Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 4ª de Negocios Generales, 23 de Agosto de 1994

Ponente:ARTURO HOYOS
Fecha de Resolución:23 de Agosto de 1994
Emisor:Cuarta de Negocios Generales
RESUMEN

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE GRAN INSTANCIA DE BERGERAC, FRANCIA, EN UNA DEMANDA POR ESTAFA, ABUSO DE CONFIANZA

 
CONTENIDO

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, se ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo de la Comisión Rogatoria librada por el Juzgado de Instrucción del Tribunal de Gran Instancia de Bergerac, Francia, dentro de una demanda por estafa y abuso de confianza.

La documentación en referencia tiene como finalidad lo siguiente:

  1. Verificar la realidad de la sociedad SULLIVAN OIL TRAIDING S. A., "SOTSA", matriculada en Panamá desde el 28 de julio de 1980. Cuyos suscriptores son, R.A.Y.C.A. DE GONZÁLEZ-RUIZ. Y sus directores son:

    PRESIDENTE: EDUARDO ANGLAIS

    VICE-PRESIDENTE: C.A. DE GONZÁLEZ-RUIZ

    SECRETARIO: E.B..

  2. Proceder al interrogatorio de todos los interventores y miembros de la SULLIVAN OIL TRAIDING S. A., con respecto a las relaciones que dicha sociedad hubiera podido mantener con la sociedad MIFLON HOLDING BV, y proceder al interrogatorio del llamado EDUARDO ANGLAIS y buscar que vínculos tenía este último con el llamado EDOUARD ANGLAIS, y proceder a hacer clisés fotográficos del llamado EDUARDO ANGLAIS destinados a ser adjuntados a la ejecución de la presente misión.

  3. Requerir la producción de estatutos, del objeto social de dicha sociedad y de toda la información relativa a su actividad, verificar los balances contables y las cuentas bancarias de dicha sociedad para buscar, si es necesario, las huellas del paso de los 26,500.000 FF malversados; y buscar todos los documentos relativos a la cesión bajo forma de préstamo de los 26.500.00 FF a beneficio de la SULLIVAN OIL TRAIDING S. A., luego a beneficio del llamado EDOUARD ANGLAIS.

  4. Que por motivo de la gravedad de los hechos y de la extrema urgencia, le rogamos a las autoridades requeridas autorizarle al I.P.A.M.L.-HERNÁNDEZ y al I.D.B.D. de la Sección Económica y Financiera del Servicio Regional de la Policía Judicial en Burdeos, portadores de un original de la presente Comisión Rogatoria, asistir a las operaciones de ejecución de la misma, de la cual un ejemplar es encaminado por el Ministerio de Justicia.

    Vista la transcripción de lo pedido por las autoridades francesas esta Sala considera lo siguiente.

    Que la documentación procedente del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Gran Instancia de Bergerac, Francia,, aparece en su versión original del idioma francés y a continuación la traducción correspondiente al idioma español, y en ella también se puede apreciar que la documentación aportada contiene el sello de la apostilla, lo que le otorga legitimidad al estar debidamente legalizada, subsanando así, cualquier vicio que en materia de autenticación pudiera existir.

    Por lo tanto al llevar a cabo el estudio de la carta rogatoria se puede apreciar, que por razón del contenido de la legislación que regula esta materia en Panamá lo siguiente:

    1. Que entre la República de Francia y Panamá no existe Convención que regule la materia de exhortos o cartas rogatorias, que guarden relación con procesos penales o criminales.

    2. Que a la sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

    3. Que en los casos en donde no existe una Convención entre los Estados, en acatamiento de las normas de Derecho Internacional, se aplica el principio de reciprocidad para los fines de una mejor cooperación procesal internacional.

    4. Que cuando en el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad, es necesario que los documentos remitidos se encuentren debidamente autenticados por autoridad consular panameña acreditada en el país requirente, que no sean violatorios del orden público interno, y que estén debidamente traducidos al idioma español, por lo que en relación a la autenticidad de los documentos, esto se puede cumplir de tres maneras a saber: 1) Por la incorporación del sello de la apostilla, cuya finalidad es la supresión del trámite y proceso de legalización, y cuyo propósito real se sitúa en la celeridad del tráfico y de los actos o documentos públicos extendidos por Estados extranjeros para producir efectos en el territorio de otro Estado, y solo en el caso de los países que han ratificado la convención americana en materia de exhortos, basta con la tramitación de la comisión rogatoria por la vía diplomática.

    En el caso que nos ocupa, la Sala observa que la carta rogatoria que se expide en el Juzgado de Instrucción del Tribunal de Gran Instancia de Bergerac, Francia, no tiene ningún vicio de carácter formal por el cual no se le pueda otorgar la viabilidad para que sea diligenciado en nuestro país, sin embargo y al analizar exhaustivamente la transcripción de lo solicitado en dicha rogatoria y que aparece en líneas anteriores, esta Superioridad considera lo siguiente:

    A) Que lo solicitado en el punto 1 del suplicatorio no tiene ningún tipo de impedimento de ley para otorgarlo, puesto que solamente se piden certificaciones del Registro Público Panameño sobre la existencia y configuración de las sociedades referidas en el mismo expediente. Por lo que se le solicitará al Registro Público de Panamá, las certificaciones correspondientes a la mencionadas sociedades a fin que se pruebe quienes son sus dignatarios y directores, y de esa manera estaremos colaborando con las autoridades francesas en ese sentido

    B) Con relación al punto 2 del petitum tenemos necesariamente que señalar lo siguiente; que sería posible otorgarle viabilidad al mismo, una vez se tenga certeza de quienes constituyen los puestos directivos de la sociedad que se pide conocer sus actividades en nuestro país. Sin embargo, la diligencia solicitada en este punto sería llevada a cabo de manera exclusiva por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, por ser esta autoridad la única competente para conocer este tipo de negocios, y utilizando para ello las normas procesales vigentes y aplicables a esta materia.

    C) Que con relación a lo pedido en el punto 3, esta Superioridad puntualiza lo siguiente: 1) Con respecto al requerimiento de estatutos, del objeto social de la sociedad investigada y toda la información relativa a su actividad, la Sala es del criterio que esto ha de desestimarse de plano una vez que, nuestro régimen de sociedades anónimas está ampliamente protegido de situaciones como la que se pide ejecutar en esta oportunidad, una vez que nuestro sistema jurídico interno consagra un sinnúmero de normas que contemplan dichos supuestos, y estas son; el artículo 39 de la Constitución Nacional, los artículos 251, 88 y 89 del Código de Comercio, el artículo 71 del Código Civil, y los artículos 19 y 65 del Decretó de Gabinete Nº 238 de 2 de julio de 1970 que regula la actividad bancaria en general, actividad esta, que va ligada al movimiento de las sociedades anónimas patrias. Además de estas normas, también están las preceptuadas por el Código Fiscal, por ello esta Colegiatura considera con suficiencia que no es posible acceder a lo pedido con relación a este punto del suplicatorio analizado.

    Además adiciona la Sala que, tampoco es posible otorgarle viabilidad a este pedido específico, una vez que la sociedad anónima panameña es un instrumento necesario para mantener la confidencialidad y lograr una mayor agilidad en las transacciones comerciales, y la captura de inversiones y divisas extranjeras necesarias para el desarrollo de nuestro país, y obviamente que eso particularmente es lo que protege nuestro orden público interno y lo imposibilita de darle curso a solicitudes como a la ahora examinamos.

    2) Que con relación a la segunda parte de lo pedido en el punto 3 de la rogatoria y que guarda relación con la verificación de los balances contables y las cuentas bancarias de dicha sociedad y todo lo relativo al manejo y operación de las mismas, este Despacho destaca que, no se puede otorgar de ninguna manera respuesta al mismo, una vez que en reiteradas ocasiones se ha manifestado que en materia de información de cuentas bancarias y demás documentos que se quieran conocer y que guarden relación con dicha actividad, si no existe la promoción de acciones exhibitorias tal y cual lo establece el artículo 89 del Código de Comercio y el artículo 65 del Decreto de Gabinete N º238 de 2 de julio de 1970 y que en su tenor literal establece:

    " ARTÍCULO 65: Cuando se le requiera por escrito todo Banco estará en la obligación de presentar al inspector autorizado por la Comisión pata tal fin, los libros de contabilidad, actas, dinero en efectivo, valores de propiedad del Banco, documentos y comprobantes, así como informes y documentos relativos a sus operaciones. Sin embargo, para proteger los intereses de los clientes el examen de los inspectores de la Comisión no podrá incluir las cuentas de depósitos de la clase que sean, ni los documentos derivados de operaciones de crédito que mantengan los clientes con el Banco, salvo que medie orden judicial de conformidad con el artículo 89 del Código de Comercio".

    De allí entonces, que no sea permisible declarar la viabilidad de este supuesto, una vez que definitivamente lo planteado en la norma transcrita y lo citado en el otro artículo de ley, no se ha hecho con relación a este rubro del exhorto planteado.

    D) Que en relación al punto 4 del suplicatorio, que se refiere al auxilio judicial in-situ solicitado por las autoridades policiales francesas, esta Superioridad manifiesta con suficiencia que de acuerdo a las diferentes convenciones que regulan la materia de exhortos o cartas rogatorias y de las cuales tanto Francia como Panamá son suscriptoras por separado, establecen como constante lógica-jurídica que el cumplimiento de una solicitud de esta naturaleza no podrá rehusarse sino cuando:

    " El Estado en cuyo territorio debe llevarse a cabo, la juzga de tal naturaleza que menoscaba su soberanía o seguridad".

    Por lo tanto, esta Colegiatura es del criterio que este petitum ha de rehusarse, puesto que de concederlo vulneraríamos de plano nuestro ordenamiento jurídico interno, entendido este, como toda autodefensa, toda reserva o toda excepción con que cuenta un Estado independiente para proteger sus instituciones jurídicas, y todo esto lo argumenta la Sala para no conceder este punto, en virtud que permitir que funcionarios que representan los intereses de otro Estado participen directamente en diligencias que de acuerdo a la ley son de exclusiva y privativa competencia de nuestro órgano jurisdiccional, atentaría contra lo descrito en in-supra.

    Por lo tanto, este petitorio se rechaza porque su naturaleza menoscaba nuestra soberanía y nuestra seguridad jurídica.

    En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE en los puntos 1 y 2 la comisión rogatoria librada por el Juzgado de Instrucción del Tribunal de Gran Instancia de Bergerac, Francia, dentro de una demanda de estafa y abuso de confianza. y la DECLARA NO VIABLE en los puntos 3 y 4 por las razones ampliamente expuestas en el desarrollo de la presente resolución, y ORDENA que por Secretaría de la Sala Cuarta se devuelva el presente expediente a la Cancillería Panameña, a fin que el mismo se remita a las autoridades de la República de Italia, utilizando para ello las normas procesales vigentes y aplicables a esta materia.

    N. y Cúmplase.

    (fdo.) A.H.

    (fdo.) R.T.M.

    (fdo.) J.M.F.

    (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

    Secretario General