Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4 de Febrero de 2005

Ponente:Jorge Federico Lee
Fecha de Resolución: 4 de Febrero de 2005
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA FIRMA SOLIS, ENDARA, DELGADO & GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE JOAN GUEVARA RODRIGUEZ, CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 13 DE JULIO DE 2004, EXPEDIDA POR EL JUZGADO OCTAVO DEL CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. (APELACIÓN)

 
CONTENIDO

VISTOS:

La firma forense Solis, Endara, D. &G., actuando en nombre y representación de J.G.R., ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 19 de agosto de 2004 mediante la cual no admite la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el apoderado judicial del señor J.G.R. contra la Juez Octava de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

LA RESOLUCION APELADA

Al Primer Tribunal Superior de Justicia le correspondió conocer, en primera instancia, de la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta contra la resolución de 13 de julio de 2004 expedida por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual se fija fecha de celebración de una audiencia ordinaria.

Dicha resolución en su parte medular es del contenido siguiente:

Visto y considerado el informe secretarial que antecede, y en conformidad con el artículo 2228 del Código Judicial, se fija como fecha de Audiencia Ordinaria el día dos (2) de septiembre de dos mil cuatro (2004), a las nueve y treinta de la mañana (9:30 A.M.), donde se decidirá la responsabilidad penal dentro del proceso seguido a J.G.R., por el supuesto delito CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL, hecho cometido en perjuicio de A.V..

Se tiene a la firma forense S., Endara, D. y G. como defensa particular del sindicado J.G.R..

Al adentrarse en el análisis de viabilidad de esta causa, el Primer Tribunal Superior de Justicia concluyó que dicha iniciativa constitucional no podía ser admitida porque la decisión contenida en el acto recurrido no constituye una orden de hacer o no hacer en contra del amparista, sino que se trata de una resolución de mero trámite dentro del proceso penal en cuestión.

ARGUMENTOS QUE REBATEN LA DECISION DEL A-QUO

En el libelo contentivo del recurso de apelación, legible a fojas 48 a 50 del cuadernillo de amparo, el recurrente fundamenta su oposición básicamente en que contrario a lo señalado por dicho Tribunal, el acto que contiene la orden impugnada es por su origen un acto del juez, por su finalidad un impulso procesal y por su contenido es una orden imperativa de hacer cuyo incumplimiento se conmina en la ley con sanción procesal y disciplinaria.

ANALISIS DEL PLENO

La Corte, después de analizar las constancias procesales, arriba a la misma conclusión del Primer Tribunal, en el sentido de negarle viabilidad jurídica al presente negocio constitucional.

Esto es así, porque la jurisprudencia de la Corte ha sido constante en señalar que, cuando el acto o la resolución impugnada no constituye ni contiene una orden, la acción de amparo es manifiestamente improcedente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2620 del Código Judicial.

En Fallo de 7 de diciembre de 2000 esta Corporación Judicial al resolver una acción similar interpuesta por el apoderado judicial del señor J.G.R. contra una resolución que fijaba una fecha de audiencia emitido por la Juez Octava de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, se estableció lo pertinente citar:

"Por otro lado, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Corte, la demanda de amparo de garantías constitucionales contra órdenes emanadas de una autoridad, debe reunir los siguientes requisitos: a) que se interponga contra órdenes de hacer o no hacer; b) que por la gravedad e inminencia del daño que representan estas órdenes se requiera su revocación inmediata; c) que la revocatoria de estas órdenes no puede obtenerse por otra vía, porque no existen otros medios ordinarios de impugnación, o porque éstos se han agotado; y d) que tratándose de resoluciones judiciales la acción se interponga con sujeción a las reglas establecidas en los ordinales 1,2 y 3 del artículo 2606 del Código Judicial. En el caso en estudio el acto impugnado no es una orden de hacer o de no hacer, porque en la decisión de la Juez Octava de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, se resolvió fijar para el día doce (12) de octubre de 2000 a las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m), la Audiencia Preliminar, donde se decidirá el mérito legal del sumario seguido a ALBERTO ABADI BTESH, J.G. y W.S., sindicados por el supuesto delito Contra el Pudor y la Libertad Sexual, en detrimento de A. delC.V., siendo evidente que esta decisión no constituye un mandato imperativo que obliga al amparista a que ejecute o se abstenga de una determinada conducta, compartiendo el Pleno de esta Corporación, los argumentos expuestos por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, toda vez que la resolución objetada en mención contra la Juez Octava de Circuito Penal tiene carácter de mero trámite judicial, la cual no es susceptible de una acción de amparo de garantías constitucionales".

En este mismo sentido pueden citarse los fallos de amparo de garantías constitucionales de 14 de septiembre de 2001,4 de mayo de 1994,11 de diciembre de 1995,25 de abril de 1996,10 de octubre de 1996,25 de enero, 19 de mayo,2 de julio de 1997,12 de junio,16 de julio de 1998,31 de mayo y 20 de septiembre de 2000, entre otros, donde la Corte en casos similares, ha sostenido que contra los actos de mero obedecimiento, trámite o impulso procesal no cabe el recurso de amparo de garantías constitucionales.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, fechada 19 de agosto de 2004, que NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la firma forense Solis, Endara, D. &G., actuando en nombre y representación de J.G.R., contra la Juez Octava de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

N..

JORGE FEDERICO LEE

GABRIEL ELÍAS FERNANDEZ -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- J.A.T. --A.A.A. L. -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO -- VIRGILIO TRUJILLO L. -- ROBERTO GONZALEZ R. ARTURO HOYOS

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)