Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 18 de Febrero de 2004

Ponente:Rogelio A. Fábrega Zarak
Fecha de Resolución:18 de Febrero de 2004
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)
RESUMEN

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR LA FIRMA BERRIOS & BERRIOS EN REPRESENTACIÓN DE JUPEL INVESTMENT, S. A. CONTRA EL AUTO NO. 1398 DEL 26 DE JULIO DE 2002, CORREGIDO POR EL AUTO NO. 50 DE 10 DE ENERO DE 2003 Y MODIFICADA MEDIANTE AUTO NO. 96 DE 22 DE ENERO DE 2003, LA CUAL FUE DICTADA POR EL JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE CIRCUIT... (ver resumen completo)

 

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo de Garantías Constitucionales promovida por la firma forense B. &B., en su condición de apoderada judicial de JUPEL INVESTMENT, S.A., contra el auto No.1398 del 26 de julio de 2002, corregido por el auto No. 50 de 10 de enero de 2003 y modificada por el auto No. 96 de 22 de enero de 2003, dictados por el JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

La actuación recurrida fue dictada dentro del proceso de quiebra instaurado por el BANCO CONTINENTAL DE PANAMÁ, S.A. contra BOUTMAN INTERNATIONAL GROPU, S.A.; MARUMIU TRADE COMPANY, S.A.; KOWA TRADING CO., S.A.; KINGSVILLE ZONA LIBRE, S.A.; THE TRADER CORPORATION; NICHIMEN TRADE COMPANY, S.A.; MANUEL

SALVADOR BOUTET DÍAZ; S.B. HIM y D.B. H., en respuesta a la solicitud de declaratoria de nulidad absoluta formulada por el curador de la quiebra, Licenciado S.J., respecto de varios actos jurídicos y de administración ejecutados por los fallidos (véase fojas 6 y 7 del Tomo 2 del expediente contentivo del proceso de quiebra en mención)

De los actos mencionados en dicha solicitud, para la presente causa, tiene relevancia el que está expuesto en el numeral 2, es decir aquel que solicita se declare la nulidad absoluta del "traspaso que BOUTMAN INTERNATIONAL GROUP, S.A. realizó de la Finca 32179, R. 2862, Documento 4, a la sociedad JUPEL INVESTMENT, S.A., el día 27 de junio de 2001", petición que fue justificada aduciendo que dicho acto de traslación de dominio fue celebrado con posterioridad al 17 de octubre de 2000, fecha a partir de la que, a juicio del curador, comienza a surtir efectos la declaratoria de quiebra decretada mediante el Auto No. 2228 de 10 de diciembre de 2001, dictado por el JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ (fojas 51 a 66 del tomo 1 del expediente de quiebra).

Esta instancia judicial consideró que le asistía la razón al Licenciado SAMUEL JIMÉNEZ, y así mediante Auto No. 1398 de 26 de junio de 2002, corregido por el Auto No.50 de 10 de enero de 2003 y modificado por el Auto No.96 de 22 de enero de 2003, visibles de fojas 77 a 82, 94 y 95 y 102 a 105 respectivamente del Tomo 2 del expediente contentivo del proceso de quiebra,ordenó:

comunicar a la Dirección del Registro Público la nulidad absoluta del traspaso de la finca No. 32179, inscrita originalmente al Tomo 801, F. 240, actualizada al Documento 244618, Asiento 5 de la sección de la propiedad, provincia de Panamá del Registro Público, efectuado por la sociedad fallida BOUTMAN INTERNATIONAL GROUP, S.A. a la sociedad JUPEL INVESTMENT, S.A. el día 27 de junio de 2001...

Contra esta resolución, la firma de abogados B. y B., en su condición de apoderada judicial de JUPEL INVESTMENT, S.A. interpuso, ante el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, Acción de amparo de garantías constitucionales, misma que fue declarada no viable por conducto de auto calendado 5 de junio de 2003 (véase fojas 43 a 48 del cuadernillo contentivo de dicho proceso constitucional).

El Tribunal A-quo fundamentó esta decisión en dos hechos:

1-Que el agente residente de la amparista JUPEL INVESTMENT, S.A. desde el 3 de junio de 1999 es la firma forense A., L. y De Santis, misma que desde el 27 de febrero de 2002 ostenta la representación jdicial de la fallida BOUTMAN INTERNATIONAL GROUP, S.A., y que en virtud de esta circunstancia, conforme a lo alegado por el C. de la quiebra (quien interviene en la acción en calidad de tercero), aquella, es decir JUPEL INVESTMENT, S.A. conocía de la resolución expedida por el juez décimo séptimo, y que en consecuencia lo correcto era que ésta ejercitara los recursos correspondientes, lo cual consta en el expediente que no se hizo;

2-Que la dictación del auto recurrido implicó la interpretación de una norma aplicable a la controversia (art. 1579 del Código de Comercio), razón por la cual el amparo promovido no podía ser resuelto en el fondo, toda vez que dicha operación erigiría a esta institución en una instancia más del proceso, viéndose desvirtuada la naturaleza eminentemente constitucional de los juicios de amparo, que en estricta técnica jurídica, no constituyen medios de impugnación, y mucho menos se avocan al estudio de situaciones de orden legal.

Desde la perspectiva del amparista, la emisión del Auto No.1398 de 26 de junio de 2002, corregido por el Auto No. 50 de 10 de enero de 2003 y modificado mediante Auto No. 96 de 22 de enero de 2003 infringió la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución Nacional que dispone:

"Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni mas de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

Según el recurrente, la vulneración a esta norma se produce porque la solicitud de nulidad absoluta promovida por el curador de la quiebra, de conformidad con la dispuesto en el Código Judicial respecto de los procesos de conocimiento, "debió ser ventilada y resuelta en un proceso distinto e independiente al proceso de quiebra", y que contrario a ello "el funcionario acusado, sin la existencia previa del trámite de éste proceso independiente ala quiebra, declara la nulidad de la citada venta, omitiendo así aplicación de lo dispuesto en el artículo 1583 del Código de Comercio, norma adjetiva que regula de manera especial la materia en discusión, y en las normas que regulan los procesos de conocimiento en el Código Judicial" (véase fojas 10 y 11 del expediente de amparo).

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DEL PLENO

Elaborada la anterior reseña, corresponde ahora pasar a resolver el fondo de la iniciativa constitucional que nos ocupa, para lo cual es importante fijar las fechas en que se verificaron ciertos hechos y situaciones:

  1. 7 de octubre de 2000: en "calidad de por ahora" y en perjuicio de terceros, se caracteriza el estado de quiebra de BOUTMAN INTERNATIONAL GROUP, S.A. y otras sociedades (cf. fojas 60 del Tomo 1),

  2. 27 de junio de 2001: la sociedad JUPEL INVESTMENT, S.A. adquirió la finca número 32179 inscrita originalmente al folio 240 del tomo 801 actualizada al documento 244618 asiento 5 de la sección de propiedad provincia de Panamá, según consta en certificación No. 29685 expedida por el Registro Público de Panamá, que reposa a fojas 9 del Tomo 2 del expediente contentivo del proceso de quiebra.

  3. 10 de diciembre de 2001: Mediante Auto No. 2228 el Juzgado DécimoSéptimo De Circuito Civil Del Primer Circuito Judicial de Panamá declara en formal estado de quiebra a BOUTMAN INTERNATIONAL GROUP, S.A. y otras sociedades (cf. fojas 51 a 66 del Tomo 1 del proceso de quiebra).

Este recuento cronológico permite al Pleno arribar a una primera conclusión, consistente en que, tal como lo aduce el amparista, el artículo 1579 del Código de Comercio no es aplicable al punto controvertido, toda vez que esta excerta prevé la nulidad de pleno derecho de los actos que celebre el fallido después de que formalmente se le declare en estado de quiebra.

Es evidente que en el caso bajo estudio no era viable declarar la nulidad del acto de traslación de dominio sobre el que gira el presente asunto, porque dicha transacción se verificó antes de configurarse formalmente el estado de quiebra respecto del vendedor.

En relación con este tema, el D.J.F. en su ensayo titulado "Procesos de Quiebra", incorporado en el libro Procesos Civiles, comenta lo siguiente: "Lo cierto es que si bien el estado de quiebra se da cuando se produce la incapacidad de atender las obligaciones, es en el momento en que se dicta la resolución que así lo declara, cuando surge plenamente definida la nueva condición jurídica." (F.P.J.P.C.. "Procesos de Quiebra". Primera edición, 1999, pág. 587), lo que en el caso bajo estudio ocurrió el día 10 de diciembre de 2001; mientras que el traspaso de la finca 32179 inscrita originalmente al folio 240 del tomo 801 actualizada al documento 244618 asiento 5 de la sección de propiedad provincia de Panamá se realizó en fecha 27 de junio de 2001.

Ante esta circunstancia y en atención al material allegado a la presente causa, este Tribunal Pleno concluye que la norma aplicable al punto controvertido es el numeral 2 del artículo 1583 del Código de Comercio, que preceptúa:

Serán anulables a solicitud del curador o de cualquier acreedor, sea cual fuere la fecha en que se hubieren celebrado, y sin que pueda alegarse prescripción:

1...

2.-Las enajenaciones a título oneroso o gratuito cuando la otra parte hubiere sabido que el deudor ejecutaba el acto o hacia el contrato con el fin de sustraer la cosa o su valor total o parcial a la persecución de los acreedores.

De conformidad con el supuesto contenido en la disposición transcrita, son susceptibles de ser declaradas nulas (nulidad relativa) cualquier venta efectuada por el quebrado, en cualquier tiempo (antes o después de la declaratoria de quiebra), siempre y cuando se demuestre que el comprador realizó dicho acto a sabiendas de que la finalidad del quebrado era excluir el bien adquirido de la acción de los acreedores.

Antes de continuar resulta pertinente advertir que si bien la presente iniciativa constitucional centra su estudio en la solicitud de nulidad absoluta del traspaso de la finca 32179, inscrita originalmente al folio 240 del tomo 801, actualizada al documento 244618 asiento 5 de la sección de propiedad provincia de Panamá incoada por el Licenciado S.J., en esta sede no se va a determinar la conformidad legal del auto que decidió tal petición, sino que la finalidad de este proceso será determinar si el Juez Décimo Séptimo De Circuito Civil Del Primer Circuito Judicial De Panamá, dictó dicha resolución observando la tramitación legal correspondiente.

Bajo este orden de ideas, el Pleno estima que la dilucidación de la presente iniciativa constitucional tiene como punto de partida la exigencia de que, para que los requerimientos del Curador de la quiebra prosperasen, se requería necesaria e indispensablemente demostrar que la sociedad JUPEL INVESTMENT, S.A. adquiría la finca en litigio, teniendo conocimiento que la intención de la fallida era burlar a los acreedores.

Ahora bien, de lo expuesto en el párrafo anterior se desprende que la solicitud de nulidad absoluta planteada por el Curador de la quiebra, afecta a una tercera persona jurídica que no es parte en el proceso de quiebra, y respecto de la cual necesaria e indispensablemente tenía que quedar demostrado que desplegaba una conducta específica y determinada, consistente en que adquiría el bien en litigio con pleno conocimiento de que la intención del comprador era excluirlo de su patrimonio, y así sustraerlo de la acción de los acreedores.

Considera el Pleno que la sola exigencia de que respecto de JUPEL INVESTMENT, S.A. debía acreditarse que incurrió en una conducta cierta y específica a título de complicidad y dolo, constituye presupuesto o condición suficiente para que el Juez Décimo Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, le requiriera a fin de darle la oportunidad de demostrar lo contrario, es decir que adquirió la finca 32179 de buena fe, la que se presume y no así, el dolo que requiere prueba cumplida.

D. fundamental determinar si el tribunal de la quiebra se fundamentó en el artículo 1579 o en el artículo 1583, ambos del Código de Comercio. En el primer caso la venta posterior a la declaratoria de quiebra es nula ope legis, y de allí que basta que se comunique ese efecto al Registro Público para que se anule la venta, nulidad absoluta ésta que, además, puede declararse de oficio (artículo 1142 del Código Civil). No obstante, en el caso del artículo 1583 del Código de Comercio, la facultad del representante legal de los acreedores debe demandar la rescisión del contrato (nulidad relativa) que requiere, como es natural que se le corra traslado a las parte en el negocio jurídico de atribución patrimonial cuestionado, en juicio aparte, y que se llamen a intervenir como terceros a aquellos a quienes pudiesen ser afectados por el fallo, como es obvio que lo es el tercer propietario inscrito, a quien ampara la fe pública registra! (artículos 1144, 1149 y 17 del Código Civil).

En el caso bajo estudio, salta a la vista que entre JUPEL INVESTMENT, S.A. y el Curador de la quiebra se configura una situación de conflicto, en razón de las posiciones adversas y contradictorias que cada uno de los litigantes adopta en defensa de sus intereses particulares.

Así las cosas, es obvio que nos encontramos frente a una relación de naturaleza eminentemente contenciosa, y precisamente es esta circunstancia lo que con lleva que en la relación procesal existente respecto de los litigantes, esté inmersa, implícitamente y de forma automática, el derecho de defensa, que es uno de los componentes de la garantía constitucional del debido proceso, en virtud del cual se da la bilateralidad y el contradictorio en los procesos, a efectos de velar por la salvaguarda de la tutela efectiva de los derechos.

Respecto del derecho de defensa, en fallo de 29 de septiembre de 2000 la Corte dictaminó:

"Forma también parte del núcleo de la garantía que ocupa al Pleno a que el tribunal, para proferir su decisión, satisfaga los trámites procedimentales que sean esenciales, es decir, en adición a aquellos que ya han sido destacados, los que, en general, de restringirse de manera arbitraria o de negarse, producen en el afectado una situación de indefensión, por lesionar los principios de contradicción y bilateralidad procesales." (El destacado es nuestro)

Analizando las actuaciones desplegadas por el Juez Décimo Séptimo de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en atención a la solicitud formulada por el Curador de la Quiebra, Banco Continental de Panamá, S.A. contra BOUTMAN INTERNATIONAL GROUP, S.A. y otras sociedades esta Superioridad se percata que a la amparista JUPEL INVESTMENT, S.A., el Juez de la causa no la requirió; viendo, con tal omisión menoscabado su derecho de defensa, que para esta sociedad se traducía en su oportunidad legítima de plantear sus descargos y alegaciones, de enfrentarse en un plano de igualdad respecto del Licenciado S.J., a efectos de discutir y resolver con apego a la ley, la procedibilidad de la solicitud formulada

En conclusión, las circunstancias descritas no hacen otra cosa más que evidenciar que en la expedición del acto censurado, el Juez Décimo Séptimo de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá incurrió en omisiones de tramitación fundamentales, que colocaron a JUPEL INVESTMENT, S.A. en un absoluto estado de indefensión, por lo que, a juicio de este Pleno, debe declararse probada la transgresión endilgada al artículo 32 de la Constitución Nacional, y así procede a declararlo de inmediato.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES promovido por la firma B. &B. en representación de JUPEL INVESTMENT, S.A. contra el JUZGADO DÉCIMO SÉPTIMO DE CIRCUITO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, y en consecuencia REVOCA el Auto Nº1398 de 26 de julio de 2002, corregido por el auto No. 50 de 10 de enero de 2003 y modificada mediante auto No. 96 de 22 de enero de 2003 y ORDENA se comunique al Registro Público lo decidido para los efectos legales que correspondan.

N. y Cúmplase.

ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

ARTURO HOYOS -- CÉSAR PEREIRA BURGOS -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES --

WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ A. TROYANO (Con Salvamento de Voto) -- ADÁN

ARNULFO ARJONA L. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- GRACIELA J. DIXON C.

CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE

J.A.T.

Con todo respeto y por no estar de acuerdo con la sentencia dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la demanda de amparo de Garantías Constitucionales propuesta por la empresa JUPEL INVESTMENT, S. A. contra el Auto No.1398 de 26 de julio de 2002, dictado por el Juzgado Décimo Séptimo de Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, por este medio Salvo el Voto, pasando de inmediato a exponer las razones jurídicas por las cuales disiento del fallo emitido por la mayoría.

El presente amparo se originó en virtud de haberse decretado por auto No. 1398 de 26 de julio de 2002, la nulidad absoluta del traspaso de la finca No.32179, inscrita al Tomo 801, Folio 240, Asiento 5, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, efectuado por la sociedad declarada en quiebra BOUTMAN INTERNATIONAL GROUP, S.A., a la sociedad JUPEL INVESTMENT, S.A., traspaso que se efectuó el día 27 de junio de 2001.

De acuerdo al amparista, el referido auto es violatorio de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución Nacional porque la solicitud de nulidad de la venta debió ser ventilada y resuelta en un proceso distinto e independiente al proceso de quiebra y que por el contrario, sin la existencia de este proceso separado se declara la nulidad de pleno derecho de la venta, pasando por alto lo dispuesto en el artículo 1583 del Código de Comercio, norma que según el amparista regula de manera especial la materia en discusión y que trata de la nulidad relativa, para lo cual se requiere declaración especial.

La sentencia dictada por el Pleno, sobre la cual recae el presente salvamento de voto, considera, coincidiendo con los argumentos del demandante en la acción de amparo, que el artículo 1579 del Código de Comercio no es aplicable al punto controvertido, toda vez que esta excerta prevé la nulidad de pleno derecho de los actos que celebre el fallido después de que formalmente se le declare en estado de quiebra y que es evidente que en el presente caso no era viable declarar la nulidad de la venta porque la transacción se celebró antes de configurarse formalmente el estado de quiebra respecto al vendedor.

Considera el Pleno, que en atención a la fecha en que se celebró la venta y la fecha en que se dictó el auto de declaratoria de quiebra, la norma aplicable al punto controvertido es el numeral 2 del artículo 1583 del Código de Comercio, que preceptúa:

"Serán anulables a solicitud del curador o de cualquier acreedor, sea cual fuere la fecha en que se hubieren celebrado, y sin que pueda alegarse prescripción:

  1. Las enajenaciones a título oneroso o gratuito cuando la otra parte hubiere sabido que el deudor ejecutaba el acto o hacia el contrato con el fin de sustraer la cosa o su valor total o parcial a la persecución de los acreedores."

    Colige el fallo que de acuerdo a la norma transcrita, la nulidad (relativa) procede declararla en cualquier tiempo (antes o después de la declaratoria de quiebra), siempre y cuando se demuestre que el comprador realizó dicho acto a sabiendas de que la finalidad del quebrado era excluir el bien adquirido de la acción de los acreedores, es decir, que la intención de la fallida era burlar a los acreedores, y que este es el punto de partida a dilucidar en la presente iniciativa constitucional.

    Es así como la sentencia, al desechar la aplicación del artículo 1579 del Código de Comercio y en su lugar fundamentar la nulidad de la venta en el artículo 1583 ibidem, descarta la posibilidad de que la referida nulidad sea absoluta y por tanto declarada de pleno derecho, e incluso de oficio, y en su lugar considera que la nulidad es relativa, que debe ser demandada en proceso aparte, correrle traslado a las partes e incluso llamar a terceros afectados, todo ello con fundamento en el artículo 1583 antes referido.

    Sostiene el fallo que como quiera que el Juez de la causa no requirió a JUPEL INVESTMENT, S.A., ni se le dio la oportunidad legítima de plantear sus descargos y alegaciones a efectos de discutir y resolver con apego a la ley, la procedibilidad de la solicitud formulada, se incurrió en omisiones de tramitación fundamentales que colocaron a la amparista en un absoluto estado de indefensión, por lo que a juicio de la mayoría del Pleno se transgredió el artículo 32 de la Constitución Nacional, contentivo de la garantía del debido proceso, razón por la cual se decide conceder el amparo y en consecuencia, revocar el Auto No. 1398 de 26 de julio de 2002 dictado por el Juez Decimoséptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual se declaró la nulidad absoluta del traspaso de la Finca No. 32179, efectuado por la fallida BOUTMAN INTERNATIONAL GROUP, S.A. a favor de la sociedad JUPEL INVESTMENT, S.A.

    Respetando la opinión de la mayoría, en nuestro concepto en el presente caso no es de aplicación el numeral 2 del artículo 1583 del Código de Comercio como lo sostiene la sentencia, por cuanto que esta norma contiene la posibilidad de anular, en proceso aparte, las enajenaciones a título oneroso o gratuito cuando la enajenación se realiza con conocimiento de la otra parte, en este caso del comprador, de que la finalidad es la de sustraer la cosa o su valor total o parcial a la persecución de los acreedores, y esta, obviamente, no fue la razón o el fundamento de la solicitud de nulidad absoluta presentada por el Curador al Juez de la quiebra.

    De una lectura de la solicitud de nulidad absoluta presentada por el C. y que corre a fojas 63 y 64 del expediente contentivo del proceso de quiebra (legajo del Curador), con claridad meridiana resalta que el fundamento de la solicitud lo es el artículo 1579 del Código de Comercio, el cual, sin existir ninguna otra condición o causa que no sea que el acto jurídico se haya celebrado con posterioridad a la declaratoria de quiebra, lo que guarda relación con la retroacción de la quiebra (concepto que será analizado más adelante), establece su nulidad de pleno derecho, "sin necesidad de declaratoria especial", esto es, en nuestra opinión, sin necesidad de un proceso contradictorio aparte como lo puntualiza la sentencia era necesario en el presente caso.

    Como se puede observar, la solicitud del Curador tampoco viene fundamentada en ninguna otra norma del Código de Comercio que establezca la nulidad relativa y por tanto la anulabilidad del acto mediante proceso o declaración especial.

    Al solicitarse la declaratoria de nulidad absoluta del traspaso de la finca Nº32179 con fundamento en el artículo 1579 del Código de Comercio, se hizo en atención a la fecha de la resolución que declara la quiebra (Auto Nº228 de 10 de diciembre de 2001); la fecha en que se caracterizó o se retrotrajo el estado de quiebra (17 de octubre de 2000) y la fecha en que se llevó a cabo el traspaso de la finca (27 de junio de 2001). (fs.63-64-legajo del Curador).

    Es por lo anterior y lo dispuesto en el artículo 1579 del Código de Comercio, en concordancia con el numeral 2 del artículo 1545 ibidem, que el juez de instancia, al retrotraer los efectos de la quiebra al día 17 de octubre del año 2000 y haberse realizado la venta con posterioridad a esta fecha, es decir el día 27 de junio del año 2001 y antes de la declaratoria formal de quiebra, lo que ocurrió el día 10 de diciembre de 2001, sin más tramite consideró jurídica la declaratoria de nulidad absoluta y de puro derecho de la venta efectuada, declaratoria de nulidad que en nuestro concepto, coincidente con el Juez de primer grado, procedía sin necesidad de declaratoria especial a través de proceso contradictorio separado al de la quiebra, como lo sostiene la sentencia, criterio que no compartimos.

    Tampoco compartimos el criterio del Pleno al manifestar que la nulidad absoluta no es procedente por cuanto que el artículo 1579 del Código de Comercio prevé la nulidad de pleno derecho de los actos celebrado por el fallido después de que formalmente se le declare en estado de quiebra (pag.5 de la sentencia), es decir, con posteridad a la fecha de la resolución que la declara, siendo que en el presente caso el acto de traslación del dominio de la propiedad se verificó antes de configurarse formalmente el estado de quiebra respecto al vendedor.

    La situación planteada nos lleva a considerar un tema trascendental en materia de quiebra, el cual es el relacionado a la caracterización del estado de quiebra, o su retroactividad, o su retroacción, como también se le denomina, por los efectos jurídicos que la ley le atribuye, y además por el tratamiento que la sentencia del pleno le dio en el caso que nos ocupa, al punto que pareciera desconocer estos efectos, a pesar de que al declararse en estado de quiebra a la vendedora del inmueble, mediante Auto Nº2228 de 10 de diciembre de 2001, se hizo en "en calidad de Por Ahora y con efecto retroactivo, ya que fijó "el día 17 de octubre de 2000, ...como la fecha en que se caracteriza el estado de quiebra de las sociedades...".

    Con respecto a la caracterización, retroacción o retroactividad del estado de quiebra, nuestra legislación mercantil se refiere a ella en los artículos 1545, numeral 1 y 1551 del Código de Comercio que señalan lo siguiente:

    Artículo 1545. Si la solicitud fuere hecha por uno o más acreedores o por el Ministerio Público, el Juez podrá ordenar que se practiquen sumariamente, y aun sin audiencia del deudor, si el juez tuviere por conveniente omitirla, las diligencias previas que estime conducentes a establecer el derecho de los acreedores y la procedencia de la declaratoria de quiebra.

    Practicada dichas diligencias, el Juez dentro del término de veinticuatro horas dictará auto declarando o no el estado de quiebra, el cual deberá contener, además de los requisitos establecidos por el Código Judicial:

    1. Fijación con calidad de 'por ahora' y en perjuicio de tercero de la fecha en que se hubiere caracterizado el estado de quiebra. A falta de determinación especial, se reputará que la suspensión de pagos tuvo lugar el día de la presentación de la solicitud respectiva;

    ...

    "Artículo 1551. Si el J. en virtud de averiguaciones posteriores hallare que la época de suspensión de pagos no es la que se fijó en el auto de declaratoria de quiebra, podrá, aun de oficio, hacer la variación que estime justa, siempre que sobre tal punto no se hubiese entablado juicio contradictorio. En ningún caso podrá retrotraerse la quiebra a más de cuatro años antes de la fecha de la sentencia que la declaró."

    En nuestro concepto, de las disposiciones transcritas anteriormente, interpretadas conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 1579 también del Código de Comercio, debemos colegir que la nulidad de los actos realizados por el fallido dependen primordialmente de la fecha de la resolución que declara la quiebra y son los actos que se celebren con posterioridad a esa fecha sobre los que recae la nulidad. Pero es necesario tener presente, con fundamento en el numeral 1 del artículo 1545, que ello es así, siempre y cuando en la resolución respectiva, que declara la quiebra, no se establezca una fecha distinta en que se caracterizó el estado de quiebra, fecha que por ser anterior a la de la resolución que la declara, crea el efecto jurídico de retrotraer el estado de quiebra del fallido al momento pasado en el que recayó en insolvencia y no le pudo hacer frente a sus obligaciones.

    Cuando ello ocurre, es decir, cuando los efectos de la quiebra se retrotraen a otra fecha en el pasado, en nuestra opinión, aunque la resolución que la declara sea de fecha distinta, para los efectos del artículo 1579 del Código de Comercio, ha de tenerse como fecha de la declaratoria de la quiebra, no la de la resolución, sino la que se señala como "por ahora" en dicha resolución que la declara, de manera que el Auto que para tales efectos se dicta, es constitutivo del estado de quiebra pues está reconocido un estado jurídico de la fallida, su insolvencia pasada. Vemos entonces que aunque la resolución tenga fecha actual, tal situación no le resta eficacia a la retroacción de la quiebra cuando el juzgador constata la existencia de elementos que demuestran o que caracterizan el estado de quiebra con fecha anterior a la dictación del Auto que la declara, considerándose, por esta razón, que el mismo tiene también, en algunos casos, carácter declarativo.

    Sobre este tópico, el ya desaparecido jurista patrio profesor de Derecho Mercantil, D.J.S.P., nos comenta, citando al autor RENE RODIERE, lo siguiente:

    "Ahora bien la anterior afirmación no debe inducirnos a error o confusiones, ya que si bien el efecto principal del auto de declaración de quiebra es el de constituir el estado jurídico de quiebra, no es menos cierto que el mismo constata la existencia de los presupuestos de la quiebra y de ahí que la doctrina y las legislaciones los consideren como declarativo." ("La Quiebra", pag.14, A. de clase,. Universidad de Panamá,1976).

    Y es que no se puede desconocer que a la declaración formal de la quiebra generalmente precede una época que la doctrina denomina "período sospechoso", en la que el deudor insolvente que ve venir la quiebra, intenta salvar algunos bienes para él o su familia, o intenta colocar en situación privilegiada a algunos acreedores perjudicando otros, etc.

    Precisamente, para contrarrestar ese tipo de acciones que se dan en ese período proximun tempus decotionis, es que desde el derecho romano hasta nuestros días, se han creado fórmulas legales, como lo es la retroacción del estado de quiebra, que tienden, en definitiva, a dejar sin efecto los actos jurídicos celebrados sin capacidad para ello, situación que explicaremos más adelante, y consecuentemente, retornar a la masa de quiebra los bienes con que legalmente contaba cuando se dio inicio a la cesación de pagos.

    Es por lo anterior que tenemos necesariamente que concluir, contrario a lo manifestado en la sentencia dictada por el PLENO, que la declaratoria de quiebra o el estado de quiebra de una sociedad no se determina únicamente por la fecha del Auto que hace tal declaración, sino que el estado de quiebra también puede ser determinado o caracterizado, tal cual lo permite el artículo 1545, numeral 1, y el artículo 1551, ambos del Código de Comercio, en una fecha distinta, aclarando que a falta de determinación especial, entonces se tendrá como fecha de la declaratoria la de la resolución que para tales efectos se dicte. Es más, de acuerdo al artículo 1551 antes transcrito, aún después de haberse dictado el Auto de declatoria de quiebra, el juez puede variar la fecha del estado de quiebra, si es que se demuestra y establece otra distinta, y en consecuencia, retrotraerla a la fecha que resulte en atención a la comprobación de los actos que hubieren dado lugar a la quiebra y esta fecha es, repetimos, la que para los efectos del artículo 1579 del Código de Comercio, se debe tener como fecha de la declaratoria legal de la quiebra.

    Consideramos importante traer a colación, por considerarlo pertinente, los comentarios vertidos por el Dr. J.F. sobre los requisitos y lo que debe contener el auto que declara la quiebra y en especial a su retroacción y sus efectos, entre los que señala:

    "Fijación con calidad de y en perjuicio de tercero de la fecha en que se hubiere caracterizado el estado de quiebra, . A falta de determinación especial, se reputará que la suspensión de pagos tuvo lugar el día de la presentación de la solicitud respectiva;" ("Procesos Civiles". 1999. Pág. 597).

    Con el fin de profundizar sobre la razón de ser de la retroacción de la quiebra y del porqué de la nulidad absoluta o relativa de los actos jurídicos celebrados en épocas circundantes a su declaratoria, resulta también conveniente transcribir a continuación los comentarios vertidos por el renombrado autor mercantilista GARRIGUES:

    "Todos los recursos específicos de la quiebra descansan en el mismo fundamento: la insolvencia es causa de la declaración de quiebra y esta, a su vez, es causa de la indisponibilidad patrimonial. Ahora bien, rara vez la insolvencia, como hecho , va seguida inmediatamente de la declaración de quiebra, como pronunciamiento jurídico;, al contrario, la declaración judicial suele ser la confirmación tardía de una situación de insolvencia anterior. Parece entonces justo hacer coincidir el efecto primario de la declaración de quiebra -indisponibilidad- con el comienzo del estado de hecho que la motiva -insolvenciaB. Más esto puede hacerse: o con un criterio absoluto, que afecte a todos los actos de disposición realizados por el deudor en estado de efectiva insolvencia, o con un criterio relativo que, fundado estrictamente en el interés de los acreedores, afecte solo a determinados actos del deudor.

    A) Sistema de retroacción absoluta. Este sistema lleva los efectos de la declaración de quiebra hasta la fecha que el juez determina como momento en que realmente cesaron los pagos. La declaración de quiebra no solo actúa sobre el futuro, sino sobre el pasado (retroacción). Sus efectos no arrancan de la fecha de la declaración, sino de la fecha a la que se retrotrae esa declaración: a partir de este momento el comerciante se considera en estado legal de quiebra; todos sus actos de disposición inter vivos posteriores a esa fecha serían nulos, como nulos son los posteriores a la fecha de la declaración judicial de quiebra.

    B) Sistema de retroacción relativa-. En este sistema los tribunales fijan también la fecha de la cesión de pagos. Los actos realizados por el deudor en el periodo comprendido desde esa fecha hasta la de la declaración de quiebra se consideran dentro del periodo sospechoso que procede a la situación legal de quiebra. Pero no se anulan todos (a diferencia del sistema anterior). Solo se anulan ipso jure los actos a título gratuito, los pagos de deudas no vencidas o realizadas bajo la forma de dación en pago, y las constituciones de garantía real para deudas anteriormente contraídas. Los demás actos del periodo sospechoso pueden ser anulados si concurre la circunstancia subjetiva del conocimiento que tuviese el otro contratante del hecho de la cesión de pagos". (J.G.. Curso de Derecho Mercantil, T.V,1987, pág.54-55).

    En nuestro país, igual que en España, rige un sistema mixto, es decir, se aplican ambos tipos de nulidades y tal como lo expusimos en lineas anteriores, la declaración legal de la quiebra se determina y surte efectos a partir de la fecha de la resolución que la declara, salvo que existan elementos que demuestren que la cesación de pagos del fallido ocurrió en fecha distinta anterior, en cuyo caso la declaratoria de quiebra se retrotrae hacia el pasado, y es a partir de ese momento en el que se considera legalmente declarada la quiebra y sus efectos se hacen sentir, lógicamente sobre los actos jurídicos de disposición y pagos que el fallido haya realizado.

    Es en atención al fin y objeto de los actos jurídicos realizados que se determina si estos adolecen, de acuerdo a la ley, de nulidad absoluta, la cual se declara de pleno derecho, o de nulidad relativa en cuyo caso se refiere de una declaración especial en proceso contradictorio aparte. Esto último ocurre cuando existe la intensión del quebrado, dolosa, fraudulenta o con la finalidad de excluir de la masa de la quiebra sus bienes realizados transacciones con los acreedores o con terceros, pero con su participación, es decir, conociendo estos la situación de cesación de pagos o la solicitud de quiebra.

    En el presente caso, repetimos el Curador no alegó, al solicitar la nulidad absoluta con fundamento en el artículo 1579, ninguna de las causales que de acuerdo al Código de Comercio dan origen a la anulidad o nulidad relativa del acto de venta impugnado y que de acuerdo a la ley requeriría de declaración especial en proceso contradictorio aparte, como son la anulación de los actos jurídicos celebrados con el vicio o irregularidad señalada en el numeral 2 del artículo 1583 del Código de Comercio, que de acuerdo a la sentencia del Pleno es la norma aplicable, posición que no compartimos porque como lo hemos dejado expuesto, estos vicios no ha sido alegados por el Curador al solicitar la declaración de nulidad de la venta de la finca Nº.32179.

    Pierde de vista la sentencia, como lo hemos dejado expuesto, que con fundamento en el artículo 1579 del Código de Comercio, que es el fundamento de la solicitud de nulidad absoluta presentada por el Curador, esta puede ser solicitada y reconocida, por el solo hecho de celebrarse el acto jurídico dentro de la fecha a que se retrotrajo la declaratoria de quiebra y la fecha de la resolución que la declara, y aun después, aunque el acto jurídico no esté viciado y aunque haya sido celebrado con causa legal y válida y sin consideración, como en los casos de nulidad relativa, de si ha existido buena o mala fe, ya que la declaratoria de nulidad de los actos jurídicos celebrados y anulados absolutamente, obedecen a otra razón especial consistente, primordialmente, en la falta de capacidad y facultad jurídica que tenga el fallido al momento de celebrar el acto.

    Recordemos que una vez el fallido es declarado legalmente en quiera, declaratoria que como hemos dicho se pede retrotraer hacia el pasado, este queda de derecho inhabilitado o inhibido para administrar y disponer de sus bienes, tal cual lo dispone el artículo 1564 del Código de Comercio. De allí que si sobre el fallido recae una declaración de quiebra y en ella se determina la fecha en que se caracteriza el estado de la misma, jurídicamente la inhabilitación para administrar y disponer de sus bienes surte efectos desde esa fecha, de manera que los actos jurídicos por el celebrados con posterioridad habría que considerarlos inexistentes y nulos absolutamente de pleno derecho, procediendo su declaración en tal sentido.

    Sobre este tipo de nulidad nos comenta GARRIGUES:

    "b) Son nulos todos los actos de dominio y administración del quebrado posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra. El desapoderamiento comienza desde la fecha de la declaración de la quiebra. Pero la nulidad de los actos de dominio y administración se retrotrae a la fecha que señale esa declaración (principio de la retroactividad absoluta), y perdura durante todo el procedimiento de la quiebra hasta la rehabilitación eventual del quebrado...

    Al contrario, todos los actos de dominio y administración del quebrado son nulos. Luego son nulos no solo en cuanto afecten a la masa y no solo a favor de los acreedores (nulidad relativa). Son nulos en todo caso (nulidad absoluta). Esta absoluta nulidad es la consecuencia de considerar al quebrado como un cuasi incapaz, y excede evidentemente a las exigencias de la tutela de los acreedores, cuyo derecho de garantía patrimonial solo sufre cuando la actividad jurídica del deudor reduce o compromete esa garantía." (op.cit.,pág.36).

    En igual sentido se pronuncia la jurisprudencia española, como la reseñada por el DR. J.F., atinente al tema de la retroacción de la quiebra y la nulidad absoluta que produce en los actos jurídicos celebrados por el fallido, cuya parte pertinente transcribimos a renglón seguido:

    ...que ha de colegirse, además, acogiéndose a una interpretación sistemática del precepto, que la expresada nulidad se establece en el segundo párrafo del artículo 878, que dispone, en su primero, que declarada la quiebra el quebrado quedará inhabilitado para la administración de sus bienes, de modo que ha de entenderse que la causa eficiente de la nulidad es la incapacidad legal o la carencia de condiciones legales para actuar el quebrado como administrador de sus bienes, retrotrayéndose dicha incapacidad a la época anterior a la declaración de quiebra fijada por el Juzgador mediante un , establecida por ministerio de la ley, es decir, que ésta niega la eficacia de los actos de dominio y de administración sobre los bienes del quebrado a partir de la fecha de la retroacción y Autos de la declaración de la quiebra como si fuesen realizadas por persona inhabilitada para ello en el momento de su realización; y que la causa final de tal inhabilitación y consiguiente nulidad es la de privar de eficacia a actos del quebrado en detrimento de su patrimonio en general..." (FABREGA, ob.cit.pág.597).

    Tan absoluta es esta nulidad cuya declaratoria por ley debe ser declara de puro derecho, que alcanza incluso a los terceros que han adquirido de buena fe e inscrito en el Registro Público el bien, si de inmuebles se trata, afectación a tercero que viene dispuesta en el artículo 1545 numeral 1 del Código de Comercio, cuando al autorizar la posibilidad de variar la fecha de la declaratoria de quiebra en calidad de "por ahora", señala que esta calificación se hace "en perjuicio de tercero".

    Debemos concluir entonces que para declarar la nulidad absoluta no se requería de un proceso contradictorio aparte, sino que esta operaba de puro derecho pudiendo ser declarada dentro del mismo proceso de quiebra, e incluso ser reconocida de oficio por el Juez.

    Por razones expuestas, consideramos que la nulidad absoluta declarada por el Juez Décimo Séptimo de Circuito Civil, mediante Auto Nº1398, corregido posteriormente, se ajustó a derecho y por tanto no violó el debido proceso y por consiguiente, tampoco transgredió el artículo 32 de la Constitución Nacional, pero dado que esta no es la opinión mayoritaria del Pleno, con todo respeto nos vemos compelido a dejar sentado, en la forma expuesta, nuestro Salvamento de Voto.

    Fecha ut-Supra

    MAG. JOSE A. TROYANO

    DR. CARLOS H. CUESTAS G.

    Secretario General