Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 24 de Septiembre de 2003

Ponente:Winston Spadafora Franco
Fecha de Resolución:24 de Septiembre de 2003
Emisor:Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral

VISTOS:

Mediante Resolución de 23 de mayo de 2002, los Liquidadores Bancarios del Banco Disa, S.A., resolvieron acumular, con base en la facultad que les confiere el artículo 122 del Decreto-Ley 9 de 1998, las apelaciones e incidentes interpuestas por JIMRO, S.A., PATARO'S MASTER DESIGN OF PANAMA, INC., T.P.D.P., R. NOVEY DE LA GUARDIA, G.N. DE LA GUARDIA, C.J.C., S.A., M.G.S., PRODUCTOS LÁCTEOS SAN ANTONIO y SALOMÓN BARRAZA, contra las Resoluciones No. 001-2002 de 4 de abril de 2002 (Anexo No. 03-01) y No. 005-2002, de la misma fecha, expedidas por los Liquidadores Bancarios.

La reclamación de los apelantes e incidentistas nace del hecho de que todos ellos mantienen obligaciones crediticias con Banco Disa, S.A. por razón de préstamos otorgados por éste, pero al mismo tiempo, son acreedores de dicho banco, pues, casi todos mantenían depósitos a plazo fijo en el mismo (en un caso cuenta corriente), que en su gran mayoría sirvieron para garantizar aquellas obligaciones. En consecuencia, los impugnantes piden que el saldo de los depósitos a plazo fijo se aplique al saldo deudor existente a favor de Banco Disa, S.A. a través del mecanismo de la "compensación", cuestión a la que se oponen los Liquidadores Bancarios.

Tal oposición de los señores Liquidadores Bancarios, plasmada en la Resolución No. 005-2002 de 4 de abril de 2002, se sustenta en los siguientes argumentos: que según el numeral 3 del artículo 127 del Decreto-Ley 9 de 1998, es criterio rector del orden de liquidación el respeto a los derechos y prelaciones que reconozca dicho Decreto-Ley; que de acuerdo con el orden de prelación que establece esta norma, no son aplicables a los bancos las preferencias o prelaciones establecidas por leyes especiales; que tal como establece el artículo 135 del mismo cuerpo legal, a las liquidaciones forzosas administrativas de bancos no son aplicables las normas de los Códigos Judicial, Civil y de Comercio que sean incompatibles con las disposiciones del Decreto-Ley 9 de 1998; que en virtud de estos preceptos no son aplicables a las liquidaciones forzosas el orden de prelación establecidos en el Código Civil, o las excepciones a este orden establecidas en el Código de Comercio, como es la compensación de pleno derecho, consignada en el artículo 1578, o en cualquier Ley especial; que además de no operar la compensación de pleno derecho, se preserva la condición de paridad de los depositantes y demás acreedores que no tienen preferencia o prelación.

Con fundamento en lo expuesto en el párrafo anterior, la Resolución No. 005-2002 ibídem dispuso en su parte resolutiva que los depositantes y demás acreedores, con saldos adeudados a Banco Disa, S.A., a la fecha de la declaratoria de la liquidación forzosa administrativa, deben someterse a los procedimientos y reglas de distribución de la liquidación forzosa, sin preferencia o prelación alguna (artículo 1) y además, que las compensaciones a que haya lugar se aplicarán en la medida en que se vayan liquidando entre los depositantes y demás acreedores, a prorrata, los bienes que integran la masa de la liquidación, sin preferencia o prelación alguna.

FUNDAMENTO DE LAS IMPUGNACIONES

Dado que las apelaciones e incidentes se sustentan en argumentos que en la mayoría de los casos coinciden, resulta conveniente destacar los aspectos más relevantes de cada uno de ellos.

· PATARO'S MASTER DESIGN OF PANAMA, INC., T.P.D.P., representada por el Lcdo. E.V..

De acuerdo con el Lcdo. Villarreal, la compensación procedía por virtud del artículo 1578 de Código de Comercio, que no es incompatible con el Decreto-Ley 9 de 1998, que ni siquiera se refiere a la compensación.

Por otra parte, al operar la compensación no se otorga ninguna prelación o preferencia de otros acreedores/deudores de la liquidación, pues, más bien se trataría de un acto conforme a la equidad, a la justicia y al derecho.

Se señala, asimismo, que los Liquidadores Bancarios están confundiendo el acto de la ejecución de la garantía prendaria, o sea, lo que ellos denominan "compensación", con la figura de la prelación de créditos, que constituyen dos actos y dos momentos de naturaleza distinta. Los Liquidadores Bancarios están cometiendo un error conceptual al rehusarse a ejecutar las prendas mercantiles constituidas sobre dineros depositados en el propio establecimiento bancario, pues, el Decreto-Ley 9 de 1998, en su artículo 128, contiene el principio de la ejecución de la garantía prendaria, lo cual permite a los acreedores ejecutar su garantías prendarias dependiendo de la forma de ejecución establecida en los respectivos instrumentos contractuales, independientemente de la suerte de la liquidación.

Finalmente, se alega que los dineros depositados en Banco Disa, S.A. y gravados a su favor no pueden ser calificados de iguales a los demás dineros allí depositados, pues, han sido objeto de disposición previa por parte de sus dueños y debieron ser aplicados por Banco Disa, S.A. al momento en que éste, como acreedor, conceptuó que el préstamo garantizado corría algún riesgo; estos dineros en ningún momento, después de la constitución de la prenda mercantil, pueden ser objeto de libre disposición de su titular, a diferencia de otros depósitos no afectados por una prenda mercantil, que podían ser retirados por su titular ante que se decretara la intervención (fs. 81-89 y 97-102).

· RANDALL NOVEY DE LA GUARDIA y G.N. DE LA GUARDA DE GUARDIA, representados por la firma forense F., B., M. y M..

La aludida firma de abogados discrepa de la interpretación que los Liquidadores Bancarios le dieron al artículo 127 del Decreto-Ley 9 de 1998 respecto del orden de prelación. Asegura, que esta norma ciertamente excluye del orden de prelación en la liquidación forzosa el orden de prelación fijado en otros cuerpos legales (v. gr. Códigos Civil, L., etc.), estableciendo con exclusión de ellos, el orden de preferencia previsto en los preceptos que regulan la liquidación de bancos. Sin embargo, este orden de prelación nada tiene que ver con un modo de extinguir las obligaciones por ministerio de la Ley, como es el caso de la compensación, para cuya realización sólo basta la concurrencia de los requisitos establecidos en la Ley y enumerados por la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en varios fallos, que se cita a fojas 112 y 113.

La apoderada de los señores DE LA GUARDIA hizo algunas anotaciones acerca del alcance de la compensación en la doctrina y la jurisprudencia nacional y comparada (Cfr. fs. 114-115), para luego señalar que en nuestra legislación, el artículo 1088 del Código Civil acoge expresamente el concepto de que la compensación opera ope legis (por ministerio de la Ley), al estipular que las deudas se extinguen aunque no tengan conocimiento de ellas los acreedores y deudores.

Se agrega, que la compensación no aparece regulada ni prohibida en el Decreto-Ley 9 de 1998, por lo que la aplicación de este modo de extinguir obligaciones no puede estimarse incompatible con dicho Decreto-Ley, específicamente, en lo que se refiere a la liquidación de bancos. Agrega que la prelación o preferencia en cuanto al pago de deudas es el orden que establece la Ley para hacerle frente a una pluralidad de acreedores, que de ningún modo puede entenderse incompatible con la aplicación de la compensación, que opera ipso iure, o sea, por ministerio de la Ley, desde el momento mismo en que concurran los requisitos establecidos en los artículos 1081 y 1082 del Código Civil.

La compensación supone la correlación de deudas y créditos que, sin la entrega de numerario y por ministerio de la Ley, extinguen las obligaciones recíprocas existentes. La sola mención de la prelación de créditos entiende que el fin perseguido es el "pago o entrega de dinero" en orden prefijado por la Ley, a los acreedores de distinto grado, lo cual excluye de toda consideración a la compensación, pues, el fin perseguido por ésta, es extinguir, por ministerio de la Ley, las obligaciones recíprocas sin que haya entrega de numerario.

También estima la firma F., B., M. y M., que en el presente caso debe aplicarse el artículo 1578 del Código de Comercio, que en materia de quiebra dispone que "El deudor de la quiebra con derecho a oponer la compensación podrá hacerlo aún cuando su acreencia no sea líquida o no esté vencida". Se agrega, que la aplicación de esta norma, lo mismo que el aludido artículo 1088 del Código Civil, es supletoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 135 del Decreto-Ley 9 de 1998, que señala que "a la liquidación forzosa se aplicarán con carácter supletorio las normas del Código Civil, del Código de Comercio y del Código Judicial, en lo que no sean incompatibles con las disposiciones de este Decreto Ley". Esta aplicación supletoria del artículo 1578 ibídem, viene dada por el hecho de que la compensación, como modo de extinción de las obligaciones y el derecho que tienen los deudores de oponerla en la quiebra, ahora también en la liquidación forzosa de bancos, no es materia regulada ni prohibida en el Decreto-Ley 9 de 1998 y, por tanto, es imposible que haya incompatibilidad entre estos cuerpos legales (fs. 111-119).

· JIMRO, S.A., representada por la firma forense G., A. &L.:

En el libelo que corre de la foja 123 a la 125, la apoderada judicial de JIMRO, S.A. igualmente estima aplicable a la liquidación forzosa el artículo 1578 del Código de Comercio, por lo cual JIMRO, S.A. tiene derecho a oponer compensación inmediata y de pleno derecho por las deudas que mantiene con Banco Disa, S.A., las acreencias que contra dicha empresa también tiene por razón de los depósitos que también tiene contra dicho banco.

· C.J.C., S.A. (en su doble condición de deudor y de fiador de Puchinnis, S. A.), representada por la firma forense G., A. &L.:

A los argumentos expuestos, la firma de abogados G., A. &L., quien también actúa en representación de la sociedad C.J.C., S.A., añade que ante la imposibilidad legal de negar en forma rotunda la institución de la compensación que la Ley reconoce y que en la práctica bancaria es de frecuente aplicación, los Liquidadores Bancarios pretenden darle a aquélla un alcance y efectos jurídicos que la Ley sustantiva vigente no le reconoce, arrogándose con ello la facultad de modificar la Ley que sólo corresponde al Órgano Legislativo.

Agrega, que en este caso C.J.C., S.A. y Banco Disa, S.A. pactaron en los contratos de préstamo y de depósito a plazo fijo que celebraron mucho antes que se iniciara la liquidación, que el producto del depósito a plazo fijo quedaría pignorado en garantía de las obligaciones que C.J.C., S.A. contraía con el banco y en vista de que las partes convinieron en conferir al banco el derecho a retener en compensación el producto del depósito a plazo fijo hasta la concurrencia de las obligaciones del deudor del banco, queda también claro que la resolución impugnada viola flagrantemente el principio de la autonomía de la voluntad claramente expresado por las partes, tanto en el contrato de préstamo como en el certificado de depósito (fs. 134-140 y 143-149).

· MÁXIMO G.S., representado por la firma forense V., V. & García-Maritano:

La firma de abogados V., V. & García-Maritano estima igualmente aplicable el artículo 1578 del Código de Comercio a la liquidación forzosa, dado que en el Decreto-Ley 9 de 1998 no se establece qué sucede en el caso en que depositante y banco son deudores y acreedores mutuamente.

Señala, por otro lado, que el artículo 1591 del Código de Comercio establece que la prelación para el cobro de créditos en una quiebra es la establecida en el Código Civil y dicho artículo, que es especial en cuanto a prelación y posterior al 1578, no menciona tampoco la palabra compensación ni considera a la misma una excepción a las reglas de la prelación. Añade, que el Código Civil, luego de indicar cómo se hace la prelación de créditos en los artículos 1660, 1661 y 1662, establece en su artículo 1663 que "No gozarán de preferencia los créditos de cualquiera otra clase, o por cualquier otro título, comprendido en los artículos anteriores".

Como se observa, el propio Código Civil no considera a la compensación, permitida tanto por éste como por el Código de Comercio, como una prelación o un crédito sobre otro. No obstante lo anterior, los Liquidadores de Banco Disa, S.A. consideraron, sin fundamento legal, que la compensación es una excepción al orden de liquidación, cuando de la norma del Código de Comercio no se puede deducir nada que así lo indique. La compensación es, por tanto, una forma de facilitar la liquidación en una quiebra, al momento en que se produce la misma.

De acuerdo con la resolución impugnada, pareciera que los Liquidadores pretendieran liquidar primero el banco y con el producto de lo que se debería pagar a lo acreedores, cobrarse las deudas de éstos. Sin embargo, la Ley establece otro orden: el establecido en el numeral 3 del artículo 129 del Decreto-Ley 9 de 1998 y que consiste en que debiera ejecutarse el crédito de forma coactiva por la Superintendencia, de acuerdo con lo que establece el Código Judicial por la vía del proceso ejecutivo. Por ello, los Liquidadores deberían ejecutar el préstamo que se encuentra vencido y el remanente del mismo, si quedare alguno, acreditarlo al deudor e incluir dicho remanente como una cuenta por pagar dentro de la liquidación del banco (fs. 156-159).

· F.C. y Asociados y G.M.C., sociedades representadas por la firma forense I., González-Ruiz & Alemán:

La firma forense I., González-Ruiz & Alemán empleó argumentos similares para defender a sus dos representadas. En síntesis, considera que los Liquidadores Bancarios se extralimitaron en sus funciones de orientar la marcha del proceso de liquidación forzosa, según lo dispuesto en el Decreto-Ley 9 de 1998, pues, entraron a fijar la interpretación y alcance de las disposiciones legales en materia de compensación, conforme consta en la parte motiva de la resolución impugnada.

De igual modo, reitera el punto relativo a la aplicación de las normas del Código de Comercio a la liquidación forzosa de bancos, entre ellas, las relativas a la compensación. De este modo, las normas de este Código sobre compensación dentro de la quiebra, deben entenderse integradas al ordenamiento jurídico bancario porque así lo manda el artículo 135 de la Ley Bancaria (Decreto-Ley 9 de 1998), porque ésta no regula el tema de manera expresa y porque dichas normas en nada resultan incompatibles con la Ley Bancaria en general, ni con las normas sobre liquidación forzosa en particular (fs. 168-176 y de 189-196).

· Posición de Edflowers Corporation, S. A.

La sociedad Edflowers Corporation, S. A. compareció al proceso por medio de la firma forense A., F. &R., la cual inicia su argumentos haciendo énfasis en el orden de prelación que establece el artículo 127 del Decreto-Ley 9 de 1998, para luego señalar que el mismo constituye uno de los principios fundamentales del proceso de liquidación forzosa y que la nueva Ley Bancaria no contiene norma equivalente al artículo 1578 del Código de Comercio que expresamente permite a los deudores de la quiebra oponer compensación.

Estima la apoderada judicial de Edflowers Corporation, S.A. que esta última norma no es aplicable al proceso de liquidación forzosa de bancos dada la contradicción que existe entre la institución de la "compensación" y el orden de prelación de créditos, en la medida en que el reconocimiento de la compensación en un proceso concursal rompe la comunidad de pérdidas de la cual participan todos los acreedores y en la misma forma en que beneficia a unos (aquellos que guardan recíprocamente la condición de deudores acreedores), perjudica al resto. Es por ello que el artículo 1578 del Código de Comercio es excepcional.

Agrega la firma forense A., F. &R., que en el proceso de liquidación forzosa el interés jurídico superior que se busca tutelar es el ahorro público, conformado principalmente por depositantes y bonohabientes, y los derechos colectivos de los demás acreedores de los bancos. Ese interés, normalmente se ampara a través de principios concursales como el de la llamada ley del dividendo o la par condicio creditorum, conforme a los cuales todos los acreedores deben participar por igual en la comunidad de pérdidas. La nueva Ley Bancaria ha recogido estos principios en las normas propias de la prelación de créditos. Toda excepción al principio general contenido en la prelación de créditos debe ser expresa y por ello, dicha Ley se encarga de señalar tales excepciones, como en los casos de los depositantes menores de B/.5,000.00. y de los acreedores del banco garantizados con prendas o hipotecas que establecen los artículos 131 y 128, respectivamente.

El Código de Comercio no es ajeno a este mismo criterio y así, al adoptar el orden de prelación contenido en el Código Civil, se encarga expresamente de señalar cuáles son las excepciones que se aplican al mismo, como ocurre con el artículo 1591, que establece que los créditos garantizados con prenda, hipoteca u otra garantía real no entrarán en el concurso. Igual ocurre con el comentado artículo 1578 del Código de Comercio, que reconoce el privilegio del deudor de la quiebra a la compensación. En síntesis, se alega en este punto que establecido el principio general de cómo deben pagarse los créditos sólo proceden aquellas excepciones a tal principio que expresamente se disponga y además, que el artículo 1578 ibídem es ostensiblemente incompatible y derogatorio del orden de prelación especial de la nueva Ley Bancaria y por tanto, su aplicación a la liquidación bancaria está expresamente prohibida.

Finalmente, la apoderada judicial de Edflowers Corporation, S.A. sostiene que el hecho de que algunos de los depositantes hayan celebrado contratos de prenda con Banco Disa, S.A. para garantizar préstamos con dichos depósitos, éstos no pueden constituirse en un instrumento que obligue a sus liquidadores a aplicar las normas excepcionales del Código de Comercio en materia de quiebra. Resulta evidente que dichos contratos no obligan al banco a ejecutar la prenda y a proceder a la compensación (fs. 210-221).

· Posición de los Liquidadores Bancarios:

Los Liquidadores Bancarios se opusieron a las pretensiones de los apelantes e incidentistas a través de la firma de abogados T., L. &A., la cual sostiene que la Ley Bancaria contiene un orden de prelación autónomo y excluyente, que no admite la aplicación de otras normas especiales que no estén contempladas en la propia Ley Bancaria.

Asimismo, hacen referencia a los artículos 127 y 11 (numeral 3) del Decreto-Ley 9 de 1998, para luego indicar que de ellas se desprende el aludido carácter autónomo del orden de prelación en la liquidación forzosa bancaria, en virtud del cual los Liquidadores Bancarios están obligados a reconocer y respetar, de manera estricta e imperativa, el orden de prelación que reconoce la Ley Bancaria. En tal sentido, se agrega que el artículo 135 del Decreto-Ley 9 de 1998 es una norma general y, como tal, no prima sobre el artículo 127 ibídem, que es una norma especial, que excluye la aplicación de cualquier norma sobre orden de prelación que no esté consignada en la propia Ley Bancaria. Como si fuera poco, el citado artículo 135 establece un requisito esencial para que pueda ser aplicada una norma del Código de Comercio, Civil o Judicial a las liquidaciones forzosas administrativas: que la norma a aplicar no sea incompatible con la Ley Bancaria. Es evidente entonces, que cualquier norma que pueda alterar o contrariar el orden de prelación establecido en la Ley Bancaria y las excepciones que ésta establece, es incompatible y por consiguiente, no puede ser aplicada.

Los Liquidadores Bancarios, a través de su apoderada judicial, hacen ciertos comentarios relacionados con la compensación en la quiebra, regulada por el Código de Comercio, para luego referirse a la compensación en la liquidación forzosa administrativa, respecto de la cual cita doctrina y jurisprudencia que aluden a la inaplicabilidad de la misma en esta última.

En el caso concreto del Banco Disa, S.A., los Liquidadores Bancarios alegan que la suspensión de pagos de esta entidad bancaria se produjo desde el mismo momento en que quedó ejecutoriada la declaratoria de intervención de Banco Disa, S.A., con fundamento en la Resolución No. 70-2001 de 1º de noviembre de 2001, expedida por la Superintendencia de Bancos. Esta suspensión de pagos la establece expresamente el artículo 107 del Decreto-Ley 9 de 1998, que preceptúa que "la intervención suspende la prescripción de los créditos y deudas del Banco a partir de la fecha del aviso de que trata el artículo 97. Tampoco podrán pagarse, sin la autorización de la Superintendencia, deudas del Banco intervenido, originadas con anterioridad a la intervención".

Se agrega, que la suspensión de pagos continuó con la declaratoria de liquidación forzosa de Banco Disa, S.A., es decir, a partir del 15 de enero de 2002, con fundamento en la Resolución No. 03-2002, expedida por la Superintendencia de Bancos, en base a la propia naturaleza del proceso de liquidación que implica la indisponibilidad del patrimonio del liquidado, el cual queda sujeto a la ley de dividendos y de comunidad de pérdidas, en otras palabras, a las reglas de la distribución y pago de obligaciones establecidas en la Ley Bancaria.

Sostienen los Liquidadores Bancarios que aun en el supuesto hipotético de que se admitiera la aplicación supletoria del Código de Comercio al orden de prelación establecido en la Ley Bancaria, el artículo 1578 del Código de Comercio no sería aplicable al ser incompatible con el orden de prelación establecido en el artículo 127 de la Ley Bancaria, en la medida en que le otorga un privilegio a un grupo de depositantes, sin que esta preferencia esté contemplada ni en el artículo 127 ni en ninguna de las excepciones que establece la propia Ley Bancaria.

La única compensación por ministerio de la Ley que los Liquidadores Bancarios han reconocido es aquella que se aplica sobre las deudas y créditos recíprocos que, antes de la fecha en que se ejecutorió la intervención bancaria de Banco Disa, S.A. reunían plenamente los requisitos establecidos en el artículo 1082 del Código Civil. Esta compensación operó por mandato legal antes que se decretara la intervención del Banco (ver numeral 6 del artículo 126 de la Ley Bancaria). Mas, ninguno de los impugnantes se encontraba en esta situación, pues, sus depósitos tienen fecha de vencimiento, ya sea con posterioridad a la intervención bancaria, ya sea después que se decretó la liquidación de Banco Disa, S.A.

Por otro lado, los Liquidadores Bancarios discrepan de la opinión de los impugnantes en cuanto éstos afirman que el requerimiento de pago hecho a los deudores de Banco Disa, S.A., a raíz de la rescisión de los contratos en que este banco era parte como deudor o acreedor, da derecho a que se declare extinguida la obligación contenida en el préstamo que Banco Disa, S.A. le otorgó a dicho deudores con cargo al crédito que éstos ostentan contra dicho Banco, es decir, por compensación.

De acuerdo con los Liquidadores Bancarios, si bien es cierto que con la declaratoria de liquidación forzosa se rescindieron todos los contratos en los que Banco Disa, S.A. es parte como acreedor o deudor, la conclusión final a la que llegan los impugnantes es equivocada. En ese sentido, los Liquidadores Bancarios citan el artículo 125 del Decreto-Ley 9 de 1998 para luego señalar que esta norma utiliza la palabra "rescisión", no como nulidad relativa al tenor de lo establecido en el artículo 1141 del Código Civil, ya que ello implicaría unos efectos -como el de retroactividad- contrario a los fines y naturaleza de la liquidación bancaria. La nulidad de todos los contratos nos conduciría a una situación absurda. La norma en este caso utiliza la palabra "rescisión" como sinónimo de "resolución", es decir, terminación del contrato. De allí se explica el texto del párrafo segundo de dicha norma que concede a los deudores, previa notificación de la resolución de liquidación, un término de dos meses para que cancelen sus obligaciones. Si bien esta terminación implica para los deudores del banco la cancelación de sus obligaciones en un plazo de dos meses, ello, por el contrario, no significa que los Liquidadores de Banco Disa, S.A. estén obligados a cancelar de manera inmediata o en un plazo de dos meses, todas las obligaciones con los depositantes y demás acreedores (salvo las obligaciones propias de la administración de la liquidación). Y es que no se puede perder de vista que la liquidación forzosa del banco -como la quiebra- tienen por propósito, precisamente, ante la incapacidad del liquidado o quebrado de satisfacer íntegramente sus deudas, la realización o liquidación de dicho patrimonio para pagar las deudas de conformidad con las reglas de distribución establecida en dicha Ley. En consecuencia, se produce la indisponibilidad del patrimonio del liquidado. Las deudas del banco quedan bloqueadas, sometidas a la Ley de dividendos y al riesgo de los resultados de la liquidación. Mal puede caber compensación cuando uno de los patrimonios - el del liquidado - está sujeto al cumplimiento de las reglas y el procedimiento de liquidación forzosa.

La compensación sólo debe aplicar una vez se haya determinado la pérdida que han de cargar todos los depositantes y acreedores, sin privilegio, incluyendo aquellos que ahora alegan compensación. La Resolución No. 005-2002, precisamente, lo que indica es que la compensación se aplicará en el momento en que se defina el valor de las deudas del Banco Disa, S.A. , después de someter a los depositantes y demás acreedores a la comunidad de pérdidas a que están sometidos todos los acreedores a los cuales la Ley Bancaria no les ha otorgado un privilegio o preferencia.

Finalmente, alegan los Liquidadores Bancarios que no existe la violación del principio de autonomía de la voluntad que se alega, ya que tanto en el contrato de préstamo con garantía prendaria, como en el Reglamento de depósitos a plazo fijo, el Banco tenía la facultad u opción de cobrarse cualquier crédito con cargo a esos depósitos vía compensación. Es decir, que se trataba simplemente de una facultad concedida al Banco, mas no de una obligación que éste debía necesariamente cumplir. Mal puede existir violación al principio de la autonomía de la voluntad si lo que han hecho los Liquidadores Bancarios es ajustarse a lo pactado, es decir, han decido compensar sólo después de someter las acreencias de los impugnantes y de todos los demás que se encuentren en idénticas condiciones a la comunidad de pérdidas ((fs. 1-19, 233-235).

Cabe agregar, que los señores S.B. y V.P., este último en representación de Productos San Antonio, S.A., también se opusieron al contenido de la Resolución No. 005-2002, de 4 de abril de 2002, no obstante, lo hicieron sin la intervención de apoderado judicial. Además, el primero de ellos presentó su impugnación de forma extemporánea.

DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Como ha podido verse, en el presente negocio lo que se discute es si las deudas que los apelantes e incidentistas tienen con Banco Disa, S.A. en liquidación, por razón de obligaciones crediticias contraídas con esta entidad, podían compensarse automáticamente o no con el saldo de los depósitos a plazo fijo que aquellos mantenían en dicho banco en el momento en que se decretó la liquidación.

Como se vio antes, el Capítulo XVI del Título III del Decreto-Ley 9 de 1998 (artículos 115 hasta el 136), que regula lo concerniente a la Liquidación Forzosa de bancos, no contiene ninguna disposición relacionada con la compensación. De allí que los incidentistas y apelantes estimen que el artículo 1578 del Código de Comercio debió aplicarse supletoriamente a la liquidación forzosa. De acuerdo con esta norma, "El deudor de la quiebra con derecho a oponer la compensación podrá hacerlo aún cuando su acreencia no sea líquida o no esté vencida".

Según los impugnantes, la aplicación supletoria del precepto citado la autoriza el artículo 135 del citado Decreto-Ley, que es del tenor siguiente:

ARTÍCULO 135. IMPROCEDENCIA DE LA QUIEBRA. No se podrá solicitar la declaratoria de quiebra de Bancos. Sin embargo, a la liquidación forzosa se aplicarán con carácter supletorio las normas del Código Civil, del Código de Comercio y del Código Judicial en lo que no sean incompatibles con las del este Decreto-Ley.

Como puede verse, la disposición transcrita ciertamente hace aplicable a las liquidaciones forzosas de bancos normas de los Códigos Judicial, Civil y de Comercio, pero restringiendo tal aplicación a aquellas normas que no son incompatibles con las normas de dicho Decreto-Ley.

El examen de las constancias procesales revela que la discusión en torno a si el artículo 1578 del Código de Comercio es o no incompatible con el Decreto-Ley 9 de 1998, básicamente, se centra en el artículo 127 de este último cuerpo legal, que establece el orden en que debe ser cancelados o satisfechos los créditos que se tengan contra la masa de la liquidación. El texto de esta norma es el siguiente:

"ARTÍCULO 127. ORDEN DE PRELACIÓN.

Salvo lo dispuesto en otros artículos de este Decreto-Ley, los créditos contra la masa de la liquidación serán pagados en el siguiente orden:

  1. Créditos de carácter laboral.

  2. Créditos de la Caja de Seguro Social en concepto de cuotas obrero patronales de los empleados del Banco.

  3. Créditos de carácter tributario con el Tesoro Nacional o los Municipios, así como tasas por servicios que preste el Estado.

  4. Los depósitos de que trata el artículo 131 de este Decreto-Ley.

Los demás depósitos y otros créditos.

Los créditos comprendidos en cada una de estas categorías se pagarán a prorrata. Cada categoría excluye a otras según el orden establecido en el presente artículo hasta donde alcancen los bienes del Banco.

No son aplicables a los Bancos las preferencias o prelaciones establecidas por leyes especiales."

Como se ha indicado, el precepto transcrito consagra el orden de prelación de los créditos contra la masa de la liquidación. Según el autor M.B.P., esta graduación de los créditos tiene "por finalidad esencial lograr que cada uno de ellos quede colocado (graduado) en el orden que según su naturaleza le corresponde, para ser pagado ordenadamente con el producto de la liquidación de la masa activa" (Manual de Derecho Mercantil. E.. Tecnos. 8ª Ed. Madrid. 1990, pág. 682).

Hechas las anteriores anotaciones en torno al orden de prelación en sí, resulta conveniente hacer algunos comentarios sobre el contenido mismo del precepto transcrito, en aras de determinar si es incompatible con el artículo 1578 del Código de Comercio. Lo primero que cabe apuntar es que este orden de prelación, aplicable a la liquidación forzosa, excluye cualquier otro tipo de prelación o preferencia establecido por leyes especiales, tal como declara expresamente el último inciso de aquella norma cuando señala que "No son aplicables a los Bancos las preferencias o prelaciones establecidas por leyes especiales".

No obstante lo expresado, el orden de prelación de créditos que contiene el artículo 127 ibídem tiene excepciones, que no son otras que las señaladas por el mismo Decreto-Ley 9 de 1998. Ello se desprende de su primer párrafo, que inicia con la frase: "Salvo lo dispuesto en otros artículos de este Decreto-Ley... los créditos... serán pagados en el siguiente orden...". Dentro de estas excepciones se encuentran los depósitos de B/.5,000.00 o menos, pertenecientes a personas naturales, que "se pagarán con preferencia a otros depósitos" (artículo 131) y los créditos garantizados con prenda o hipoteca que "gozarán de preferencia sobre cualesquiera otros créditos respecto de los bienes gravados, hasta donde alcance su valor" (artículo 128).

Desde la perspectiva planteada, la Sala estima que el citado artículo 1578 del Código de Comercio es incompatible con el orden de prelación establecido en el artículo 127 del Decreto-Ley 9 de 1998, pues, siendo la compensación una forma de pago que opera en doble vía, es evidente que si se utilizan los depósitos de los apelantes e incidentistas para cancelar sus obligaciones (préstamos), simultáneamente se estarían cancelando los créditos (depósitos) que ellos tienen contra el banco en liquidación, sin cumplir el orden de prelación establecido en el artículo 127 ibídem. De este modo, como sostiene la Superintendencia de Bancos, los depositantes que no tienen a su vez la condición de deudores de Banco Disa, S.A., se verían doblemente perjudicados, pues, además de soportar la disminución de la masa de la liquidación, tendrían que esperar a que sus acreencias fuesen satisfechas siguiendo el orden de prelación fijado por el comentado artículo 127.

Sobre este particular, el citado autor M.B.P. sostiene lo siguiente:

"La compensación es, pues, un medio para la extinción de las obligaciones. Precisamente por ello surge, en caso de quiebra, el problema de la admisibilidad de la compensación. A. sería tanto como permitir el pago de una deuda de la masa vía extraconcursal y, además, mediante la disposición de un crédito contra un tercero integrado en su masa activa precisamente para con su importe pagar a su acreedor. Importe con el que se pagaría a un acreedor del quebrado y se reduciría su masa pasiva, pero todo ello en perjuicio de sus restantes acreedores, consecuencia implícitamente prohibida por las disposiciones concursales. N. conduciría al injusto resultado de que el quebrado pudiera exigir a su deudor el íntegro importe de su crédito, mientras que tan solo le pagaría parte de su deuda. Ante esa disyuntiva, nuestro derecho nada resuelve explícitamente (aunque sí implícitamente en el artículo 1.165-5.º del C. c.), inclinándose nuestra mejor doctrina por negar la admisibilidad de la compensación."

(Ibídem, pág. 672).

La aplicación de la compensación dentro de la liquidación forzosa de bancos contrasta con la igualdad de trato y de comunidad de pérdidas que deben sufrir todos los acreedores. Es lo que en materia de quiebra y de liquidación forzosa se conoce como principio de "par conditio creditorum", que según el autor P.G., implica que "todos los acreedores quedan sujetos a una igualdad de condiciones, salvo que la ley señale expresamente algún privilegio" (Procesos Concursales. Vol. I.E.. T.. Santa Fe de Bogotá. 1992, pág. 10). El principio "par conditio creditorum" lo recoge el Decreto-Ley 9 de 1998 en el tantas veces mencionado artículo 127, no sólo en cuanto gradúa o ubica a los acreedores en distintas categorías, según la naturaleza de su crédito, sino también, en cuanto establece que los acreedores de cada categoría serán pagados a prorrota y que cada categoría excluye a las otras según el orden establecido en dicha norma, hasta donde alcancen los bienes del banco. También se recoge en el artículo 115 (numeral 3), donde se señala como principio orientador del proceso de liquidación forzosa el "respeto de los derechos y prelaciones que reconozca el presente Decreto-Ley".

La Sala debe señalar, por otra parte, que discrepa de lo afirmado por algunos de los apelantes e incidentistas en el sentido de que, por razón del contrato de prenda celebrado con Banco Disa, S.A., éste estaba obligado a debitar de los depósitos a plazo fijo el saldo de los préstamos garantizados con prenda. Al respecto, se debe recordar que con la declaratoria de liquidación forzosa los contratos en que era parte Banco Disa, S. A. quedaron resueltos por virtud de lo establecido en el artículo 125 del Decreto-Ley 9 de 1998, de modo que mal puede argüirse que por virtud de estos contratos Banco Disa, S.A. estaba obligado a ejecutar las prendas. Tampoco podían ejecutarse dichas prendas, ya que por efectos de la intervención y la posterior declaratoria de liquidación forzosa, como se verá más adelante, Banco Disa, S.A. no podía hacer pagos, ni disponer libremente de sus bienes y derechos, los cuales pasarían a formar la masa de la liquidación que, a su vez serviría para satisfacer los créditos que existiesen contra la misma, según el orden de prelación establecido en el artículo 127 ibídem.

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, es conveniente señalar que de la documentación aportada tanto por los Liquidadores Bancarios, como por algunos de los impugnantes, no se advierte que Banco Disa, S.A. estuviese obligada a ejecutar la prenda, como señalan los impugnantes. Por el contrario, lo que se advierte es que esta entidad bancaria tenía simplemente una facultad u opción de ejecutar las prendas y cobrarse a través de ellas el saldo de los préstamos hechos a los impugnantes. Es más, en la referida documentación consta el Reglamento de Depósitos a Plazo Fijo, el cual alude expresamente a la compensación en su punto 9, cuando señala que "EL BANCO podrá, en cualquier momento, cobrarse con cargo a este depósito cualquier deuda vencida que el CLIENTE tenga contraída para con EL BANCO, ya sea como deudor principal o como fiador".

Otro elemento que a juicio de la Sala debe ser considerado para no admitir la compensación dentro de la liquidación de Banco Disa, S.A., guarda relación con las consecuencias o efectos derivados, tanto de la intervención como de la liquidación forzosa de Banco Disa, S. A. Conviene destacar, por ejemplo, que a raíz de la intervención, la representación, administración y control del banco quedó en manos de los interventores (artículo 96 del Decreto-Ley 9 de 1998); y además, que por mandato del artículo 105 ibídem, dicho banco quedó impedido de pagar deudas "originadas con anterioridad a la intervención", sin la autorización expresa de la Superintendencia de Bancos. Además, con la declaratoria de liquidación forzosa, Banco Disa, S.A. entró en un proceso en que los depositantes y demás acreedores debían comparecer al banco a presentar sus acreencias para integrar la masa pasiva de la liquidación (artículo 120); donde los deudores, a su vez, quedaron obligados a satisfacer sus obligaciones en un término de dos meses, contados a partir de la ejecutoria de la liquidación (artículo 125, párrafo segundo) y los bienes y derechos presentes y futuros del banco pasaron a integrar la masa de la liquidación (artículo 123); además, los contratos en que Banco Disa, S.A. era parte quedaron resueltos (artículo 125) y sus bienes no podían ser objeto de medidas cautelares, salvo los gravados con un derecho real (artículo 133).

Como puede advertirse, a raíz de la intervención y posterior declaratoria de liquidación forzosa, Banco Disa, S.A. entró en una situación verdaderamente excepcional, caracterizada principalmente por la imposibilidad de hacer pagos y de disponer libremente de la masa de la liquidación, siendo que ésta serviría para pagar los créditos que existiesen contra ella, entre ellos, los depósitos, pero según las reglas que prevé el artículo 127 Decreto-Ley 9 de 1998. De allí que, en opinión de la Sala, mal podían los Liquidadores Bancarios aplicar la compensación dentro de la liquidación forzosa administrativa de Banco Disa, S.A., de la forma pretendida por los apelantes e incidentistas.

Las consideraciones que anteceden llevan a la Sala a desestimar los argumentos de los impugnantes y en consecuencia, confirme las resoluciones censuradas.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA las Resoluciones No. 001-2002 de 4 de abril de 2002 (Anexo No. 03-01) y No. 005-2002, de la misma fecha, expedidas por los Liquidadores Bancarios de Banco Disa, S. A.

NOTIFÍQUESE.

WINSTON SPADAFORA FRANCO

ADÁN ARNULFO ARJONA .- JOSE TROYANO

ANAIS B. DE GERNADO

-(Secretaria Encargada)