Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 16 de Julio de 2004 (caso Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (Pleno), de 16 de Julio de 2004)

Ponente:César Pereira Burgos
Actor:EDUARDO RÍOS MOLINAR APODERADO JUDICIAL DE ELADIO ALVAREZ.
Demandado:EL AUTO NO. 442 DEL 12 DE AGOSTO DE 2003.
Fecha de Resolución:16 de Julio de 2004
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR APODERADO JUDICIAL DE ELADIO ALVAREZ CONTRA EL AUTO NO. 442 DEL 12 DE AGOSTO DE 2003, PROFERIDO POR EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCION (APELACION)

 
CONTENIDO

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en grado de apelación de amparo de garantías constitucionales promovido por el licenciado Eduardo Ríos Molinar apoderado judicial de Eladio Alvarez contra el auto no. 442 del 12 de agosto de 2003, proferido por el Juzgado Primero de Trabajo de la Primera sección.

La alzada se dirige contra la resolución de 12 de febrero de 2004, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia que denegó la demanda de amparo de garantías constitucionales por considerar que el juez de trabajo es el competente para ejecutar el pago de los salarios caídos y no la Dirección General de Trabajo quien sólo tiene la potestad de ordenar el reintegro del trabajador y el pago de los salarios caídos (f. 57).

Estima además, que la resolución emanada de la Dirección General de Trabajo no se encontraba debidamente notificada al representante Legal de la empresa, toda vez que le fue notificada al administrador de la empresa y la orden de reintegro fue aceptada por la Jefa de Contabilidad de National Securuty S. A. por lo que la resolución no se encontraba ejecutoriada (f. 58).

El apoderado judicial de Eladio Alvarez en su escrito de apelación sostiene que el Juzgado Seccional de Trabajo tiene la función atribuida mediante legislación de ejecutar la sentencia sin inmiscuirse en su contenido, es decir, que no estaba facultado para remitir el expediente a la Dirección General de Trabajo para que se notificara adecuadamente la resolución de reintegro (f. 67).

Estima además que en los procesos de reintegro no es obligatorio notificar al Representante Legal de la empresa personalmente, toda vez que en estos procesos el trabajador acompaña con la demanda de reintegro la prueba de que goza de fuero sindical, que ha sido despedido y el nombre del empleador y de la empresa. Para ser reintegrado en sus labores, "de allí la obligación de pagar los salarios caídos o dejados de percibir entre la fecha del despido y la reposición en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones al sumirse la inexistencia jurídica de la rotura del vínculo laboral" (f. 68).

DECISIÓN DE LA CORTE

Una vez examinada la demanda de amparo de garantías constitucionales, así como la decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia se encuentra la Corte en etapa de resolver lo que en derecho corresponda.

En ese sentido, es oportuno señalar que el mandamiento de reintegro surte efectos desde que se dicta toda vez que la empresa tiene tres días después de notificada,para impugnar el mandamiento de reintegro, y esa impugnación no suspende la orden de reintegro, quedando el empleador en la obligación de pagarle los salarios al trabajador a partir de la fecha de reintegro.

Ello es así, porque en los procesos de reintegro de los trabajadores con fuero sindical, el procedimiento se surte ante la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Laboral, autoridad que examina la situación del trabajador y mediante las pruebas que acrediten el fuero sindical ordenará el reintegro y el pago de los salarios caídos. Pese a ello, la Dirección General de Trabajo no tiene competencia para ejecutar los pagos dejados de percibir durante el despido, toda vez que el empleador tiene el beneficio de los medios impugnativos contra esa medida. Ello es así porque con las reformas realizadas al Código Trabajo mediante la Ley 44 de 1995, las órdenes de reintegro son impugnables judicialmente. En otras palabras, la Dirección General de Trabajo ordena el reintegro del trabajador, pero la ejecución de la sentencia o del pago de los salarios caídos se ejecuta ante los Jueces seccionales de Trabajo cuando la sentencia se encuentre ejecutoriada.

En tal sentido, le asiste la razón al juez de trabajo, de devolver el expediente a la Dirección General de Trabajo, para que se notifique al representante legal de la empresa, toda vez que la resolución que ordenó el reintegro de Alvarez no fue notificada ni al empleador ni al representante legal de la empresa, en consecuencia la resolución no se encuentra ejecutoriada, situación que impide que el juzgado ejecute la resolución.

La Corte en profusa jurisprudencia ha señalado que la notificación como acto de comunicación cuyo cumplimiento atañe al tribunal, reviste suma importancia dentro del proceso, toda vez que le imprime publicidad a los actos del proceso, brinda a las partes la oportunidad de impugnar los actos jurisdiccionales y sirve de punto de referencia para el cómputo de los términos judiciales. De manera tal, que la autoridad este obligada a notificar al empleador de la resolución que ordena el reintegro de Eladio Alvarez, para que así pueda hacer valer sus derechos si a bien considera que los tiene, hasta tanto no se puede ejecutar la sentencia..

Por las consideraciones anteriores la CORTE SUPREMA PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 12 de febrero de 2004, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Devuélvase y Notifíquese.

CÉSAR PEREIRA BURGOS

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ A. TROYANO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- GRACIELA J. DIXON C. -- ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK JORGE FABREGA PONCE

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)