Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 16 de Enero de 1995

Ponente:RODRIGO MOLINA A
Fecha de Resolución:16 de Enero de 1995
Emisor:Cuarta de Negocios Generales
RESUMEN

CARTA ROGATORIA NÚMERO 003 FR CTI 10 DE 2 DE AGOSTO DE 1994, PROCEDENTE DE LA FISCALÍA REGIONAL CÓDIGO 10A DELEGADO ANTE EL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIONES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE FISCALÍA DE SANTA FE DE BOGOTÁ, LIBRADA DENTRO DEL PROCESO QUE ADELANTA EN CONTRA DE CARLOS E. DUEÑAS ALDANA Y FERNANDO DUEÑAS ALDANA

 
CONTENIDO

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado a esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, mediante Nota Nº DGPE/DCL/3011/94, la comisión rogatoria Nº 003 FR CTI 10 de 2 de agosto de 1994, procedente de la Fiscalía Regional de Investigaciones de Santa Fe de Bogotá, Colombia, dentro del proceso que adelanta en contra de los señores C.E.D.A. y F.D.A., por la supuesta comisión del delito denominado enriquecimiento ilícito, consagrado en la Ley 30 de 1986.

Corresponde a la Sala, en primer lugar, determinar si existe entre la República de Panamá y la de Colombia convención suscrita relativa a exhortos o cartas rogatorias. Por lo que en cuanto a esta materia, observa la Sala que ambas partes son suscriptoras de la Convención Interamericana de marzo de 1975.

Por lo tanto, hecho este primer avance técnico-jurídico, se aprecia que el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial establece que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, es competente para "recibir los exhortos y comisiones rogatorias libradas por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

El objeto de la comisión rogatoria en estudio, consiste en:

"Solicitar los datos acerca de si los señores C.E.D.A., quién se identifica con C.C. Nº 79.231.632 y F.D.A. identificado con C.C.N. 19.214.171, poseen cuentas en el Banco Ganadero de la República de Panamá".

Una vez hecha la transcripción de que trata a la presente rogatoria y previo análisis de los elementos de fondo que componen el presente expediente, la Sala manifiesta que el suplicatorio colombiano en examen, cumple con todas la premisas formales exigidas por la ley y los Convenios Internacionales para dicho supuesto, por lo que bien podría dársele la viabilidad deseada por la autoridad que la emitió en su lugar de origen, a fin de se logre su diligenciamiento definitivo en nuestro país.

Sin embargo, también aprecia esta alta Magistratura que, existe en nuestro ordenamiento interno, una regulación establecida en el Decreto de Gabinete Nº 238 de 2 de julio de 1970, que en su artículo 65 establece las limitaciones a las que deben someterse para obtener acceso limitado a la documentación relacionada con las operaciones de banco, tanto de personas naturales como jurídicas que operen en nuestro territorio, por lo que esta solicitud está sujeta a reserva tal como se detalla a continuación y de acuerdo a lo estatuido por el artículo 65 del Decreto de Gabinete Nº 238 de 20 de julio de 1970, así:

"ARTÍCULO 65: Cuando se le requiera por escrito, todo Banco estará en la obligación de presentar al inspector autorizado por la comisión para tal fin, los libros de contabilidad, actas, dinero en efectivo, valores de propiedad del banco, documentos y comprobantes, así como los informes relativos a sus operaciones. Sin embargo, para proteger los intereses de los clientes de los bancos y la reserva que sus operaciones merecen, el examen de los Inspectores de la Comisión no podrá incluir las cuentas de depósitos de la clase que sean, ni los valores en custodia ni las cajas de seguridad , ni los documentos derivados de operaciones de crédito que mantengan los clientes con el Banco, salvo que medie orden judicial de conformidad con el Artículo 89 del Código de Comercio".

Además, para reforzar el concepto vertido en la transcripción anterior, la Sala se refiere a lo establecido por el artículo 89 del Código de Comercio, el cual considera de manera positiva que, para obtener datos relacionados con esta materia se requiere que la autoridad competente decrete previamente una acción exhibitoria. Aunado a esto, el mismo artículo señala que dicha acción debe ser propuesta por separado de las demás pruebas ya que esta constituye una acción precautoria. De esa manera, Observa la Sala que, en el exhorto en cuestión no se presentan mayores detalles al respecto, como tampoco se presenta el escrito de parte interesada proponiendo la acción exhibitoria para que así se obtenga la información requerida.

Los anteriores señalamientos conducen a esta Sala a desestimar esta petición en virtud que la misma no está acordes con los procedimientos consagrados en nuestra legislación interna.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE en la República de Panamá el diligenciamiento de la comisión rogatoria librada por la Fiscalía Regional de Investigaciones de Santa Fe de Bogotá, Colombia, dentro del proceso que se adelanta en contra de C.E.D.A. y F.D.A., por la supuesta comisión del delito denominado enriquecimiento ilícito y por violaciones a la Ley 30 de 1986. Y ORDENA que el mismo sea devuelto a la Cancillería Panameña, tendente a que se remita a su lugar de origen previas las anotaciones procesales aplicables a esta materia.

N. y Cúmplase.

(fdo.) R.M.A.

(fdo.) J.M.F.

(fdo.) A.H.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General