Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 14 de Julio de 2004

Ponente:Aníbal Salas Céspedes
Fecha de Resolución:14 de Julio de 2004
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ARJAN LALCHAND SANTAMI, POR SUPUESTA RELACIÓN CON DELITO CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL EN PERJUICIO DE BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ

 

VISTOS:

En grado de apelación ingresa al Pleno de esta Corporación de Justicia, el Auto No. 13-P.I. del 17 de febrero de 2004, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el cual se declara legal el impedimento de salida del país de A.L.S., por su supuesta relación con la investigación seguida contra UTAM CHOOTRAN NANDWANI, RAM CHOITRAN NANDSANI, M.K.C., NARRES CHOITRAMANI y S.N., por delito contra la Economía Nacional en perjuicio de BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ.

RESOLUCIÓN APELADA

El Segundo Tribunal superior del Primer Distrito Judicial, plasmó como fundamento a su decisión, lo siguiente:

"Luego de analizadas las constancias procesales, este Tribunal Superior estima que la orden de impedimento de salida del país emitida por la funcionaria acusada es legal, por cuanto, a pesar que ARJAN LALCHAND SAMTANI no es parte de las empresas declaradas en quiebra dentro de GRUPO FOTOKINA, sí hay pruebas que es cuñado de UTTAN CHOITRAN NANDWANI (está casado con su hermana), tal como se aprecia de los documentos visibles a fojas 2673 a 2676 del sumario y se le acusa de haber suscrito un contrato de préstamo con garantía hipotecaria por la suma de un millón quinientos mil dolares (B/.1,500,000.00), a favor de CENTRO DE CAMARAS DE ZONA LIBRE, S.A., empresa representada por el quebrado UTTAN NANDWANI. Se indica que dicha transacción es fraudulenta y que se cometió en perjuicio de los acreedores de la quiebra, pues los libros de contabilidad de las empresas fallidas no registran esa acción comercial. Se agregó que a consecuencia de dicha maniobra, se impidió que la fina No. 12412 inscrita al rollo 16681, documento 1, asiento 1, de la sección de Propiedad del Registro Público, pueda ser vendida para hacer frente a la deuda que tienen los fallidos por más de treinta y dos millones de dólares (B/.32,000,000.00)."

FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

La Licenciada YUEALY SINGH, presentó disconformidad con el fallo del Segundo Tribunal donde señala como punto medular que su representado no se encuentra vinculado como sindicado del delito en investigación y que, por tanto, no es legalmente posible dictar una medida cautelar en su contra, toda vez que se estaría violando sus derechos fundamentales, razón por la cual la medida de impedimento de salida del país que pesa sobre el señor A.L.S. debe declararse ilegal.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

En primer lugar, esta Corporación de Justicia estima oportuno hacer un llamado de atención al Segundo Tribunal Superior con respecto a lo expresado en el párrafo final de la parte motiva del auto impugnado, cuando señala que "hasta el momento, no militan pruebas que desvirtúen las acusaciones formuladas por el curador de la quiebra en contra de ARJAN LALCHAND SAMTANI", afirmación totalmente alejada del papel de tutela de la garantía constitucional de la libertad corporal que debe cumplir el Tribunal de Hábeas Corpus.

No corresponde a la personas acusada de un delito, sobre la cual pesa una medida cautelar, aportar elementos que logren rebatir el o los delitos que se le imputan. Dicha carga probatoria le corresponde al Ministerio Público, y toca al Tribunal de Hábeas Corpus constatar que en efecto el agente de instrucción haya conseguido allegar al expediente los elementos probatorios necesarios para establecer una vinculación suficiente con el ilícito, que amerite la aplicación de tal medida cautelar.

Hechas estas acotaciones, pasamos al caso que nos ocupa. Observa esta Superioridad que la presente acción se encuentra dirigida contra la medida cautelar de impedimento de salida del territorio del país impuesta sobre A.L.S., la cual fue ordenada mediante resolución de 30 de enero de 2004, dictada por la Fiscalía Tercera del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Antes de resolver el recurso, el Pleno advierte que la finalidad del mismo no es la de entrar a valorar pruebas o contrapruebas, sino la de verificar si se cumplió con todas las formalidades constitucionales y legales establecidas en el artículo 21 y 22 de la Constitución Nacional en concordancia con los artículos 2140 y 2152 del Código Judicial para decretar las medidas cautelares, es decir si trata de delito que tenga señalada pena de prisión de dos años y exista prueba que acredite el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona, o contra sí mismo. Del mismo modo, verificar si la detención preventiva fue dictada por autoridad competente.

En el presente caso, se acusa al señor LALCHAND SAMTANI de ser cómplice en el delito de quiebra fraudulenta, cuya pena aplicable oscila entre 2 y 3 años de prisión, es decir, es superior a los 2 años; del mismo modo, la existencia del delito y la vinculación al mismo se desprenden del hecho que, a pesar que no forma parte de las empresas declaradas en quiebra, existen indicios que el mismo contribuyó a sustraer un bien que hubiese podido satisfacer el crédito que tenían los acreedores contra los quebrados, al suscribir un contrato de préstamo con garantía hipotecaria sobre dicho bien, lo cual lo coloca en la posición de cómplice del ilícito, tal como señala la resolución impugnada.

Es por los motivos antes expuestos que el Pleno considera que se encuentran reunidos todos los requerimientos del artículo 2152 del Código Judicial, puesto que se ha consignado el hecho imputado y los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible, además de los elementos de prueba suficientes en el proceso que vinculen a la persona cuya detención se ha ordenado, con el hecho punible en mención, siendo por tanto legales las medidas cautelares impuestas, razón por la cual lo procedente es confirmar el auto impugnado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto No. 13-P. I de 17 de febrero de 2004, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

WINSTON SPADAFORA FRANCO -- J.A.T. --A.A.A.L. --A.C.C. --G.J.D.C. (Con Salvamento de Voto) -- ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK - ARTURO HOYOS -- CÉSAR PEREIRA BURGOS

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA G. J.D.C.

Con el mayor respeto debo manifestar que no comparto los criterios contenidos en la sentencia de H.C. que decide confirmar el Auto No. 13-P.I. de 17 de febrero de 2004 proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia que declara legal el impedimento de salida impuesto a ARJAN LALCHAND SAMTANI.

La resolución en cuestión sostiene que se acusa al beneficiario de la acción de ser cómplice en el delito de quiebra fraudulenta en perjuicio del BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ y aunque "...no forma parte de las empresas declaradas en quiebra existen indicios que el mismo contribuyó a sustraer un bien que hubiese podido satisfacer el crédito que tenían los acreedores contra los quebrados, al suscribir un contrato de préstamos con garantía hipotecaria sobre dicho bien. Lo cual lo coloca en posición de cómplice del ilícito,..." (Folio 3 de la sentencia).

Desde mi punto de vista, como viene expuesto, la conclusión a la cual se arriba no se sustenta en elementos objetivos probados o que reposan en algún expediente pues, lo citado en el párrafo anterior, no ha sido debidamente acreditado en el presente asunto constitucional.

Por otro lado, en el folio 21 del cuadernillo se aprecia que el Ministerio Público tomó la decisión de impedir la salida del territorio nacional al ciudadano ARJAN LALCHAND SAMTANI basándose en las afirmaciones del curador de la quiebra del GRUPO FOTOKINA, S.J. sin desplegar algún tipo de acción de carácter investigativa o sumarial que confirme lo expresado por este último.

Constato además que el Ministerio Público sustenta su medida cautelar en lo dispuesto en los artículos 1559 y 1582 del Código de Comercio, disposiciones mercantiles que establecen los presupuestos para sancionar por complicidad a los que de una u otra forma auxilien al quebrado en la sustracción de sus bienes para impedir que puedan formar parte de la masa de la quiebra.

No obstante, respecto de estas disposiciones mercantiles, es necesario comentar que son aplicables en la medida en que el Ministerio Público, luego de su labor investigativa, acredite la complicidad de terceros para trasponer bienes del quebrado, y por ende, inicie o instruya un proceso en su contra.

En tal sentido, señala el artículo 1556 del Código de Comercio que:

Declarada la quiebra, si hubiere indicios de responsabilidad penal, el Juez mandará a testimoniar lo conducente a fin de promover causa criminal contra el quebrado y sus cómplices, si los hubiera, por el posible delito de quiebra culpable o fraudulenta.

El referido Agente del Ministerio Público velará por el oportuno cumplimiento de esta disposición y gestionará a fin de que se haga efectiva la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

En consecuencia, luego de que el juzgador civil que atiende la quiebra del GRUPO FOTOKINA promoviera la causa criminal contra el quebrado y sus cómplices, le correspondería al Ministerio Público acreditar la vinculación de estos últimos para poder, conforme a derecho y respetando las garantías constitucionales que le asisten a toda persona, imponerle medidas cautelares de carácter personal.

Es sabido que, para aplicar una medida cautelar de las contenidas en el artículo 2127 del Código Judicial, es presupuesto indispensable que existan graves indicios de responsabilidad o vinculación en contra del procesado.

De la lectura de la resolución del Ministerio Público que sustenta la medida cautelar impugnada (folio 21 del cuadernillo), constato que hasta el momento no se ha acreditado por medio de resolución razonada la vinculación, ni se han incorporado las pruebas que señalan la complicidad de ARJAN LALCHAND SAMTANI con el GRUPO FOTOKINA para trasponer bienes en detrimento de la masa de acreedores.

Siendo ello así soy del criterio que la confirmación por parte de este Tribunal Colegiado del Auto No. 13-P.I. de 17 de febrero de 2004 emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia que declara legal el impedimento de salida del beneficiario de la presente acción, transgrede su garantía al debido proceso, pues la medida cautelar ha sido adoptada sin la aportación del caudal probatorio sustentario, y sin que se haya iniciado proceso penal en su contra.

Expresado lo anterior me encuentro en la obligante necesidad de SALVAR EL VOTO.

FECHA: ut supra

GRACIELA J. DIXON C.

CARLOS H. CUESTAS.- Secretario General