Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), 5 de Mayo de 2006

PonenteAdán Arnulfo Arjona L.
Fecha de Resolución 5 de Mayo de 2006
EmisorSupreme Court (Panama)

VISTOS:

En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la firma forense M. y F., en representación de CERVECERÍAS BARÚ-PANAMÁ, S.A., contra la orden de hacer contenida en la Sentencia No. 15 de 27 de febrero de 2004, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La alzada se enfoca contra la Resolución de 2 de septiembre de 2005 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual no se concede la acción de amparo propuesta.

Este dictamen surge tras considerar el Tribunal aquo lo siguiente:

"Ahora bien, el tema en esta controversia constitucional está determinado a establecer si los tribunales creados por la Ley 29 de 1996 son competentes para dictar condenas para resarcir daños morales por actos 'denigrantes e injuriosos', en las causas de competencia desleal, que conocen de forma exclusiva y privativamente, ya que para la amparista la ley no contempla dichos actos, ni la calumnia o injuria, entre las conductas consideradas desleales.

Para esta Corporación de Justicia, la sentencia demandada no sustenta la condena impuesta por daños morales en la calumnia o injuria sufrida por la parte actora favorecida con la indemnización en la sentencia, sino por virtud de 'la deslealtad de los actos realizados' por las demandadas a través de campañas publicitarias y conferencias de prensa, de manera que si '... ha atacado la imagen, prestigio y/o reputación empresarial de otra sociedad competidora, ... igualmente debe responder por ello, con entera independencia de que el daño se haya reflejado o no en el patrimonio del ofendido.' ...

Finalmente, este Tribunal tampoco comparte la posición de la amparista cuando deja señalado que los tribunales ordinarios de la jurisdicción civil son los competentes para conocer de las pretensiones de condena por daños morales, y no los creados por la Ley 29 de 1996, ya que el artículo 141 de dicha excerta legal, al crear dichos tribunales determina que son juzgados de circuito del ramo civil, que si bien dispone otorgarles competencia exclusiva y privativa en determinadas causas, entre ellas conforme al numeral 2 de la citada ley, 'Las controversias que se susciten con motivos ... de prácticas de comercio desleal', con ello debe entenderse como incluida también la competencia para conocer tanto de los daños materiales como de los morales causados con motivos de dichas prácticas". (sic)

En su libelo de sustentación del recurso de apelación, la parte actora plantea que al margen de intentar una nueva ponderación de los criterios interpretativos y de valoración jurídica, considera que el fallo "rebasó los límites de la materia que es objeto de su competencia porque profirió una sentencia condenatoria por daños morales con fundamento en presupuestos que son materia de conocimiento de los tribunales ordinarios como lo es el caso de la difamación o la injuria"

Añade que la violación al debido proceso está en que, "en ausencia de los presupuestos para condenar por actos de competencia desleal -como reconoció el fallo-, la resolución objeto de amparo de garantías constitucionales, produjo una sentencia condenatoria por daños morales con fundamento en actos calumniosos e injuriosos", lo que no corresponde a juzgados de comercio sino a tribunales ordinarios. Siendo esto así, se infringe evidentemente el debido proceso porque las personas tienen el derecho que les juzgue el juez que corresponda.

Una vez conocido el contenido de la resolución impugnada y lo substancial del recurso planteado por la parte actora, procede esta Corporación de Justicia a resolver lo que en derecho corresponde.

Antes de iniciar el estudio jurídico de la presente acción de amparo, es necesario hacer precisión acerca de la competencia que tenía el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá para decidir en el fondo de la pretensión interpuesta por Cervecería Nacional, S.A. contra Cervecería del Barú, S.A., Cervecería Panamá, S.A., Cervercerías Barú-Panamá, S.A. y Dirección y Administración de Empresas, S.A.

El artículo 32 de la Constitución Política al consagrar el principio del debido proceso estatuyó que "nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria".

En consecuencia, y con el fin de emitir concepto acerca del contenido de la impugnación formalizada por el amparista, corresponde a este Tribunal, a la luz de las normas vigentes, determinar si el juzgador primario ostenta o no la competencia para decidir sobre la condena impuesta.

Es sabido que la Ley Nº 29 de 1 de febrero de 1996 establece la regulación que dirigirá los aspectos relativos al proceso de libre competencia económica y libre concurrencia, salvaguardando el interés superior del consumidor. De la misma forma, determina la competencia que tendrán las autoridades jurisdiccionales para conocer los asuntos en mención.

Así lo establece el artículo 141 de la Ley Nº 29 de 1996:

"Artículo 141. Competencia. Se crean tres (3) juzgados de circuito del ramo civil, en el Primer Distrito Judicial de Panamá que se denominarán los Juzgados Octavo, Noveno y Décimo, del Primer Circuito Judicial de Panamá, ... Estos juzgados conocerán exclusiva y privativamente de las causas siguientes:

...

2.Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de la presente Ley, en materia de monopolio, protección al consumidor y prácticas de comercio desleal.

...

5. Las controversias relativas a los actos de competencia desleal ...".

El estudio de las constancias procesales que acompañan la acción constitucional interpuesta, permite determinar que en este caso no consta evidencia de que se hayan desconocido normas sobre competencia consideradas básicas, que provoquen la conculcación del derecho del amparista de ser oído por un tribunal competente.

El tribunal competente es aquel que de acuerdo a determinadas reglas previamente establecidas (territorio, materia, etc.), es el llamado para conocer y resolver una controversia. También conocido como el "derecho a un juez natural", esta garantía presenta dos alcances: por un lado, la imposibilidad de ser sometido a un proceso ante una autoridad que no es juez o que carece de competencia para resolver una controversia en particular; y por otro lado, que la competencia de los jueces y tribunales se encuentre previamente establecida por la ley.

Lo que se puede constatar en la presente causa es que la sentencia emitida por el juzgador primario mediante la cual declara la incursión de Cervecería del Barú, S.A., Cervecerías Barú-Panamá, S.A. y Dirección y Administración de Empresas, S.A. en actos de competencia desleal con la consecuente condena de indemnización en concepto de daños morales a favor de Cervecería Nacional, S.A., en ninguna forma puede tener un carácter restrictivo y excepcional en lo que se refiere a pronunciamientos relativos a daños morales, toda vez que los mismos se encuentran directamente vinculados con las funciones que la Ley asigna a los tribunales de libre competencia y asuntos del consumidor. De esta forma, no puede estar excluido del ámbito de competencia de estos tribunales la sanción por el daño moral causado el cual es producto de la perpetración de los actos que se constituyen en hechos dañosos, situación que en el caso que nos ocupa el juzgador primario dictaminó como competencia desleal.

En consecuencia, el panorama jurídico que ahora nos ocupa permite anotar que el pronunciamiento proferido por la autoridad jurisdiccional es cónsono con las facultades que la ley le otorga en cuanto a las causas que son de su competencia, lo que conlleva a la inexistencia de la supuesta infracción del debido proceso alegada en este caso.

Por lo antes expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 2 de septiembre de 2005 dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual NO SE CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la firma forense M. y F., en representación CERVECERÍAS BARÚ-PANAMÁ, S.A., contra la orden de hacer contenida en la Sentencia No. 15 de 27 de febrero de 2004, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

N.,

ADÁN ARNULFO ARJONA L.

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ - ROBERTO GONZALEZ R. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ A. TROYANO

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)