Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 29 de Enero de 2001

PonenteGABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ M
Fecha de Resolución29 de Enero de 2001
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Conoce esta Superioridad, los recursos de apelación promovidos dentro del proceso seguido a J.R.C.B., J.M.M.P., N.M.M.P., M.P.W., J.C.L.A. y a G.A.A.C. por delito Contra la Vida y la integridad personal (Homicidio) y Contra la Seguridad Colectiva (Asociación ilícita para delinquir) en perjuicio de ENEIDA MARÍA CORTES CORTES y M.Á.C.Q..

La resolución es el auto encausatorio vertido contra los sindicados el día 24 de marzo de 1998, como posibles responsables de los delitos contenidos en el Capítulo I, Título I y Capítulo III del Título VII del Libro Segundo del Código Penal. Apelaron la misma todos los imputados y los Defensores Técnicos Guerra y Guerra Abogados, C.C.G., V.J. y A.M..

Dentro del término legal, solamente sustentaron la apelación, Guerra y Guerra Abogados, C.C.G. y L.C.A., quienes representan a G.A.A.C., J.R.C.B., N.M.M.P., respectivamente, la representante de la Vindicta Pública y el Acusador particular D.V.C. presentaron su oposición a los mismos, memoriales que pasamos a estudiar.

ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES

A. Recurso de la Firma forense Guerra y Guerra Abogados.

Como defensora de G.A., expone en su memorial que su patrocinado colaboró con las investigaciones y es partir de su declaración "...que realmente la Fiscalía Cuarta Superior tiene un expediente, tiene señalamientos directos ..." (f. 6127).

Que solamente reconocen a su defendido D.M.S.V. y L.C.L.B.. Anota que el mismo ha sido víctima de las circunstancias y no se puede inferir participación secundaria de éste por haber contado todo cuanto sabía (f. 6128).

Culmina su memorial anotando que en el expediente constan pruebas que desvinculan a su patrocinado del delito que se le endilga y solicitan para éste un auto de sobreseimiento definitivo (fs. 6129).

B.R. delL.C.E.C.G..

Como Defensor Técnico de J.R.C.B., el letrado C.G. solicita un sobreseimiento provisional exponiendo en su extenso libelo impugnativo, entre otros puntos lo siguiente:

"No existe ningún indicio que acredite que hubo instigación por parte de J.R.C. para que sea involucrado en este doble homicidio advertíamos, que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en una causa, de 10 tomos y más de 4,918 folios, el Tribunal de la causa decide en 16 días hábiles, obviando el principio de presunción de inocencia, de favorabilidad al investigado..." (f. 6143)

"En la investigación que ahora se somete a los Tribunales para su calificación no se ha probado la autora intelectual y mucho menos el delito de Asociación Ilícita para delinquir, lo único que existe son posibles indicios, por los señalamientos de los testigos L. y D.R.T., de que días antes supuestamente vieron a JOAQUIN, Y N.M.P., en actitud de vigilancia de la casa de M.A.C., no obstante, estos sujetos nadie los puede vincular ni relacionar con J.R.C., por ende, se ha probado la autora (sic) de un hecho punible, existen posibles indicios contra algunos de los sujetos investigados, por aquellos de que un mes antes los vieron preguntando por el lugar, pero ninguno de los testigos que inicialmente vio al sujeto de tez morena que menciona en el teatro de los acontecimientos puede reconocer a quien o quienes perpetraron los disparos que causaron la muerte a CUBILLOS Y A CORTES." (f. 6147).

"En otro orden de ideas en lo relativo al llamamiento a Juicio por "Asociación Ilícita para delinquir" nos parece inadecuado decir que todos los investigados incluyendo a J.R.C.B., estén unidos para cometer delitos.

Dónde está la jerarquía, la clasificación por bandas o jefaturas, la programación y continuidad, las citas periódicas o el conocimiento de reuniones para repartir sumas de dinero o para llevar a cabo el concurso material de los delitos para lo cual se encuentran organizados." (f. 6147)

"Ninguno de estos aspectos se localizan en la investigación tampoco entendemos como puede llamarse instigador a una persona y a la vez miembro de un grupo que está organizado para cometer delitos y en donde todos tienen que estar de acuerdo por un fin común sin que a uno u otro se le ofrezcan dádivas o recompensas." (f.6148).

"De acuerdo a lo normado por el artículo 2115 del Código Judicial, la indagatoria tiene como presupuesto la existencia del hecho punible y la "probable vinculación del imputado", por otra parte, el artículo 2222 exige que para poderse emitir un llamamiento a juicio exige adicionalmente "serios motivos de credibilidad, conforme a las reglas de la sana crítica o graves indicios contra alguno". Es decir, si ya se ha probado en autos que no existe una probable vinculación de los elementos probatorios existentes en el expediente, a fortiori debe concluir que no existen elementos para proceder a una vocación a juicio en contra de nuestro representado." (f.6151).

C. Recurso del Licenciado L.C.A.R..

Actuando como Defensor de Oficio del imputado N.M.P., enuncia su opinión respecto algunos de los elementos probatorios incorporados al sumario y anota en lo medular del mismo lo siguiente:

"Lo triste de esta investigación es que solo basta con el testimonio de una persona para llamar a juicio a mi patrocinado. Una declaración de una persona que tiene claro interés en el resultado final del proceso, por cuanto que, él mismo esta siendo investigado en este mismo caso.

Aún más pesar da que a este sujeto se le otorga una medida cautelar.

En resumida (sic) cuentas, lo que tenemos en el expediente es una serie de declaraciones rendidas por familiares de las víctimas que en primer lugar, no logran reconocer a los verdaderos autores del ilícito.

En segundo lugar, se obtienen informaciones a través de llamadas telefónicas de personas desconocidas que no sabemos por que razón involucran a NATA en un hecho delictivo que no intervino. Y en tercer lugar, se aprecia que con los reconocimientos bastantes dudosos, en los cuales participaron las mismas personas que habían intervenido anteriormente y que no pudieron reconocer a nadie, en esta última oportunidad si lo hicieron.

No se sabe que le dieron a estos sujetos para que en esta ocasión pudieran refrescar claramente la memoria y lograran visualizar a los supuestos participes (sic) con las mismas fotografías que ya se le habían presentado." (fs. 6155-6156).

Culmina su libelo de impugnación peticionando la revocatoria del auto dictado y que se ordene la ampliación del sumario indagando y careando con el resto de los sindicados al señor C.B..

ARGUMENTO DE LA OPOSICIÓN

La Fiscal Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, licenciada A.B.F., presentó su memorial de oposición a los recursos de apelación interpuestos por los defensores de los sindicados.

En el extenso libelo destaca lo siguiente: elementos probatorios que conforman la investigación, haciendo un resumen pormenorizado de los mismos; realiza el análisis fáctico jurídico señalando el aspecto objetivo y subjetivo de los delitos; anota una conclusión, y conclusiones relativas a la situación jurídica de cada uno de los imputados plasmadas en su vista fiscal y acogidas por el Segundo Tribunal Superior de Justicia; termina el libelo en un apartado titulado "RECOPILACIONES JURISDICCIONALES SOBRE LOS FALLOS JURISDICCIONALES QUE SE HAN DADO A LA FECHA CON RESPECTO A LA SITUACION JURIDICA DE LOS IMPUTADOS." (f. 6223)

Al opinar en cuanto al recurso del letrado C.G., refiere que el mismo ataca la vista fiscal y ello no procede por las siguientes razones: "1. La vista fiscal no es objeto del recurso de apelación. 2. El escrito de sustentación del recurso de apelación debe versar sobre los razonamientos y decisiones tomadas por el Magistrado Sustanciador en el auto encausatorio, y no sobre los razonamientos efectuados por el agente de instrucción en su vista fiscal." (f. 6238).

Respecto al recurso del Defensor de Oficio, licenciado L.C.A.R., objeta la afirmación de que M.P. no contó con asistencia letrada en las diligencias de reconocimiento que se le efectuaron, porque el mismo fue asistido en ambas ocasiones por el licenciado F.P., miembro del Instituto de Defensoría de Oficio. (f. 6240)

Igualmente, anota la señora F. que contra M.P. no existe solamente un señalamiento sino los señalamientos de D.M.S.V. y de L.C.L.B. (f.6240-6241).

Del recurso del licenciado A.G., señala que debe desestimarse el reclamo en cuanto al reconocimiento de AROSEMENA CEDEÑO dado que las fotografías mostradas al testigo reconocedor fueron por separado y en carpetas distintas. (f.6241). También, considera que el reclamo en cuanto a la acusación al imputado AROSEMENA CEDEÑO de autor o cómplice primario es extemporánea ya que no es en ésta fase donde se califica dicha participación (f. 6242).

El licenciado D.V.C. en su condición de Acusador Particular peticiona se confirme la resolución impugnada por "estar claramente demostrado y comprobado que hubo planeación, seguimiento, preparación del delito, ejecución y consumación del mismo." (Folio 6246).

En cuanto a G.A.A. señala que su participación: "... está totalmente probada, pues formó parte de los seguidores y no ha probado que el día de los hechos no participó del mismo. Ha sido señalado por testigos que lo vieron en el teatro de los acontecimientos, Adicional a esto su confesión, es plena de prueba, pues narra relato y describe un hecho, el cual sino lo conoce no puede dar detalles del mismo." (Folio 6252).

Respecto al recurso a favor de N.M.P. refiere que constan una serie de pruebas y que está plenamente identificados (folio 6254).

Al referirse al señor C.B. señala que si éste no fuere el autor intelectual, el imputado JOAQUIN "...no hubiere activado el gatillo." (folio 6255). Que son muchas las pruebas que existen contra C.B..

Examinados los argumentos de los recurrentes y de los opositores, corresponde a la Sala decidir la alzada en los términos previstos en el artículo 2428 del Código Judicial.

HECHOS

En horas de la noche del 24 de abril de 1995, en la acera frente a una residencia ubicada en la vía principal de Villa Guadalupe, distrito de San Miguelito, resultaron muertos a consecuencia de disparos con arma de fuego los ciudadanos E.M.C.C. y M.Á.C.Q..

Los dictámenes del médico forense, una vez analizados los cuerpos, determinaron que la muerte de E.M.C.C. fue por Choque hemorrágico por perforación cardíaca/pulmonar por bala y la muerte de M.Á.C. QUINTANAR producto de Choque hemorrágico por perforación cardio-pulmonar (balas) de fojas 262-289 y 352-353.

La División de Balística del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, estudió dos de los proyectiles que impactaron el cuerpo de M.A.C.Q. estableciendo lo siguiente: "Fue llevado al estudio los dos (2) proyectiles incriminados descritos en los puntos A y B respectivamente, determinándose que por su estructura y estudio físico ambos corresponden a un calibre .38; el análisis comparativo demuestra puntos característicos coincidentes en igualdad lo que establece que ambos fueron disparados por una sola arma de fuego; el estudio también determina que esta arma de fuego posiblemente pudo ser un revólver calibre .38, marca ROSSI ó TAURUS." (f. 378).

La señora L.G.Q.M., madre del occiso, rindió declaración ante la División de Delitos Contra la Vida e integridad de las personas de la Policía Técnica Judicial, e indicó en la misma:

"... de pronto yo estaba en la sala escribiendo a máquina, cuándo (sic) escuchamos varios disparos y ví (sic) como el brillo de las balas cuándo me quise parar, cuándo salí de la casa, pensé que era algún ladrón que estaban persiguiendo y ví (sic) a mí hijo tirado y a la muchacha al lado, grité y pedí ayuda y paramos un taxi, él señor mé (sic) llevo hasta el Seguro de San Miguelito, en compañía de un vecino mío que es médico y cuándo (sic) yo recogía mí (sic) hijo yo sabía que estaba muerto, pero lo quisé (sic) llevar al hospital, ya que tenía la esperanza que algo pudierán (sic) hacer por él y cuándo llegamos nos dijerón (sic) que estaba muerto." (foja 15)

"Señor Inspector, la única persona con la cuál (sic) en la que yo sospecho tenía motivos que podía atentar contra la vida de él, era el ex-marido de ENEIDA, él señor R.C., gerente de Industrias Lacteas (sic) la Estrella Azul, ya que ENEIDA había tenido un hijo con él hace siete (7) años ..." (foja 16)

A.V.H. aporta su testimonio en cuanto a lo ocurrido el día de autos manifestando:

"... mé (sic) fije cuándo (sic) salieron del garage y estaban abrazados y de ahí entre y dí (sic) dos pasos dentro de la puerta del garage, fue cuándo (sic) escuche los dis-paros y mé (sic) tiré al piso, cuándo paso la confusión que mé (sic) levanté, ví (sic) un hombre moreno de mediana estatura con una camiseta me parece y una gorra no mé (sic) percate del color, pero si sé que tenía gorra y de tez morena, que iba corriendo por toda la calle, cara no puedo decir que ví (sic) porque no sé la visualice bien y es todo lo que té (sic) puedo decir. (f. 66)

M.C. Cortes Cortes rinde declaración señalando que posiblemente asesinaron al señor M.Á.C. y a su hermana E. CORTES por celos de su marido J.R.C. o de la esposa de éste J.C. de C. (f. 70).

En declaración jurada D.M.S.V. expresa:

"Señor Inspector, el día 24 de abril del presente año, como a las nueve y treinta de la Noche (9:30 pm) aproximadamente, yo me encontraba afuera de mi casa conversando con la vecina de nombre A.M., cuando de pronto vi a un sujeto de tez morena pasar al otro lado de la acera de mi casa y de donde nosotras dos nos encontrabamos (sic), con dirección a hacia abajo, al los pocos minutos de pasar este sujeto escuche (sic) seis detonaciones de arma de fuego, y observe al sujeto de tez morena salir corriendo." (f. 97)

"PREGUNTADA: Diga la declarante, cómo era la descripción física del sujeto de tez morena que Usted hace mención en líneas anteriores? CONTESTO: Señor Inspector, era de tez morena, de contextura agarrada, de una estatura aproximada de un metro con sesenta y cinco (1.65 metros). (f. 97).

Mediante declaración jurada NEMESIO EUSEBIO VALDES VILLARREAL expuso que en la noche de autos, luego de escuchar las detonaciones, vio a un sujeto con una pistola en la mano, subiendo a un vehículo pequeño, de color rojo y con vidrios ahumados. El vehículo se encontraba estacionado en la intersección de Villa Guadalupe y C.R., y salió con dirección hacia Tocumen (f. 100).

O.C.C., hermana de la difunta E.C., anota que ésta le dijo que el señor C.B. "... prefería verla muerta, antes de que ella se fuera de la casa,..." (f. 103).

La señora J.C. de C. comparece ante la División de delitos Contra la Vida y la integridad personal, indicando que se enteró del hecho de autos por parte de su abogado J.O. quien le llamó para avisarle que había salido en la televisión (f. 176). Niega haber inferido amenazas de muerte contra la difunta CORTES (f. 177), contratado alguien para que la siguiera o le quitara la vida (f. 182).

J.R.C.B. expresa al rendir declaración jurada que quedó en estado shock al enterarse de la muerte de la occisa CORTES, luego que su esposa le informó el hecho (f. 185). Niega haber realizado llamada alguna a la casa del occiso CUBILLOS, ordenado a alguien que siguiera a ENEIDA CORTES (f.187, 188 y 196). Igualmente, niega haber proferido amenaza alguna contra la occisa (f. 197).

DINORA REYES TORRES respecto a lo acaecido la noche de autos indica:

"Señor Inspector, cuándo (sic) nosotros íbamos (sic) saliendo de la vereda el muchacho pasó corriendo, solamente ví (sic) el celaje no puedo describir a la persona y ví (sic) que llevaba algo en la mano, pero no sé que era y era una distancia de diez (10) metros aproximadamente y eso estaba oscuro (f. 204).

L.C.L.B. afirmó en su declaración:

"... y yo salí corriendo con D., hacía la calle que conduce a la casa de la señora LUCI, me pare porqué, me pare porque ví (sic) a un muchacho que iba corriendo y llevaba una cosa en la mano y esperé que fuera por la esquina, para yo salir a la calle y después me fuí (sic), para dónde (sic) la señora L., para ver a quién le habián (sic) disparado, y entonces yo no veía a nadie en la calle y me fuí (sic), ..." (f. 209)

"Señor Inspector, era una persona de baja estatura, moreno, agarradito, vestía una gorra de color blanca, con un pantalón blanco y un sueter blanco y las medias blancas arriba y está (sic) persona iba corriendo mirando hacía atrás me imagino, para ver si lo estaban siguiendo y llevaba algo en la mano que no sé que era y una distancia como de diez (10) metros más o menos no estaba muy lejos." (fs. 209-210)

El señor R.E.M.P. manifiesta en su declaración que labora como supervisor de planta en Industrias Lácteas, que el día de autos se encontraba en compañía de su mujer (fs. 220 y 223).

R.H.M.E. aporta su testimonio indicando que labora en la empresa Industrias Lácteas como supervisor de ventas, que el día de autos se encontraba en su residencia en compañía de su esposa e hijas (fs. 228 y 229).

La joven A.A.E.M. de lo ocurrido la noche de autos relata lo siguiente:

"Señor fiscal, yo estaba afuera en un carro con una amiga de nombre Dulce, cuando vimos pasar el muchacho, pero nadie se imaginaba eso, cuando oímos las detonaciones, oí a Luz gritando, pero no sabía que ella estaba allí afuera con los muchachos, cuando L. gritó ella mencionó el nombre del hijo todo el mundo salió corriendo a ver lo que pasó y vimos a los muchachos tirados en el suelo ..." (fs. 347-349).

"S.F., era un sujeto más o menos alto, alrededor de 1.75 metros, era agarrado, el rostro no se lo pude ver bien, él llevaba la cabeza media inclinada, ..." (f. 349).

El 29 de diciembre de 1995, (fs. 254), concurre al despacho de la Fiscalía Cuarta Superior la señora LUZ G.Q., manifestando que a los tres meses de muerto su hijo, recibió una llamada anónima en su casa donde se le decía que los autores de su muerte habían sido .. "dos tipos que andaban con la banda de los "chuquis" de B. y C. y que uno correspondía al nombre de JOAQUIN y el otro tenía el apodo de Ñata".

Con esa información, la agencia instructora logró la fotografía de dos personas que supuestamente correspondían a las personas de N.M.M.P. (A) NATA y de J.M.M.P., precisándose posteriormente que unas de las fotos no correspondía a J.M.P. sino a G.A.A.C. (ver fs. 326). Seguidamente se ordena un reconocimiento fotográfico con la participación de DINORA REYES TORRES, L.C.L.B. Y DULCE MARÍA SAMUDIO VILLARREAL. En esas diligencias de reconocimiento, DULCE MARÍA SAMUDIO VILLARREAL reconoce a N.M.M.P., como la persona que vio el día de los hechos; L.C.L. reconoce a G.A.A.C. como uno de los sujetos que días antes del hecho estaba cerca de la residencia de M.Á.C.Q., mientras que DINORA REYES TORRES no logra reconocer a ninguna de las personas cuyas fotografías se le presentaba, dejando constancia el Ministerio Público, que la carpeta No. 1, dentro del juego de fotografías y con el número 7 aparecía la fotografía correspondiente a J.M.P..

El agente instructor, ante los reconocimientos anteriores, ordena la detención de N.M.M.P. y de G.A.A.C., y al tomarle indagatoria a éste diez meses después de los hechos (ver fs. 403), a pregunta que le hace la Fiscalía sobre si tenía conocimiento de la muerte violenta de ENEIDA CORTES CORTES y M.Á.C.Q., responde lo siguiente: "S.F., yo iba a Río Abajo y me quedaba en la casa de un muchacha de nombre DEVIL, (sic) quiero aclarar que era en Chanis, yo me quedaba en el cuarto de ella. Un día después de lo sucedido el ciudadano J.M., llegó al cuarto que estaba yo y el hermano NATHANIEL y comenzó a contarle al hermano lo sucedido, yo estaba allí escuchando". Agrega G.A. en esa indagatoria, que J. le decía a su hermano que la noche anterior había matado a dos personas, que se le pagó por hacer ese hecho, que le había pagado el señor "que andaba con la mujer que mataron, hasta donde escuché el esposo de la mujer había mandado a matar al tipo, lo hizo por medio de otra persona, sé que era una persona de plata, no sé si tení (sic) posición en el gobierno, era un empresario" y continúa manifestando A. que le parecía que el pago fue con cheque porque J. mencionó algo de cheque, que creía que el cheque era por B/.2000.00 ó B/.2,500.00, que J. no llegó a decir el nombre de las personas que había matado, que creía que el cheque era del Banco General y se había hecho efectivo una semana después, que la razón que dio como motivo para que se le contratara era "que la esposa del que pago lo estaba quemando con el que mataron". De los cargos que formula contra J.M.M. en esta indagatoria, así como el del lugar en donde escuchó la conversación - el cuarto de una muchacha de nombre D.A.- se afirma y ratifica G.A.A.C. en declaración jurada que aparece a fojas 4ll.

DINORA REYES TORRES, L.C.L.B., DULCE M.S.V., NEMESIO VALDES VILLARREAL y A.E., aportan sus testimonios y de los mismos se deduce que para la realización de este doble homicidio se dio una labor de vigilancia y seguimiento cerca de la residencia del joven M.A.C.Q., lugar que visitaba con frecuencia la señora E. CORTES CORTES, ya que se ha establecido en el expediente que cerca de un parque del Barrio de V.G. iban varios sujetos en un carro rojo que coincide con el vehículo utilizado por los homicidas el día de autos.

De las declaraciones citadas, solamente DINORA REYES TORRES y L.C.L. indican que en dos ocasiones anteriores a los hechos, observaron a unos sujetos cerca del lugar, que conversaron con ellos y que dichos sujetos, dice D., "de aquí de Panamá no eran, ya que hablaban como colombianos", mientras que L.C. indica que "tenían acento como de extranjero, como colombiano". D. afirma que la primera vez los sujetos "no cojieron (sic) para el lado que vivía la señora LUCY" (madre de MIGUEL) y ambos coinciden en que en la segunda ocasión que volvieron dichos sujetos, se encontraban acompañados de una tercera persona y que ésta caminó hacia la esquina de la calle donde se ve la casa de L..

Ninguno de los otros testigos citados por la Fiscalía como lo son DULCE M.S.V., NEMESIO VALDES VILLARREAL y ANGEL ESPINOSA, en sus declaraciones de fojas 96, 99 y 347 respectivamente hacen referencia a "labor de vigilancia y seguimiento de las víctimas" en el lugar de autos.

En cuanto a la presencia de esos sujetos cerca del parque en un carro rojo "que coincide con el vehículo utilizado por los homicidas el día del incidente" el vehículo aprehendido como el utilizado en la noche que se produjo el lamentable suceso, es de cuatro puertas, TOYOTA COROLLA (ver fs. 967), mientras que el carro que L.C.L. asegura haber visto días antes de los hechos en el parque era un TOYOTA de dos puertas (ver fs. 210.).

Por otra parte, la señora LUZ G.Q.M., madre de M.Á., concurre a la Policía Técnica Judicial el 8 de junio de 1995, (fs. 179), solicitando que se investigaran dos guardaespaldas del señor J.R.C.B., uno de apellido MARSHALL y el otro de nombre R.M., "ambos sujetos son ex-miembros del antiguo G-2" por estimar que tenían conocimiento de personas del bajo mundo y "que ellos podían ser los intermediarios entre CHIARI y el que mató".

Consta en autos que el Ministerio Público localizó a R.E.M. y a R.M., al igual que a otras personas ligadas por razones de trabajo con el señor CHIARI, a todos estos se les tomó declaración bajo la gravedad del juramento y se les investigó sin que de esas diligencias pudieran surgir evidencias que fundamentaran cargos contra J.R.C.B. ni contra ninguna de esas personas.

G.A.A.C. lleva a cabo diligencia de Reconocimiento fotográfico y reconoce a J.C.L.A. como uno de los sujetos que se presentó a la residencia de la joven DÉBORA a buscar a J.M.M.P. (f. 1277). También interviene en diligencia de Reconocimiento en rueda de detenidos para tratar de reconocer al sujeto a quienes le dicen el guardaespaldas de quien dio la orden y resulta negativa respecto a la persona de R.M..

J.M.M.P., ha negado los cargos que se formulan al igual que N.M.M.P., no acepta que esa conversación se halla dado.

El sindicado N.M.M.P. al rendir declaración indagatoria acepto conocer a G.A.A. (A) "TAVO" y negó haber participado en la ejecución del hecho punible (fs. 614-620). Al ampliar su declaración indagatoria acepta que iba a la residencia de la señora D.A. y que la conoce (f. 3616).

La señora D.V.A.W. a través de su testimonio manifiesta que el señor AROSEMENA y los hermanos M.P., a partir del día 20 de enero de 1995 pasaban por su casa a visitarla (f. 652).

G.A.A.C. y N.M.M.P. participan en diligencia de careo y cada uno de ellos se mantiene en lo externado en su declaración indagatoria (fs. 684-687).

Los exámenes médico-psiquiátrico y sicológico de los imputados AROSEMENA CEDEÑO y de N.M.M.P. apuntan que los mismos son imputables y no padecen de trastornos de la personalidad (fs. 702-705, 736 y 799-802).

A fojas 804 y 805 se observa Informe fechado 17 de septiembre de 1996, realizado por la Sección de Balística Forense del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial en el cual se establece lo siguiente:

"ANALISIS REALIZADOS:

El proyectil analizado descrito en el punto A; fue llevado a un estudio comparativo microscópico entre sí, con los dos (2) proyectiles también incríminado (sic) descrito en el punto B, obteniéndose resultado negativo; ya que no se logró establecer puntos característicos coincidentes entre si (sic), en los elementos comparados, estableciéndo (sic) entonces que fueron disparados por dos (2) armas de fuego tipo revolveres (sic) calibres 38 diferentes.

CONCLUSION

Luego de finalizar con todos los procesos técnicos descritos, se obtuvo el siguiente resultado. El resultado microscópico comparativo efectuado entre el proyectil descrito en el punto A, y los dos (2) proyectiles descritos en el punto B, estableció que fuerón (sic) disparados por dos (2) armas de fuego tipo revólveres calibres 38 diferentes."

Lo anterior indica que podría haber más de un arma apuntando a la anatomía de los occisos dando como resultado la muerte de estos a consecuencia de los proyectiles percutidos por las mismas.

También resultaron indagados los señores M.P. WEIR (fs. 949-956) y J.C.L.A. (fs. 1752-1760) quienes niegan su participación en el ilícito. Igualmente, consta en el expediente que las investigaciones iniciaron el día 24 de abril de 1995, con las diligencias de reconocimiento y levantamiento de los cadáveres del joven CUBILLOS QUINTANAR y la JOVEN CORTES CORTES, realizados por la Fiscalía Auxiliar de la República (fs. 1-7). Luego continuó con el trámite de la investigación la División de delitos Contra la Vida y la integridad de las personas, quienes toman las primeras declaraciones de familiares de las víctimas, testigos de los hechos y del señor J.R.C.B..

La investigación de los hechos inició conforme lo anota el detective I Orlando Echeverría lo siguiente: "Según versión del detective L.G., el lugar donde se suscitaron los hechos, fue totalmente alterado, ya que el personal de la Fiscalía Auxiliar, realizó el levantamiento de la occisa sin la presencia del personal de Homicidios y del personal de Criminalística, alterando de ésta forma la Escena del Delito, ya que no se siguieron los procedimientos adecuados." (f. 59). La escena del delito es fundamental en la investigación del mismo, es necesario que los agentes del Ministerio Público y los miembros de la Policía Técnica Judicial encaminen sus esfuerzos a trabajar coordinadamente para que no se pierdan valiosísimos elementos indiciarios que sirvan a esclarecer los hechos desde el primer día, ello hubiera permitido a los peritos de la sección de Criminalística recabar las muestras del sitio preciso donde cayeron las víctimas luego de ser heridos y otros elementos de valìa para la investigaciòn.

Otro detalle que llama la atención de la Corte, es que recibido el expediente de la Fiscalía Auxiliar de la República, el día 11 de septiembre de 1995 (foja 242), no es hasta el día 31 de diciembre de 1996 que se procura vincular formalmente al señor C.B., ordenando su detención preventiva y la recepción de su declaración indagatoria (fs. 1090-1103); más sin embargo, la orden de detención se envia mediante los oficios Nº23 y Nº24 ambos con fecha de 6 de enero de 1997 a la Policía Nacional y a la Policía Técnica Judicial, y la de impedimento de salida del país a la Dirección Nacional de Migración con oficio Nº26 de la misma fecha (fs. 1104-1109).

Posteriormente, en vista de que se realizaron ingentes esfuerzos en el territorio nacional a fin de lograr la captura y comparecencia del señor C.B. por encontrarse prófugo de la justicia, para que expusiera su posición respecto a los hechos imputados; dado que la misma no se hizo efectiva, se peticionó su extradición ante la República de Costa Rica y no pudo ser extraditado porque la Corte Suprema de Justicia de ese país declaró ilegal su detención y ordenó su inmediata libertad por no llegar a tiempo los documentos que sustentaran el pedido de extradición (fs. 3441-3454 y 3636-3664).

A través de resolución de 27 de mayo de 1998, la Procuraduría General de la Nación, resuelve solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores la extradición de JOSÉ RODOLFO CHIARI BENEDETTI ante los Estados Unidos América (fs. 5040-5042), la que no se pudo hacer efectiva ya que el 31 de julio del mismo año, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró ilegal la detención de éste al pronunciarse sobre recurso de hábeas corpus presentado a su favor.

El día 18 de enero de 1999, esta Sala resuelve impugnación dentro de incidente de controversia que atacaba la orden de detención y de tomarle declaración indagatoria al señor C.B. y dejó sin efecto las mismas.

ANÁLISIS DE LA CORTE

Examinada cada una de las piezas procesales que componen el presente negocio, la Corte pasa a determinar si procede confirmar o no el auto impugnado.

Lo primero que se advierte es que el Segundo Tribunal Superior de Justicia, divide la resolución impugnada en tres partes, a saber: "I. HECHOS; II. FUNDAMENTOS DE LA DECISION; y III. PARTE RESOLUTIVA." (fs. 4879-4908)

En el apartado titulado "II. FUNDAMENTOS DE LA DECISION" en los dos primeros párrafos expone lo siguiente:

"Los elementos de prueba hasta ahora reunidos permiten demostrar las muertes violentas de los jóvenes ENEIDA CORTES CORTES Y M.A.C.Q. debido a heridas producidas por arma de fuego, tal como consta en los respectivos Protocolos de Necropsia visibles de fojas 263 a 274 a 288.

Este tribunal coincide que, tal como lo solicitó la Fiscalía, debe enjuiciarse por los delitos de Asociación Ilícita para delinquir y Homicidio tanto a J.R.C.B., J.M.M.P. (A) "J.", N.M.M.P. (A) "NATA", M.P.W. (A) "MANUELITO", J.C.L.A. (A) "CARA" Y G.A.A. (A) "TAVO" (f. 4904)

El apartado titulado Fundamentos de la decisión, es medular en toda resolución judicial, en el se van a consignar los elementos probatorios que llevan al tribunal a tomar su decisión y el valor asignado a los mismos.

La observancia del principio de la fundamentación constituye una garantía en el Estado democrático de derecho, ya que obliga al ente jurisdiccional a plasmar en sus autos y sentencias las razones que motivaron su pronunciamiento.

Destaca la doctrina lo siguiente: "el deber de motivación de las resoluciones judiciales no sólo ha de alcanzar los fundamentos legales de la decisión, sino que ha de extenderse a la declaración de hechos probados. La exposición de las razones que han conducido al juez o tribunal a formar su convicción constituye el único medio de comprobar la utilización de las reglas de la sana crítica o del criterio racional en la apreciación de la prueba, ..." (El Proceso Penal: Entre el garantismo normativo y la aplicación inquisitorial, coordinado por S.N.S., Ilanud, S.J., 1992, p. 101).

Nuestra Constitución Política consagra en el artículo 32 lo siguiente: "Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

De dicha norma, la Corte ha reconocido que se desprende la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva. Pese a que la misma no hace referencia al principio de fundamentación, de la frase "conforme a los trámites legales" se infiere que el juzgador está obligado a motivar sus decisiones.

Por su parte el Libro III de la misma excerta normativa en su artículo 2224 dispone que el auto de enjuiciamiento constará de una parte motiva y otra resolutiva. La parte motiva debe contener entre otros puntos "3. El análisis de las pruebas que demuestren el hecho punible y aquellos en que se funda la imputación del hecho, ..."

Debemos recordar que la Sala al decidir la impugnación de la resolución del Segundo Tribunal Superior de Justicia, respecto al incidente de controversia formulado contra la orden de la Fiscalía Cuarta Superior del Primer distrito Judicial, en donde se ordenaba tomarle declaración indagatoria al señor C.B. consideró todas las probanzas recabadas hasta el momento del auto encausatorio.

La fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales implica una labor activa del Tribunal, en las mismas se señalarán què pruebas en forma concreta demuestran la existencia de los delitos y las que señalan a los imputados como posibles o presuntos responsables de los mismos.

La administración de justicia es garante de la vigencia del Estado de derecho, en el cual debe imperar el respeto absoluto a las garantías fundamentales y a los derechos humanos. La falta de motivación o fundamentación de las resoluciones jurisdiccionales resquebraja la seguridad jurídica y genera arbritariedad.

La interpretación de la ley que hagan los sujetos procesales no ata al juzgador, la interpretación que efectúe el funcionario de instrucción durante la investigación de un delito y una vez sometido el negocio a conocimiento del Tribunal hasta que el mismo se pronuncie, es una interpretación provisional. La última palabra y la interpretación que debe primar en cualquier negocio es la del juez, que por mandato constitucional administra justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

En el caso sub-júdice el auto de enjuiciamiento no precisa que elementos probatorios dan fe de la existencia de la asociación ilícita y lo que es más cuestionable aún, es que no se precisan los elementos que vinculan a los sindicados a dicha figura delictiva.

Todo imputado tiene derecho a saber que elementos acreditan la existencia del hecho punible y los elementos que le vinculan a éste para ser llamado a juicio, no establecerlo puede lesionar la garantía del debido proceso. El conocimiento claro y comprensible que tengan los procesados de la causa que se sigue en su contra les permitirá preparar su defensa, aportar pruebas a su favor y dar conocer sus puntos de vista respecto al caso. No estamos en la época en que prevalecía el sistema procesal inquisitivo, en el cual los sindicados carecían de la oportunidad de contrariar el material probatorio recabado durante la instrucción y una vez llamado a juicio no era obligatorio para el tribunal motivar su resolución.

Dentro de este sumario se les llama a responder en juicio a los sindicados por los delitos de Asociación Ilícita y de Homicidio doloso.

El delito de Asociación Ilícita para delinquir somos de opinión que no se encuentra plenamente configurado dentro del expediente, ya que se ha esgrimido la tesis de que en el planeamiento y ejecución del homicidio de los señores E.M. CORTES CORTES y M.Á.C.Q., participaron los ciudadanos J.R.C.B., G.A.A.C., N.M.M.P., J.M.M.P., M.P.W. y J.C.L.A. como autor intelectual o instigador el primero, y los otros imputados como ejecutores. Este ilícito se encuentra contemplado en el Código Penal, en el artículo 242 y requiere que la participación sea de tres o más sujetos y tengan como propósito llevar a cabo la comisión de varios delitos.

La asociación ilícita se ha tratado de determinar en virtud de los testimonios, de los cuales se desprende que el homicidio de los señores E.M. CORTES CORTES Y M.Á.C.Q., fue planificado, que hubo labor de vigilancia y seguimiento hacia la infortunada CORTES CORTES, con el propósito de establecer cuales son los lugares que visitaba.

A pesar que se ha establecido dentro del sumario que se vigiló el área aledaña a la casa del joven M.Á.C.Q., con el propósito de determinar sus movimientos a fin de aprovechar el momento preciso para la ejecución del plan criminal. También, se ha querido tener como acreditado que además del planeamiento, vigilancia, seguimiento, y ejecución de este acto criminal, por parte de un número plural de personas, hubo la participación de un instigador que organizó la asociación ilícita pagando a unos ejecutores quienes actuaron como autores y cómplices con el fin de perpetrar el delito de homicidio.

De lo que expone el Ministerio Público y comparte el Segundo Tribunal Superior de Justicia, como elementos para concluir que existe asociación ilícita en la conducta de los imputados, es que hubo varios partícipes con acuerdo previo para lograr el objetivo de quitar la vida a una persona. Es importante señalar que ese delito no yace acreditado en este sumario, lo más que puede indicarse, es que se ha dado la participación criminal de varias personas dirigidas a cometer el delito de homicidio; ello no constituye asociación ilícita dentro del marco de nuestra legislación positiva ni de lo que la doctrina entiende por dicho delito.

El artículo 242 del Código Penal, establece lo siguiente:

"Cuando tres o más personas se asocien con el propósito de cometer delitos, cada una de ellas será sancionada, por ese solo hecho, con prisión de uno a tres años. A los promotores, jefes o dirigentes de la asociación ilícita, la sanción se les aumentará en una cuarta parte"×

Esta Colegiatura le hace un llamado de atención, al Segundo Tribunal Superior de Justicia, pues en innumerables ocasiones refiriéndonos a este tipo penal hemos señalado que no basta que sean tres o más los imputados que participan en la comisión del hecho punible sino que se agrupan con la finalidad de cometer indeterminados delitos. A través de fallo de 29 de noviembre de 1995, se expresó:

"Como se observa muy bien, la asociación ilícita atendiendo al sujeto activo es plurisubjetivo, porque exige necesariamente la presencia de tres o más personas; y así lo ha reiterado la Sala (Resolución de octubre 4 de 1993). Otro elemento común es el concierto previo para delinquir en donde la norma en comento claramente contiene un dolo específico, cuando señala "con el propósito de cometer delitos", es decir, delitos indeterminados, de lo contrario se trataría de casos de participación criminal. Se trata además de un tipo penal de mera conducta dado que exige el simple comportamiento de tres o más personas que se concierten para cometer delitos, por ello, el delito se consuma para cada uno de sus miembros desde el momento en que ingresan a la asociación, independientemente de que sus asociados hallan cometido o no actos violatorios de la Ley Penal. También es de anotar que se trata de un delito permanente porque la conducta punible -Asociación Punible- se prolonga en tanto exista la asociación con ánimo delincuencial." (V.R.J., noviembre de 1995, Pág. 277)

El autor J.P.R. al comentar similar disposición del Código Penal argentino, nos dice lo siguiente:

"Si cinco personas se juntan para cometer un homicidio o un robo habrá una asociación ilícita, pero no es esa a la que se refiere el artículo 210. Lo que la Ley requiere es que se reúnan esas personas para cometer "los hechos que caigan", como se dice en términos corrientes. Es más gráfica esta expresión que todos los elementos que se pueda dar para definir ese delito.

Es la situación de los bandoleros profesionales que dicen: "Vamos actuar juntar y avisarnos para realizar todos los golpes que podamos dar, es decir, "los delitos que caigan". Están organizados para cometer los delitos que caigan. No es lo mismo que cuando se reúnen varias persona que resuelven cometer una estafa o una revolución, porque éstos se han asociado para un delito determinado." (RAMOS, J.P.C. de Derecho Penal, T.V., p.256).

Por su parte el tratadista italiano GIUSSEPE MAGGIORE, sobre el particular expone:

"El delito de asociación para delinquir (Societas delinquentium (Asociación de delincuentes) se distingue de la coparticipación criminosa (Societas sceleris, delinquendi (Asociación en un crimen, en un delito), porque la coparticipación supone un delito realmente existente (Consumado o tentado), mientras la asociación supone delitos intencionalmente existentes, o sea, como fin de la asociación criminosa, por lo cual los partícipes son castigados "por el sólo hecho de participar en la asociación" (artículo 416 apartado Segundo). Además la coparticipación es una asociación ocasional para cometer uno o más delitos determinados mientras la asociación para delinquir tiene carácter permanente, dirigido a cometer una serie indeterminada de delitos" (MAGGIORE, G.. Derecho Penal, Parte Especial, V.I.,

E.. Temis, p. 448.)"

Recientes pronunciamientos de esta superioridad, han mantenido la uniformidad en cuanto al delito de asociación ilícita para delinquir, resolución de 23 de febrero de 1999 (Registro Judicial, Febrero 1999, p. 195), resolución de 15 de enero de 1999 (Registro Judicial, Enero 1999, p. 435), resolución de 23 de abril de 1999 (Registro Judicial, Abril 1999, p. 204) y la resolución de 25 de septiembre de 1999 (Registro Judicial, Septiembre 1999, p. 216); en las mismas, hemos reformado decisiones dictadas por el Segundo Tribunal Superior.

Al Magistrado Sustanciador y al resto de los Magistrados de dicho tribunal le recordamos que deben variar su postura y no actuar apartándose de los lineamientos vertidos por esta Sala. En consecuencia, si en el proceso que se investiga, no existe delito de asociación ilícita, no debió abrirse causa criminal contra los sindicados por delito de Asociación ilícita para delinquir.

El artículo 2072 del Código Judicial contiene el siguiente tenor literal: "Artículo 2072. El funcionario de instrucción averiguará con toda claridad y exactitud las cualidades o circunstancias que constituyan la clase del delito, conforme lo designa y clasifica el Código Penal."

Lo dispuesto por el precepto anterior obliga a todo miembro del Ministerio Público a realizar una investigación prolija, cuidadosa y detallada que marque clara y exactamente el hecho punible o los hechos punibles tipificados.

Anota el profesor alemán HASSEMER lo siguiente: "El objetivo de averiguar la verdad acerca del hecho imputado es uno de los principios básicos de todo derecho procesal penal en un Estado de derecho." (HASSEMER, W.. Crítica al derecho penal de hoy, Primera edición, Traducción de P.Z., Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 77).

Como quiera que nuestro sistema procesal se apega a normas jurídicas que marcan las formalidades del juzgamiento penal, la resolución impugnada será reformada, extendiendo los efectos de la decisión a los imputados que no sustentaron su recurso, por no existir prueba que acredite fehacientemente la existencia de la asociación ilícita para delinquir.

El testimonio que ofrece G.A.A.C. no se fundamenta en hechos de los que haya tenido conocimiento por percepción propia, pues como se aprecia del contenido de sus declaraciones, él relata lo que manifiesta haberle oído a J.M.M.P. y en ese sentido, los artículos 907 y 909 del Código Judicial, aplicable al procedimiento penal por mandato expreso del artículo 1971 ibídem preceptúan, el primero, que "no tiene fuerza la declaración del testigo que depone sobre algún hecho oído a otro" y el segundo sostiene que "no hará fe el dicho del testigo si resulta que no ha declarado de sus propias y directas percepciones".

De otro modo, G.A.A., en su indagatoria y en la declaración en que se afirma y ratifica de los cargos formulados, manifiesta que la conversación en que J. le contaba a NATHANIEL que había matado a dos personas tuvo lugar en casa de una muchacha de nombre "DEBY" y específicamente indica al funcionario instructor que esa conversación se dio en el cuarto de esa casa, mientras que en la inspección efectuada por el agente instructor a dicha casa, al preguntársele a AROSEMENA sobre el lugar de esa casa en donde se había dado la conversación, contestó lo siguiente: "S.F. estábamos sentados en el sillón blanco de la residencia, yo me encontraba en el sillón largo al lado NATHANIEL y J.M. en la esquina al lado de NATHANIEL (ver fs. 645). En sus primeras intervenciones AROSEMENA indica que la conversación tuvo lugar en el cuarto de la casa y posteriormente expresa que la misma fue en la sala de la casa, contradicción notable acerca del lugar donde se tuvo la conversación y que conforme con el artículo 908 del Código Judicial hace que su dicho sobre el particular carezca de la fe necesaria.

Pero es que además, en cuanto a los hechos mismos expuestos por AROSEMENA, que dice haberlos escuchados de J., se tiene que no está debidamente probado ya que expresa que a JOAQUÍN lo habían contratado a través de un intermediario y que se le había pagado con un cheque. Sin embargo, la investigación no ha podido confirmar, ni siquiera indiciariamente esos aspectos y ello contribuye a debilitar lo expuesto por G.A.A.C..

Pasaremos a determinar entonces, la situación de los imputados en cuanto a su presunta vinculación al delito de homicidio.

A. Situación de G.A.A.C.

Tenemos que al sindicado A.C. se le vincula al delito de homicidio, en atención a la diligencia de reconocimiento fotográfico que le hiciera el ciudadano L.C.L.B. (f. 386), como uno de los sujetos que días antes del suceso se encontraba por el sitio de autos observando las características del mismo. Lo anterior constituye un grave indicio de responsabilidad en su contra que aunado a los indicios de presencia y oportunidad lo ubican en compañía de los hermanos M.P., suficientes para llamarlo a responder en juicio por delito Contra la Vida y la integridad personal.

Procede adoptar un sobreseimiento definitivo a favor de AROSEMENA CEDEÑO dado que no está probado el tipo penal de la asociación ilícita conforme a lo preceptuado por el artículo 2211 del Código Judicial.

B.S. jurídica de J.R.C.B.

No existe duda alguna que se encuentra acreditado en autos la muerte violenta de M.Á.C.Q. como la de ENEIDA CORTES CORTES. Basta tan sólo observar lo que se dejó consignado en los protocolos de necropsia de los cadáveres de los mismos, la vistas fotográficas de esas diligencias y las certificaciones extendidas por la Dirección General de Registro Civil, concernientes a las inscripciones de esas defunciones.

Señala el Segundo Tribunal Superior:

"J.R.C.B.: existe constancia ya que múltiples testigos lo señalaron y el mismo lo admitiò que mantuvo por espacio de 10 años una relación amorosa extramarital con la joven E.C. y fruto de ella nació un hijo. Existen gran cantidad de testimonio (sic) de los familiares más allegados de la joven C. de que la relación se había deteriorado en los últimos dos años, que C. sospechaba de la relación de Cortés con C., que últimamente la agredía, que C. le manifestó a sus parientes que la estaban siguiendo y que tenía miedo de C., que semanas antes de su muerte le habían roto el parabrisa (sic) de su auto y cortado los alambres del portón, situación que reportó a las autoridades y, pese a ésto (sic), C. le eliminó el servicio de seguridad del 21 al 27 de abril de 1995, así consta a fojas 1268, incluso la madre del occiso señaló que C. lo llamaba para amenazarlo y por último lo señalado por G.A.A. en su declaración indagatoria de que J. "fue pagado para cometer el ilícito por el esposo de una mujer, ya que ésta le engañaba con el joven que murió y que dicha persona era un empresario con mucho dinero." (fs. 4904-4905).

A J.R.C.B., se le vincula a los dos homicidios como instigador, autor intelectual que pagó por la muerte de C.Q. y CORTES CORTES, para llegar a esa conclusión, el agente instructor cita lo que exponen en sus declaraciones LUZ G.Q., M.A.A., M.C. CORTES CORTES, M.E.Q.M., A.A.E. CORTES, H. CORTES CORTES, EDISMAIS CORTES CORTES, O. CORTES CORTES, D. REYES TORRES, L.C.L., DULCE M.S., NEMESIO VALDEZ VILLARREAL, A. ESPINOSA Y G.A.A..

Para el Ministerio Público se tiene acreditada la existencia de una relación entre M.Á.C. QUINTANAR Y ENEIDA CORTES CORTES, lo que provocó que J.R.C.B., concubino de E.M. CORTES CORTES por varios años, ordenará el homicidio de MIGUEL ÁNGEL y ENEIDA, previo seguimiento realizado a dichas personas.

Tenemos que constan en autos copias autenticadas de la resoluciones de 31 de julio de 1998 y de 8 de enero de 1999 del Pleno y de esta Sala de la Corte, ambas posteriores al auto de enjuiciamiento vertido el 24 de marzo de 1998, donde se resuelven acción de hábeas corpus e incidente de controversia promovidos a favor de C.B..

Del auto de enjuiciamiento, a las resoluciones mencionadas, no varía sustancialmente la situación jurídica de CHIARI BENEDETTI.

Bajo la ponencia del Honorable Magistrado H.A.C.T., el Pleno de esta Sala conformada por dicho magistrado y los H.M.G.J.D. y F.A.E., al resolver recurso de apelación impetrado dentro de incidente de controversia propuesto por la defensa de C.B., mediante auto de 8 de enero de 1999, decidió: "SEGUNDO: REVOCA la orden de declaración indagatoria en la presente causa a J.R.C.B., contenida en la resolución de 31 de diciembre de 1996, proferida por el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial."

Dicha decisión obedeció en parte a lo siguiente:

"Se ha señalado, como incidios que razonadamente justifican el recibirle indagatoria a C.B. (sic) "las constantes amenazas de que era objeto la señora E. CORTES CORTES por parte del señor J.R.C.B., en el sentido de "que si no era de él prefería verla muerta". Ninguna de las personas que ha declarado en este proceso tiene expresado que escuchó a CHIARI BENEDETTI decir esas palabras. No existe testimonio que, por percepción propia sostenga que C.B. lo haya manifestado y tampoco es cierto, como se afirma en la diligencia donde se ordenó la indagatoria, que familiares del occiso M.A.C. hayan señalado expresamente a J.R.C.B. como la persona que hiciera llamadas telefónicas a la residencia del hoy occiso M.A.C. amenazándolo, y en forma alguna se encuentra acreditado que, de haberse dado labor de vigilancia y seguimiento a ENEIDA CORTES CORTES, era J.R.C.B. la persona que había ordenado esa vigilancia.

Con relación a ese seguimiento la hermana de ENEIDA, M.C. CORTES CORTES declara que ENEIDA en vida le había dicho que varias veces la seguía un carro lada de color blanco y en ese orden la investigación logró localizar al propietario de este vehículo, señor ROMULO A. SERON y al preguntarle sobre los motivos de sus visitas a hato Pintado, donde residía ENEIDA, contestó que desde hacía año y medio las hacía casi que todos los días en su carro lada blanco en razón de que trabajaba con la empresa constructora CONSERVE, cuyas oficinas se encontraban precisamente en ese lugar."

"Otro aspecto señalado como indicio contra CHARI (sic) BENEDETTI es que "escasamente unos días antes del hecho de sangre, él suspendió la protección de la residencia donde ella habitaba". Esta es una afirmación debidamente acreditada en el proceso de la que no se concluye la participación de C.B. en su muerte cuando, por otra parte, también se encuentra establecido que el hecho se produjo en lugar distinto y distante de la residencia de ENEIDA."

"Uno de los fundamentos del Ministerio Público para disponer el recibirle indagatoria a J.R.C.B. lo constituye el cargo que le formula G.A.. Para la Sala. el testimonio de éste no se fundamenta en hechos de los que haya tenido conocimiento por percepción propia, pues como se aprecia del contenido de sus declaraciones, él relata lo que manifiesta haberle oído a J.M.M.P. y en ese sentido, los artículos 907 y 909 del Código Judicial, aplicable al procedimiento penal por mandato expreso del artículo 1971 ibídem preceptúan, el primero, que "no tiene fuerza la declaración del testigo que depone sobre algún hecho oído a otro" y el segundo sostiene que "no hará fe el dicho del testigo si resulta que no ha declarado de sus propias y directas percepciones".

"Por otra parte, si bien los cargos que formula AROSEMENA contra C.B., que emanan de lo que afirma haberle escuchado a JOAQUIN contarle a su hermano NATANIEL sirve de soporte a la medida ordenada por la Fiscalía en cuanto al recibo de indagatoria a C.B., resulta que la versión que ofrece AROSEMENA al respecto no es avalada por el Agente Fiscal para los efectos de la detención preventiva dispuesta contra AROSEMENA, por cuanto que en la diligencia en que se ordena su privación de libertad, (fs. 395) se le formula el cargo de que una persona lo había identificado, en diligencia de reconocimiento fotográfico como una de las personas que días antes de ocurrido el hecho "estaban merodiando el lugar, precisamente cerca de donde con posterioridad se comete este hecho delictuoso"."

De lo que se deja indicado, se concluye que no existen hasta estos momentos, pruebas concretas que acrediten vinculación manifiesta de J.R.C.B. con el hecho investigado y en razón de ello procede considerar probada la incidencia en lo que se refiere a la petición de revocatoria de la decisión en que se dispone recibirle indagatoria a su persona."

Nos llama la atención que no reposa en el expediente, informe secretarial en la cual se ponga en conocimiento del Magistrado Sustanciador en la primera instancia, que el día 18 de enero de 1999 ingresaba procedente de esta colegiatura, el cuadernillo contentivo del Incidente de controversia promovido a favor de R.C.B..

Dicho informe es fundamental porque la resolución proferida por esta colegiatura, modificaba la situación del señor C.B..

De oficio, el Magistrado Sustanciador debía haber atendido el principio de economía procesal y verificar si procedía fijar o no en lista el negocio en cuanto a la situación del sindicado C.B..

El artículo 1974 del Código Judicial dispone: "Artículo 1974. Los procesos que se sigan en contravención a lo dispuesto en los artículos precedentes son nulos y los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción serán responsables en todo caso, civil y criminalmente, por los daños o los perjuicios que resultaren del proceso ilegal."

Todo proceso debe surtirse conforme a los trámites legales, el artículo 2036 ibídem preceptúa: "Artículo 2036. El sujeto pasivo de la acción penal es el imputado y es tal toda persona que en cualquier acto del proceso sea sindicado como autor o partícipe de un delito."

Si al señor C.B. se le decretó mediante providencia de 31 de diciembre de 1996, dictada por la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, detención preventiva y recepción de indagatoria; y posteriormente, se dejaron sin efecto ambas, la calidad de imputado desaparece y por consiguiente su llamamiento a juicio no puede surtir efectos.

La Corte como máximo interprete de la legislación vigente debe mantener la seguridad jurídica que la Constitución, los convenios sobre derechos humanos ratificados y las leyes de la República establecen, independientemente de la gravedad de los hechos que los fiscales y juzgadores deben respetar las garantías de los ciudadanos y hacerlas cumplir, la vigencia de la efectividad de las mismas va a condicionar la existencia del Estado democrático de derecho.

El artículo 8.1. de la Convención Americana sobre derechos humanos aprobada por la Ley Nº15 de 28 de octubre de 1977 (G.O. Nº18.468 de 30 de noviembre de 1977) puntualiza: "Artículo 8. GARANTIAS JUDICIALES. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación formal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

Verificado que no existe conforme a nuestra legislación acusación formal contra C.B. por haberlo dispuesto esta superioridad el día 8 de enero de 1999, su llamamiento a juicio deviene en nulo.

A pesar que no esta prevista en el catalogo de nulidades especiales en nuestro proceso penal, por mandato expreso del artículo 1974 Ob. cit. y la norma de la Convención americana antes citada al igual que en otras ocasiones (Ver resoluciones de 14 de febrero de 1997, Registro Judicial Febrero 1997, p. 159; de 27 de septiembre de 1999, Registro Judicial Septiembre de 1999, p. 220) esta Colegiatura, no puede contrariar una resolución anterior, relacionada con el presente negocio, basada en el análisis de los mismos elementos probatorios que se valoraron para determinar la procedencia o no de la vinculación que se hacía al procesado C.B..

C. Situación jurídica de N.M.M.P..

Al sindicado N.M.M.P. lo vinculan al delito de homicidio, el reconocimiento fotográfico que de su persona hacen D.M.S.V. y L.C.L.B. (fs. 390-391) y la declaración de la señora D.V.A.W. quien indica que M.P. luego del cumpleaños de su hija, en varias ocasiones la visitó (folio 652). Esa vinculación aunado a los indicios de presencia y oportunidad nos llevan a confirmar la medida adoptada en su contra.

Lo anterior no es óbice para que pueda demostrarse en juicio público atendiendo a los principios de inmediación, oralidad y contradicción la culpabilidad o inocencia de los procesados.

La uniformidad de la jurisprudencia debe mantenerse, toda vez que la misma sirve para guiar a los demás tribunales del país en la interpretación de las leyes.

El derecho penal como última ratio solo debe emplearse comprobada la existencia del delito y la concreta vinculación de los imputados al mismo.

Por todo lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA EL AUTO IMPUGNADO en el sentido de DECLARAR:

PRIMERO

LA NULIDAD DEL ENJUICIAMIENTO proferido contra J.R.C.B. por los cargos de los delitos de Homicidio y Asociación ilícita para delinquir en perjuicio de M.Á.C.Q. y de ENEIDA MARÍA CORTES CORTES;

SEGUNDO

SOBRESEER DEFINITIVAMENTE a G.A.A. CEDEÑO (A) TAVO; J.M.M.P. (A) "JOAQUÍN"; N.M.M.P. (A) "NATA"; M.P.W. (A) "MANUELITO"; y a JAVIER CORENLIO LASHLEY AKIST (A) "CARA" del cargo de Asociación ilícita para delinquir Y LO CONFIRMA EN LO DEMÁS.

N. y D..

(fdo.) G.E.F.

(fdo.) J.A.J. DE LA GUARDIA

(fdo.) G.J.D.

(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ H.

Secretario Ad-hoc

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