Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 28 de Septiembre de 1995

PonenteRAFAEL A. GONZÁLEZ
Fecha de Resolución28 de Septiembre de 1995
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Procedente del Tribunal Marítimo de Panamá ha ingresado a esta Corporación de Justicia, en grado de apelación, el negocio que contiene el proceso ordinario declarativo interpuesto por la señora C.G.D.N. conocida también como CARMELA GENTILE, a través de la firma forense CARREIRA PITTÍ, P.C., Abogados, contra INVERSIONES NAVIERA CONDESA DE LOS MARES, C. A. (Compañía por acciones venezolana); SEACORAL HOLDING CORP., S. A. (Sociedad anónima panameña); el señor J.I.S.M.; y, el señor J.A.A.C.. La parte demandada impugna la resolución proferida por el aludido tribunal el día treinta y uno (31) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994), cuya parte resolutiva se lee así:

"... En mérito de lo expuesto el que suscribe, Juez del Tribunal Marítimo de Panamá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

  1. NEGAR los incidentes de nulidad por falta de competencia presentados por los demandados.

  2. NEGAR los incidentes de ilegitimidad de personería presentados por los demandados.

  3. NEGAR las peticiones de levantamiento de secuestro ..."

Así las cosas, el negocio se encuentra en estado de resolver, tomando en cuenta para ello lo que prescriben los artículos 483 y 491 de la Ley 8 del 30 de marzo de 1982, reformada por la Ley 11 de 23 de mayo de 1986.

ANTECEDENTES

  1. El día 18 de abril de 1994, la firma forense CARREIRA PITTÍ, P.C.A., ejerciendo el poder que le fuere conferido por la señora CARMELA GENTILE DE N., ahora también conocida como CARMELA GENTILE, mujer, mayor de edad, portadora del Pasaporte venezolano número V-I,429,070 con domicilio en Cumaná, Estado Sucre, República de Venezuela, interpuso demanda y secuestro en contra de la sociedad de registro venezolano INVERSIONES NAVIERA CONDESA DE LOS MARES, C.A., la sociedad de registro panameño SEACORAL HOLDING CORPORATION, S.A. el ciudadano español domiciliado en Panamá J.I.S.M., y, el ciudadano panameño J.A.A.C.. La demanda se fundó en quince (15) hechos y se solicitó que se hicieran, en total, seis (6) declaraciones.

    En la misma fecha que se presentó la demanda, el Tribunal Marítimo decretó secuestro a favor de CARMELA GENTILE y en contra de la M/N "LOS ROQUES" propiedad de Inversiones Naviera Condesa de los Mares, C.A. de bandera venezolana, hasta la concurrencia de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL BALBOAS (B/.9,500,000.00) más costas que por el trabajo en derecho se fijaron en la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO BALBOAS CON 00/100 (B/.951,165.00) más los gastos e intereses de la acción. La demanda fue admitida el día veinte (20) de abril del pasado año; en el auto que la admite se ordenó correrle traslado a J.A.A. y emplazo a Seacoral Holding Corp., S.A. y a J.I.S.M..

  2. J.A.A.C. en su condición de P. y Representante Legal de la Sociedad INVERSIONES CONDESA DE LOS MARES confirió poder especial al licenciado H.I. como apoderado principal y como sustituto al Dr. R.M.T.. Los prenombrados profesionales del derecho peticionaron ante el Tribunal Marítimo de Panamá, a efecto de que se levantara el secuestro decretado sobre la nave, y que, en consecuencia, se declarara la falta de competencia del tribunal. A dicho incidente de levantamiento de secuestro se opuso la firma forense que representa los intereses de la actora, en un extenso escrito que corre de fojas 82 a fojas 115.

  3. La demanda fue corregida (véase de fojas 308 a 337) el día 18 de mayo de 1994; y en esa misma fecha se presentó la contestación por parte de la sociedad Inversiones Naviera Condesa de los Mares, C.A. a la demanda original; al igual que, demanda de reconvención para que la actora sea condenada a pagar a la aludida sociedad la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES (US$ 1,250,000.00) en concepto de daños y perjuicios causados como consecuencia de la presentación de la demanda ordinaria marítima. J.A.B., profesional del derecho a quien J.A.A.C. le confirió poder para actuar en su propio nombre y representación, contestó la demanda en la misma fecha a la que hemos hecho alusión en líneas que preceden. Al igual que el prenombrado A.C., el ciudadano J.I.S.M. confirió poder al licenciado J.A.B. quien contestó la demanda, presentó incidente de inexistencia de la obligación y demanda en reconvención por la suma de dos millones quinientos mil dólares (US$2,500,000.00) en concepto de daños y perjuicios.

    SEACORAL HOLDING CORPORATION, S.A., por su parte, otorgó poder especial y amplió a la firma GARRIDO Y GARRIDO. La firma forense contestó la demanda (legible de fojas 607 a 631) y en la misma (contestación) negó las pruebas de la actora, el derecho invocado, así como, la cuantía de la demanda. La sociedad anónima en referencia, adjuntó con la contestación, diez (10) pruebas. En escrito separado presentó incidente de incompetencia y de ilegitimidad de la personería.

    C.P., P.C., Abogados, presentaron memorial ante el Tribunal Marítimo de Panamá en donde formularon oposición a los incidentes, defensas procesales y excepciones presentadas por las demandadas en el presente proceso tanto en sus escritos de contestación de demanda como en escritos separados (fojas 761-813).

    Posteriormente, el licenciado J.A.B., presentó incidente de falta de competencia y de causa de pedir a nombre de J.I.S.M. y J.A.A.C., a los que presentó oposición la representación judicial de la demandante.

  4. El día ocho (8) de junio de 1994 la actora presentó solicitud para que se ordenara la corrección de las contestaciones dadas por la demanda Inversiones Naviera Condesa de los Mares, C.A. a la solicitud de aseguramiento de pruebas.

  5. El día diez (10) de junio de 1994, el Tribunal Marítimo con base en la demanda corregida, decretó secuestro a favor de CARMELA GENTILE y en contra de la M/N "LOS ROQUES" hasta la concurrencia de DIEZ MILLONES TREINTA Y DOS MIL BALBOAS (B/.10,032000.00) en concepto de capital, más las costas que en cuanto a trabajo en derecho se fijaron provisionalmente en UN MILLÓN CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO BALBOAS (B/.1,004,365.00). La demanda corregida fue admitida el día trece (13) de junio de 1994.

  6. La demanda corregida fue contestada por los apoderados de SEACORAL HOLDING CORPORATION, S. A. (véase fojas 1,038 a 1,085); J.A.A.C. (fs. 1,109 a 1,137); INVERSIONES CONDESA DE LOS MARES, C.A. (fs. 1139 a 1171); J.I.S.M. (fs. 1178 a fs. 1196). También las demandadas presentaron escrito de corrección de la demanda en reconvención. Garrido y G. presentó corrección al incidente de incompetencia de previo y especial pronunciamiento; H.I. como apoderado especial de la sociedad Inversiones Navieras Condesa de los Mares, C.A. también propuso, incidente de falta de competencia del Tribunal Marítimo de Panamá (fs. 1338 a fs. 1346).

  7. Con fundamento en los artículos 114 y siguientes de la Ley 8 de 1982, la firma forense que representa a la demandada solicitó la acumulación del proceso instaurado por SEACORAL HOLDING CORPORATION, S.A. en contra de la M/N LOS ROQUES con el objeto de que fuera sustanciado conjuntamente con el caso que nos ocupa. También la prenombrada firma solicitó se le recibiera declaración en los estrados del tribunal y ante el juzgador a la demandante C.G.D.N. y a la señora G.S. DE GRANDE. A esta última solicitud accedió el señor Juez Marítimo mediante auto fechado 27 de junio del pasado año; y, fijó el día veintiocho (28) del mismo mes y año anotado para la mencionada diligencia.

    H.E.I., J.A.B. (apoderado judicial del señor J.A.A. y J.I.S.M. y la firma forense GARRIDO Y GARRIDO, como apoderados judiciales de los demandados se opusieron en sendos escritos a la petición de acumulación de procesos. No obstante lo expuesto, C.P., P.C.A. formuló petición para que se declararan extemporáneos las oposiciones a la petición de acumulación de procesos, presentados por los demandados el día primero (1º) de julio de 1994.

  8. El día veintiocho (28) de julio del pasado año, la representación judicial de la sociedad anónima Inversiones Naviera Condesa de los Mares, C.A. solicitó, ante el Tribunal Marítimo, el impulso procesal que requiere un incidente de previo y especial pronunciamiento, ante la evidente falta de fondos de su representada. La misma también fue solicitud formulada por el resto de los demandados (fs. 1650 a 1655, fs. 1,685 a 1686, fs. 1689, fs. 1690, fs.1691).

  9. El día 28 de junio de 1994, tal como se había fijado mediante auto proferido por el Juez Marítimo, se inició la toma de declaración solicitada por la parte demandante CARMELA GENTILE, a través de sus apoderados especiales. El testimonio rendido consta desde fojas 1779 hasta fojas 1908 del presente expediente.

  10. El día treinta y uno (31) de agosto del pasado año se dictó la resolución objeto de impugnación, la cual es legible de fojas 1909 hasta fojas 1924. En esa misma fecha, el Juez del Tribunal Marítimo "ordenó al Alguacil Ejecutor contratar, a costas de la demandante CARMELA GENTILE DE N. y de las demandadas INVERSIONES NAVIERAS CONDESA DE LOS MARES, C.A. y SEACORAL HOLDING CORPORATION, S.A. la póliza de seguro con prima de puerto que estime conveniente y sea menos onerosa a efectos de cubrir la M/N LOS ROQUES". Para notificar a las partes se fijó el Edicto Nº 382 el día 6 de septiembre de 1994.

    LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA

    El acto jurisdiccional impugnado, como ya hemos señalado, se dictó el día 31 de agosto de 1994, y, para fundamentar la resolución que NIEGA los incidentes de nulidad por falta de competencia presentados por la parte demandada, los incidentes de ilegitimidad de personería presentados por las demandados y las peticiones de levantamiento de secuestro proferida dentro del negocio que nos ocupa, el señor J.M. expuso entre otras cosas que:

  11. El Tribunal, dentro del principio de la economía procesal, debe resolver las cuestiones que deben tratarse como artículos de previo y especial pronunciamiento, tales como los incidentes de nulidad por falta de competencia y de ilegitimidad de la personería, así como la petición de levantamiento del secuestro.

  12. La más trascendental de las incidencias planteadas, es la nulidad por falta de competencia, pues la competencia siendo un presupuesto procesal, cuestionado por los demandados, es fundamental para proseguir la causa de la jurisdicción especial marítima. Luego de exponer los puntos sobresalientes de la demanda y la postura de los demandados, el Tribunal al plasmar su criterio señala que: "... no guarda duda y descarta de inmediato que los Tribunales ordinarios civiles venezolanos son los únicos competentes para dilucidar la causa, pues la motonave "LOS ROQUES", fue secuestrada y aprehendida físicamente por el Tribunal Marítimo de Panamá en todo conforme con normas de orden público de la República de Panamá, específicamente de acuerdo con el numeral 2 del artículo 164 y el art. 165 del Código de Procedimiento Marítimo". Por otro lado, que la jurisdicción marítima panameña ostenta el mecanismo para determinar el derecho sustantivo aplicable en las causas que ante éste se presentan. Lo anterior se refiere a la prórroga de la competencia por efectos del secuestro de la motonave venezolana "Los Roques" y la aplicación del derecho sustantivo en el espacio.

  13. En lo atinente al presupuesto de la competencia para dilucidar la causa conforme el artículo 17 del Código de Procedimiento Marítimo, norma ésta que es de naturaleza procesal, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia, por lo que mal pueden incidir normas foráneas en este aspecto; al escrutar el artículo regulador de la competencia en el ámbito jurisdiccional marítimo panameño se reafirma que el mismo establece que el Tribunal Marítimo tendrá competencia privativa en las causas que surjan de los actos referentes al comercio, transporte y tráfico Marítimo. La norma en comento es genérica, sin embargo tal amplitud circunscribe la competencia a las causas que surjan de actos referentes al comercio, transporte y tráfico marítimo y la determinación de lo que constituyen tales actos debe dilucidarse caso por caso y en relación con las circunstancias (hechos, pretensión y objeto del proceso, contestación, defensas y cuestiones relacionadas) propias de ellos.

  14. En el caso que nos ocupa, la acción va dirigida contra el propietario del buque y una serie de personas que se señalan participaron, forman parte de o están relacionados con un acto o serie de actos tendientes a el buque, secuestrado y aprehendido físicamente por el Tribunal dentro del territorio de la República de Panamá.

    Se considera que la presente causa se trata de acto o actos referentes al comercio, transporte y tráfico marítimos, porque la génesis del conflicto es una gestión de financiamiento otorgado e implementado a efectos de que la motonave PACÍFICO S. no fuera rematada por el Tribunal (fin inmediato), procediéndose a la liberación del buque para así avituallarla y operarla en la pesca del atún constituyéndose la propia nave, su traslado de propiedad, cambio de bandera, su operación y requerimientos de índole corporativo en las empresas (controladores) constituidas para dicho propósito, en los dispositivos de garantía para asegurar el pago de las obligaciones que se asumían, gestiones y contratación que en su integralidad se acusan de ilegales y nulas. Desde este punto de vista, la llave rectora de la competencia la constituye el acto o actos de donde surge la causa (entendiéndose por causa el proceso incoado); acto que debe ser de naturaleza marítima (de comercio, transporte y tráfico marítimo).

  15. El Tribunal observa con toda objetividad, que estamos ante una actividad de financiamiento cuyo fin (inmediato y mediato) es el de directamente sufragar, a cambio de una contraprestación onerosa, una actividad eminentemente marítima, específicamente una operación industrial de pesca del atún. Al analizar los actos en particular y la operación de financiamiento integral, con todas sus aristas precontractuales, contractuales, operativas y de garantías, se observa que tanto la pretensión, las causas de pedir, el objeto del proceso iniciado, en fin, la causa, va dirigida contra actos de naturaleza mercantil que a su vez provienen de un financiamiento marítimo y que involucran una nave y tienen efectos en una actividad industrial de pesca del atún. Por consiguiente, el Tribunal tiene competencia en la presente causa de conformidad con el artículo 17, aplicado en conjunción con los artículos 164 y 166 del Código de Procedimiento Marítimo.

  16. En cuanto al incidente de ilegitimidad de personería, sin mucho esfuerzo se observa que SEACORAL confunde la ilegitimidad de personería procesal con la ilegitimidad de personería en ad causam, sin afirmar con esto que hay o no tal legitimación activa. De haber falta de legitimación en la causa, se deberá resolver en la sentencia y correspondería en su caso en una decisión absolutoria, procediendo negar el incidente de ilegitimidad en personería ad processum.

  17. Las peticiones de levantamiento de secuestro, a juicio del tribunal no proceden, por cuanto que desde que se admitió y decretó el secuestro, la parte actora presentó las pruebas indiciarias requeridas conforme el artículo 166 del Código de Procedimiento Marítimo (Ver Fojas 12-35) y las mismas se complementan con el principio de la notoriedad judicial contenido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Marítimo, además de ser un hecho público y notorio que la señora CARMELA GENTILE DE N. o C.G., ha rasgado voluntariamente el velo corporativo y se ha mostrado como única accionista de la compañía propietaria del buque (este es un indicio que persiste y que no ha sido rebatido con prueba en contra); y, por otro lado, las pruebas indiciarias presentadas por la actora al inicio del presente proceso, al valorarse conforme las reglas de la sana crítica aplicada por analogía, indican la venta que hace la sociedad mercantil anónima "FLOTA ATUNERA ORIENTAL, S.A., y luego esta empresa la da en venta a la demandada CONDESA DE LOS MARES representada por el también demandado señor J.A.A., la que a su vez, constituye hipoteca naval sobre la motonave, ahora denominada "Los Roques" a la empresa panameña SEACORAL, cuyo Director-Presidente, hasta el 23 de agosto de 1993 lo era el señor J.A.A., pero, más importante tal como consta en otra prueba indiciaria a fs. 33, los señores J.A.A. y J.I.S. ostentaban poderes generales y amplios de representación legal de la sociedad al momento de presentarse la demanda en la presente causa. Corresponde, por ende, denegar la denominada petición o levantamiento de secuestro.

    CARGOS QUE REALIZA LA DEMANDADA EN SU ESCRITO DE APELACIÓN

    El subtítulo anterior obedece al hecho de que, si bien, cada una de las demandadas presentó recurso de apelación contra la resolución proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá el día 31 de agosto de 1994, por razones del principio de economía procesal contenido en el artículo 29 de la ley procedimental marítimo; y, el cual, debe prevalecer en todo proceso, se estudiarán las apelaciones como un solo recurso habida cuenta que las cuatro (4) apelaciones contienen los mismos cargos. La sustentación de la apelación interpuesta por la firma Garrido y Garrido como apoderadas especiales de SEACORAL HOLDING CORPORATION, S.A. se encuentra desde fojas 1992 hasta fojas 2009; el resto de las apelaciones interpuestas por los demandados (J.A.S.M., J.A.A.C. y la sociedad Inversiones Navieras Condesa de los Mares, C.A.) contenidas las sustentaciones desde fojas 2,010 hasta 2072, están redactadas en idénticos términos. Siendo ello así, los cargos se desarrollan de la siguiente manera:

  18. El Tribunal Marítimo erróneamente niega el incidente de falta de competencia: Seacoral Holding sobre este aspecto argumenta, entre otras cosas, que con respecto a cada una de las declaraciones contenidas en la demanda ordinaria es necesario y procedente destacar que la interpretación de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno solo de los contratantes, principio general del derecho y consagrado en nuestra legislación en los artículos 1132 y ss. del Código Civil y 214 del Código de Comercio, los cuales resultan aplicables al Acuerdo de Intenciones por haberse firmado en Panamá. En consecuencia, no puede el Tribunal Marítimo pretender adoptar como un hecho cierto, la versión de la demandante sobre la supuesta contratación de un financiamiento para la pesca del atún cuando la naturaleza propia del Acuerdo de Intenciones no constituyen actos de comercio marítimo, sino una promesa de compraventa de acciones de una sociedad, y por otro lado, que la resolución impugnada señala la participación de Seacoral Holding Corporation, S.A. en una serie de actos o negocios jurídicos cuando, en realidad no son factor o elemento que le permita adscribir competencia al Tribunal Marítimo porque la demandante no posee acción in rem en contra de nuestra representada por un crédito marítimo privilegiado o de otra naturaleza. Igual criterio sostienen el resto de los demandados cuando señalan que el Tribunal Marítimo es incompetente para conocer de causas contra ellos porque los actos mencionados no son actos de comercio marítimo puesto que tratándose de una acción in personam ésta debe emanar de actos referentes al comercio, transporte y tráfico marítimos que necesariamente tendrían que haber sido ejecutados por el señor S. o A. como persona natural para quedar obligado, ya que no son ni propietario ni administrador o capitán de la nave, circunstancia que harían generar responsabilidad contractual o extracontractual. Dentro de este cargo se aduce que la norma contenida en el artículo 17 de la Ley 8 de 1982 no es genérica, ni mucho menos amplia sino específica y para fundamentar ello el recurrente anota que lo que se demanda es la nulidad absoluta de varios actos o negocios jurídicos y el Tribunal tenía que analizar la naturaleza misma de cada acto o negocio jurídico atacado, para determinar si se trata de un acto de comercio marítimo referente al comercio, transporte o tráfico y en relación con cada demandado determinar si dicho acto de comercio marítimo otorga una acción in personam, o acción in rem, a la demandante para poder adscribir competencia en la causa. Se dice que la diligencia de consignación en depósito de libros corporativos ni el acta de Asamblea General de Accionistas de la empresa Flota Atunera Oriental, S.A., en virtud de la cual se cede a Seacoral Holding Corporation, S.A., el derecho a voto sobre cierto porcentaje de acciones de la sociedad no son por su esencia actos de comercio marítimo. Que el tribunal pretende, acogiendo la tesis de la demandante que todos los actos y negocios jurídicos aún de distinta naturaleza o esencia constituyen un todo, cuando jurídicamente cada acto o negocio jurídico tiene su propia naturaleza o esencia; y en atención a la naturaleza del acto debe el Tribunal Marítimo determinar si existe causa que fuere de su competencia o no. De aceptar la tesis de la demandante y el tribunal se estaría violentando toda la teoría de los actos y negocios jurídicos.

    En este mismo cargo, se señala que el Tribunal Marítimo de Panamá pretende convertir los acuerdos de intenciones en actos de comercio marítimo sólo con el propósito de adscribir competencia, lo cual es errado jurídicamente y contrario a la realidad, puesto que la motonave Pacífico S., no podría ser objeto de actos jurídicos propios del comercio, transporte o tráfico marítimos por así disponerlo el artículo 193 de la Ley 8 de 1982. Que si el Tribunal Marítimo pretende determinar la competencia en base a dicho acuerdo, se tiene que resaltar:

    "1. Que la señora C.G., como persona natural, no contrató con la sociedad SEACORAL HOLDING CORPORATION, y mucho menos contrató con nuestra representada, INVERSIONES CONDESA DE LOS MARES, C. A.

  19. Que el Acuerdo de Intenciones señala expresamente que se trata de una Promesa de Compra de Acciones, y no de un Financiamiento para la Pesca del Atún.

  20. Que los Acuerdos de Intenciones, por tratarse de Acuerdos preliminares relativos a la compra de acciones de una sociedad venezolana, no constituye un financiamiento para la pesca del atún o la operación de una nave secuestrada, pues el objeto del contrato o Acuerdo de Intenciones es distinto al de un acto de comercio, transporte o tráfico marítimos.

  21. Que por estar secuestrada la nave Pacífico "S" al momento de la firma del Acuerdo de Intenciones, la nave estaba fuera de comercio, e inmovilizada, dos efectos o consecuencias del secuestro, que impiden hacer surgir un contrato o "acto inicial de financiamiento de una nave y su operación" como expresa la resolución apelada.

  22. Que la naturaleza o esencia de los Acuerdos de Intenciones como contrato preliminar es distinta a la de los otros actos o contratos posteriores, y por tanto, cada cual debe ser visto o analizado independientemente, según su naturaleza, para determinar si constituye un acto de comercio, transporte o tráfico marítimo, que genere una causa de competencia del Tribunal Marítimo de Panamá.

  23. Que el Acuerdo de Intenciones, como contrato preliminar no marítimo, constituye el génesis de una relación de colaboración empresarial que posteriormente dio por resultado la constitución de la sociedad INVERSIONES NAVIERAS CONDESA DE LOS MARES, C. A.

  24. Que las relaciones de colaboración empresarial no son actos de comercio, transporte o tráfico marítimos, porque la naturaleza o esencia de dichos negocios jurídicos es distinta a la de los actos de comercio marítimo"

  25. En otro de los enfoques de las apelaciones tenemos el cargo que señala que "El Tribunal Marítimo desconoce la personalidad jurídica de las sociedades que participan en los Acuerdo de Intenciones y en los Actos Atacados de Nulos". Aquí se señala que el Juzgador a-quo en repetidas ocasiones en su resolución, atribuye a los actos y contratos celebrados el carácter de "financiamiento de un buque para la pesca", vistos en su integrabilidad, incluyendo dentro de estos actos o contratos a las sociedades que participaron, desconociendo la personalidad jurídica de las sociedades como sus representantes o miembros de la Junta Directiva de éstos. Que es consecuencia de la contribución de una sociedad, el reconocimiento por la ley de su personalidad jurídica, por lo que se entiende ser un ente distinto y separado de la naturaleza de la o las personas naturales que participan como representantes legales o miembros de las Juntas Directivas o de los accionistas de la sociedad.

    Por otro lado esgrime que el Tribunal Marítimo no puede declarar nulos o ilegales, ni calificar como simulados actos corporativos, porque simplemente carece de la competencia respecto a la materia. Un acto corporativo, o una sociedad, puede ser un acto de comercio si la sociedad se dedica al comercio; pero, jamás será ni puede ser considerado un acto de comercio, transporte o tráfico marítimo, por consiguiente, al no constituir un acto propio de la competencia del tribunal este último no puede pronunciarse respecto a esa materia.

    En este punto, se indica que la demandante actuó en nombre y representación de una sociedad venezolana denominada TUNA PACIFICO S, C.A. y no ha demostrado ser la propietaria de las acciones de dicha sociedad, ni de la sociedad Flota Atunera Oriental, S. A.

    Otro cargo que se formula, es el de que el hecho de la participación, o formar parte o estar relacionados con una serie de actos o negocios jurídicos no es factor o elemento que atribuya competencia al Tribunal Marítimo. Se aduce que los quienes participaron en las negociaciones y contrataciones que se señalan como simulados e ilegales son personas jurídicas, por tanto, si existiese una causa marítima, para que el Tribunal Marítimo pudiera adquirir competencia sobre dicha causa, debe hacerlo sobre la persona jurídica que participó en el o los contratos marítimos. La demandante actuó en nombre y representación de una sociedad venezolana denominada TUNA PACÍFICO S, C.A. y no ha demostrado ser la propietaria de las acciones de dicha sociedad, ni de la sociedad FLOTA ATUNERA ORIENTAL, S.A. por ende, no actuó como persona natural o a nombre propio, y tampoco contrató personalmente.

    En este mismo orden de ideas también se dice que la participación o formar parte o estar relacionados con una serie de actos o negocios jurídicos no es factor o elemento que atribuya competencia al Tribunal Marítimo, porque de los actos o negocios jurídicos atacados de nulidad por la demandante, los únicos que tienen naturaleza jurídica son los contratos de compraventa de la nave realizados por TUNA PACÍFICO S, C.A. y FLOTA ATUNERA ORIENTAL, la compraventa celebrada entre FLOTA ATUNERA ORIENTAL, S.A. y la sociedad Inversiones Naviera Condesa de los Mares, C.A., así como también el préstamo con garantía hipotecaria celebrado entre Inversiones Naviera Condesa de los Mares, C.A. y Seacoral Holding Corporation; más sin embargo, sigue señalando, en ninguno de estos contratos marítimos que le otorgarían competencia al Tribunal Marítimo de Panamá, en ninguno de ellos participó la señora C.G. o C.G., a título de persona natural, ni acreedora o deudora de las empresas aludidas.

    En otro de los puntos de la apelación se aduce el hecho que el Tribunal Marítimo no tomó en cuenta las copias de los libros de acciones de la sociedad TUNA PACÍFICO S, C.A. y de la sociedad FLOTA ATUNERA ORIENTAL, S.A. que fueron presentados al proceso y en donde se muestra plenamente que la actora no era la única accionista como expresa el juzgador en la resolución impugnada. Tampoco se tomó en cuenta la copia de la certificación expedida por el Registro Mercantil de la circunscripción del Estado Sucre, República de Venezuela. Dichas pruebas, indica el recurrente, y otras que reposan en el expediente demuestran que al momento de celebrarse el Acuerdo de intenciones en octubre de 1992, la demandante C.G. no sólo era la propietario inicial y absoluta de las acciones, sino que por contrario el 1OO% DE LAS ACCIONES DE TUNA PACIFICO, sociedad propietaria en ese entonces de la M/N PACÍFICO S. eran propiedad de la sociedad FLOTA ATUNERA ORIENTAL, S. A. (flotarsa), y la mayoría de las acciones de esta última sociedad eran propiedad de T.N.G. y no de la demandante. Es bien sabido el principio de derecho marítimo de que una nave o buque no se tiene en propiedad a través de interpósita persona, como pretende y afirma el juzgador. Es la propiedad registral la que determina la propiedad de la nave.

    Como último argumento se plantea que la demandante no tiene acción in personam o in rem contra Inversiones Navieras Condesa de los Mares, C.A.J.A.A., J.I.S.M., Seacoral Holding Corporation, S.A., puesto que, ellas no han realizado acto de comercio alguno con la señora C.G.. En cuanto a la restitución de la nave al propietario primitivo con las correspondientes contrapartidas e indemnizaciones tampoco es una acción que corresponda a la señora C.G. o C.G..

    OPOSICIÓN PRESENTADA A LAS APELACIONES CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 31 DE AGOSTO DE 1994.

    Oposición a las Apelaciones dictada por el Tribunal Marítimo de Panamá contra el Auto de treinta y uno (31) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

    Que son dos los elementos que conforman la cuestión debatida: 1º Que la actora no es titular de una obligación frente a los demandados y por tanto debe declararse la nulidad de lo actuado 2º Que el tribunal marítimo no es competente para conocer la causa.

    Frente al primer elemento, es rebatido, en el sentido que la carencia de legitimación ad causam activa sólo puede ser decidida en la sentencia de fondo y a través de un fallo absolutorio, en el evento de que la misma fuese probada; y, en cuanto a la falta de competencia la posición del Tribunal Marítimo ha sido la de establecer, luego de la valoración de las pruebas que "estamos ante la contratación de un financiamiento marítimo que posee "aristas precontractuales, contractuales, corporativas y de garantías..." todo lo cual es competencia marítima (fs. 2090).

    Las cuatro apelaciones marítimas, sigue señalando, son improcedentes por cuanto que pretenden que la Corte de Apelaciones entre el análisis del elemento probatorio obrante en autos para determinar si existe o no un error del Juzgador sobre la apreciación de las pruebas a fin de que se decida entonces de que las mismas no surge un financiamiento marítimo sino una promesa de compraventa de acciones con lo que se pretende un nuevo análisis del elemento probatorio obrante en autos.

    No obstante, proceden a analizar los argumentos de la apelantes de la sentencia, en la siguiente forma:

    1. Naturaleza del Contrato denominado Acuerdo de Intenciones: dentro de él se señala que no existe la alegada promesa de compraventa de acciones, porque, de la simple lectura del acuerdo de intenciones claramente se observa que tanto las acciones como el derecho a voto fueron cedidas a título gratuito para luego ser recuperados a través del pacto de retroventa, ello es así por cuanto que ninguna de tales acciones se pactó ni se ejecutó a cambio de un precio ni se pacto plazo o condición.

    2. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ:

    La competencia del Tribunal Marítimo es determinada en el artículo Nº 17 de la Ley 8 de 1982. La legislación panameña no define ni enumera los actos que deben entenderse como referentes al comercio, tráfico y transporte marítimo, razón por la cual la conceptualización de dicha expresión debe ineludiblemente ser elaborada por los tribunal sobre una base de caso por caso.

    Señala igualmente que, es interesante que el legislador haya utilizado la expresión actos referentes al comercio marítimo y no haya utilizado la expresión "actos de comercio marítimo" y ello es así porque el derecho marítimo lo compone una multiplicidad de instituciones y relaciones judiciales que no sólo se materializan a través de la parte del Derecho Mercantil correspondiente a los contratos marítimo regulados en los Códigos de Comercio, sino que se cumplen a través de actos y contratos regidos también por el derecho mercantil general e incluso por el derecho común de allí que los actos "referentes" puedan abarcar una extensión mucho mayor en el ordenamiento Judicial. La palabra "referente" contenida en el art. 17 del Código Marítimo va orientada hacia el "objeto" del acto, contrato o relación jurídica, sí dicho objeto es marítimo, entonces estaremos frente a una causa marítima.

    Luego de citar costrina que guarda relación con el tema concluyen que, los aportes doctrinales nos llevan a considerar que los "actos referentes al comercio marítimo", a los que alude el artículo 17 del Código Marítimo, son aquellos que, siendo o no regulados por las normas especiales de los contratos regulados por los Código de Comercio como marítimos tienen como fin la ejecución o desarrollo de la empresa de mar. Tales actos no pueden ser definidos en atención a la naturaleza de las normas jurídicas que las rijan, sean éstas civiles o comerciales, penales o administrativas, sino en atención a su relación con la actividad marítima para la cual están directamente destinadas. El contrato por medio del cual se provee el financiamiento para liberar, reparar y avituallar un buque pesquero, a fin de continuar su explotación es un contrato marítimo.

    Dos elementos hay que considerar: Primero: Si el financiamiento destinado a la "liberación, reparación y avituallamiento" de un buque pesquero, a fin de continuar su explotación comercial, es o no un contrato marítimo; Segundo: Si el buque bajo secuestro judicial, puede ser objeto de financiamiento destinado inicialmente a su liberación, constituyéndose de esta forma un contrato de financiamiento marítimo.

    En cuanto al Primer Punto: se argumentan que es precisamente la utilización de las garantías colaterales corporativas, como condiciones del financiamiento marítimo como lo son precisamente la cesión de acciones y de los derechos de votación en la empresa deudora, por el lapso del financiamiento, condiciones que se extinguirían tan pronto el financiamiento y sus retribuciones fueran efectivamente pagados.

    Los apelantes, siguen indicando, a pesar de que su argumento central radica en la tesis de que el ACUERDO DE INTENCIONES es un contrato de promesa de compraventa, evaden el análisis de sus cláusulas, y ello es congruente con la total inexistencia de los elementos iniciales de promesa de Compra y Venta en dicho Contrato.

    Los elementos eminentemente marítimos de esta contratación saltan a la vista: 1º El destino de los fondos es el buque; 2º El fin de la rehabilitación física y jurídica del buque es la continuación de su explotación comercial en la pesca del atún; 3º En la ejecución del préstamo se ha constituido un crédito marítimo privilegiado de materia hipotecaria sobre el buque; 4º Se pactó un regimento especial de administración del buque en su actividad pesquera comercial; 5º Las garantías corporativas colaterales constituidas por el traspaso de la nave, las cesiones de acciones y del derecho a voto, sólo podían extinguirse una vez que el buque hubiese cancelado el crédito marítimo privilegiado de naturaleza hipotecaria que lo grababa; 6º Una vez cancelado de crédito Marítimo privilegiado hipotecario, y extinguidas las garantías colaterales corporativas tanto la propiedad del buque como su posesión y control retornarían por entero a la demandante C.G. personalmente.

    Todos los elementos antes expuestos determinan que efectivamente nos encontramos ante un contrato, complejo e intrincado, pero, constitutivo de un evidente financiamiento marítimo en el cual los elementos corporativos son meros accesorios o condiciones del mismo.

    1. El préstamo que tiene por objeto inmediato la liberación de un buque secuestrado es un préstamo marítimo.

    El hecho de que un buque se encuentre bajo secuestro judicial impide que sobre el mismo surjan nuevos créditos marítimos privilegiados; tal es el efecto de la "custodia legis", pero, ello no impide a sus propietarios gestionar y obtener un financiamiento a fin de liberar la nave de los secuestros que sobre la misma pesan, y más aún, mucho menos le impide a los propietarios de la nave comprometerse a constituir garantías hipotecaria en favor del prestamista tan pronto la nave sea liberada. No cabe duda, señalan, los apelantes confunden al buque como "sujeto de obligaciones", dado su personificación frente a los acreedores privilegiados, con el buque como "instrumento del Comercio Marítimo".

    En el derecho comparado el préstamo otorgado para liberar una nave secuestrada, con el fin de regresarla al comercio marítimo, es un contrato marítimo, por tanto, de la competencia de los tribunales del almirantazgo. Cita para ello el Caso Rex (fs. 2105).

    Los actos referentes al Comercio Marítimo no pierden su naturaleza al ser integrados con actos corporativos.

    Como colofón de la oposición, se argumenta que, los apelantes sostienen que los actos posteriores al Acuerdo de Intenciones son de naturaleza corporativa con excepción de los contratos de Compra y Venta de buque e hipoteca naval, los cuales sí admiten como marítimos. En el derecho comparado un contrato marítimo no pierde su naturaleza por haber sido integrado con actos corporativos accesorios al mismo, atrayéndolos a la competencia especializada marítima y ello es así porque forman una integridad contractual de la cual se conforma toda la operación mercantil. (Pág. 27).

    CRITERIO DE LA CORTE

    Antes de externar cualquier criterio sobre las apelaciones interpuestas dentro del presente proceso ordinario marítimo, esta Sala de la Corte, como tribunal de apelación, tiene que realizar un análisis del ámbito de conocimiento de la Sala de lo Civil como segunda instancia en los procesos marítimos. Para ello tomaremos como base, tres precedentes; ellos son: 1º Sentencia del cuatro (4) de junio de 1993 dictada dentro del recurso de apelación interpuesto por Fedmar International, S.A. y M/N AHKATUN contra la sentencia del 8 de julio de 1992 proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá dentro del proceso especial de ejecución de crédito Marítimo privilegiado que Fedmar Internacional, S.A. le sigue a M/N "AHKATUN"; 2º Sentencia del 28 de febrero de 1994 proferida dentro de las apelaciones interpuestas por E.B.I. y M/N CARIBBEAN Navigator contra la sentencia de 17 de junio de 1993 dictada por el Tribunal Marítimo en el proceso de ejecución de crédito marítimo privilegiado que E.B.I. le sigue a M/N CARIBBEAN NAVIGATOR y; 3º La sentencia del 16 de agosto de 1994 emitida dentro del proceso especial de concurso de acreedores privilegiados de la M/N ARATZ. Los aludidos precedentes le servirán a la Sala como instrumentos en esta labor de análisis porque, de los mismos de la Sala deriva las siguientes conclusiones.

  26. La apelación, en materia marítima, es controladora no renovadora, todo ello, como consecuencia del mandato claro y expreso contenido en la ley procedimental marítima en el sentido de que el proceso marítimo ha de ser sustanciado y resuelto fundamentalmente en la primera instancia, lo cual guarda una estrecha relación con el principio de la oralidad. Dicho principio descansa en la concentración y en la inmediación.

  27. Dentro de los principios que informan el proceso marítimo se encuentra el de que "Los juicios marítimos serán de única instancia, pero, admitirán el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente".

    Al estudiar las normas que contemplan la apelación (Arts. 481 hasta el art. 492) nos encontramos ante una excerta legal que es la piedra angular en el ámbito de conocimiento de la Sala de lo Civil. Se trata del artículo 483, cuya letra es así:

    "ARTÍCULO 483: En el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia sólo podrán discutirse asuntos de derecho. Los hechos no podrán ser objeto de discusión en la segunda instancia".

    La norma legal en comento es diáfana y no deja dudas al respecto: en la apelación marítima, como regla general, no se contemplan los errores probatorios (de constatación o de valoración), dada la percepción directa que tiene el juzgador marítimo con la prueba.

  28. El principio genérico al que hemos hecho alusión no es óbice para esta S., puesto que, si al momento de revisar las causas marítimas observa que se presentan errores en la labor de constatación de los hechos realizada por el tribunal a-quo, en donde los mismos (errores) tienen como consecuencia inmediata el desconocimiento de los derechos sustantivos que la norma de derecho establezca en beneficio de alguna de las partes, a dicho estudio se adentrará. La labor que realiza la Sala en estos casos marítimos es individual.

    Las tres conclusiones a las que ha arribado la Sala permiten descartar uno de los puntos del enjundioso escrito de oposición de la firma forense CARREIRA PITTÍ, P.C.A., esto es: "La Improcedencia de las Apelaciones". Dentro del caso que nos ocupa estudiaremos pues, los errores probatorios que se dicen cometidas por el juzgador marítimo al proferir el acto jurisdiccional impugnado, habida cuenta que podría verse afectado el derecho substantivo de una de la partes, en cuyo caso, si bien no se plantea directamente una discusión de puro derecho, indirectamente sí lo es.

    En opinión de la Corte, el punto crítico de las apelaciones es la falta de competencia del tribunal marítimo en la presente causa. Pues bien, como es sabido, la incompetencia es un impedimento procesal y no una excepción, según las investigaciones de O.B.. El destacado procesalista F.R.M. sobre el concepto de competencia, señala:

    "La competencia, pues, determina el conjunto de negocios que vienen atribuidos a un Tribunal en exclusividad o con preferencia a otro. Mediante ella, se establece cuál es en concreto el Tribunal que ha de conocer de un asunto determinado, sirviendo de pauta a las partes para saber a qué órgano jurisdiccional deben dirigirse. De esta manera se concreta, por así decirlo, la porción de jurisdicción que cada Tribunal ejerce y los límites dentro de los cuales la puede ejercer ..." (R.M., F., Derecho Procesal Civil, J.M.B., E., S.A., Barcelona, 1990, Tomo I, pág. 164).

    La ley procesal marítima contempla en su artículo 17 la competencia del Tribunal Marítimo de Panamá, norma esta de carácter procesal, por ende, de orden público. Y, es que, el derecho procesal por el hecho de referirse a una de las funciones esenciales del Estado es un derecho público, con normas de orden público, cuya característica principal es su inderogabilidad por acuerdo entre las partes, y su cumplimiento es imperativo, cuya explicación de las leyes extranjeras.

    En este orden de ideas, todo juzgador tiene derecho, en primer lugar, a determinar la extensión de su competencia; pues bien, el Tribunal Marítimo para determinar su competencia y conocer de la presente causa, señaló en la resolución dos (2) puntos interesantes:

    1. Que la motonave "Los Roques" fue secuestrada y aprehendida físicamente por el Tribunal Marítimo de Panamá, en todo conforme con normas de orden público de la República de Panamá; es decir, el numeral 2º del artículo 164 y el artículo 165 del Código Penal Marítimo. Agrega que la jurisdicción marítima ostenta el mecanismo para determinar el derecho substantivo aplicable en las causas que ante éste se presentan.

    2. Que el artículo 17 de la lex citae es una norma procesal de carácter genérico que circunscribe la competencia en las causas que surjan de actas referentes al comercio, transporte y tráfico marítimo y la determinación de lo que constituyen tales actos debe dilucidarse caso por caso; y, en el presente caso, la génesis de la causa es una gestión de financiamiento otorgada e implementada a efectos de que la motonave Pacífico S, no fuera rematada. Por consiguiente, objetivamente hablando, la pretensión, las causas de pedir, el objeto del proceso iniciado, en fin la causa, va dirigida contra actos de naturaleza mercantil que a su vez provienen de un financiamiento marítimo y que involucran una nave y tienen efectos en una actividad industrial de pesca de atún.

    En cuanto al primer punto contenido en la resolución impugnada, resulta obvio que el juzgador primario está en lo cierto. La ley procesal que rige en materia del secuestro es la lex rei sitae y una vez que el mismo (secuestro) se ha practicado, el artículo 557, que es una regla de conflicto, determinará la ley aplicable a la relación jurídica internacional.

    El artículo 17 de la ley procesal marítima atribuye competencia privativa al Tribunal Marítimo en su primera parte en base al principio de la territorialidad de los hechos, pero, igualmente se le otorga competencia privativa en base a otros criterios. Entre ellos tenemos: el forum patrimonio que puede combinarse con el criterio de la acción in rem; el forum arresti que difiere de lo anterior por el hecho de que en esta acción se le atribuye competencia al Juez para pronunciarse por el solo hecho de la medida cautelar; el forum procesal (por el solo hecho de ser notificado el demandado dentro de la jurisdicción panameña) y el numeral 4 establece como criterio de conexión, la autonomía de la voluntad de las partes.

    Bajo esta óptica, el derecho positivo marítimo panameño no admite el forum non conveniens como un criterio casuístico judicial, excepción hecha de las cuatro hipótesis que plantea el artículo 19 de la citada ley.

    Ahora bien, los cuatro criterios que también le confieren competencia privativa al Tribunal Marítimo parten de la base de que las acciones surjan de los actos referentes al comercio, transporte y tráfico marítimo. Para dar respuesta a la apelación interpuesta tenemos que realizar un estudio de la demanda corregida por la actora (petición, hechos) así como también la resistencia de los demandados, puesto que, ello constituye el objeto del proceso y sobre el cual recaerá, en un momento dado, la sentencia. Uno de los efectos prácticos del objeto del proceso es que constituye un elemento para establecer, en ciertos supuestos, la competencia. Veamos la demanda. La primera causa de pedir, según la actora, comprende desde el hecho quinto (fs. 310) hasta el hecho vigésimo noveno (fs. 318) y el petitum de la misma es "la declaratoria de Nulidad absoluta del Acuerdo de Intenciones y del Acuerdo de Ejecución y modificación del acuerdo de intenciones. La segunda causa de pedir comprende desde el hecho trigésimo (fs. 319) hasta el hecho trigésimo tercero (fs. 320); el petitum consiste en que "... el Tribunal condene a los demandados el pago en favor de la demandante de la suma de U$.515,000.00 en concepto de indemnización pactada por el incumplimiento contractual. La tercera causa de pedir desde el hecho trigésimo cuarto (fs. 320) hasta el trigésimo octavo; el petitum de esta causa es que "... se decrete la nulidad absoluta de los actos descritos en los hechos trigésimo cuarto, trigésimo quinto y trigésimo sexto de la demanda, los cuales consisten en la cesión del 30% de las acciones de FLOTA ATUNERA ORIENTAL, S. A. (FLATORSA), la consignación en depósito de los libros corporativos de la empresa propietaria de la nave y la cesión del derecho a voto sobre el SETENTA POR CIENTO (70%) del capital accionario de la empresa propietaria de la nave. En cuanto a la cuarta causa de pedir, la encontramos del trigésimo octavo hecho al cuadragésimo primero (fs. 322 a 324), el petitum consiste en que se declare la Nulidad absoluta de los contratos de compraventa de la M/N. Los Roques, celebrados entre TUNA PACÍFICO S, C.A. y FLOTA ATUNERA ORIENTAL, S.A., y entre FLOTA ATUNERA ORIENTAL, S. A, e Inversiones Naviera Condesa de los Mares, C.A.

    La quinta causa de pedir está contenida en el hecho cuadragésimo segundo y el hecho cuadragésimo tercero; el petitum: "... que se declare la Nulidad absoluta de la hipoteca que pesa sobre la M/N Los Roques a favor de SEACORAL HOLDING CORPORATION. En la sexta causa de pedir, comprendida desde el hecho cuadragésimo cuarto hasta el quincuagésimo Quinto, el petitum consiste en: "... se declare que los actos y contratos ejecutados en Venezuela, descritos en la demanda, constituyen Actos Similares tendientes a la constitución de obligaciones con objeto ilícito, pactados previamente en Panamá a través de ACTOS ORIGINARIOS consistentes en el Acuerdo de Intenciones y el Acuerdo para la Ejecución y Modificación del Acuerdo de Intenciones". La séptima causa de pedir se encuentra en el quincuagésimo sexto hecho y el petitum es que "... la M/N LOS ROQUES sea devuelta a la propiedad, posesión y control de su propietaria original TUNA PACÍFICO S, C.A. y consecuentemente de su propietaria real la D.C.G.. La octava causa de pedir la encontramos en el quincuagésimo séptimo hecho; y, el petitum es que solicita que se compruebe el ingreso y destino de los fondos producto de la operación de la nave y se determine el monto que le corresponde a la demandante, condenándose a los demandados al pago de la suma que al efecto determine el tribunal, más los intereses, costas y gastos respectivos ..." La última causa de pedir está contenida en el quincuagésimo octavo hecho; y el petitum de esta causa de pedir es que "... el Tribunal determine el monto de la deuda real que la demandante CARMELA GENTILE debe pagar a los demandados J.A.A.C., J.I.S. y Seacoral Holding en concepto de préstamo para le liberación, reparación y avituallamiento de la M/N LOS ROQUES. La Sala ha realizado un cuidadoso estudio del petitum de cada causa de pedir, concluyendo que nos encontramos ante actos referentes al comercio marítimo, los cuales no han perdido su naturaleza por el hecho de ser integrados con actos corporativos. Todos los actos que guardan relación con la presente causa tienen una raíz común: el Acuerdo de Intenciones celebrado el día veintiuno (21) de octubre de 1992; cuya declaratoria de nulidad absoluta se está solicitando. La actitud de las demandados, como se ha visto a través de todo el proceso, es la de presentar incidencias (de falta de competencia y falta de causa de pedir) por parte de los señores Serdio y A.; inexistencia de la obligación, ilegitimidad de la personería y la inexistencia de la causa de pedir por parte de SEACORAL HOLDING CORPORATION, S.A. para dar un ejemplo, pero, además presentan demanda de reconvención (INVERSIONES CONDESA DE LOS MARES, C.A., J.I.S.) contra C.G., cuyo basamento jurídico es el artículo 17 de la Ley procesal marítima, norma legal que se refiere a la competencia privativa del Tribunal Marítimo. Por otro lado, los demandados aceptan la naturaleza marítima de los contratos de compraventa de la nave realizados por TUNA PACÍFICO S, C.A. y FLOTA ATUNERA ORIENTAL, la compraventa celebrada entre FLOTA ATUNERA ORIENTAL, S.A. y la sociedad Inversiones Naviera Condesa de los Mares, C.A. al igual que el préstamo con garantía hipotecaria celebrada entre Inversiones Naviera Condesa de los Mares, C.A. y Seacoral Holding Corporation, pero, discuten la legitimación en causa de la actora. Se trata de una confusión en cuanto a términos. La ilegitimidad de personería se ubica dentro del terreno de la actuación procesal y la falta de ella acarrea como sanción la nulidad de actuación; por el contrario, la ilegitimación en la causa guarda relación con el fondo mismo de la cuestión controvertida, o como ha dicho la Corte Suprema de Colombia "... a la posición que ocupan los litigantes dentro de la situación fáctica gobernada por las leyes, que habida cuenta de esa posición, les atribuye a aquellos derechos subjetivos u obligaciones o los exonera de estas últimas ..."

    Los criterios externados aquí permiten a la Sala descartar los cargos contra la resolución atacada.

    En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes la resolución del treinta y uno (31) de agosto de 1994 proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá dentro del proceso ordinario declarativo que la señora CARMELA GENTILE DE N. le sigue a INVERSIONES NAVIERA CONDESA DE LOS MARES, C.A., SEACORAL HOLDING CORP., S.A.J.I.S.M. y J.A.A.C..

    N..

    (fdo.) R.A.G.

    (fdo.) R.M.A.

    (fdo.) J.M.F.

    (fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

    Secretaria