Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 19 de Noviembre de 2003

PonenteGraciela J. Dixon C.
Fecha de Resolución19 de Noviembre de 2003
EmisorCorte Suprema de Justicia (Panama)

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de las acciones de amparo de garantías constitucionales interpuestas por la licenciada A.M.G.R., quien actuando en nombre y representación de los señores FERNANDO ELETA ALMARAN y C.E.A.A. recurrió las sentencias de 3 de junio de 2003 y 28 de mayo de 2003, proferidas por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que no admitió las demandas constitucionales presentadas contra el Auto No. 35 de 30 de abril de 2003 emitido por el Juzgado Décimo Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

LAS RESOLUCIONES RECURRIDAS:

La resolución de fecha 3 de junio de 2003 emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta a favor de FERNANDO ELETA ALMARAN, visible a folios 60 a 62 del cuadernillo de amparo. Expresa el A-Quo que la acción constitucional presentada por la licenciada A.M.G.R. incumple lo dispuesto en el artículo 2615 del Código Judicial, es decir, el amparista carece de legitimación activa para promover una demanda de esta naturaleza.

Sostiene el fallo impugnado a folio 61 del cuadernillo que:

"...el tribunal advierte que el Auto No. 35 de 30 de abril de 2003, expedido por el Juez Decimoquinto del Circuito Penal ordena la ampliación del sumario, que el mismo no reviste una orden impartida al amparista sino dirigida al Ministerio Público para que agote la investigación, razón por la que el amparista carece de legitimación activa para promover la acción de amparo, ..."

Continúo indicando el fallo apelado, que la orden de recibirle declaración indagatoria al señor FERNANDO ELETA ALMARAN no constituye una orden de hacer, por cuanto que el indagado en dicha diligencia puede solicitar la práctica de pruebas que estime convenientes y favorables a su defensa, por lo que la demanda de amparo "...propuesta deviene manifiestamente improcedente en los términos previstos por el artículo 2620 del Código Judicial, por lo que es pertinente no admitirla".

En lo que respecta a la resolución de 28 de mayo de 2003, legible a folio 132 del cuadernillo el Primer Tribunal Superior de Justicia es del criterio, que tampoco puede ser admitida la demanda de amparo de garantías constitucionales promovida a favor de C.E.A.A., por ser contraria a lo preceptuado en el artículo 2620 del Código Judicial.

A folio 133 del cuadernillo el Primer Tribunal Superior de Justicia se expresa en los siguientes términos:

" Y es que, ... en la aludida resolución judicial el Juez de la jurisdicción penal demandado, no ha dictado, propiamente, orden de hacer o no hacer en contra del postulante del amparo (que, a la luz del artículo 50 de la Constitución Nacional, en relación con el artículo 2615 del Código Judicial, constituye condición del todo necesaria para la viabilidad de esa acción de carácter extraordinaria), pues, conforme a directriz que sobre el punto tiene sentado la jurisprudencia constitucional del Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se considera que la ampliación del sumario dispuesta por el Juez Decimoquinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, se erige en verdad en una orden de cargo del representante del Ministerio Público que lleva a cabo la investigación sumarial que, en el caso particular, lo es la Fiscal Décimo Cuarta del Primer Circuito Judicial de Panamá."

LA APELACION:

Los recursos de apelación impetrados por la licenciada G.R. a favor de los señores FERNANDO ELETA ALMARAN y C.E.A.A. se encuentran legibles a folios 64 y 136 del cuadernillo de amparo. La recurrente sustenta su inconformidad con la decisión del Primer Tribunal Superior de Justicia al considerar que los amparistas tienen legitimidad activa para promover una acción constitucional de la naturaleza que nos ocupa.

Ello es así, en atención a que el Auto No.35 de 30 de abril de 2003, que ordena la ampliación de las sumarias en averiguación por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio y contra la fe pública en perjuicio de los señores GENARO FACIO LINCE, C.O.F.L., M.A. DE LA GUARDIA, R.A.A. PINO y O.E.C.F. que guarda relación con la quiebra de las personas jurídicas ESTRELLA MAR, THE PROVIDENCE CORPORATION BVI y BANCO DISA proferido por el Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá que ordenó recibirle declaración indagatoria a los directivos del BANCO DISA, entre los que se encuentra FERNANDO ELETA ALMARAN y C.E.A.A., por lo que al convertirlos en imputados han sido afectados moral, familiar, social, política y económicamente.

Esta actuación del juzgador lesiona la garantía constitucional del debido proceso de los amparistas, toda vez que con la emisión del auto ampliatorio "...no le queda ningún remedio jurídico consagrado en el ordenamiento legal, para enervarlo..."

Continuó expresando la recurrente, que en la ampliación del sumario dispuesta por el Juez Décimo Quinto no se ha comprobado la existencia de hecho punible alguno, por lo que al no acreditarse el delito no puede decretarse la diligencia indagatoria, pues aquel es un presupuesto indispensable para acceder a ésta, razón por la cual ante la inexistencia de una exposición razonada que revele los fundamentos que tiene el juzgador para considerar probado el hecho punible, se lesiona la garantía constitucional del debido proceso a los amparistas.

Agregó la recurrente que es innegable la naturaleza jurisdiccional del acto atacado, que afecta directamente a la persona de FERNANDO ELETA ALMARAN y C.E.A.A., quienes son los que deben concurrir al proceso en calidad de imputados, pese a que, luego de concluidas las investigaciones, el Ministerio Público recomendó un sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal.

Finalmente la licenciada A.M.G.R. a folios 68 del cuadernillo concluyó que:

...la ampliación es un instrumento transmisor de la orden de hacer contra F.E.A. porque la Fiscal Décimo Cuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, sólo recibe o recepta la acción (el hacer) que directamente afecta al postulante de esta acción de amparo, al ser él quien debe comparecer a rendir la indagatoria impuesta por la decisión jurisdiccional atacada mediante el mecanismo de protección constitucional del Amparo.

Mientras que, con relación a la persona de C.E.A.A. (folio 140), la recurrente expresó el Ministerio Público deberá recibirle declaración indagatoria:

...sin que existan en el expediente los presupuestos procesales para ello, consistiendo la ampliación en un mero vehículo transmisor de la orden de hacer contra C.E.A.A., porque la Fiscal resulta ser la parte pasiva de dicha orden, ya que ella, la Fiscal Decimocuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá sólo recibe o recepta la acción (el hacer) que directamente afecta a C.E.A.A., al ser él quien debe comparecer a rendir indagatoria impuesta por la decisión jurisdiccional atacada mediante el mecanismo de protección constitucional del Amparo.

CONSIDERACIONES DEL PLENO:

Presentados los criterios jurídicos de los negocios constitucionales sometidos a la consideración del Tribunal de Amparo.

Antes de continuar con el análisis de fondo, es pertinente comentar que el auto censurado por la recurrente se encuentra visible a folio 50 y siguientes del cuadernillo, y allí el juzgador de la causa sostiene lo siguiente:

"...en esta ocasión discrepamos de la recomendación hecha por la representante del Ministerio Público en las diferentes vistas fiscales que constan en autos, toda vez que de las constancias procesales incorporadas hasta el momento en las sumarias, se configuran delitos contra el patrimonio y contra la fe pública (estafa y falsedad documental), toda vez que estamos ante un concurso de delitos, por lo que se debe perfeccionar el sumario y por eso se hace necesario la practica de las siguientes diligencias:

1 ...

...

10.Ordenar la declaración indagatoria de los directivos de Estrella Mar y The Providence Corporation ... . Asimismo recibirle declaración indagatoria por los mismos cargos a los directivos de Disa Bank BVI y Banco Disa, S.A., o sea J.J.V.J., R.C., Gabirel (sic) Diez, J.N., R.S., C.A., L.B., F.E.A., R.A., R.L., H.T., R.B., R.G., J.C., J.E., lo anterior de conformidad con las certificaciones expedidas por el Registro Público. ..." (Lo resaltado es nuestro)

Pues bien, primeramente es necesario reiterar que los autos ampliatorios son resoluciones de impulso procesal para que el Ministerio Público complete sus investigaciones y logre encontrar la verdad real o material de los hechos, por lo que no son susceptibles de amparo de garantías constitucionales.

Este criterio ha sido reiterado en innumerables fallos jurisprudenciales, para lo cual nos permitimos mencionar los pronunciamientos de 26 de abril de 1996, 27 de febrero de 1997,6 de marzo de 1997, 18 de julio de 1997 y 28 de junio de 2000 que sostienen lo siguiente:

"Es más, la Corte ha señalado que el auto que decreta la ampliación de las sumarias no admite el recurso de amparo de garantías constitucionales por cuanto el mismo constituye un acto de impulso procesal y, por lo tanto, de mero trámite, que no viola ningún derecho constitucional, por lo que la acción de amparo deviene manifiestamente improcedente. De lo anterior se colige que, en base al criterio reiterado de esta Corporación de Justicia, el amparo de garantías constitucionales que nos ocupa no debió siquiera ser admitido" (Ver sentencia de 8 de noviembre de 2001, ponencia del magistrado ADAN ARNULFO ARJONA).

En lo que atañe a la legitimación activa, que a criterio de la recurrente ostentan los señores FERNANDO ELETA ALMARAN y C.E.A.A., debemos reiterar que la acción de amparo de garantías constitucionales ha sido establecida con la finalidad de obtener una revocatoria de una orden de hacer o no hacer expedida por cualquier funcionario público con mando y jurisdicción que viole los derechos y garantías constitucionales del afectado, y aún cuando los señores F.E. y C.A.A. se podrían considerar afectados en la medida en que tengan que acudir a los estrados de la justicia a rendir declaración indagatoria, sus derechos constitucionales no han sido lesionados, toda vez que la declaración indagatoria es un medio de defensa para los llamados a responder en un proceso penal en calidad de imputados, y por otra parte, no se ha pretermitido ninguna formalidad en la expedición del auto ampliatorio.

En consecuencia el Pleno estima que la amparista erró en la utilización de esta vía constitucional para enervar los efectos de la resolución recurrida en amparo, ya que la orden de hacer es dirigida al Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Decimocuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, quien debe cumplir con la ampliación ordenada por el juez de la causa.

Al respecto es oportuno citar la sentencia de 20 de agosto de 1993 que sostiene lo siguiente:

"Como lo tiene resuelto la jurisprudencia del Pleno, el auto recurrido - de ampliación - no contiene una orden librada a cargo contra el amparista, sino del funcionario de instrucción, para que complete la investigación, de donde resulta que, en los términos del artículo 2606 (sic) el amparista carece de legitimación activa para promover esta acción constitucional, que por lo tanto no debía siquiera ser admitida, como en efecto ocurrió"(Ver sentencia de 20 de agosto de 1994), ponencia del magistrado FABIAN A. ECHEVERS)

Por su parte los fallos de 21/6/93 y 16/7/93 coinciden en señalar que:

"No cabe duda que el auto mediante el cual el juzgador ordena la ampliación del sumario posee una orden dirigida al funcionario que instruye la causa. Por esta razón, quien se considere afectado por alguno de los puntos concretos sobre los que debe versar la ampliación no tiene legitimación procesal activa para atacar la referida orden". (Ver R.J. de junio de 1993, ponencia de la magistrada M.A.F. DE AGUILERA)

Y en lo que respecta a la recepción de la declaración indagatoria a los amparistas, el Tribunal de Amparo reitera que esta actuación procesal tampoco se encuentra sujeta a la acción de amparo, ello en atención a que la declaración indagatoria es un acto de mero trámite que no constituye una orden de hacer, pues el sindicado no está obligado a rendirla, pese a que ésta constituye un medio de defensa mediante el cual incluso se puede solicitar la práctica de pruebas que se consideren favorables a su defensa.

La naturaleza jurídica de la declaración indagatoria es constituirse en un medio de investigación y de defensa para los sindicados, pues, de las respuestas del indagado, el agente instructor puede obtener datos ciertos que permitan descubrir a los delicuentes, así como obtener una expresión real de los hechos y circunstancias que rodearon la comisión del ilícito. Asimismo el que rinde la declaración indagatoria puede explicar su conducta respecto de los cargos que se le formulan, presentar sus descargos y hacer un directo uso de su derecho a la defensa.

En sentencia de 26 de abril de 1996 el Tribunal Constitucional de Amparo indicó que:

"En este sentido, la Corte ha reiterado una y otra vez que la acción de amparo no procede contra el auto que decreta la ampliación de las sumarias ni contra la indagatoria ordenada en dicho auto, ya que la orden de hacer, en todo caso, está dirigida al funcionario de instrucción, puesto que es éste a quien corresponde cumplir los puntos claros y concretos sobre los cuales versa la ampliación" (Ver R.J. abril de 1996, ponencia del magistrado ARTURO HOYOS)

Ahora bien es importante observar que, si bien la autoridad jurisdiccional ordena la recepción de una declaración indagatoria a un imputado, es deber ineludible del Ministerio Público motivar tal orden a través de la respectiva resolución judicial y cumplir de esta forma lo dispuesto en el artículo 2092 del Código Judicial.

Analizados los recursos de apelación presentados por la licenciada A.M.G.R. en representación de los señores FERNANDO ELETA ALMARAN y C.E.A.A., el Pleno concluye que se deben confirmar las resoluciones apeladas.

PARTE RESOLUTIVA:

Por lo que antecede la CORTE SUPREMA, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONFIRMA las sentencias de 28 de mayo y 3 de junio de 2003 emitidas por el Primer Tribunal Superior de Justicia que resuelve NO ADMITIR las acciones de amparo de garantías constitucionales interpuestas por la licenciada A.M.G.R. en representación del señor FERNANDO ELETA ALMARAN y C.E.A.A..

N.,

GRACIELA J. DIXON C.

ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK -- JORGE FÁBREGA PONCE -- VIRGILIO TRUJILLO L. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ A. TROYANO -- ADÁN ARNULFO ARJONA L. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)

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