Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), 14 de Diciembre de 2004

PonenteAlberto Cigarruista Cortez
Fecha de Resolución14 de Diciembre de 2004
EmisorSupreme Court (Panama)

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el recurso de apelación presentado dentro de la acción de Hábeas Corpus interpuesta por el licenciado R.S. a favor de C.G.B. contra la Juez Tercera de Circuito Penal.

En un primer momento, la acción constitucional antes citada, fue sustentada al tenor de lo siguiente: "...el referido Tribunal a pesar de no haber nunca ordenado o decretado formalmente mediante resolución la detención preventiva del encartado, de acuerdo al artículo 2140 que en otrora era el 2148; sí dio instrucciones a la Policía Técnica Judicial para que capturara al encartado y lo pusiera a órdenes del Tribunal-observe Magistrado que en el auto no se gira la orden de captura, ni se dispone que el mismo sea detenido a ordenes del Tribunal, por lo tanto no existe en el expediente hasta este momento orden de detención. Y vamos más allá aún los fundamentos de derecho que exista la resolución (sic) en su parte resolutiva no son lo que (sic) dispone la detención preventiva, en ese sentido la misma debe ser declarada ilegal...".

Posterior a la interposición de la presente acción, la misma se puso en conocimiento del Segundo Tribunal Superior de Justicia el que, luego de librado el respectivo mandamiento de Hábeas Corpus resolvió lo de lugar indicando que la orden de detención cumple los requisitos establecidos en los artículo 2140 y 2152 del Código Judicial, toda vez que C.G.B. incumplió la medida cautelare que le había sido impuesta por el Fiscal Auxiliar de la República desde el 2 de junio de 2000, posteriormente se le llamó a juicio a través de audiencia preliminar a la que no asistió, y en consecuencia se cancelaron las medidas cautelares y se decretó la medida restrictiva de la libertad. Y en resolución posterior fue declarado en rebeldía.

Consideraciones y Decisión del Pleno:

Es de lugar indicar que luego de emitida la citada resolución (9 de julio de 2004) por parte del Segundo Tribunal Superior de Justicia, se recibió el escrito contentivo de la sustentación del recurso de apelación contra la decisión antes citada, sin embargo, a fojas posteriores se observa un escrito de desistimiento por parte del licenciado M.A.B.G. el cual fue rechazado de plano, y en virtud de dicha situación es que corresponde resolver la apelación interpuesta.

Como se indicó anteriormente, se presentó escrito de sustentación de la apelación dentro del que se pueden constatar los siguientes argumentos:

"....no existe en el expediente una orden de detención escrita propiamente tal. Sin embargo, la funcionaria demandada asegura que dicha detención fue decretada en el Auto Nº112 de 11 de septiembre de 2000.....

.......la señora Juez Tercera de Circuito, sólo destacó que las medidas cautelares serían canceladas y que se ordenaría la inmediata detención, más sin embargo nunca lo llegó a concretizar (serán=palabra en tiempo futuro, ordenará=verbo en tiempo futuro), en consecuencia todo indica que la detención del señor C.B. sería decretada en acto aparte, pero nunca se hizo.

Lo más importante de todo es que el Auto Nº112 de 11 de septiembre de 2000, tiene como fundamento de derecho los artículos 2222,2224 y 2225 del Código Judicial, sin embargo, ninguna de las citadas disposiciones tiene que ver precisamente con la detención preventiva...

Por otra parte, el Segundo Tribunal Superior de Justicia al examinar las constancias procesales, llega a la convicción que la detención del encartado debe ser declarada legal habida cuenta que el mismo no cumplió con las medidas que le fueron impuestas......y cae en el mismo error...al señalar que:...le fueran canceladas las medidas y se ordenara su detención. Sin embargo, como ha quedado expresado eso nunca ocurrió porque no se llegó a dictar tal resolución judicial y las frases........están en tiempo futuro.

Otro aspecto que es preciso

destacar es que el Segundo Tribunal asegura que la detención preventiva que nos

ocupa se hizo mediante resolución motivada, lo que satisface las exigencias de

los artículos 2140 y 2142 del Código Judicial, situación que dista mucho de la

realidad porque lo que fue motivado fue el Auto de proceder, no así el aspecto

que trató el asunto de la detención preventiva que únicamente fue mencionado en

términos escritos en tiempo futuro.

.....".

Corresponde pues en estos momentos determinar la legalidad o no de la orden de detención proferida contra el sindicado. Tal y como lo dispone el artículo 2140 del Código Judicial, para que dicha medida restrictiva de la libertad sea procedente, es necesario que el delito imputado tenga pena de prisión de dos años, prueba que acredite el delito, la vinculación del sindicado; aunado a que debe ser dictado por autoridad competente.

Se observa que se trata de un delito Contra la Fe Pública, y el mismo se encuentra acreditado con el cheque Nº031304 de la empresa Bellsouth de Panamá (cfr fs 2 y 108 antecedente) el cual se trató de introducir y hacer efectivo en la entidad bancaria conocida como B., S.A.

Por medio de resolución escrita y debidamente motivada que corre de fojas 133 a 135 del antecedente y proferida por el señor F.A. de la República, se pueden observan los hechos que vinculan al sumariado, como son los cargos que contra C.G. le formula L.V. quien fue la persona que trató de introducir el cheque, y a su vez manifestó que fue el señor CONRADO quien le entregó dicho documento, así como también el hecho que al momento de su aprehensión, el encartado mantenía en su poder dos cheques más.

Existe también la resolución emitida por la Fiscalía Auxiliar de la República donde se ordena la medida cautelar antes citada, y en la que se pueden verificar diversas circunstancias:

"..... un informe donde los miembros que efectuaron la capturan, manifiestan que: "C.B., quien aceptó haber sustraído los cheques de BELLSOUTH, además en su poder tenía dos cheques más (Nº.031307 y 031309) ambos por la suma de B/.385.00 y a favor de C.G.B. y al PORTADOR respectivamente (fojas 83 a 85).

Se aprecia a folio 28, el Informe del personal de la División que investiga el referido ilícito, donde se detalla que en la empresa BELLSOUTH mantenía un video donde se observaba al señor C.G.B. introducirse al Departamento de Contabilidad de dicha empresa para sustraer los cheques. A dicha cinta de video se le practicó una Diligencia de Inspección Ocular donde se plasma que se observa al sujeto con la mismas (sic) características físicas de CONRADO GLEAN BENNETT llevando documentos en sus manos (fj 123 a 126).

(cfr fj 134 antecedente).

En relación a lo antes dicho, cabe indicar que CONRADO GLEAN BENNET trabajaba en la empresa Solcomsa, que se dedica a la entrega y retiro de documentos a la empresa Bellsouth, los que se retiraban generalmente en Servicios Generales y no en Contabilidad, tal y como se logra ver en la declaración jurada de D.M., Gerente de Contabilidad de B.. (fs 145 a153 antecedente)

Posteriormente, de fojas 199 a 207 del antecedente se logra observar que luego de un sin número de consideraciones y motivaciones se resuelve abrir causa criminal contra C.G.B., aunado a la cancelación de la medida cautelar de la que gozaba y se decreta la detención preventiva en virtud del incumplimiento de la anterior medida (fianza de excarcelación).

Dentro de la presente encuesta penal se suscitan una serie de situaciones que son de lugar mencionar y aclarar, para posteriormente arribar a una decisión.

Se observa que el delito ha sido debidamente acreditado, la vinculación subjetiva del encartado no solo se observa en la resolución emitida por el señor F.A. de la República en que se impuso la medida cautelar de fianza de excarcelación, sino también en el acta de audiencia preliminar donde en virtud de la existencia de elementos probatorios se le abre causa criminal al señor C.G.B., razón ésta por lo que a todas luces se puede comprobar la vinculación del precitado con el ilícito.

La Juez Tercera de Circuito de lo Penal abrió causa criminal por el delito de Falsificación de Documento Privado, el cual tiene previsto una pena que oscila entre los 6 meses y 2 años de prisión, por lo que no cabría la detención preventiva.

La medida de privación de la libertad se decreta dentro del acta de audiencia preliminar.

Respecto de dichas consideraciones podemos indicar que además que se acreditó el hecho punible, así como la vinculación del sumariado, se observa que la detención preventiva es proferida por la Juez Tercera de Circuito Penal (autoridad competente para ello), dentro del acta de audiencia preliminar, donde además de abrir causa criminal contra el sumariado, se le cancela la medida cautelar impuesta y se decreta la detención preventiva en base a las consideraciones y motivaciones externadas dentro de la misma y visibles de fojas 199 a 207 del antecedente. Por lo que se puede concluir que no sólo se motivó la detención preventiva, sino la cancelación de la medida cautelar, y la apertura de causa criminal.

De la respuesta al mandamiento de H.C. solicitado a la señora Juez Tercera de Circuito, se logran verificar ciertas situaciones relativas a la personalidad del imputado, las cuales hay que tomar en consideración al momento de la decisión. Así tenemos que, uno de los motivos por los cuales se decreta la detención preventiva es por el incumplimiento de la medida cautelar impuesta, es decir la no consignación de la fianza de excarcelación, a lo que agrega:

"Cuando el Tribunal indica en el Auto de llamamiento a juicio, que las medidas cautelares concedidas a C.G.B. serán canceladas y se ordenará su inmediata detención, hacen alusión a que la decisión se hará efectiva una vez se encuentre ejecutoriado el auto que la decretó; resultando jurídicamente, que un Tribunal anuncie a priori a las partes, lo que planeas decidir en una futura resolución, por lo que la orden tuvo suficientes bases; máxime, cuando el procesado ni siquiera concurrió al acto y no ha hecho frente al proceso" (fj 6 expediente). Lo subrayado es de la Corte.

Aunado a lo resaltado, agrega la autoridad acusada que "actualmente el proceso se encuentra suspendido debido a que C.G.B. fue declarado en rebeldía...". (fj 6 expediente).

En cuanto al hecho que la sanción a imponer no supera los dos años de prisión, cabe indicar que de manera excepcional se permite la imposición de la detención preventiva.

Situaciones similares a las descritas han sido motivo de estudio y pronunciamiento por parte de esta Corporación de Justicia, razón por la que se hace necesario referirnos al mismo:

"El Segundo Tribunal de Justicia, al conocer en primera instancia de la acción propuesta, decidió mediante resolución de 8 de octubre de 1998, declarar legal la aplicación de medidas cautelares restrictivas de la libertad ambulatoria del señor DE LA ESPRIELLA PINZON ordenadas por la Juez Segunda de los Penal del Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso penal por expedición de cheques sin fondo se adelanta contra el mencionado señor HIRAM DE LA ESPRIELLA.

En dicha diligencia, la juzgadora penal ha considerado que concurren elementos que acreditan la existencia del hecho punible y la posible vinculación del sindicado, por lo que abre causa criminal contra el ciudadano HIRAM DE LA ESPRIELLA PINZON, reservando para la fase plenaria la evacuación de todas las diligencias tendientes a deslindar si le cabe o no responsabilidad penal al referido señor por la autoría material del hecho.

La decisión de imponer medidas cautelares al señor DE LA ESPRIELLA se produce al final de la audiencia preliminar, puesto que el sindicado, en palabras textuales de la Juez Segunda Penal: "a lo largo del proceso no se ha hecho presente". De igual forma, se ha requerido expresamente su comparecencia al Tribunal para proceder a la notificación del llamamiento a juicio, o de lo contrario sería declarado en rebeldía y se le aplicará una medida cautelar de mayor severidad.

DECISION DEL TRIBUNAL AD-QUEM

Efectuado el análisis de las piezas procesales que integran el sumario, esta Superioridad concluye que la vinculación objetiva y subjetiva del imputado con el hecho punible ha quedado acreditada y debidamente sustentada, por la juzgadora que aplicó las medidas restrictivas de libertad.

En lo que respecta al argumento de la parte actora, que objeta la posibilidad de que se apliquen medidas cautelares restrictivas de la libertad ambulatoria de un ciudadano cuando el delito imputado se encuentra sancionado con pena mínima de prisión inferior a dos años, es preciso destacar que tal reparo carece de fundamento legal, puesto que la Corte Suprema ha venido reiterando (cfr.sentencias de 15 de octubre de 1996 y 5 de septiembre de 1996) que la exigencia del artículo 2148 del Código Judicial en este sentido, sólo se aplica en los casos en que la medida cautelar personal que se impone es la más severa del catálogo contenido en el artículo 2147-B del Código Judicial, esto es, la detención preventiva.

Para mayor abundamiento, cabe añadir que esta Máxima Corporación Judicial ha reconocido incluso la posibilidad de aplicar la medida de detención preventiva en aquellos casos en que, aunque el delito perseguido no se encuentre sancionado de la forma prevista en el artículo 2148 del Código Judicial, existan condiciones que hacen imperativa la adopción de esta medida, como lo es la condición de peligrosidad de un imputado, entre otros factores que también pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal, a tenor de lo previsto en el artículo 2147-C del Código Judicial.

Fuera de estas circunstancias de excepción, los únicos requerimientos legales fijados por ley para aplicar medidas cautelares distintas a la detención preventiva, son los establecidos en el artículo 2147-A del Código Judicial, a saber: 1- que la limitación a la libertad personal sea aplicada por el Juez o Funcionario de Instrucción; 2- que existan graves indicios de responsabilidad en contra de la persona; y 3-que no concurran eximentes legales o causas de justificación.

En el negocio sub-júdice, el juzgador ha justificado la procedencia de las medidas cautelares impuestas (contenidas en los literales a) y b) del artículo 2147-B), con la existencia de graves indicios de responsabilidad que pesan contra el señor DE LA ESPRIELLA. Ello se desprende no sólo de los elementos probatorios objetivos y subjetivos que reposan en autos, sino también de la propia conducta procesal del imputado, que se ha mostrado evasivo y no ha comparecido al Tribunal a enfrentar los cargos imputados.

Dicha conducta obra como indicio evidentemente desfavorable, y que hace dudar sobre su intención real de comparecer al proceso penal que se le sigue. De allí que se encuentre razonable y ampliamente justificada la preocupación de la juzgadora, quien incluso, le ha aplicado al señor HIRAM DE LA ESPRIELLA, las medidas cautelares menos gravosas de las que por Ley, está facultada a disponer en estos casos.

Como viene expuesto en este análisis, la Corte concluye que las medidas cautelares censuradas por el recurrente han sido decretadas en apego a la normativa procesal pertinente -artículos 2147-A y 2147-B del Código Judicial-, por autoridad competente para ello y mediante resolución debidamente motivada, por lo que lo procedente en derecho es la confirmación de la decisión recurrida". (H.C. a favor de Hiram De La Espriella Pinzón. M.E.M.M.. 30 de noviembre de 1998).

De todo lo antes expuesto, se puede verificar que la resolución impugnada por medio del presente recurso de apelación cumple los requerimientos establecidos en la Ley, ya que se tomaron en consideración las circunstancias especiales presentes en el citado caso, tal como el incumplimiento por parte de CONRADO GLEAN BENNETT de la medida cautelar impuesta para lo cual la ley le permite a la autoridad respectiva decretar la detención preventiva como lo dispone el artículo 2130 del Código Judicial, cuyo contenido reza:

"Artículo 2130: En caso de infracción de los deberes inherentes a una medida cautelar, el juez o el funcionario de instrucción podrá decretar su sustitución o acumulación con otra medida más grave, habida consideración de la naturaleza, motivos y circunstancias de la infracción".

Al constatar la concurrencia de todos estos elementos, así como las demás circunstancias fácticas obrantes en el expediente, lo de lugar es confirmar la decisión recurrida por este medio.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 9 de julio de 2004 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, dentro de la acción de Hábeas Corpus interpuesta por el licenciado R.S. a favor de C.G.B. contra la Juez Tercera de Circuito Penal.

N..

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

GRACIELA J. DIXON C. -- JORGE FEDERICO LEE -- ARTURO HOYOS -- ESMERALDA AROSEMENA DE T. --A.S.C. --W.S. FRANCO -- JOSÉ A. TROYANO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L.

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR