Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 23 de Mayo de 1997

Ponente:ELIGIO A. SALAS
Fecha de Resolución:23 de Mayo de 1997
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

MICHELLE TRADING CORP. APELA CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 30 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A

 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

La firma forense ROBLES Y ROBLES, en

su condición de apoderada especial de la sociedad ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., ha interpuesto Recurso de Apelación contra el Auto de

30 de abril de 1996 dictado por el Tribunal Marítimo de Panamá, dentro del

Proceso Ordinario Marítimo propuesto por MICHELLE TRADING CORP. contra la apelante.

Igualmente, la firma forense MORGAN & MORGAN anunció y sustentó

Recurso de Apelación contra la

sentencia oral de 19 de septiembre de 1995, que decidió en forma definitiva el

aludido proceso ordinario marítimo.

El Tribunal Marítimo mediante

resolución de 9 de julio de 1996 (fs. 502 a 504) resolvió: "1. ADMITIR el recurso de Apelación

contra la resolución proferida el 30 de abril de 1996 ... promovido por la

demandada" y "2. CONCEDER

el recurso de Apelación en contra de la Sentencia del 19 de septiembre de 1995

proferida en el presente proceso, pero el expediente será remitido al Superior,

a fin de que se surta la alzada, cuando sea concedida la apelación contra la

resolución de 30 de abril de 1996, ...".

En esta resolución el Tribunal

Marítimo hace un recuento de lo sucedido dentro de este proceso ordinario que MICHELLE TRADING CORP. le sigue a ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., en

particular acerca de lo que motivó el pronunciamiento de 30 de abril de 1996 y

que consistió en el error en que se incurrió en la providencia de 7 de marzo de

1996 (fs. 414) en cuanto al término para sustentar recurso de apelación contra

la sentencia oral de 19 de septiembre de 1995, fijado en doce (12) días. Fue

aquella providencia la que el tribunal corrigió en la resolución apelada de 30

de abril de 1996, y no la sentencia de 19 de septiembre de 1995 como, según

indica, hace ver el apelante (demandado) al sostener que el tribunal ha

revocado o reformado la sentencia o aclarado sus frases oscuras, además de

considerar que esa manifestación del tribunal (posterior a la sentencia)

constituye una corrección al proceso.

El Tribunal Marítimo señala que, en

aras de la economía procesal, una vez admitida la apelación contra la sentencia

de 19 de septiembre de 1995 y la apelación contra la resolución de 30 de abril

de 1996, ambas concedidas en el efecto suspensivo, "deberá surtirse la

alzada y remitir las actuaciones al Superior de forma que se considere el tema

relativo a la corrección del proceso". De manera que si se llegase a

considerar improcedente, se tendría que declarar desierto el recurso de

apelación propuesto por el demandante contra la sentencia y, de ser admitido

por el Superior, con rechazo de los argumentos procesales expuestos por la

demandada, podría la Sala Primera entrar a dilucidar el fondo de la controversia

en la apelación anunciada y sustentada por la demandante y a la que se ha

opuesto en debida forma la demandada.

En virtud de lo que se deja

expuesto, esta Sala de la Corte procede en primer lugar a resolver el recurso

de apelación propuesto por la demandada contra la resolución de 30 de abril de

1996, para posteriormente, en caso de no accederse al mismo, entrar a conocer

la apelación contra la sentencia definitiva sustentada por la parte demandante.

RECURSO

DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE 30 DE ABRIL DE 1996

La parte demandada (ASSA) presentó

apelación contra el citado auto, mediante el cual, según señala, se

"resuelve corregir el proceso, adoptando una nueva práctica tribunalicia y

admitiendo la sustentación de la apelación presentada por Michelle Trading

Corp. fuera del término fijado por el Tribunal mediante Resolución de fecha

siete (7) de marzo de 1996". Este recurso de apelación lo sustenta

mediante escrito que corre de fojas 479 a 482, en el cual expresa:

Antecedentes

El proceso ordinario marítimo

propuesto por Michelle Trading Corp. contra Assa Compañía de Seguros, S.A. fue

resuelto por el Tribunal Marítimo mediante sentencia de 19 de septiembre de

1995. Luego de notificada la sentencia, el demandante anunció apelación, por lo

que el Tribunal dispuso que "una vez adherida al expediente la

transcripción, por lo menos de los alegatos de las partes y de la Sentencia, se

le comunicará a las partes y comenzará a correr el término para sustentar el

Recurso de Apelación". Mediante resolución de 7 de marzo de 1996 se dio a

conocer que se habían integrado al expediente las aludidas transcripciones y

que el apelante contaba con doce (12) días para sustentar el recurso. Esta

resolución fue notificada mediante edicto que se desfijó el viernes 15 de marzo

de 1996, por lo que los 12 días comenzaban a correr desde el lunes 18 de marzo

y se completaban el viernes 29 de marzo de 1996, término anotado en el

expediente. El demandante presentó el escrito de sustentación de la apelación

el 8 de abril de 1996, es decir, fuera del término establecido, por lo que la

Secretaría del Tribunal en principio se negó a recibirlo, aceptándolo después

por insistencia. Mediante resolución de 30 de abril de 1996, el Tribunal

Marítimo adopta una nueva práctica tribunalicia, corrige el procedimiento y

admite el escrito de sustentación de la apelación, presentado fuera del término

originalmente fijado.

Objeciones a la resolución del

treinta (30) de abril de 1996, sobre los que recae la apelación.

Señala la censura que la citada resolución,

en abierta violación a normas procesales, hechos cumplidos, términos precluídos

y práctica tribunalicia, se fundamenta en una posible confusión, por lo que

resolvió lo siguiente:

  1. Admitir la apelación presentada

    por la demandante extemporáneamente; y,

  2. Aplicar al caso,

    retroactivamente, una nueva práctica tribunalicia, sustentando la misma

    resolución en que: "... estima conveniente crear una uniformidad y

    establece en adelante, que el término de quince (15) días establecido en el

    artículo 484 del Código ..."

    Se sostiene que si el demandante

    apelante tenía algo que objetar al término que fijó la resolución de 7 de marzo

    de 1996 (f. 414), contaba con un término de cinco (5) días para presentar un

    recurso de reconsideración, es decir, del 15 de marzo al 22 de marzo, cuando

    dicha resolución quedó ejecutoriada. Al no hacerlo, las únicas posibilidades de

    reformar la resolución de 7 de marzo de 1996 precluyeron; una precluyó dos días

    después de emitida la resolución, cuando cabía la posibilidad de reformarla de

    oficio conforme al artículo 1114 del Código Judicial; y la otra, con base en la

    impugnación que hiciera el afectado, según el artículo 478 del Código de

    Procedimiento Marítimo, precluyó el 22 de marzo de 1996. De suerte tal que,

    concluye el impugnante expresando, la resolución de 30 de abril de 1996 atenta

    contra el principio de igualdad procesal entre la partes y viola el principio

    de seguridad jurídica, pues deja sin efecto una resolución que estaba

    ejecutoriada. Agrega que, en todo caso, si el tribunal consideraba que la

    sentencia dictada contenía frases oscuras o de doble sentido, lo procedente

    hubiese sido aclararlas de conformidad con el artículo 394 del Código Marítimo.

    Oposición a la apelación contra la

    resolución de 30 de abril de 1996. (Fs. 483-487)

    La parte demandante, MICHELLE

    TRADING CORP., en su escrito de oposición al referido recurso de apelación,

    también hace un recuento de los antecedentes del caso coincidiendo con lo dicho

    por la demandada que ahora apela, pero solo hasta el punto que se refiere al

    término para la sustentación del recurso de apelación. En este sentido, al

    referirse a la providencia de 7 de marzo de 1996, sostiene que quedó notificada

    (y con ella la Sentencia de 19 de septiembre de 1995) el 15 de marzo de 1996 cuando

    se desfijó el edicto 106. De modo que el término para sustentar la apelación es

    de 15 días a partir de que fue notificada la resolución apelada, de conformidad

    con el artículo 484 del Código de Procedimiento Marítimo. Por tanto, contando a

    partir del 15 de marzo y considerando la suspensión de términos por semana

    santa (1 al 5 de abril), el término vencía el 10 de abril de 1996.

    Consecuentemente, si la parte demandante sustentó la apelación el 8 de abril de

    1996, lo hizo antes del vencimiento del término aplicable.

    El tribunal al dictar el auto de 30

    de abril de 1996 (f. 473) que resolvió admitir el recurso de apelación

    sustentado por Michelle Trading Corp., aunque alude en su considerando a la

    práctica tribunalicia que ha sido aplicada en procesos anteriores, consistente

    en reducir el término de quince (15) días a doce (12) días en lo casos en que

    la apelación fuese anunciada en la audiencia oral, ha estimado conveniente

    crear una uniformidad y establecer en adelante que "el término de quince (15)

    días establecido en el artículo 484 del Código de Procedimiento Marítimo,

    comenzará a correr sin distingos a partir de la fecha en que la partes queden

    notificadas de que la transcripción correspondiente de los alegatos y la

    Sentencia ha sido integrada al expediente", por lo que, puede decirse que

    dicha práctica tribunalicia a la cual se refiere el auto apelado nunca tuvo

    vigencia en el presente proceso.

    La demandante concluye manifestando

    que el auto de 30 de abril de 1996 no contiene en su parte resolutiva la orden

    de corrección del proceso, lo que corrige es una práctica tribunalicia

    contraria a las disposiciones legales (artículo 484 CPM) que se aplicó en

    procesos anteriores. Pero "no corrige el proceso que Michelle Trading

    Corp. le sigue a Assa Compañía de Seguros, S.A.., pues, en dicho proceso dicha

    práctica nunca fue aplicada".

    CRITERIO

    DE LA CORTE

    Según las constancias de autos se

    observa que el Tribunal Marítimo dictó la sentencia oral de 19 de septiembre de

    1995, mediante la cual "ABSUELVE a ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. de la

    pretensión formulada por MICHELLE TRADING CORP."; que dicha decisión quedó

    notificada a las partes en esa fecha, anunciando el demandante su apelación,

    cuyo término de sustentación quedó pendiente del término que señalara el

    sentenciador, luego de adherir al expediente la transcripción de los alegatos y

    de la sentencia (fs. 413).

    Así, a fojas 414, consta la

    providencia de 7 de marzo de 1996 en la que "... se le comunica a las

    partes que el resto del término para sustentar apelación (doce 12 días),

    empezará a correr a partir de la notificación de la presente resolución".

    El edicto para notificar esta resolución se fijó el 8 de marzo por cinco días

    hábiles y se desfijó el 15 de marzo. El 8 de abril la parte demandada presentó escrito

    solicitando se declarara desierto el recurso de apelación anunciado por

    MICHELLE TRADING CORP. señalando que no había sido sustentado en tiempo. Sin

    embargo ese mismo día, según consta de fojas 419 a 466, la apelante presentó el

    escrito al tribunal, que fue recibido por insistencia. El 9 de abril la parte

    apelante presentó un escrito de reconsideración a la admisión del recurso en

    que se pide que sea declarado desierto, sosteniendo que en base al artículo 484

    del Código de Procedimiento Marítimo el término para sustentar la apelación es

    de quince días (15), por lo que en este caso su vencimiento no se había

    producido el 8 de abril, habiéndose corrido del 30 de marzo al próximo día

    hábil para el tribunal (fs. 467 a 468).

    El Tribunal Marítimo para resolver

    esta situación dicta la resolución de 30 de abril de 1996 (fs.473 a 476), en la

    que explica lo siguiente:

    "EL

    TRIBUNAL CONSIDERA:

    1.

    Conforme el artículo 484 del Código de Procedimiento Marítimo, la parte que se

    considere agraviada tiene derecho de apelar en el acto de notificación o dentro

    de los tres (3) días siguientes pero deberá sustentar el recurso dentro los

    quince (15) días siguientes a la notificación de la resolución apelada.

    2. En el

    caso subjúdice la parte demandante MICHELLE apeló luego de la Sentencia oral,

    por lo tanto no hizo uso del término de tres (3) días para anunciar apelación

    por escrito por ser ello innecesario.

    3. Cuando

    se da una Sentencia oral en el Tribunal Marítimo (las que se dan con mucha

    frecuencia), las partes quedan personalmente notificadas en el acto, sin

    embargo, para efectos de la apelación y habida cuenta de que el fallo debe

    transcribirse, el Tribunal suspende el término para sustentar la apelación

    hasta tanto se integren al expediente las transcripciones correspondientes,

    particularmente los alegatos de las partes y la Sentencia.

    4. Aún

    cuando lo dicho por el numeral próximo anterior, no está expresamente regulado

    por la ley procesal marítima, esa práctica tribunalicia se ha implementado para

    la conveniencia de las partes y se ha entendido (basándose en una

    interpretación de la ley adaptada a dicha práctica tribunalicia) que los tres

    (3) días para anunciar la apelación quedan incluidos dentro de los quince (15)

    días para sustentarla, los que, cuando se dan sentencias orales (que luego

    deben ser(sic) transcribirse y agregarse al expediente) y entendiéndose que hay

    una notificación personal de la Sentencia oral al finalizar la Audiencia

    Ordinaria con dicha Sentencia, comienzan a correr los tres (3) días para el anuncio

    de apelación y éstos se reducen del término de los quince (15), quedando en

    suspenso y en espera de la transcripción correspondiente sólo doce (12) días.

    5. El

    Tribunal considera que la anotada práctica tribunalicia adaptada a una norma de

    procedimiento, en la praxis, puede llevar a cierta confusión en casos como el

    subjúdice en donde la parte que se siente agraviada con el fallo anuncia

    verbalmente de inmediato el mismo día en que se dicta el fallo oral que apela,

    pues pudiera entenderse entonces que tendría más días para apelar al momento de

    la inclusión de las transcripciones correspondientes, pues ya no tiene que

    anunciar por escrito el Recurso de Apelación (dentro de los tres días

    posteriores a la Sentencia oral) para que entonces se suspenda el término (o el

    resto del término) para sustentar la apelación.

    6. El

    Tribunal, además de considerar que el presente caso y el precedente que el

    mismo implica es de suma importancia para el foro y que el anuncio que hace el

    Tribunal al dictar su fallo oral y la suspensión del término para sustentar la

    apelación que comenzará a correr (o continuará corriendo) desde el momento en

    que quedan notificadas por edicto las partes de que se han integrado las

    correspondientes transcripciones al expediente puede llevar, como hemos dicho,

    a cierta confusión, y, dado que hasta el momento no se ha declarado desierto

    recurso de apelación alguno por esto del término para sustentar la apelación

    conforme la práctica tribunalicia adaptada a la normativa procedimental

    correspondiente por la necesaria transcripción de la Sentencia, estima

    conveniente crear una uniformidad y establecer en adelante, que el término de

    quince (15) días establecido en el artículo 484 del Código de Procedimiento

    Marítimo, comenzará a correr sin distingos, a partir de la fecha en que las

    partes queden notificadas de que la transcripción correspondiente de los

    alegatos y la Sentencia ha sido integrada al expediente.

    7. En el

    caso subjúdice, como quiera que la parte demandante y afectada con el fallo

    anunció apelación inmediatamente después del fallo oral (v. fj. 413), se le

    restaron tres (3) días de los quince (15) para apelar (a pesar de que no hizo

    uso del término de los tres (3) días para anunciar por escrito la apelación ya

    que ello era innecesario, y, al quedar notificada, el día 15 de marzo de 1996 a

    las 9:00 am (v. fj.415 vlta), que de la transcripción de los alegatos de las

    partes y la Sentencia habían sido integradas al expediente, ese resto del

    término así reducido de doce (12) días , comenzó a correr el día Lunes 18 de

    marzo de 1996 (pues el 16 de marzo de este año esa Sábado) y culminó el día

    Viernes 29 de marzo de 1996, siendo la semana inmediatamente posterior libre

    (con suspensión de términos) en el Órgano Judicial por ser Semana Santa. Así entonces

    el demandante presentó el recurso de apelación el día Lunes 8 de abril de 1996,

    cuando habían transcurrido trece (13) días (conforme los días de asueto que

    afectaban la presentación de escritos ante el Tribunal para el presente

    caso)." (Fs. 474, 476)

    La Sala comparte la conclusión a la

    que arribó el tribunal en cuanto a la interpretación y aplicación uniforme que

    debe dársele, de ahora en adelante, al artículo 484 del Código de Procedimiento

    Marítimo, consistente en dejar sentado que el término para sustentar el recurso

    de apelación será siempre de quince (15) días, según lo claramente establecido

    por la norma y que ese término comenzará a correr sin distingos (aún para casos

    como el presente en que se dicta una sentencia oral y la parte anuncia el recurso

    en ese momento) a partir de la fecha en que a las partes se les haga la

    notificación de que la transcripción de los alegatos y de dicha sentencia ha

    sido integrada al expediente.

    La Sala ha podido verificar que el

    computo hecho por el tribunal es correcto, al contar los quince días

    correspondientes desde el 15 de marzo en que fue desfijado el edicto, tomando

    en cuenta los días inhábiles y de suspensión de términos del Órgano Judicial

    (por Semana Santa), que dio como resultado que el apelante tuviese hasta el 10

    de abril para sustentar el recurso. De esa manera, al presentar su escrito el 8

    de abril de 1996 la parte actuó dentro del término.

    En cuanto a los argumentos de la

    parte demandada apelante, la Sala debe señalar que es evidente que la actuación

    del Tribunal Marítimo, contenida en la resolución de 30 de abril de 1996, no

    implica ni la reforma, ni la revocación, ni la aclaración de la sentencia, sino

    la enmienda del error en que incurrió en el establecimiento del término para la

    sustentación del recurso de apelación contra la misma y, en consecuencia, para

    la admisión del recurso.

    Suficientes razones ha dado el

    Tribunal Marítimo que justifican la decisión que se examina, y encuentra la

    Sala que el motivo primordial que le ha servido de apoyo es de una naturaleza

    procesal incuestionable. El artículo 484 del CPM no contempla la existencia de

    un término de doce (12) días aplicable en los casos en que la notificación de

    la sentencia se haya surtido en las condiciones en que fue llevada a cabo en este

    caso. Es evidente que, si con anterioridad ese término de doce (12) días fue

    aplicado a situaciones similares a la del presente caso, tal práctica es a

    todas luces incorrecta y lo prudente y aconsejable, por simple higiene

    procesal, es que la equivocación no se siga cometiendo.

    No procede por tanto, la concesión

    del recurso de apelación y la Sala CONFIRMA la resolución de 20 de abril de

    1996, por medio de la cual el Tribunal Marítimo ADMITE el recurso de apelación

    presentado por la parte demandante contra la sentencia que decidió este

    proceso.

    La Sala procede de inmediato al

    examen correspondiente del recurso de apelación propuesto por la parte

    demandante y de la Sentencia de 19 de septiembre de 1995, objeto del mismo.

    Veamos, en primer lugar, las principales

    consideraciones en que se fundamenta el fallo impugnado:

    SENTENCIA

    DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1995

    La MICHELLE TRADING CORP. presentó

    demanda, ante el Tribunal Marítimo de Panamá, contra ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS,

    S.A. para que fuere condenada a pagarle la suma de US$ 522,411.04 más

    intereses legales, costas y gastos, debido a que dicha compañía declinó la

    cobertura del reclamo originado por los daños amparados por la póliza Nº

    05B60312C, que sufriera la demandante el 30 de noviembre de 1993 en el puerto

    de C.S..

    En los hechos de la demanda se

    expresa que las partes suscribieron un contrato de seguro marítimo o póliza

    flotante de transporte marítimo de carga que amparaba todo riesgo de bodega a

    bodega, por lo que se reclama la cobertura de ésta sobre una mercancía que fue

    embarcada en Colombia con destino a C.S. a bordo de la M/N ISABELA, pero

    que después de haber sido desembarcada en el muelle de C.S. fue saqueada.

    Por su parte la demandada, en

    síntesis, niega los hechos y opone como defensa fundamental la contenida en la

    carta mediante la cual declinó el reclamo; carta que fue aportada por la

    demandante y aparece a fojas 64 del expediente, de la que resultan

    sobresalientes los siguientes párrafos:

    "...

    Aún

    considerando que se trate de una importación, la embarcación utilizada para el

    transporte de este cargamento identificada como "Isabela" no cumple

    con la garantía de clasificación exigida en las condiciones generales en su

    cláusula de "Medios de Transporte y en la cláusula de "Clasificación

    de buques" establecida en el endoso D del 1º de septiembre de 1992 que

    forman parte de la póliza.

    ...

    Desafortunadamente,

    el incumplimiento antes mencionado deja sin efecto toda protección brindada por

    la póliza para cualquier embarque. Dado lo anterior estamos obligados a

    adelantar la declinación del caso por este punto, reservándonos el derecho de

    sumar a lo anterior, cualesquiera otras razones que impidan igualmente

    favorecer el pago y que fuesen detectados en transcurso de las verificaciones

    adicionales que pudieran caber."

    En el fallo se hace referencia a la

    diversas pruebas aportadas por las partes, entre las que cabe mencionar la

    carta de 27 de junio de 1994 (fs. 66) mediante la cual la aseguradora negóse a

    recibir el importe de la prima (prima de vuelta), por no reconocerse la

    vigencia ni la cobertura del contrato de seguro en este embarque, ante la

    ausencia del cumplimiento del requisito de clasificación del buque empleado, en

    desobediencia de lo exigido por la póliza. Igualmente se hizo mención al

    conocimiento de embarque 099 (fs. 117), calificándolo como un documento que no

    ofrece mayores detalles; que no es un documento usual, por carecer de la

    información adecuada sobre el transportista, pues únicamente señala el nombre

    de la motonave. En opinión del juzgador dicho documento no representa

    propiamente un contrato de transporte y, en todo caso, podría considerársele

    solamente como una constancia del recibo de la mercancía a bordo de la M/N

    ISABEL. El mismo no aparece suscrito por el capitán de la nave y sólo tiene un

    sello de la compañía naviera Navier.

    Señala el tribunal que no se produjo

    mayor controversia entre las partes en cuanto a los sucesos que motivaron la

    pérdida, ubicándose y centrándose el contradictorio alrededor de la declinatoria

    que hizo la compañía, al sostener que no había cobertura por cuanto el buque

    que transportó la mercadería no estaba clasificado, incurriendo el asegurado en

    la violación de una garantía expresa de la póliza, contenida en el endoso o

    adenda "D" de ese documento,

    así como de la cláusula sobre "Medios de Transporte", que exigían al

    asegurado transportar la carga en un buque clasificado. Analizó el tribunal la

    tesis de la parte demandada que en su defensa arguye que el incumplimiento de

    la garantía expresamente pactada da lugar a la anulación del contrato en

    relación con los bienes transportados sin cumplir el pre-requisito de emplear

    buques clasificados, todo lo cual se traduce en la ausencia de cobertura de la

    póliza respecto a ese específico embarque de mercaderías (contestación al hecho

    vigésimo primero de la demanda). Aduce la demandada que, en este caso, desde el

    momento en que se transportó la mercadería a bordo de un buque no clasificado,

    la póliza quedó sin vigencia por incumplimiento, y que los efectos de ese

    incumplimiento se traducen en que, de ahí en adelante, la cobertura cesaba en

    cuanto a ese embarque (incluso para el saqueo que con posterioridad se produjo

    en el muelle).

    A. también lo que la parte

    demandante sostiene en el sentido de que, aún cuando existía la garantía

    expresa en la póliza de que la mercancía debía transportarse en un buque

    clasificado, en este caso se mantiene la cobertura, ya que la exigibilidad de

    la clase de transporte únicamente operaba y era una condición obligatoria que

    debía cumplir el asegurado durante el lapso correspondiente al transporte o

    tránsito marítimo, y como la pérdida se dio posteriormente en los muelles,

    después de la descarga, nuevamente había quedado restablecida la vigencia de la

    póliza. De allí que sí existía la cobertura al producirse la pérdida, por

    tratarse de una póliza de bodega a bodega y por haber ocurrido el siniestro en

    tierra. El hecho de que el buque ISABELA no fuera clasificado (incidencia que

    estima el tribunal ha sido acreditada en el proceso y que es aceptada por la

    demandante), según ésta última (la actora) no tiene mayor pertinencia, pues tal

    situación se constituye en una obligación promisoria o de conducta, que sólo es

    exigible durante el transporte marítimo, suspendiendo la vigencia de la póliza

    sólo en ese tramo del contrato.

    El sentenciador señala que ambas

    partes aducen la aplicación del derecho extranjero y presentan pruebas al

    respecto, lo que se atribuye a que la póliza que nos ocupa es copia literal de

    las utilizadas en los Estados Unidos e Inglaterra, redactada desde una

    concepción contractual anglosajona, la cual difiere de los principios

    contractuales de los países con derecho codificado, sin que esto signifique que

    se vaya a desconocer que el derecho sustantivo aplicable, conforme al artículo

    557 ord. 11 C.P.M., es el del domicilio del asegurador, salvo pacto en

    contrario.

    En este caso el contrato de seguro,

    visible a foja 10 y siguientes (póliza flotante de Transporte Marítimo de Carga

    Nº 05b60312C), no contiene pacto en contrario por lo que, en principio, queda

    sujeto a lo que prescriben las leyes de la República Panamá. Mas el Tribunal

    Marítimo señala que:

    "...

    No obstante, no puede pasar desapercibido por este Tribunal, que el

    espíritu en que se fundamentan estas pólizas provienen del derecho anglosajón,

    específicamente del derecho inglés, en el cual se inspiró el derecho

    norteamericano, es más, como podemos ver de los tratadistas, los Estados Unidos

    ha tratado de mantener una armonía con Inglaterra en cuanto a la aplicación e

    interpretación de los contratos o las pólizas de seguro, siendo una norma de

    gran importancia como antecedente de estos tipos de pólizas, el "Marine

    Insurance Act de Inglaterra de 1906". ..." (foja 386 negrita como

    aparece)

    También el Juez Marítimo puso su

    atención en el hecho de que esta es una póliza redactada "de conformidad

    con la cláusulas utilizadas por el Instituto de Aseguradores de Londres, dentro

    de la Reformas del Instituto para Cargamentos (A) de 1º de enero de 1982,

    Bodega a Bodega, más Riesgos de Guerra".

    El a-quo hizo un recuento de las

    disposiciones del Código de Comercio aplicables al caso, hasta llegar a las

    normas más específicas sobre la forma del contrato de seguros (art. 1364), el

    contenido de la póliza de seguro (art. 1365) y sobre la póliza flotante (art.

    1368), señalando que esta última norma permite la no inclusión del nombre del

    buque y la no identificación de la mercadería, en virtud de que una póliza

    flotante es una póliza que se mantiene en vigencia y el asegurado, conforme

    realiza su giro comercial de transporte, le irá suministrando la información a

    la compañía de seguros según la vaya recibiendo. En otras palabras, se trata de

    una póliza en donde el seguro es descrito en términos generales y deja el

    nombre del buque y otros particulares para que sean precisados en las

    declaraciones subsiguientes. Esas declaraciones deben ser hechas en el orden de

    la expedición o embarque, debiendo comprender todos los envíos dentro de los

    términos de la póliza.

    Se hace énfasis en que el punto

    medular de la controversia, fue expuesto por la parte actora a través del hecho

    vigésimo primero de la demanda corregida (fs. 101), y de la contestación dada

    al mismo por la demandada (a fojas 113). Allí se dice:

    "VIGÉSIMO

PRIMERO

No hay ninguna cláusula, ni estipulación en la póliza que indique que

se invalida completamente la póliza en caso de incumplimiento con la obligación

de cargar los efectos asegurados según el Endoso Nº *D*.

A esto se

contesta:

VIGÉSIMO

PRIMERO

Esto no es un hecho sino una apreciación de derecho en relación a la

interpretación del contrato de seguro (póliza). En este sentido es cierto que

la póliza no afirma que se invalida en el caso de transporte en buques no

clasificados (cláusula de Medios de Transporte y Endoso D), ya que el

transporte en este tipo de buques es un pre-requisito para la existencia de la

cobertura; de no darse no existe cobertura, en otras palabras no existe

contrato de seguro sobre esos bienes."

Apunta el sentenciador que la

interpretación contractual que nos ocupa se encuentra elaborada en la doctrina

de las llamadas "Garantías" ("Warranties"

en inglés) y para mejor ilustración cita la definición de garantía, ofrecida

por el profesor B. en su obra MARINE INSURANCE and GENERAL AVERAGE in the

UNITED STATES, edición de 1973, editada por Cornell Maritime Press Inc.,

Cambridge, Maryland, pág. 17:

"Garantías,

Etc.

Hay dos

tipos de garantías (warranties): primero, una garantía promisoria (o promissory

warranty), "eso es decir, una garantía por la cual el asegurado se obliga

(asume) que alguna cosa en particular se hará o no se hará, o que cierta

condición será cumplida (se llevará a cabo (full-filled"), o por la cual

él afirma o niega la existencia de un estado particular de hechos (se cita el Marine

Insurance Act, sección 33 (3)); ...

... en

segundo lugar, el término garantía se utiliza para denotar una mera limitación

en, o excepción de, las palabras generales de la póliza.

En el caso de una garantía promisoria, la garantía debe ser exactamente

cumplida (debe ser cumplida exactamente), sea material al riesgo o no. Si no se

cumple con la misma, el asegurador queda descargado de responsabilidad desde la

fecha de la violación de la garantía (del incumplimiento de la garantía) pero

sin perjuicio que cualquier responsabilidad en que haya incurrido (el

asegurador) antes de esa fecha (Marine Insurance Act, Sección 33 (3)) ..."

(fj. 394 y 395)

De acuerdo con la legislación

inglesa (Marine Insurance Act, 1906) cuando se incumple una garantía promisoria,

a partir de ese incumplimiento hacia el futuro, deja de existir la

responsabilidad de la compañía de seguros. Sólo si el suceso (riesgo/siniestro)

se da antes de ese incumplimiento habrá responsabilidad para el asegurador.

Pasa luego el tribunal a estudiar la

relación de causalidad que esgrime la parte demandante en este caso, cuando

aduce la existencia de los Estatutos del Estado de Texas (Caso Wilburn Boat Co.

v Fireman Fund Inc. Co.), que expresamente establecen que para que la garantía

tenga efecto y se pueda invalidar el contrato de seguro, la causa tiene que

haber contribuido a la pérdida, o sea, que la cobertura de la póliza se

mantiene si la causa de la pérdida no se relaciona directamente con la garantía

incumplida por el asegurado.

En uso del anterior argumento la

parte actora alega que la causa de la pérdida de la mercancía transportada a

bordo de la M/N ISABELA no se dio durante el transporte marítimo, sino después

de la descarga, o sea que los hechos materiales que originaron la pérdida no estuvieron

relacionados directamente con la garantía, por tanto es aplicable la teoría del

mencionado caso W.B., como se ha venido empleando en un sinnúmero de

casos por la jurisprudencia norteamericana.

Ahora bien, el Tribunal Marítimo

acota que aquella decisión judicial se basó en un estatuto que así expresamente

lo determinaba, resaltando que en el Marine Insurance Act de 1906 de Inglaterra

hay una disposición normativa que establece una regla que le es completamente

contraria, por cuanto que, de acuerdo a este último cuerpo legal, donde ocurra

una violación de una garantía expresa promisoria (promissory warranty),

simplemente se da el incumplimiento del contrato y la cobertura desaparece para

siempre. (fs. 400)

En cuanto a la teoría de que la violación

de la garantía debe haber sido la causa de la pérdida, es decir, que debe

existir una relación de causalidad para que se pueda invalidar el contrato,

como se sostiene en el estatuto tejano, advierte el tribunal que fuera de este

caso particular, aún en los propios Estados Unidos no existe una regla

específica que regule la materia, por lo cual los precedentes federales de ese

país se mantienen en armonía con los precedentes de Inglaterra en donde, como

queda dicho, se exige el estricto y literal cumplimiento de la obligación

(garantía) establecida en el contrato. Sobre este punto el Juez Marítimo citó

el criterio expuesto por el autor T.S., que en su obra más

reciente, publicada por West Publishing Company, Minneapolis, 1994, mantiene incólume

el principio de que "las garantías de las pólizas de seguro marítimo deben

ser cumplidas estrictamente y que el incumplimiento de una garantía promisoria

da lugar a que quede sin efecto la cobertura de la póliza". Al abundar

sobre el tema se sigue citando a este autor en los siguientes términos:

"...

Las garantías en una póliza de seguro marítimo (esto es importante destacarlo),

podrán ser expresadas en la póliza o estar implícitas en la ley. El

incumplimiento de una garantía permite al asegurador desconocer el contrato de

una manera similar a la no revelación ("nondisclousere") o a la falsa

representación ("misrepresentation" ...). Sin embargo, el no

cumplimiento de una garantía difiere del "nondisclousure" o del "misrepresentation"

en dos importantes aspectos. Primero, el "nondisclosure" o

"misrepresentation" requiere un análisis de la materialidad, o sea

que hay una causa de efectos, mientras que la violación o incumplimiento de una

garantía no ...".(402)

Acerca de la materia, el Tribunal

Marítimo añade la cita extraída de la obra "MANUAL DE SEGUROS DE

TRANSPORTE MARÍTIMO" (Segunda Edición, 1983, pág. 106), de Dante Di

Liberto quien, cuando se refiere a la naturaleza de la garantía, indica que la

misma puede ser expresa o tácita y que de acuerdo a su definición "es una

condición que debe ser exactamente cumplida, afecte o no materialmente al

riesgo ...". En otras palabras, se rechaza y se descarta la posición de

que para que se produzcan los efectos anulatorios tenga que existir una relación

de causalidad entre la garantía y la pérdida como lo exige el estatuto tejano.

De la última obra citada se extrae el siguiente pensamiento:

"...

Si no fuese cumplida exactamente, entonces, subordinado a cualquier

estipulación expresa en la póliza, el asegurador queda descargado de su

responsabilidad desde la fecha de la violación de la garantía, pero sin

perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido antes de tal

fecha." (Fs. 404)

El fallo dictado por el Tribunal

Marítimo, en atención a las consideraciones formuladas, arribó a ciertas

conclusiones en las que se apoyó para resolver el presente caso. Ellas fueron:

1) El incumplimiento de una garantía

sólo está justificado cuando, por razones del cambio de circunstancias, tal

garantía deja de ser aplicable a las que concurren en el contrato y, cuando su

ejecución se hace ilícita a partir de la entrada en vigencia de una ley

posterior. Precisó el tribunal que ninguno de esos dos supuestos se dieron en

el presente caso.

2) Cuando se infringe una garantía,

"el asegurado no puede alegar en su defensa que la violación ha sido

remediada y la garantía cumplida, antes de producirse, la pérdida".

3) El asegurador puede renunciar a

su derecho frente a una violación de garantías. Sobre este punto, sostiene el

sentenciador que los hechos revelan que la causa de la declinación fue la

violación de una garantía consignada en la póliza que obligaba a transportar

los bienes en un buque clasificado. Y, consecuentemente, se adhirió a lo que

expresó la parte demandada sobre el particular, de que, cuando se suscribe una

póliza flotante, el asegurador pierde contacto con el giro comercial del

asegurado, por lo que tiene que establecer dentro de la póliza ciertas

garantías, para tener la certeza de que el transporte se llevará a cabo

empleando a empresas navieras que utilizan buques calificados y que actúan y se

conducen con la diligencia que es aceptable para las compañías aseguradoras.

Al volver sobre el argumento de la

parte demandante pertinente a la relación de causalidad, explicado en que el

incumplimiento de la garantía sólo puede ser invocado como causal de

exoneración de la responsabilidad de la aseguradora siempre y cuando la

garantía tenga relación con el riesgo asegurado, el fallo apelado expresa que

un estudio de la póliza, así como la interpretación de sus cláusulas no puede

hacerse al margen y sin advertir que en la ley panameña no existe ninguna norma

que se refiera a las garantías ni que diga que, para que las mismas tengan

efecto o que su incumplimiento cause la no aplicación del contrato de seguros,

deba existir una relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño

causado.

Acota el Tribunal Marítimo que a

fojas 19 del expediente se lee la cláusula medular del contrato, en cuanto a

este caso, representada por el Endoso Nº D que forma parte de la póliza Nº

05B60312C del ramo de carga marítima emitida a favor de Michelle Trading Corp.,

"Cláusula de clasificación de buques", en la que consta que el

asegurado se obliga a cargar los

efectos asegurados en buques clasificados, construidos de acero, no mayores de

15 años de edad y de no menos de 1,000 toneladas métricas.

La redacción de esta cláusula

establece una obligación para el asegurado, a través de una garantía expresa de

cargar los efectos en buques clasificados; "y desde el momento en que el

asegurado en este caso, los puso a bordo de la M/N "ISABELA" -que era

un buque no clasificado- desde ese momento, no había cobertura de la póliza,

por incumplimiento del contrato de seguro marítimo". Y como los hechos que

causaron el siniestro (los concernientes al saqueo) se produjeron con

posterioridad al incumplimiento del contrato, no hay cobertura de la póliza.

Todo esto se compadece con la causa de la declinatoria del pago, se compadece

con la doctrina y no está en contradicción, sino conforme, con las normas

aplicables de la ley panameña (artículos 214, 997, 194 del Código de Comercio y

973, 976, 1133 y 1009 del Código Civil), acerca de las que, finalmente, el

a-quo elabora la explicación correspondiente.

RECURSO

DE APELACIÓN INTERPUESTO POR MICHELLE TRADING CORP. (Fs. 419 a 466)

Veamos, en síntesis, los cargos que

el demandante apelante hace contra la sentencia dictada por el Tribunal

Marítimo.

Empieza el recurrente haciendo un

recuento de los hechos del proceso, para luego ocuparse de la "Doctrina de

las Garantías en el Derecho Anglosajón". Hace notar que la legislación

panameña, en el ámbito del seguro marítimo, no establece una definición sobre

qué tipo de cláusula constituye una garantía incorporada dentro de una póliza

de seguro, y menos aún regula los efectos que pueda tener un instituto de esta

naturaleza en el contrato. La doctrina extranjera distingue dos tipos de

garantías: implícitas y expresas. Estas últimas se dividen en afirmativas y

promisorias. Las garantías afirmativas son declaraciones por las cuales el

asegurado afirma o niega la existencia de determinada situación de hecho; las

garantías promisorias son aquellas mediante las cuales se compromete a hacer o

no hacer alguna cosa o a cumplir determinada exigencia.

En este punto el demandante coincide

con la postura asumida por el tribunal, acerca de que las cláusulas de

clasificación de buques dentro de la póliza corresponden a las llamadas

garantías promisorias expresas. Lo que se le cuestiona al fallo es el análisis

que hace de los efectos del incumplimiento de una garantía promisoria, pues

condicionó la interpretación de nuestras normas legales vigentes (referentes a

contratos y contratos de seguros) a la aplicación de la doctrina anglosajona sobre

la materia.

Manifiesta la censura que el Juez

Marítimo erró al interpretar la doctrina norteamericana en esta materia,

especialmente en cuanto al caso WILBURN BOAT Co. -vs- FIREMAN'S FUND INS. Co.,

que citó, pues hizo su propio análisis de este caso y su interpretación de las

leyes norteamericanas, desestimando las opiniones de expertos y la

jurisprudencia que aportó la parte demandante. Destaca que, si bien es cierto,

el WILBURN es un caso que provocó una notable controversia en la doctrina y la

jurisprudencia norteamericana, ante todo por haber priorizado la aplicación de

leyes estatales a casos marítimo federales, es decir, por subordinar la ley

federal marítima a las estatales (las cuales están sujetas a variaciones en

materia de garantías). Esa decisión jurisprudencial tuvo el efecto de repudiar

la interpretación "inflexible y draconiana" de las cortes inglesas en

materia de garantías. Explica que las cortes federales han creado su propia

interpretación de las garantías desde el caso W.; interpretación que sin

basarse en la teoría de la causalidad, ha encontrado su soporte y desarrollo en

la teoría que establece que el incumplimiento de una garantía promisoria

expresada dentro de una póliza de seguro marítimo, "a menos que haya una

cláusula expresa en la póliza que de por terminada la cobertura, solamente

suspende la cobertura mientras dure dicho incumplimiento". O sea, que

cualquier siniestro que ocurra cuando el asegurado esté incumpliendo la

garantía no está cubierto, aunque no haya nexo causal, pero si el

incumplimiento cesa y el siniestro ocurre estando el asegurado cumpliendo la

garantía, el asegurador no puede alegar el incumplimiento anterior. La única

excepción a esta regla tendría lugar cuando el siniestro ocurra luego de que el

asegurado haya restablecido el cumplimiento de la garantía, pero la causa del

siniestro consista en eventos ocurridos durante el lapso en que se produjo el

incumplimiento.

Se queja el apelante porque el juez

marítimo, sin tomar en cuenta la jurisprudencia casuística federal

norteamericana, acogió en su fallo preceptos tradicionales del derecho

anglosajón sobre garantías contenidas en el MARINE INSURANCE ACT 1906 de

Inglaterra lo cual lo condujo a sacar conclusiones como la externada a página

32 de la sentencia:

"Por

lo tanto, vemos que S. al año de 1994 mantiene incólume el principio de

que las garantías de las pólizas de seguro marítimo deben ser cumplidas

estrictamente y que el incumplimiento de una garantía promisoria da lugar a que

quede sin efecto la cobertura de la póliza."

En concernencia a este tópico la

parte actora trae a colación las opiniones vertidas por el propio autor que

cita el tribunal (Schoenbaum) en un reciente artículo que publicó en el

semanario Mundo Naviero y del Transporte (Ediciones de 16 y 23 de marzo de

1996), titulado "Violaciones de Garantías Promisorias en Contratos de

Seguros Marítimos". En ese trabajo su autor concluye destacando que, al

permitir que el asegurado remedie la violación y se reconozca la cobertura cuando

la pérdida no esté relacionada de modo alguno con la violación, "la ley

americana sobre garantías promisorias ofrece un enfoque balanceado que mitiga

las consecuencias tan potencialmente severas de las violaciones de garantías

conforme a la ley inglesa de seguro marítimo".

Según el apelante, tanto la doctrina

inglesa como la estatal norteamericana provienen de fuentes estatutarias (las

leyes marítimas federales norteamericanas provienen de decisiones de las cortes

federales). En el caso inglés, el Marine Insurance Act 1906 es rígido en lo que

respecta a las garantías promisorias, pues en su sección 34 (2) se establece

que, una vez que se ha incumplido con una garantía, el asegurador queda

relevado de toda responsabilidad bajo la póliza y el asegurado no puede aducir

que el incumplimiento era temporal o que ha sido remediado antes de la pérdida.

Es decir, que no le cabe responsabilidad al asegurador, sin importar que la

pérdida haya ocurrido en un momento en que el asegurado estaba cumpliendo la

garantía, pues la exoneración es el producto del incumplimiento previo, aunque

el mismo no haya tenido nada que ver con la pérdida. Para rebatir esa rígida

postura acogida en la sentencia, la censura se refiere al supuesto regulado por

la sección 34 (1) del Marine Insurance Act inglés de 1906 y lo interpreta en

relación al presente caso. Veamos lo que dice:

"34(1)

...

Traducción:

"El incumplimiento de una garantía es dispensado cuando, debido a un

cambio de circunstancias, la garantía deja de ser aplicable a las

circunstancias del contrato, ..." (Fs. 435 del expediente)

Se explica que el ejemplo clásico de

esta situación se produce cuando se formula la garantía para cubrir riesgos de

guerra, en la que se estipula que los buques asegurados quedan obligados a

andar siempre en convoyes de veinte (20) o más naves. Pero cuando el riesgo de

guerra desaparece, cambian las circunstancias del contrato y el asegurado no

está obligado a cumplir esa garantía promisoria. De modo que, a juicio del

recurrente (contrario a lo que afirma el demandado), esa norma de la ley

inglesa "si mantiene el requisito de que la garantía tiene que estar

relacionada al riesgo para que su cumplimiento sea exigible al asegurado".

El apelante considera que la

situación que contempla la norma antes citada se aplica al caso que nos ocupa,

"ya que al momento en que la mercancía asegurada se descargó del buque las

circunstancias del contrato cambiaron. La garantía de clasificación de buques

deja de ser aplicable a las circunstancias del contrato al momento en que la mercancía

está en tierra" y "el riesgo relacionado con la clasificación del

buque deja de existir".

Sin embargo, posteriormente señala

como aplicable al presente caso la doctrina que consagran las leyes marítimas

federales norteamericanas, que no están basadas en la causalidad pero que

aplican la teoría de que la violación de una garantía promisoria dentro del

contrato de seguros "producen la suspensión, a diferencia de la

terminación, de la cobertura o de la obligación del asegurador de indemnizar al

asegurado por cualquier pérdida sufrida". Dicha suspensión se mantiene

mientras dure la violación, pero luego de que los efectos asegurados son

removidos del riesgo adicional ocasionado por la violación, se restablece el

equilibrio del contrato y la cobertura. Sólo si la pérdida ocurre durante la

violación de la garantía, aunque no haya nexo causal entre ambas, el asegurador

no estará obligado a indemnizar.

Argumenta, entonces, que la póliza

que nos ocupa cubre "TODO RIESGO" y que en sus condiciones generales se

describen los medios de transporte, en los cuales los objetos asegurados están

sujetos a todo riesgo. Pero cuando los objetos del seguro fueron descargados en

el muelle, desde allí estaban sujetos a los riesgos de tierra, por lo que el

asegurado ya no estaba incumpliendo la garantía; "la garantía de

clasificación ya no era aplicable por no ser subseptible (sic.) de ser ni

incumplida ni cumplida", de modo que la cobertura de la póliza se había

restablecido.

Añade que en esta póliza no se pactó

la terminación de la cobertura por el resto de la duración del contrato cuando

ocurriere la violación de una garantía promisoria, afirmando que, en estos

casos, el asegurador debe insertar una cláusula expresa que lo releve de la

obligación de indemnizar por el resto de la vida del contrato. "El Derecho

Panameño y la Póliza"

Dice el demandante que en cualquier

póliza de seguros las obligaciones recíprocas de pagar la prima e indemnizar en

caso de siniestro serán siempre el asunto principal.

La parte demandante aceptó que

incumplió involuntariamente con la cláusula de clasificación de buques

contenida en el Endoso D y en las condiciones generales de la póliza. Esta

cláusula de clasificación es una obligación que debe cumplir el asegurado para

que la obligación del asegurador de indemnizar por pérdida se dé,

"mientras los efectos asegurados estén a bordo de un buque". El

incumplimiento de esta obligación o condición, "si bien releva al

asegurador de la cobertura mientras el asegurado la incumple, no faculta al

asegurador a rescindir el contrato".

A juicio de la censura, el efecto

del incumplimiento de la condición de clasificación del buque en este tipo de

póliza, da lugar a la suspensión de la cobertura, en base a los siguientes

artículos (que transcribe): 1009 C.C.; y, 994 (núm. 5, 6), 1016 (núm 8),

1408 del C. de Comercio.

Se alega que, de acuerdo a los

artículos 994 y 1016 del Código de Comercio, los riesgos y el período (bodega a

bodega) estaban bien definidos en la póliza y, a falta de pacto expreso, el

contrato sólo se podía rescindir o anular conforme a los casos que determina el

artículo 1408 del citado Código.

Considera el apelante que, el

"asegurador no queda facultado a dar por resuelto un contrato de esta

índole en virtud del artículo 1009 del Código Civil, como determinó el Juez

Marítimo al condicionar su interpretación de dicha norma a sus preceptos de la

doctrina anglosajona sobre garantías". Sostiene que, según la norma, en

caso de que el asegurado incumpla con la obligación adicional de cargar la mercancía

en buque clasificado, la obligación de indemnizar del asegurador quedaba

resuelta "mientras -dentro de la duración del contrato con respecto a

dicha mercancía (bodega a bodega)- el asegurado no cumpliera con dicha

obligación adicional". Es decir que en este caso, si por ejemplo, se

hubiese transbordado la carga en un puerto intermedio y el asegurado después

carga la mercancía en un buque clasificado, la obligación del asegurador de

indemnizar se reactiva. O sea, que "la resolución de una obligación no

implica la resolución del contrato".

Concluye el recurrente señalando

que, siguiendo el espíritu de la norma antes citada (art. 1009 del Código

Civil), "el asegurador no tiene que cumplir con una obligación si el

asegurado no cumple con la suya, o sea que se suspenden los efectos del

contrato mientras dure este incumplimiento, estando el asegurador obligado a

cubrir de bodega a bodega". De manera que el asegurador sólo puede dar por

resuelta su obligación recíproca para con el asegurado mientras éste incumple

con su obligación o condición.

EXAMEN

DE LA CORTE

Resumiendo los antecedentes del caso

se puede decir que el reclamo está fundamentado en un Contrato (Póliza) de

Seguro Transporte Marítimo de Carga, denominado Póliza Flotante, contrato que

corresponde a la póliza Nº 05B60312C, suscrito entre MICHELLE TRADING CORP.

(demandante-apelante) y ASSA Compañía de Seguros, S. A. (demandada) y que

amparaba todo riesgo de bodega a bodega. Dicho reclamo obedece, entonces, a la

pérdida de mercancía que sufriera el asegurado-demandante el día 30 de

noviembre de 1993 en el Puerto de Coco Solo, C., por motivo de un saqueo,

ocurrido después que la mercancía había sido desembarcada de la M/N ISABELA en

dicho muelle, procedente de un puerto de Colombia.

La compañía de seguros declinó el

reclamo mediante carta que enviara a la asegurada (fs. 64), debido a que ésta

dejó de cumplir "con la garantía de clasificación exigida en las

condiciones generales en su cláusula de Medios de Transporte y en la cláusula

de `Clasificación de buques´ establecida en el endoso D del 1º. de septiembre

de 1992 que forman parte de la póliza".

De todo lo expuesto se infiere que

no hay controversia entre las partes en cuanto a los hechos ocasionadores de la

pérdida, circunstancia que fue suficientemente aclarada por el Tribunal

Marítimo en su fallo. El cargo que concretamente formula la parte demandante

-asegurada- a dicho fallo radica en los efectos que atribuyó al incumplimiento

de la garantía promisoria expresa y contenida en el contrato, pues, éstos los

extrajo de la ley inglesa, con motivo de su interpretación de la doctrina

anglosajona sobre la materia, lo que condicionó, a su vez, la aplicación de

nuestras normas sobre los contratos en general y el de seguro en particular en

forma errónea.

El apelante hace constar su

inconformidad con la conclusión a la que arribó el tribunal sobre la

consecuencia que produce el incumplimiento de una garantía promisoria expresa y

contenida en un contrato de seguro marítimo, así como su desacuerdo con la

deducción extraída del extenso análisis que hizo acerca de lo que sostienen las

diferentes corrientes anglosajonas, como son las leyes estatales y las

federales norteamericanas y la inglesa contenida en el Marine Insurance Act de

1906, que condujo al juzgador a inclinarse por lo que establece esta última, al

exigir el cumplimiento estricto de la garantía, puesto que cualquier desviación

o inobservancia en esa dirección supone la desaparición de la cobertura de la

póliza.

Luego de examinar minuciosamente la

resolución impugnada y los argumentos de la censura, estima la Sala que el

criterio del sentenciador de instancia es acertado y cónsono a la naturaleza

del tipo de póliza bajo examen.

Puesto en la necesidad de discurrir

acerca de cuál viene a ser el criterio aplicable para la interpretación más

apropiada de este contrato de seguro, denominado "Póliza Flotante de Transporte Marítimo de Carga", el Juez

Marítimo precisó que el antecedente de estas pólizas es el derecho inglés (en

el que se inspiró el norteamericano) y, destacó la importancia de la

circunstancia de que esta póliza haya sido redactada conforme a las cláusulas

utilizadas por el Instituto de Aseguradores de Londres dentro de las Reformas

del Instituto para Cargamentos (A) de 1º de enero de 1982, Bodega a Bodega, más

riesgos de guerra. (ver fs. 12 y 13 del exp.)

Sobre el particular, cabe poner

atención a lo dicho por la compañía de seguros en su alegato de oposición al

recurso de apelación, en relación a los formatos o modelos estándares más utilizados

para la redacción de este tipo de contrato de transporte marítimo de carga o

póliza flotante y la ley que les sería pertinente. Veamos:

"La

redacción del contrato de transporte marítimo de carga o póliza flotante es de

tal complejidad técnica y la amplitud, alcance e interpretación de cada una de

sus cláusulas es tan importante en la cuantificación del riesgo asumido por el

asegurador, que los formatos o modelos que se utilizan se encuentran

universalmente estandarizados, siendo los estándares más utilizados, los del

Instituto de Cargamentos de Londres, los del Instituto Americano y los

utilizados por los países nórdicos. En el caso que nos ocupa se ha seguido el

modelo inglés correspondiente a las Cláusulas del Instituto para C. de

Londres, Modelo A, Revisión 1/1/82, y es en base a ese formato o redacción

específica que el asegurador en Panamá, al igual que en otros países, coloca

ese riesgo en reaseguro a través del mercado de Londres, país donde este tema,

por su importancia y trascendencia va mas allá de las fronteras del Reino Unido

y a pesar de tratarse de un país de derecho consetudinario(sic), ha sido

minuciosamente regulado a través de una ley denominada "Marine Insurance

Act de 1906". (F. 492)

Identificada la fuente que inspira y

origina el clausulado de la póliza en materia de las garantías compromisorias

hay que aceptar que cobra peso y sustentación la decisión del juzgador de

primera instancia cuando recurre a la doctrina y a la jurisprudencia inglesa y

específicamente a la ley "Marine Insurance Act de 1906", como fuente

de ilustración y de guía en el presente caso.

El autor D.D.L.D., en su

obra "El Contrato de Seguro Marítimo", se refiere al problema de la

armonización de los principios contenidos en los Códigos de Comercio

Latinoamericanos en materia de seguro marítimo con los tradicionales principios

del seguro inglés, debido a que "el seguro marítimo nacional tiene una

situación de dependencia con el inglés, precisamente por la incorporación de

las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres, antes referidas"

(Ob. Cit. pág. 133). En opinión de este autor, y más allá de la inserción de

tales cláusulas en nuestros contratos y de que haya sido adoptado aquel modelo,

es "lamentable observar sentencias judiciales de nuestros tribunales dando

preponderancia a dispositivos legales nacionales que se oponen abiertamente a

principios contenidos en las cláusulas del Instituto de Aseguradores de

Londres, no obstante que constituyó libre voluntad de las partes el someterse a

dichas cláusulas" (ob. cit. pág. 132). Por ese motivo, partiendo de la

situación descrita, no vacila en calificar la actuación tribunalicia basada en

la interpretación de las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres con

relación a las normas legales de nuestros países, hecha con abstracción de lo

que constituye su verdadera fuente originaria, como una postura inaceptable e

insólita.

En este proceso se aplicó la

legislación nacional como derecho sustantivo, en base al artículo 557, numeral

11 del Código de Procedimiento Marítimo, hasta el punto en que su alcance

regulatorio y dispositivo sobre el caso particular que se ventila resultó

lógico y razonable, ya que nuestra legislación no define conceptos y principios

sobre el problema de los efectos del incumplimiento de una garantía

(cláusula-endoso) expresada y contenida en un contrato de seguro marítimo

(póliza flotante), a diferencia de lo que hace la ley inglesa que fue

analizada, interpretada y ajustada en lo pertinente a la solución concerniente

a la interpretación de la póliza. Una operación interpretativa de esta

naturaleza se convierte en una necesidad teniendo en consideración las

diferencias existentes entre la legislación británica y la nacional, porque es

la única manera de obtener y alcanzar los propósitos perseguidos, que no son

otros que los de establecer uniformidad en las coberturas que, por otro lado,

constituyen formas tradicionales aceptadas en la mayor parte del mundo.

No comparte la Sala el cargo que el

apelante le hace al Tribunal Marítimo, cuando arguye que erró en la

interpretación que hizo de la doctrina norteamericana y lo emplaza por no

haberla aplicado. Tampoco es cierto que el Tribunal Marítimo haya incurrido en

un criterio equívoco al aplicar la rígida doctrina inglesa contenida en el

Marine Insurance Act 1906, relativa a las garantías promisorias. Al contrario,

a juicio de la Sala, lo incorrecto es la interpretación que hace el apelante de

lo dispuesto en la sección 34, sobre el primer (1er.) caso en que se considera dispensada

la infracción de garantía, como ajustado a la situación estudiada en este

proceso.

La aludida dispensa a la infracción

de una garantía, en la ley inglesa, dice:

"34

(1) El incumplimiento de una garantía está justificado, cuando por razones del

cambio de circunstancias tal garantía deja de ser aplicable a las que concurren

en el contrato o cuando su ejecución se hace ilícita por una ley

posterior". (Manual de Seguros de Transporte Marítimo, Dante Di Liberto

D., 2ª Edit., p. 106)

La interpretación de esta norma que

hace la censura, en el sentido de afirmar que se "mantiene el requisito de

que la garantía tiene que estar relacionada al riesgo para que su cumplimiento

sea exigible al asegurado", obviamente no ha tenido en cuenta lo preceptuado

en el numeral 3 de la sección 33 del citado texto legal británico, en donde se

establece:

"Una

garantía según la definición indicada, es una condición que debe ser

exactamente cumplida afecte o no materialmente

al riesgo. Si no fuese cumplida exactamente, entonces, subordinado a cualquier

estipulación expresa en la póliza, el asegurador queda descargado de su

responsabilidad desde la fecha de la violación de la garantía, pero sin

perjuicio de la responsabilidad en que hubiere incurrido antes de tal fecha."

(Ob. cit. p. 106) (Subrayado de la Sala).

La doctrina inglesa sobre el tema, a

diferencia de lo que ocurre con la norteamericana, es uniforme y está

sólidamente elaborada. Los fundamentos sobre los que descansa son de una

marcada coherencia y de una profunda consistencia argumental. Arrancan de que

la garantía se convierte en parte de la cosa asegurada haciéndola, por ese

motivo, diferente de lo que sería si no se hubiese pactado esa garantía. De

allí que, si la garantía pactada no se cumple y la cosa que se ha querido

asegurar se pierde, por la razón que sea, la cosa perdida es en sí misma una

distinta de aquella en base a la cual se celebró el contrato. En otras

palabras, la cosa perdida que haya sufrido el riesgo no es la cosa asegurada,

por haber sido despojada de la garantía promisoria que había sido pactada por

las partes. En tales condiciones y para estos propósitos, por tanto, no tiene

importancia alguna cuál pudo ser la causa del incumplimiento de la garantía;

pero, sobre todo, será por completo indiferente cuál haya podido ser el riesgo

que provocó u ocasionó la pérdida. Tampoco las consecuencias de esta clase de

incumplimiento son distintas, en cuanto a la extinción de la cobertura de la

póliza, si la pérdida del bien obedece a una causa ajena al incumplimiento de

la garantía. (ver E.R.H.I., Marine

Insurance, Tercera Ed., Londres, 1979, pg. 339).

La normativa inglesa es recogida

textualmente por el Código de Comercio Colombiano, por lo que conviene tener en

cuenta algunas interpretaciones sobre la misma que H.F.L.B.

incorpora en su obra "Comentarios al Contrato de Seguro". Dicho texto

(art. 1061 C. de Co. colombiano) define el término "garantía" con las

mismas palabras expresadas en la ley inglesa, pues alude a que es "la

promesa en virtud de la cual el asegurado se obliga a hacer o no determinada

cosa o a cumplir determinada exigencia, o mediante la cual afirma o niega

determinada situación de hecho". Sobre esta definición, considera este

autor, que resulta redundante ya que incluye un aspecto que no tiene que ver

con el concepto, sino con el concepto de reticencia (que regula otro art., 1058

idem.) que se refiere a "la afirmación o negación de determinada situación

de hecho", "ya que la esencia de la noción de garantía es el carácter

futuro de la obligación que se adquiere de hacer o no hacer". Sobre este

concepto, expresa las siguientes explicaciones:

"La

garantía implica una obligación futura, es una promesa que debe constar siempre

por escrito, o sea que por este concepto es solemne, ("deberá constar en

la póliza o en los documentos anexos a ella", reza el inc. 2º, del art.

1061 del C. de Co.) y puede referirse a los aspectos sustanciales o no en

cuanto a estado de riesgo, es decir, que en este campo el querer de los

contratantes es el que prevalece, sin que pueda entrar a alegarse que no se

cumplió la garantía puesto que no era esencial o importante para mantener el

estado del riesgo, ya que ella bien puede hacer relación a aspectos puramente

accidentales; eso sí, en todos los eventos la garantía debe ser aplicable de

alguna manera al contrato respectivo, tal como lo advierte el artículo 1062 del

C. de Co.

...

La

garantía, como se refiere a esos ejemplos dados al azar, siempre se encamina a

tratar de rodear de mayores seguridades el objeto o la persona asegurados, a

interesar al tomador o asegurado en una conducta más diligente aun de la que

normalmente puede esperarse de él, todo con el objeto de hacer más remota la

ocurrencia del siniestro. De ahí que el C. de Co. dispone que cuando la promesa

se incumpla, total o parcialmente, para el caso es lo mismo, el contrato

quedará afectado de nulidad relativa o terminará, según el caso, salvo que se

den las circunstancias contempladas en el artículo 1062 del C. de co. que

adelante se explican. ...

... el

asegurador no está en el deber de comprobar si el asegurado o tomador ha

cumplido con lo ofrecido, pues se presume que desde que existió el compromiso

este va a cumplirse, y además, resultaría muy difícil para el asegurador

verificar en la totalidad de los casos la observancia o no de las garantías, no

solo por la diversidad o cantidad de los riesgos sino por el contenido mismo de

ellas. ... Pretender que la aseguradora esté privilegiando dicha obligación so

pena de no poder alegar la anulación del contrato, resulta injurídico; por ello

insistimos en nuestra terminante opinión de que no puede evitarse la operancia

de la sanción de nulidad relativa del contrato basándose en que el asegurador

no verificó si la garantía se estaba cumpliendo o no, y sin que su silencio

implique aceptación del incumplimiento de aquella.

El

asegurador da por sentado que lo ofrecido se cumplirá; así lo impone la

seriedad del contrato y poco importa si verifica o no su realización de modo

que si se presenta siniestro y en la investigación que de manera completa se

realiza, de surgir la prueba de la no observancia de la garantía respectiva,

puede la aseguradora exonerarse validamente de su deber de indemnizar alegando

la terminación del contrato a partir de la infracción." (Comentarios al

Contrato de Seguro, 2ª Edición, H.F.L.B., p. 127, 128)

En atención a lo que se deja

expuesto, la Sala reitera el criterio del fallo apelado, fundamentado en la

doctrina aplicable a la figura que se observa en este tipo de contratos, en el

sentido de que si hay inobservancia o violación de la garantía promisoria,

expresamente pactada por las partes, independientemente del momento en que el

asegurador tuvo conocimiento del hecho y de que afecte o no materialmente al

riesgo, este acontecer conlleva la exoneración de la aseguradora de su deber de

indemnizar. Como hemos visto, una situación semejante se contempla en la

legislación colombiana, en donde sí está regulada la materia y en donde se

produce la terminación del contrato o, al menos, su nulidad relativa, a partir

de la fecha de la infracción, con la paralela extinción de las obligaciones

indemnizatorias y, para el caso de una póliza flotante, de la cobertura en

cuanto al embarque particular que atañe al incumplimiento de la garantía.

En consecuencia, no es procedente lo

que demanda el asegurado-apelante, al solicitar que se resuelva el caso

aplicando la teoría norteamericana fundamentada en la relación de causalidad,

que condiciona el cumplimiento de la garantía al hecho de que tenga relación

con el daño o con la pérdida, así como tampoco es correcta su interpretación de

que al momento en que la mercancía se descargó del buque las circunstancias del

contrato cambiaron y que, por estar en tierra, el riesgo relacionado con la

clasificación del buque había dejado de existir.

Aún abordando el problema desde el

punto de vista de la doctrina sostenida por algunas cortes norteamericanas y

atendiendo lo expresado por el profesor S., acerca de la flexibilidad y

el equilibrio con que en los Estados Unidos se pretende enfocar el asunto de

las garantías promisorias dentro del contrato de seguro marítimo, es obligante

precisar que, como bien claro lo indica el mencionado autor, la responsabilidad

de indemnizar del asegurador y el mantenimiento de la cobertura de la póliza en

aquel país dependen, en buena medida, de que el asegurado remedie la violación

en que ha incurrido, demostrando, de esa manera, que su conducta está enmarcada

dentro de la buena fe, elemento básico de este tipo de contratos. En todo ello

se encuentra implicada la idea de que, en cualquier caso, el asegurado ha

corregido el incumplimiento de la obligación y, de esa manera, ha cumplido con

la garantía pactada. Entendemos que habrá casos en donde no será posible la

corrección del incumplimiento, por razones prácticas, tal como ocurre en

situaciones como las que se dieron cuando se hizo el embarque de la mercadería

en un buque no clasificado. En tales condiciones, la aplicación de esa doctrina

no podría hacerse sin tener presente que hay casos en donde es inaplicable la

teoría norteamericana relativa a la corrección del incumplimiento, también

llamada del restablecimiento de la

garantía, por el mero hecho de que ese restablecimiento resulta

físicamente impracticable, y la Sala no tiene dudas de que en esta oportunidad

se está frente a uno de esos supuestos en donde el incumplimiento es

irremediable.

Acerca del denominado cambio de

circunstancias la doctrina reconoce y acepta que para que se produzca y pueda

tener alguna incidencia en relación con las obligaciones contractuales, ese

cambio -además de tratarse de una mudanza radical- debe estar referido a

eventos y acontecimientos vinculados estrechamente al cumplimiento o

incumplimiento de la obligación contraída por las partes. No es posible aducir

acontecimientos que emanen de factores por completo ajenos a la obligación

(compromiso de hacer o de no hacer alguna cosa) como eximentes de la

responsabilidad expresamente acordada. Para todos los efectos del cumplimiento

de la garantía que se contrajo (usar buques clasificados), resulta indiferente

que la carga hubiese estado depositada en el puerto de destino cuando se

produjo el daño. Ese no fue un verdadero cambio de circunstancias, con

capacidad de excusar o relevar a una de las partes del cumplimiento de una de

las obligaciones contraídas. El cambio de circunstancias, para ser valedero, se

hubiese tenido que producir cuando la mercancía estaba siendo transportada de

tal modo que ese cambio, de manera directa, le hubiese permitido al asegurado

no cumplir con la garantía promisoria sin ninguna clase de consecuencias en su

contra. Eso es lo que acontece cuando en tiempos de guerra se pacta que el

asegurado está obligado a navegar en convoyes, pero por haber terminado las

hostilidades, cambian las circunstancias por las que se pactó la garantía y, en

consecuencia, la obligatoriedad de dicha garantía también desaparece.

Otro aspecto que merece la

consideración de la Sala es el atinente al vínculo que el apelante le atribuye

al asunto de las garantías promisorias con el tema de la causa próxima

(proximate cause); "o sea que el asegurador no queda relevado de su

obligación de indemnizar al asegurado por la pérdida, en caso de que dicha

pérdida no haya sido causada por la violación de la garantía", de acuerdo

con la interpretación que sobre esta materia ha hecho el demandante. Acerca de

este particular, disiente la Sala con la opinión del recurrente. Como es

sabido, en materia de seguros marítimos el problema de la causa próxima

(proximate cause) se refiere y atañe a los hechos concretos o materiales

ocasionantes del daño o de la pérdida y no a los términos y condiciones

establecidos en la póliza. En este caso la controversia nada tiene que ver con

la causa que provocó o produjo el daño de la cosa asegurada, sino con otros

aspectos del contrato celebrado: el cumplimiento o incumplimiento de las

obligaciones contraídas por una de las partes. De allí que, la causa próxima

que ocasionó la pérdida de la mercancía no es un asunto que se debata o se

encuentre en discusión en este proceso.

No es casual ni caprichoso el que

para la interpretación de las cláusulas de una póliza de seguro marítimo como

la que es objeto de análisis en este caso, se tenga que recurrir a las

interpretaciones que emanan de las corrientes doctrinales inglesas. A propósito

de este fenómeno resultan provechosos y útiles los comentarios de la

Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que Dante

Di Liberto D. recoge en su obra Manual de Seguros de Transporte Marítimo, ya

citada en este fallo:

"Entre

las razones por las que las condiciones inglesas siguen utilizándose de forma

tan general, a pesar de no haber ninguna obligación de hacerlo, cabe citar el

predominio económico del mercado inglés en lo relativo al seguro suscrito tanto

directamente como en forma de reaseguro, especialmente con los países en

desarrollo; el alto nivel de conocimientos técnicos que existe sobre la materia

en el mercado inglés; y, más que nada, el precedente establecido. Una vez que

determinado sistema de condiciones llega a ser comprendido por todos y

ampliamente utilizado en los distintos mercados del mundo, el uso y la

aceptabilidad internacional de esas condiciones van extendiéndose de manera

casi automática. En general, se considera que las pólizas de seguros suscritas

conforme a las condiciones inglesas son más fáciles de reasegurar y coasegurar

y, lo que es más importante, que serán más fácilmente aceptadas por los

aseguradores extranjeros". (Ob. cit. p. 199, 200)

Por último, no encuentra la Sala

justificado el cargo de violación a lo dispuesto en nuestro ordenamiento

jurídico, en virtud de las consideraciones que hizo el sentenciador sobre la

doctrina extranjera. Por el contrario, la evaluación del conflicto y la

aplicación de las normas del derecho positivo panameño se han efectuado, sin

ningún género de dudas, al margen de cualquier clase de contradicción o

desacierto. Así tenemos que de lo normado por el artículo 214 del Código de

Comercio, que se refiere al principio de la buena fe en cuanto a la ejecución

de los contratos de seguro y a la consideración de los términos en que fueron

convenidos y redactados, el tribunal señaló que en este caso la intención de la

partes es clara, por lo que se desprende del endoso D de la póliza y su

propósito, el cual constituye una garantía expresa, consistente en que los

efectos asegurados (la carga) debía ser transportada en un buque clasificado;

condición no respetada por el asegurado, incumpliendo la cláusula, en desmedro

de la buena fe con que estaba obligado a conducirse.

En atención a lo dispuesto por el

artículo 997 del Código de Comercio, que consagra lo relativo a que el contrato

de seguro se regula por la estipulaciones de la póliza respectiva y en su

defecto o insuficiencia por las disposiciones de dicho título, se tiene que, si

bien es cierto que en la póliza hay una obligación expresa para el asegurado de

transportar la mercancía en buque clasificado, no existe disposición que señale

cuál es la consecuencia del incumplimiento de esa obligación, como tampoco hay

norma expresa al respecto en el Código de Comercio, por lo que se ha acudido,

como corresponde, a la doctrina o pensamiento jurídico prevaleciente y a los

usos del comercio en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones

contractuales en general, por prescribirlo así el artículo 194 del citado texto

legal.

Atendiendo a lo dispuesto por los

artículos 973 y 976 del Código Civil, se tiene que estamos ante una obligación

de hacer, la cual consiste en transportar mercancías en buques clasificados,

obligación que nace de un contrato de seguro o póliza flotante redactada

conforme al espíritu y modelo inglés. Partiendo de esa realidad se le dio al

clausulado de la póliza el alcance y la interpretación que dentro de la

legislación inglesa se le otorga a esta clase de contratos, lo cual no pugna,

en absoluto con lo establecido por nuestra legislación sustantiva, en lo

referente a la intención de la partes y a la redacción con que haya sido

elaborado el contrato.

Para efectos de tal interpretación

se tuvo en cuenta el principio de que las obligaciones que nacen de los

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y han de cumplirse

al tenor de los términos y condiciones en ellos pactados.

En consecuencia, cimentándose en lo

preceptuado por los artículos 1132, 1133 del Código Civil y, fundamentalmente

en atención a la facultad implícita de resolver la obligaciones recíprocas

cuando uno de los obligados no cumpliere con lo que le incumbe, según lo consagra

el artículo 1009 del mismo Código, se concluyó que el hecho del incumplimiento

de la garantía contenida en el endoso o adenda "D" de la póliza

marítima flotante de carga, liberó a la compañía de seguros de la obligación de

indemnizar al asegurado.

En mérito de lo expuesto, la Corte

Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y

por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 30 de abril de 1996; y,

CONFIRMA la sentencia de 19 de septiembre de 1995, ambas dictadas por el

Tribunal Marítimo de Panamá, en el proceso ordinario marítimo que MICHELLE

TRADING CORP. propuso contra ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A.

Las costas de segunda instancia en

cuanto a la resolución de 30 de abril de 1996, a cargo de la parte demandada, se

fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.500.00). Las costas de

segunda instancia en cuanto a la resolución de 19 de septiembre de 1995, a

cargo del demandante apelante, se fijan en la suma de TRES MIL BALBOAS CON

00/100 (B/.3,000.00).

N. y D..

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) R.A.G.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria