Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 19 de Septiembre de 2003

Ponente:José A. Troyano
Fecha de Resolución:19 de Septiembre de 2003
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

APELACION INTERPUESTA POR M/T 'NEAPOLIS' CONTRA LA RESOLUCION DEL 18 DE ABRIL DE 2002, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ESPECIAL DE EJECUCION DE CREDITO MARITIMO PRIVILEGIADO QUE LE SIGUE VIELKA YADIRA SANCHEZ GIL AMILCAR GERARDO ARROCHA SANCHEZ Y ANGELINA ARROCHA DE MONTENEGRO

 
CONTENIDO

VISTOS:

Dentro del proceso especial de ejecución de crédito marítimo privilegiado interpuesto por V.Y.S.G., A.G.A.S. y A.A. DE MONTENEGRO contra la M/N "NEAPOLIS", las firmas de abogados DUDLEY & ASOCIADOS y DE CASTRO & ROBLES, apoderados judiciales de la demandante y demandada respectivamente, han interpuesto sendos recursos de apelación contra dos (2) resoluciones dictadas en una misma fecha por el Juez del Primer Tribunal Marítimo.

El primero de estos recursos lo presentó el actor, contra el auto de 18 de abril de 2002, visible a fojas 185-188 mediante el cual el Juez del Primer Tribunal Marítimo declaró probado el incidente de nulidad por ilegitimidad de personería de la demandante, A.A. DE MONTENEGRO. La señora ARROCHA DE MONTENEGRO, solicitó en la demanda respectiva una indemnización por la suma de doscientos cincuenta mil dólares (US$250,000.00) en concepto del daño moral sufrido a consecuencia del fallecimiento de su hermano, el señor A.A.A., por la supuesta conducta negligente de la demandada.

El Tribunal de la causa en la resolución recurrida determinó que la señora ARROCHA DE MONTENEGRO sólo podría intervenir en este proceso si las reglas de sucesión se lo permitieran y, como este no es el caso, debía considerarse que la misma "no posee legitimación activa para comparecer en estas secuelas del juicio como demandante." (F.187)

El segundo de dichos recursos lo interpuso el demandado contra la resolución de la misma fecha, visible a fojas 189-194, mediante la cual se negó el incidente de nulidad por ilegitimidad de personería de otra de las demandantes, V.Y.S.G.. La señora SANCHEZ GIL era la concubina de hecho del difunto A.A.A. y la misma reclama una indemnización por la suma de QUINIENTOS MIL DOLARES (US$500,000.00) en concepto de daño moral y DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES (US$250,000.00) en concepto de daño material, a consecuencia del fallecimiento del mismo.

De acuerdo con el Tribunal de la causa, toda vez que la señora S.G. ha demostrado que está haciendo los trámites pertinentes al reconocimiento de su matrimonio de hecho, no debe quitársele la oportunidad de evidenciar que entre ella y el difunto ARROCHA existía un matrimonio.

En consideración a que se trata de dos resoluciones apeladas dentro de un mismo proceso, por razones de economía procesal y en base a lo normado por el artículo 1143 del Código Judicial, aplicable supletoriamente al presente caso, ambas apelaciones serán resueltas en esta única resolución.

Procede, entonces, el análisis de los argumentos referentes a ambos incidentes en el orden en el que los mismos fueron ventilados para, inmediato a ello, dejar sentada la posición de la Sala. I. INCIDENTE DE NULIDAD POR ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA: LA DEMANDANTE A.A. DE MONTENEGRO CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA DEMANDAR.

ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE-RECURRENTE

El demandante-recurrente en este incidente, explica su disconformidad con el fallo del Primer Tribunal Marítimo, señalando que la señora A.A. DE MONTENEGRO"está solicitando una indemnización exclusivamente por daño moral, en base a la pérdida de su hermano a manos de la conducta negligente de la nave demandada" (F.78), y dicha petición no contraviene norma legal alguna, por lo tanto, no existe fundamento jurídico para argumentar que la misma carece de legitimidad. De igual forma, expresa que la señora ARROCHA DE MONTENEGRO no intenta "heredar absolutamente nada ni se solicita lucro cesante, toda vez que dicho rubro sí podría ser considerado como un derecho reclamable únicamente por quienes dependían económicamente del difunto A.A.A. (Q.E.P.D.)" (Fs.78-79)

De acuerdo con el demandante-recurrente, lo que se pretende es que la demandada repare el daño causado a la señora A.A. DE MONTENEGRO en sus "sentimientos afectos y vida privada" (F.79), por causa del comportamiento culposo y negligente de la demandada, considerando como base legal de lo anterior los artículos 1644 y 1644a del Código Civil. Con respecto a lo establecido en esta última excerta legal, el demandante-recurrente especifica que lo estipulado en el sentido de que la "acción que intenta la reparación del daño moral no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos cuando el afectado la haya intentado en vida", no aplica al presente caso ya que la señora A.A. DE MONTENEGRO "no está ejerciendo una acción cuyo titular original era su hermano, sino que está reclamando una indemnización por el daño sufrido por ella misma por la muerte de su hermano." (F.197)

ARGUMENTOS DEL OPOSICIONISTA

Los demandados-oposicionistas a la apelación bajo análisis manifiestan que la señora A.A.D.M., hermana del fallecido A.A., pretende reclamar una indemnización civil por motivo de la muerte de su hermano. Sin embargo, a su juicio, ello no es procedente, toda vez que "los colaterales solamente heredan, o son sobrevivientes para propósitos de reclamar derechos del difunto en caso de que no hayan descendientes o ascendientes" (F.71), por lo tanto, y dado que el señor ARROCHA tenía un hijo, la señora ANGELINA carece de personería para reclamar en este proceso.

Con respecto a lo establecido en el artículo 1644a, los demandados-oposicionistas señalan que éste tiene la función de establecer limitaciones al ejercicio de acciones como las que intentan los peticionarios, ya que "de lo contrario dicho artículo se convertiría en una cláusula omnibus sumamente extensa y abarcadora que establecería responsabilidad sin límites para quien incurra en algún tipo de responsabilidad civil extracontractual, pudiendo el mismo ser demandado por daño moral por cuanto familiar y amigo tenga a bien concurrir ante un tribunal."(F.226)

De igual forma explican que la excerta legal citada establece "a quienes les corresponde este derecho a recibir reparación de los daños recibidos por los actos u omisiones de otro, siendo en primer lugar: la víctima, es decir, el afectado directamente por los actos u omisiones; y en segundo lugar: los herederos de la víctima." (F.227) Para determinar quiénes son los herederos, en este caso habrá que recurrir a lo estipulado en los artículos 661 y 667 del mismo cuerpo de leyes. Entonces, a la luz de dichas normas legales, para que se considere que los colaterales tienen derecho a heredar, habrá que descartar la existencia de parientes en línea recta descendente y ascendente y toda vez que este no es el caso en el presente proceso, la señora A.A. DE MONTENEGRO no tendrá derecho a presentar reclamo alguno.

Finalmente expresan los demandados-oposicionistas que "la hermana del fallecido, ni siquiera reside en el mismo hogar que su hermano fallecido, tal y como se desprende de las generales contenidas en los poderes otorgados por la recurrente, y la madre del hijo del difunto... No existen pues, situaciones especiales que extiendan el derecho a reclamar a la hermana del difunto, o que justifiquen apartarnos de la regla general contenida tanto en la doctrina como en nuestro ordenamiento civil." (F.229)

  1. INCIDENTE DE NULIDAD POR ILEGITIMIDAD DE PERSONERÍA: LA DEMANDANTE V.S.G. CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA DEMANDAR.

ARGUMENTOS DEL DEMANDADO-RECURRENTE

El demandado-recurrente argumenta que la señora VIELKA SANCHEZ GIL carece de legitimidad activa para demandar en el presente proceso, toda vez que el señor A.A. no se encontraba casado con ella al momento de darse el accidente que le quitó la vida, mientras desempeñaba sus labores como empleado de la empresa TALLERES INDUSTRIALES, S.A., específicamente cuando trataba de abordar la motonave demandada.De acuerdo con la demandada-recurrente, el Código Civil de nuestro país especifica que la sucesión corresponde primeramente a la línea recta descendente (art. 661), sin embargo, también especifica que el cónyuge tiene derecho a heredar (art.685). No obstante, la señora SANCHEZ GIL "no ha presentado prueba que la acredite como la esposa del difunto ARROCHA" (F.69).

De igual forma manifiesta que el artículo 56 del Código de Familia establece que "únicamente cuando se tenga una sentencia ejecutoriada declarativa de la existencia del matrimonio, éste surtirá los efectos civiles" (F.216). Entonces, mientras dicha sentencia no sea emitida, como sucede en este caso, "lo que existe es una mera expectativa o presunción y no un derecho que faculta para pedir una indemnización por QUINIENTOS MIL DÓLARES CON 00/100 ($500,000.00) en concepto de daño moral y DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES CON 00/100 ($250,000.00) en concepto de daño material." (Fs.216-217)

La demandada-recurrente se refiere a las declaraciones aportadas ante una Corregiduría, con respecto a la relación existente entre el fallecido A.A. y la señora V.S., argumentando que las mismas "son meros testimonios que no han sido sometidos al tamiz exigido de un proceso judicial de familia" (F.217)

En base a lo anterior, se solicita la revocatoria de lo resuelto por el Juez a-quo y que, en su lugar, se declare probada la carencia de legitimación activa para demandar de la señora S., en calidad de esposa del difunto señor ARROCHA.

ARGUMENTOS DEL OPOSICIONISTA

Por su parte, los representantes judiciales de la señora V.S., demandantes y oposicionista al presente incidente, manifiestan que la misma comparece ante las instancias judiciales correspondientes "en calidad de esposa de hecho, según lo permite y contempla el Artículo 56 del Código de Familia."(F.221) Igualmente explican que la excerta legal antes citada "permite la comprobación judicial de la relación matrimonial y dispone que el reconocimiento judicial se hará retroactivo a la fecha desde la cual se cumplieron las condiciones del Artículo 53 del mismo Código, no la fecha de la sentencia". (F. 222)

La demandante-opositora también explica que desde la década de los años cincuenta, nuestra legislación social reconoce que las uniones de hecho en condiciones de estabilidad y singularidad, tienen el mismo efecto que los matrimonios civiles y esto también se aplica a lo referente a las pensiones de viudez. Entonces, bajo esas circunstancias, no puede negársele a la señora V.Y.S. GIL la legitimidad como demandante en el presente negocio, en su calidad de esposa sobreviviente del infortunado A.A.A. (Q.E.P.D.).

POSICIÓN DE LA SALACON RESPECTO A AMBOS INCIDENTES

El punto de debate en el caso bajo análisis se centró en la alegada carencia de legitimidad activa de las señoras V.Y.S.G. y A.A.D.M., en la causa seguida contra la M/N "NEAPOLIS", originada con el fallecimiento del señor A.A.A., esposo y hermano de las mismas, respectivamente, en el momento en que éste, en cumplimiento de sus funciones laborales, se disponía a abordar la nave demandada.

Por el tema de fondo debatido y antes de adentrarnos a dilucidar el derecho con que comparece a este proceso la parte actora, es conveniente dejar claramente establecido lo que debemos entender y lo que para nuestra legislación, la jurisprudencia y la doctrina significa y abarca el concepto de la "Legitimación" y en el caso específico que nos ocupa, el de "Legitimación en la causa".

En ese sentido tenemos que con respecto a los procesos existe lo que se conoce como "legitimación ad-procesum" y "legitimación ad-causam". El procesalista y Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, A.A.A., con respecto a la "legitimación ad-procesum" (capacidad para ser parte) manifiesta que:

"... la capacidad para ser parte viene a ser la idoneidad o conjunto de atributos mínimos que desde el punto de vista de las cualidades personales debe reunir un sujeto para desarrollar actuaciones jurídicas válidas dentro de un proceso sea en la posición de demandante o demandado." (F.P., J.. "Instituciones de Derecho Procesal Civil", Segunda Edición, Editora Jurídica Panameña, 1999, página 228)

Por otro lado, con respecto a la "legitimación ad causam" explica:

"...entendemos por legitimación en causa, la condición o cualidad de carácter procesal que el ordenamiento legal sustantivo reconoce a una determinada categoría de sujetos (acreedores, herederos, accionistas, contratantes, etc.) que faculta a estos para pretender sobre una concreta relación jurídica en el caso del demandante, y, en el del demandado, para oponerse a las pretensiones esgrimidas en su contra. Una vez se individualiza la categoría abstracta consagrada en la ley, puede afirmarse que el sujeto está legitimado." (F.P., op.cit., p.247)

Con respecto a la "legitimación ad-causam" en un proceso, el autor J.G. manifiesta que:

"Legitimación procesal es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio, y, en virtud de la cual, exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso.

...

La exigencia de esta condición, referida al demandante, se llama legitimación activa, y la referida al demandado legitimación pasiva; pero en uno y otro caso se trata de la aplicación de un mismo concepto procesal: la necesidad de que una cierta demanda sea propuesta por o sea propuesta frente a ciertas personas que son las legitimadas para actuar como partes en un proceso determinado." (J.G., Derecho Procesal Civil, Tomo I, Instituto de Estudios Políticos, p. 185)

Dado que la legitimación en la causa es una cuestión de fondo, es importante determinar cuándo debemos considerar que es el momento procesal oportuno para que el J. a-quo se pronuncie con respecto a la falta o no de legitimación en la causa, que es el tema que estamos discutiendo en este momento. En ese sentido, el autor E.G. de ORBANEJA manifiesta que:

"...la expresión legitimatio ad causam no se refiere a la admisibilidad del proceso, sino a la existencia misma de la acción; o sea, que no cabe referirlas al derecho de ser demandante, o a la carga de ser demandado, en un determinado pleito, sino al derecho a la sentencia en el sentido pedido en la demanda." (GOMEZ DE ORBANEJA citado por OSVALDO A. GOZAINI, La Legitimación en el Proceso Civil, Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, p. 88)

De igual forma, es preciso señalar que la doctrina ha sido consistente en afirmar que cuando se discute el tema de la legitimación en la causa, el momento procesal adecuado para un pronunciamiento, es cuando se dicta sentencia. A lo anterior se refiere el autor J.M.A. quien, en su obra "La Legitimación en el Proceso Civil", (Editorial Civitas, S.A., p. 109), explica, entre otras cosas, que:

Dado que la sentencia de la legitimación no va a quedar resuelta de modo previo, salvo en casos muy determinados, como hemos visto inmediatamente antes, en la mayoría de los procesos lo normal será que sobre su concurrencia tenga que pronunciarse el juez en la sentencia.

En el mismo sentido, los autores A. de la Oliva Santos e I.D.-PicazoG., señalan lo siguiente:

"H. un sujeto en la posición jurídica que fundamenta que precisamente él obtenga una concreta tutela jurisdiccional (legitimación activa), suele consistir en ser titular de un derecho subjetivo privado (que fundamenta una acción o una pretensión). Y hallarse en la posición que justifica padecer la concesión de una tutela jurisdiccional concreta (legitimación pasiva), frecuentemente significa ser titular de un deber u obligación. Legitimación activa, en el caso de que, p.ej., se pida, en virtud de cierto negocio jurídico la condena a pagar una cantidad de dinero, le corresponde al titular del derecho de crédito. Pasivamente legitimado está el obligado o deudor. La legitimación es presupuesto de la acción porque tanto si el demandante carece de la activa, como si el demandado no tiene la pasiva, deberá recaer una sentencia absolutoria (es decir, denegatoria de la acción)... (El subrayado es nuestro) (ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS E IGNACIO DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, "DERECHO PROCESAL CIVIL, El proceso de Declaración", Editorial Centro De Estudios Ramón Areces, S.A., 2000, p. 128)

Esta Sala ha manifestado en diversas ocasiones, que el juez de la causa deberá pronunciarse sobre la legitimación en la causa al momento de dictar sentencia. Sin embargo, en el presente caso, se realiza una audiencia especial para ventilar los Incidentes de Ilegitimidad de Personería presentados por el demandado, como si se tratara de un asunto de previo y especial pronunciamiento.

No obstante, el Código de Procedimiento Marítimo, en su artículo 80 establece taxativamente cuáles excepciones serán consideradas como de previo y especial pronunciamiento y la excepción de falta de legitimidad en la causa, no se enumera entre ellas.

En ese sentido, la Sala en sentencia dictada el 26 de enero de 2001 manifestó lo siguiente:

... resulta evidente que el tema de la legitimación de la causa es tema del derecho sustancial y, como consecuencia de ello, no constituye un impedimento para desatar el fondo del litigio (sentencia inhibitoria), sino, por el contrario, motivo para decidirlo en forma adversa al demandante (sentencia de fondo). Y esto es así, toda vez que la falta de legitimación sustancial, naturalmente no le impide al juez desatar el litigio en el fondo, toda vez que si se reclama un derecho por quien no es su titular o frente a quien no tiene que responder, debe negarse la pretensión del demandante en sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada material.

En igual sentido se pronunció esta S. en sentencia de 9 de julio de 2001, en la cual se manifestó que:

... la falta de legitimación activa en la causa es un tema de derecho sustancial y, como tal, por regla general, debe ser decidido en la sentencia.

Resulta necesario mencionar que la resolución antes citada consigna la posibilidad de que el Juzgador A-quo, bajo ciertas circunstancias excepcionales, se aparte de la norma general y se refiera a la legitimación en la causa antes de cumplir con todas las etapas de un negocio marítimo, por razones de economía procesal. Sin embargo, en el presente caso no observamos que medie circunstancia excepcional alguna, para resolver como excepción de previo y especial pronunciamiento, sobre la legitimación de dos de las demandantes, las señoras V.Y.S.G. y A.A., sobre todo si se toma en consideración que no se discute la legitimación del otro demandante, A.G.A.S., que es hijo del fallecido A.A..

A la luz de las razones antes expresadas, esta S. concluye que este no es el momento procesal adecuado para resolver lo referente a la legitimación en la causa de las demandantes V.Y.S.G. y A.A., ya que sobre esto deberá pronunciarse el Juez A-quo al momento de dictar sentencia.

Por lo tanto, toda vez que esta S. no comparte la motivación del Tribunal de la causa con respecto a los Incidentes de Nulidad por Falta de Personería de las demandantes V.Y.S.G. y A.A.D.M., debemos revocar la resolución dictada con base en los razonamientos expuestos y se deberá continuar con el trámite normal del proceso.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA ambas resoluciones dictadas por el Primer Tribunal Marítimo de Panamá el 18 de abril de 2002 y, en consecuencia, le ORDENA que continúe el trámite del proceso y que decida lo pertinente en el momento de dictar sentencia.

  1. y N..

JOSÉ A. TROYANO

VIRGILIO TRUJILLO LOPEZ -- ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)