACP, por la supuesta infracción de la sección 30 (d) (1) (i) del artículo 17 del Convenio Colectivo, razón del procedimiento arbitral, muy por el contrario la decisión consiste medularmente en el inicio de conversaciones y negociaciones para la elaboración de un procedimiento para la asignación de Prácticos Supervisores a practicajes programados, en bloques de 30 días, por todo un año calendario, razón de más para desestimar la causal de parcialidad manifiesta. Finalmente, la apoderada judicial de la Autoridad del Canal de Panamá estima que el árbitro, R.A., durante el desarrollo del arbitraje desconoció el principio del debido proceso legal, ya que, según la letrada, éste no entregó el laudo en la fecha acordada por las partes; es decir, el 14 de septiembre de 2011. En este punto, la S. coincide con el criterio del señor P. de la Administración, en el sentido de que en el expediente judicial no consta ningún documento que acredite que las partes y el árbitro convinieron en aplicar la prerrogativa que establece la sección 21 del artículo 13 de la Convención Colectiva, la cual permite que por acuerdo entre los interesados el árbitro entregue el laudo en una fecha distinta a los 30 días laborables que dispone el acuerdo colectivo, pues lo único que aparece es un correo electrónico enviado por la abogada de la Oficina de Asesoría Jurídica, T.L., al licenciado R.A. y a A.M., sin que conste que los mismos hayan aceptado que el arbitraje sería decidido el 14 de septiembre de 2011. Por otro lado, tampoco se ha acreditado en el expediente ningún tipo de omisión o pretermisión de algún trámite fundamental que haya puesto en estado de indefensión a alguna de las partes que intervinieron dentro del proceso arbitral, razón por la cual esta causal también debe ser descartada. Por tanto, luego de realizar un pormenorizado estudio de los elementos de juicio aportados por cada una de las partes, esta Superioridad ha arribado a la conclusión de que el L.A. impugnado, no es ilegal, toda vez que las causales que han sido invocadas por la recurrente, no fueron debidamente probadas y resultan ciertamente improcedentes, dadas las razones jurídicas que se han expuesto. C. DECISIÓN DE LA SALA En consecuencia, la S. Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el L.A. de 30 de septiembre de 2011, dictado dentro del proceso de arbitraje identificado como el caso N° 10 - 080 - ARB, en el que fueron partes la Autoridad del Canal de Panamá y la Unión de Prácticos del Canal de Panamá. N.. ABEL AUGUSTO ZAMORANO NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- EFRÉN C. TELLO C KATIA ROSAS (Secretaria)