Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 12 de Septiembre de 2001

PonenteROGELIO FABREGA Z
Fecha de Resolución12 de Septiembre de 2001
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

La persona jurídica, INVERSIONES FATIMA, S.A., por intermedio de su apoderado judicial ha presentado recurso de casación contra la resolución de 15 de mayo de 2000, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en el proceso de ejecución de Laudo Arbitral que JORLE, S.A., en calidad de cesionaria de PROYECTOS URBANISTICOS, S.A., promovió contra INVERSIONES FATIMA, S.A.

El recurso se propuso en la forma y en el fondo, del cual, valga destacar se admitieron algunas causales de forma y otras de fondo, después que se ordenara su corrección, por lo que se procedió a conceder el término para alegatos de fondo. Vencido el término de alegatos, con la participación de ambas partes, procede la Sala a decidir el recurso planteado, para lo cual considera conveniente, dejar los antecedentes fácticos del proceso dentro del cual se recurre.

ANTECEDENTES

El proceso dentro del cual se recurre, tiene su génesis en la demanda sumaria promovida por INVERSIONES FATIMA, S.A., contra PROYECTOS URBANISTICOS, S.A. para que se promoviera Juicio Especial para la Constitución de Proceso Arbitral, a lo que accedió el Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en calidad de Tribunal de primera instancia, mediante Auto Nº 240 de 30 de mayo de 1995.

El proceso Arbitral culminó con el laudo arbitral de 11 de octubre de 1996, en el cual se condena a la recurrente, PROYECTOS URBANISTICOS, S.A., al pago de la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BALBOAS (B/.179.699.00), más los intereses. En la misma sentencia se deja constancia que el día 2 de octubre de 1996, PROYECTOS URBANISTICOS, S.A. presentó Cesión Irrevocable de Pago a favor de JORLE, S.A., de todas las sumas que PROYECTOS URBANISTICOS, S.A. deba recibir en pago de INVERSIONES FATIMA, S.A., como resultado del laudo arbitral.

En virtud de lo anterior promovió JORLE, S.A., por intermedio de apoderado judicial, escrito de solicitud de liquidación de la condena impuesta por el Laudo Arbitral de 11 de octubre de 1996. Mediante Auto Nº 2752 de 20 de septiembre de 1999, proferido por el JUZGADO SEXTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, se aprueba la liquidación preparada por Secretaría del Tribunal. Contra el referido auto anunciaron y propusieron en tiempo las partes recurso de apelación, de los cuales conoció el Primer Tribunal Superior de Justicia. Cabe mencionar que en la etapa de sustentación de la apelación, se deja constancia mediante informe visible a foja 183 del expediente de la presentación de un incidente de nulidad por ilegitimidad de personería presentado por INVERSIONES FATIMA, S.A.

Los recurso verticales propuestos fueron resueltos por el Tribunal ad-quem, en sentencia de 15 de mayo de 2000 que confirma la resolución de primera instancia. Esta decisión es la que se impugna, a través del recurso de casación propuesto y que seguidamente se pasa a resolver.

RECURSO DE CASACION Y DECISION DE LA SALA

El recurso de casación, como se dejó señalado, se presenta en la forma y en el fondo. En la forma quedaron admitidas dos causales y en el fondo, cuatro; pasa la Sala a resolverlas en el orden que han sido enunciadas.

CAUSALES DE FORMA

  1. "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley".

Los motivos que fundamentan la causal invocada son ocho y en los mismos se refiere la recurrente como trámites omitidos por el ad-quem, a la solicitud de afianzamiento de costas y el incidente de nulidad por ilegitimidad de personería. El tenor de los motivos es el que se deja transcrito:

"PRIMERO: La decisión objetada fue proferida sin que se resolviera la solicitud de afianzamiento de costas presentada en tiempo oportuno por INVERSIONES FATIMA, S.A..

SEGUNDO

El afianzamiento de costas era diligencia esencial prevista en la Ley para surtir la alzada de tercero ajeno al proceso.

TERCERO

La resolución impugnada sólo podía ser proferida después que fuera ejecutada la diligencia de consignación. INVERSIONES FATIMA, S.A. se opuso a la apelación. La resolución objetada negó las pretensiones de JORLE, S. A..

CUARTO

INVERSIONES FATIMA, S.A. había promovido incidente de Nulidad por ilegitimidad de personería de JORLE, S.A. en la causa, cuyo resultado incidía directamente en la decisión de fondo.

QUINTO

La resolución se dictó sin consideración al resultado final del incidente, que se encuentra pendiente de resolver en segunda instancia.

SEXTO

La ejecutoria de la incidencia de nulidad constituía un trámite esencial prevenido en la Ley, sin el cual no podía proferirse la resolución impugnada.

SEPTIMO

El pronunciamiento fue producido sin que mediara resolución ni notificación de reingreso del expediente al Juzgado Sexto del Circuito de Panamá. La fecha de reingreso determinaba los términos de las diligencias posteriores en la causa.

OCTAVO

El reingreso era diligencia que incidía directamente en el resultado del fondo. (Fs. 311-312).

De acuerdo a la parte casacionista, al proferir el ad-quem la resolución recurrida sin que mediara decisión judicial en firme respecto de la solicitud de afianzamiento de costas y el incidente de nulidad por ilegitimidad de personería, incurrió en la infracción de los artículos 1120, 692, 741 y 1022 del Código Judicial.

Toda vez que se está frente a una causal que para su configuración requiere la pretermisión de trámites esenciales, debe la Sala, en primera instancia, determinar si los trámites que se dicen omitidos por el ad-quem son de los esenciales, por cuanto, no toda diligencia del proceso resulta esencial. En efecto, el procedimiento, como tal, está compuesto de una serie de actos concatenados uno de otro que, si bien, para la eficacia de los mismos deben preceder a los siguientes, no cualquiera de ellos resulta esencial, sino sólo aquellos que la Ley dispone. A tal respecto, el artículo 1136 del Código Judicial, en su párrafo final, enumera, sin ser exhaustivo, una serie de trámites o diligencias esenciales para fallar:

"Artículo 1136. ...

Se consideran como formalidades esenciales indispensables para fallar, entre otras, la omisión del traslado de la demanda, en los procesos que requieren ese trámite, la falta de notificación del auto ejecutivo, la omisión de la apertura del proceso o incidente a pruebas, en los casos en que esté indicado este requisito o el no haberse practicado estas pruebas, sin culpa del proponente".

La norma citada, como se desprende de su texto, deja abierta la posibilidad al juzgador de considerar, además de los que enumera, otros trámites o diligencias esenciales, siempre que se traten de trámites legales cuya omisión causen nulidad, conforme lo ha dejado dispuesto esta S. en los fallos de 20 de abril de 1983 y 22 de noviembre de 1990, 21 de julio de 1995, en la medida que dejen en indefensión a la parte (fallo de 1 de julio de 1993). De manera que, la medida para la determinación de la esencialidad de los actos o trámites procesales, lo establece la nulidad que pueda acarrear su omisión o desconocimiento, en tanto y en cuanto ocasionen la indefensión de las partes.

Teniendo como referencia la condición anotada, no considera la Sala que pueda tenerse como trámite esencial para fallar, la omisión del pronunciamiento respecto del afianzamiento de costas solicitado por la parte recurrente, por cuanto en modo alguno la pretermisión de dicho trámite puede conllevar la nulidad de la resolución recurrida, sino como señala el artículo 1120 del Código Judicial, la declaratoria de deserción del recurso. En otros términos, para la Sala no resulta manifiesto que la omisión del pronunciamiento solicitado, en cuanto al afianzamiento de costas, haya dejado en indefensión a la parte recurrente que, como se advierte del expediente contentivo del proceso, intervino activamente en la etapa respectiva, hasta presentando escritos de apelación y oposición.

Tampoco, estima la Corte que el hecho que el Tribunal ad-quem hubiere fallado sin que mediare pronunciamiento en firme respecto del incidente de nulidad por ilegitimidad de personería, pretermita trámite esencial alguno en perjuicio de la recurente. El artículo 692 del Código Judicial, norma en la que se apoya la casacionista para formular la objeción respectiva, dispone la suspensión de la decisión del proceso, hasta tanto se resuelva el incidente propuesto, cuando éste afecta la decisión aquella. El tenor del precepto comentado es el siguiente:

"Artículo 692. Los incidentes no interrumpen el curso del proceso ni ninguno de sus términos, salvo que su resultado pueda influir en la decisión, caso en el cual el término para dictar sentencia no comenzará a contarse sino desde que el incidente sea resuelto.

Los incidentes cuyos resultados no influyen en la decisión, que no estuvieren fallados al tiempo de dictarse sentencia, serán declarados desiertos".

La norma citada plantea como regla general, que los incidentes no interrumpen el curso del proceso; no obstante, por excepción dispone que cuando el incidente sea de previo y especial pronunciamiento, que son las únicas incidencias que de conformidad con el artículo 683 del Código Judicial requieren resolverse antes de la sentencia, debe suspenderse el término para dictar la respectiva sentencia hasta tanto no quede resuelto, por decisión en firme, el incidente respectivo. De conformidad con el citado artículo 683, por vía de incidentes de previo y especial pronunciamiento, sólo pueden invocarse la cosa juzgada, extinción de la pretensión por caducidad de la instancia, la transacción y desistimiento de la pretensión.

Los incidentes de nulidad, en consecuencia, no pueden invocarse mediante incidente de previo y especial pronunciamiento, de ahí que no requiera de pronunciamiento previo a la decisión del proceso en el cual se presenta, conforme lo alega la parte recurrente con base a lo que el artículo 692 del Código Judicial dispone. En consecuencia, el vicio legal que se examina, tampoco se configura, por lo que pasa esta Superioridad al examen de la próxima causal de forma.

  1. "Por haberse omitido otro requisito cuya omisión cause nulidad".

En los motivos que se presentan en sustento de la causal se refiere la parte casacionista, nuevamente, a la falta de legitimación de la parte actora, JORLE, S.A., para actuar en el proceso. Le imputa a la decisión objetada no haber prevenido que la actora era un tercero, por lo que no podía irrumpir y participar en el proceso sin que el juez hubiere decidió en cuanto a su legitimidad. El texto de los motivos es el que se transcribe:

"PRIMERO: El pronunciamiento objetado permitió que JORLE, S.A. actuara sin que mediara pronunciamiento judicial que lo reconociera como subrogataria, tercerista coadyuvante o excluyente en el proceso seguido por INVERSIONES FATIMA, S. A. contra PROYECTOS URBANISTICOS, S.A..

SEGUNDO

La decisión consideró la participación de JORLE, S.A., sin valorar que esta sociedad no fue parte del proceso arbitarl ni de definición de reglas arbitrales. la legitimación para actuar debía haber sido reconocida por resolución judicial en la causa. JORLE, S.A. debía haber obtenido la condición de subrogatario, interventor principal o coadyuvante para poder ser oido en el juicio.

TERCERO

El auto recurrido no valoró la falta de legitimación sustantiva de JORLE, S.A.. El derecho de intervenor en el proceso no podía operar oficiosamente, debía ser expresamente reconocido mediante decisión judicial.

CUARTO

PROYECTOS URBANISTICOS, S.A. y JORLE, S.A. actuaron paralelamente para producir la decisión objetada en función de una misma causa de pedir, JORLE, S.A. no sustituyó a PROYECTOS URBANISTICOS, S.A., en el prcoeso. No existía solicitud, decisión judicial ni INVERSIONES FATIMA, S.A., había aceptado que JORLE, S.A., sustituyera a PROYECTOS URBANISTICOS, S.A..

QUINTO

La decisión objetada no previno que el proceso era un conjunto ordenado de actuaciones que avanza y se sustenta en su propio desarrollo y que teceros no podían irrumpir y participar en el juicio sin que hbuieren identificado sus pretensiones y el juez decidio en cuanto a la legitimidad de su interés en el caso". (fs. 316-317)

En virtud del cargo de ilegalidad que se formula en los motivos, previamente transcritos, le imputa la parte que recurre al ad-quem la infracción de los artículos 592, 593, 601 y 722 del Código Judicial; no obstante que la Sala es del criterio que tales disposiciones no fueron transgredidas por la resolución recurrida, por las consideraciones que a continuación se dejan expuestas.

La causal invocada hace relación a la omisión de otro requisito, distinto a los que la causal antes examinada incluye y que cause nulidad. Las causas de nulidad aparecen enumeradas bajo el artículo 722 del Código Judicial, de las cuales la ilegitimidad de personería que se alega, ciertamente, es una. Sin embargo, toda vez que la doctrina y la jurispurdencia de la Corte reconocen dos tipos de legitimación -en la causa y procesal- precisa determinar a cual de ellas hace referencia la norma comentada, a fin de precisar la viabilidad del cargo de ilegalidad examinado.

La legitimación ad causam, es la condición que debe tener determinada categoría de personas en la Ley sustantiva, para pretender u oponerse a una determinada relación jurídica en particular. En tanto que la legitimatio ad processum, viene a ser la capacidad legal para actuar en proceso en general, por cuanto se reúnen los atributos mínimos que debe tener una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones.

La legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, porque lejos de referirse al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, contempla la relación substancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado y el interés perseguido en el proceso. Por tanto, quien carece de la legitimación en la causa, teniendo la legitimatio ad processum, puede demandar, porque posee un presupuesto procesal de la acción, como si fuera un derecho subjetivo para que el juzgador lo oiga. Sin embargo, no ostenta la titularidad para que se reconozca en su favor la pretensión reclamada. En tanto que la capacidad para ser parte, con todo y ser un aspecto meramente formal, en el evento que no se tenga conlleva la nulidad de lo actuado, conforme tuvo la Sala la oportunidad de señalarlo en resolución de 18 de septiembre de 1995:

"La legitimidad de personería se ubica dentro del terreno de la actuación procesal y la falta de ella acarrea como sanción la nulidad de actuación; por el contrario, la ilegitimación en la causa guarda relación con el fondo mismo de la cuestión controvertida, o como ha dicho la Corte Suprema de Colombia "...a la posición que ocupan los litigantes dentro de la situación fáctica gobernada por las leyes, que habida cuenta de esa posición, les atribuye a aquellos derechos subjetivos u obligaciones o los exonera de estas últimas." (Resolución de 18 de septiembre de 1996; R.J. de septiembre de 19995, pág. 175).

Por tanto, la ilegitimidad de personería que consagra el artículo 722, ordinal 3º del Código Judicial, como una de las causales de nulidad común a todos los procesos, viene a ser la legitimidad procesal, en tanto y en cuanto es la que, conforme lo ha dejado expuesto la Sala, conlleva la nulidad de lo actuado; no así la legitimatio ad caussum, la cual es un requisito para que la sentencia pueda entrar a decidir sobre el mérito de la pretensión, conforme lo reiteró esta Superioridad, de manera más concreta, en la sentencia de 10 de enero de 1997.

Del contexto de los motivos de la causal examinada, particularmente el segundo motivo, en el que se alega que el juzgador ad-quem permitió "la participación de JORLE, S.A., sin valorar que esta sociedad no fue parte del proceso arbitral ni de definición de reglas arbitrales" (f.316), se desprende que lo cuestionado por la parte recurrente es la legitimacion en la causa de JORLE, S.A., lo que no configura causal de nulidad procesal.

CASACION EN EL FONDO

  1. "Infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa de la norma".

Los motivos en los que se sustenta la causal enunciada son cinco, del contexto de los cuales se entiende que la violación directa de la ley que se le atribuye a la resolución recurrida, consiste en el desconocimiento de las normas que consagran la extinción de la obligación por novación, en virtud de cesión de crédito realizada antes del pronunciamiento del laudo arbitral. En concreto expresa la recurrente en los motivos:

"PRIMERO: PROYECTOS URBANISTICOS, S.A. había cedido a JORLE, S.A., el crédito que pudiera resultar del laudo arbitral.

SEGUNDO

La resolución objetada no valoró que el crédito de PROYECTOS URBANISTICOS, S.A., contra INVERSIONES FATIMA, S.A., quedado extinguido por novación, en virtud de cesión realizada antes del pronunciamiento del laudo arbitral.

TERCERO

La decisión impugnada confirmó en segunda instancia la liquidación realizada, en función de intereses de un crédito que estaba extinguido por novación y que no era exigible por parte de PROYECTOS URBANISTICOS, S. A..

CUARTO

El auto cuestionado reconoció la cesión y no declaró extinguida la obligación por novación. El reclamo de JORLE, S.A., se fundamentó en un nuevo crédito, que debía ser debatido en procedimiento distinto del juicio de definición de reglas arbitrales seguido por INVERSIONES FATIMA, S.A., contra PROYECTOS URBANISTICOS, S.A.." (f. 323-324)

Las normas que se dicen infringidas, en concepto de violación directa por el juzgador de segunda instancia, son las contenidas en los artículos 1089 y 1090 del Código Civil.

El primero de los preceptos hace relación a la novación como medio de extinguir la obligación, ya variando la deuda, su objeto o sus condiciones principales; por reemplazo de la persona del deudor; y por subrogación del acreedor. El artículo en cuestión, es del tenor siguiente:

Artículo 1089. Las obligaciones pueden modificarse:

1. variando su objeto o sus condiciones principales;

2. sustituyendo la persona del deudor;

3. subrogando a un tercero en los derechos del acreedor.

A criterio del apoderado judicial de la parte que recurre, la novación en el presente caso se da por subrogación. Para la Sala resulta evidente que la parte recurrente confunde los efectos de la novación extintiva con la modificativa. La subrogación se produce con toda normalidad en el caso de novación modificativa por cambio de acreedor, no así en la novación extintiva en que existe reemplazo de obligaciones. El efecto de la subrogación por novación modificativa se encuentra prescrita en el artículo 1098 del Código Civil y la misma, así como la subrogación legal que produce, ha sido estudiada, entre nosotros, por el extinto civilista D.A., en los términos que conviene dejar expuesto:

"Hay subrogación cuando una cosa o persona pasan a ocupar la posición jurídica de otra. En el primer caso, la subrogación es real; en el segundo, personal. Esta última, que es la que ahora nos interesa, puede ser convencional o legal. De ella se ocupa nuestro Código civil en el ordinal 3º del artículo 1089 y en los artículos 1095 a 1099, a propósito de la novación modificativa por cambio de acreedor.

Sumamente discutido y criticado ha sido este tratamiento que el legislador español y el nuestro, le han dado a la subrogación por pago, al confundirla con la figura de la novación, ya que entre la clásica novación romana, de carácter esencialmente extintivo y la subrogación existen substanciales diferencias. Así: a) mientras que en este tipo de novación la obligación cambia, ya que la obligación primitiva se extingue y surge una nueva, en la subrogación esto no ocurre, pues sólo cambia el acreedor, mientras que la obligación sigue siendo la misma; b) en la novación por cambio de acreedor (cuando es extintiva) se requiere el consentimiento del deudor, el que no se exige, en cambio, tratándose de la subrogación salvo casos excepcionales (V. artículo 1096); c) en la novación extintiva, al extinguirse la obligación primitiva, a menos que se disponga lo contrario, se extinguen las obligaciones accesorias y los derechos y privilegios a ella anexos (artículo 1093), lo que no ocurre en el caso de la subrogación (artíclo 1098); ch) la novación puede ser por cambio de acreedor o de deudor, en tanto que la subrogación personal opera siempre por cambio de acreedor; d) además, la novación puede ser extintiva o modificativa; la subrogación tiene tan sólo este último carácter; e) La novación supone una convención necesariamente, en tanto que la subrogación puede ser legal o convencional.

Hecha la anterior aclaración, debemos señalar que la subrogación personal por pago, que es la trasmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga y pasa a ocupar la posición jurídica de aquél, ha sido asimilada a la novación modificativa y no a la extintiva, ya que la relación jurídica se modifica al tener lugar un cambio de acreedor.

No cabe duda de que la subrogación personal tiene una gran semejanza con la cesión de crédito. Tenemos así: a) en ambas hay sustitución o cambio de acreedor, o sea, una modificación subjetiva de la obligación; b) en ambas no se requiere, por lo general, el consentimiento del deudor para que el traspaso del crédito tenga lugar; c) en ambas la obligación sigue siendo la misma, no varía; y, ch) en ambas, a consecuencia de lo anterior, el crédito se transfiere con sus accesorios y privilegios (arts. 1098 y 1280)". (D.A.. "Contratos Civiles", tomo I, pág. 226)

La cesión de crédito, valga destacar, de acuerdo a la doctrina civilista, es de naturaleza distinta a la novación extintiva, que es a la que hace referencia la recurrente, particularmente, en cuanto a sus efectos. Tiene más similitud con la novación modificativa, como ya se expuso.

En el presente caso, como se dijo, lo que se produce es la subrogación modificativa de la obligación o la cesión del crédito, que es distinta a la novación extintiva, por cuanto no conlleva la extinción de la obligación, sino que únicamente se produce un cambio de acreedor, por lo que no se puede, como lo pretende la recurrente, hablar en el presente caso de extinción de la obligación, por cuanto, en virtud de la cesión de pago ocurrida entre PROYECTOS URBANISTICOS, S.A. y la actora, sólo ha ocurrido una sustitución en la figura del acreedor.

Llama la atención de la Sala, por otra parte, la insistencia del recurrente de retrotraer la discusión a etapas que ya han transcurrido y que constituyen ley del proceso que deben ser respetadas. Ocasión tuvo el recurrente para disentir lo que ahora plantea, en el proceso arbitral y, naturalmente, no les lícito plantearlas con motivo de un recurso de casación enderezado contra el auto que decreta la liquidación de la condena que impuso el tribunal arbitral, el que, como acertadamente ha señalado el Tribunal Superior, persigue una finalidad dilatoria y, por consiguiente, incurre en una deslealtad procesal que esta Superioridad no puede pasar por alto.

  1. "Infracción de normas sustantivas de derecho por aplicación indebida".

En los motivos de la causal se refiere el apoderado judicial de la parte casacionista a la aplicación indebida por la sentencia objetada, de normas relativas a la liquidación de condena en abstracto, negándole a su representada la posibilidad de compensar las sumas que por razón de perjuicios reconocidos en el Laudo Arbitral, así como las costas, gastos y demás partidas que le correspondían en virtud del proceso arbitral. Concretamente se expresa en los motivos:

"PRIMERO: La decisión debatida no consideró que el proceso de definición de reglas arbitrales fue resuelto en ambas instancias a favor de INVERSIONES FATIMA, S.A., siendo el expediente remitido al Tribunal Arbitral para la decisión de fondo. Tampoco previno que el Tribunal Arbitral reconoció que PROYECTOS URBANISTICOS, S.A., se atrasó en las obras, dejó de aplicar los descuentos convencionales, se hizo de equipo del dueño, sobrefacturó partidas, retrasó la devolución de equipo de su propiedad que había autoarrendado para el proyecto, trasladó sus propios costos al promotor, pagó parcialmente su planilla con dineros del dueño y se autopagó comisiones convencionalmente prohibidas por un total de CIENTO DIECIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS (US $118,039.00), concediendo el derecho a I.F., S.A., a descontar de la retención de honorarios prevista en el contrato dicha suma y restituir al contratista únicamente la diferencia.

SEGUNDO

La resolución impugnada aplicó indebidamente en segunda instancia disposiciones relativas a la liquidación de condena en abstracto, desconociendo el derecho a la liquidación de perjuicios de INVERSIONES FATIMA, S.A..

TERCERO

El pronunciamiento oficiosamente eliminó el debate de la liquidación de perjuicios, sin reconocer las costas, gastos u otras partidas que debían ser retribuidas a INVERSIONES FATIMA, S.A. antes de la ejecución de sentencia.

CUARTO

La decisión objetada aplicó en forma indebida las normas de liquidación de condena en abstracto y negó el derecho a INVERSIONES FATIMA, S.A., de compensar las costas, gastos y demás partidas que le correspondieran en virtud del proceso que permitió la definición de reglas y constitución del tribunal arbitral". (F. 326-327).

A juicio del apoderado judicial de la recurrente la resolución impugnada aplicó indebidamente, en perjuicio de su poderdante, los artículos 983, 1057, 1443, 1022 y 1024 del Código Judicial, así como el 1081 y 1088 del Código Civil.

El fundamento de la pretensión de la casacionista radica en que, mediante la aplicación de las reglas inherentes a la liquidación de condena en abstracto se le impidió descontar de la retención de honorarios prevista en el contrato, la suma reconocida en el Laudo Arbitral en su favor, respecto de los perjuicios sufridos, así como las costas, gastos y demás partidas que le correspondían en virtud del proceso de definición de reglas arbitrales y constitución del Tribunal Arbitral y restituir al contratista únicamente la diferencia.

No le asiste la razón al apoderado judicial de la parte recurrente, por cuanto no resultan ciertas sus afirmaciones. En primera instancia, porque, si bien se reconoció en el laudo arbitral la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE BALBOAS (B/.118,039.00), en favor de la recurrente, por razón de los perjuicios sufridos, conforme consta a foja 124, no es menos cierto que también a la parte recurrente se le condenó a pagarle a PROYECTOS URBANISTICOS, S.A. la suma de SEISCIENTOS NOVENTA MIL CINCUENTA Y CINCO BALBOAS CON SESENTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.690,055.69). Al descontar, como lo hace el laudo en referencia, de la obligación a que tenía derecho PROYECTOS URBANISTICOS, S.A., la suma que debía pagarle a INVERSIONES FATIMA, S.A., queda una deuda neta a favor de PROYECTOS URBANISTICOS S. A., de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO BALBOAS (B/.297,738.00), más los intereses generados, a una tasa de 9% anual, por la referida suma. Suma ésta que tiene que cancelar la recurrente, conforme el cómputo hecho en el laudo arbitral a foja 126.

Como consecuencia de lo anterior se tiene que, contrario a lo que afirma la parte recurrente, el descuento de la suma inherente a perjuicios reconocidas por el laudo arbitral se hizo en el respectivo laudo (f.126), por lo que, no tenía cabida ni objeto que el juzgador ad-quem entrara a realizar, nuevamente, el descuento de la suma alegada por la parte recurrente. De ahí que no se considere infringido los artículos 1081 y 1088 del Código Civil relativos a la compensación de deudas cuando las personas sean recíprocamente deudoras y acreedoras.

De otro lado, al conocer en grado de apelación de la liquidación que aprueba por el Juzgado Sexto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso arbitral tantas veces referido, determinó el ad-quem que la liquidación aprobada no era de costas, por lo que no resultaba aplicable el artículo 1065 del Código Judicial. Por lo demás, acuerda el Tribunal de la alzada, en la respectiva resolución, que para la ejecución de la suma líquida establecida en el laudo arbitral debe seguirse el procedimiento ejecutivo (artículo 1024 C.J.), en tanto que para la condena líquida de intereses vencidos a una tasa de 9% anual, debía recurrir al procedimiento contemplado en el artículo 983 del Código Judicial, de liquidación de condena en abstracto. En lo pertinente se reproduce la resolución recurrida:

"Respecto de la Ejecución del Laudo Arbitral se pronuncia el Artículo 1443 del Código Judicial, el cual en su parte pertinente señala que: La ejecución de la sentencia de los arbitros o arbitradores compete a los jueces o autoridades ordinarios, según la naturaleza del proceso y la cuantía.

Tal y como se desprende del artículo precitado, el Laudo Arbitral para todos los efectos es una sentencia y su ejecución ha de tramitarse por medio del procedimiento contemplado en nuestro Código para tales efectos, nos referimos a las normas que se encuentran en el Capítulo VI del Título VIII del Libro II, sobre la Ejecución de Resoluciones Judiciales.

...

...

Respecto de la condena líquida, es decir, los B/.179,699.00, no hay duda sobre la forma contenida en nuestro Código para hacerla efectiva, dado que sólo hay que atender los señalamientos del Artículo 1024 del Código Judicial,...

Sin embargo, respecto de la condena líquida de los intereses vencidos y calculables a una tasa de 9% anula desde el 11 de octubre de 1996, lo que procedía era recurrir al procedimiento contemplado en el Artículo 983 del Código Judicial (liquidación de condena en abstracto)" (f. 191-193).

En el presente caso se está en etapa de ejecución del laudo arbitral, de competencia de los tribunales ordinarios, según la Ley, en el cual se pretende cobrar o hacer efectivo la suma líquida reconocida en el respectivo laudo arbitral, de conformidad con las normas de ejecución de la sentencia previstas en los artículos 1024 y ss. del Código de procedimiento civil.

En tanto que para la liquidación de costas, dispone el Código Judicial en el artículo 1065, el procedimiento de conformidad con el cual debe, en primera instancia, hacerse liquidación general de todas las costas pendientes que se hayan ocasionado en el proceso por secretaría del juzgado de primera instancia. Dicha liquidación deberá ser aprobada o rectificada por el juez respectivo, si a ello hay lugar, caso en el cual la respectiva resolución admite recurso de apelación en contra.

La resolución que contiene la liquidación de costas que quede aprobada presta mérito ejecutivo, por lo cual para hacerla efectiva habrá de solicitarse el respectivo proceso ejecutivo o, en el caso de la parte favorecida con la decisión, hacerla efectiva en la ejecución de la respectiva sentencia.

Toda vez que en la presente circunstancia no se está en presencia de la liquidación de costa, sino de la ejecución de sentencia, conforme consta en autos, mal podía el juzgador descontar la suma que, por razón de costas, reclama la parte recurrente.

Como consecuencia de lo anterior no encuentra fundado la Corte los vicios de ilegalidad que se dejaron examinados, por lo que debe desestimarse la causal invocada.

  1. "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba".

En los motivos manifiesta la casacionista, con carácter vicio de ilegalidad, que el Tribunal de segundo grado omitió considerar en la resolución recurrida pruebas obrantes en el expediente, de acuerdo con las cuales tenía la casacionista derecho al cobro de costas, expensas y perjuicios. Para ilustración se dejan transcrito los motivos:

PRIMERO: El pronunciamiento debatido consideró que debía circunscribirse a la ejecución al texto del laudo arbitral, dejando de valorar el resto del activo probatorio del expediente. El vicio determinó que la decisiòn no considerara el derecho al cobro de las costas, expensas y perjuicios ocasionados al recurrente, a pesar de existir la prueba de haber obtenido decisiòn de fondo favorable en ambas instancias judiciales. La omisiòn influyò en forma determinante en la parte resolutiva del pronunciamiento objetado, que debiò considerar el total de las pruebas incorporadas a la causa y condenar primeramente al pago de las costas, expensas y perjuicios del proceso de definci`òn de reglas arbitrales seguido por INVERSIONES FÀTIMA S. A. contra POROYECTOS URBANISTICOS S. A., antes de decidir en cuanto a la ejecuciòn del laudo.

"SEGUNDO: La decisiòn no considerò la demanda presentada por INVERSIONES FÀTIMA S. A. (Folios del 1 al 7 del expediente). Las pruebas aportadas para que judicialmente se ordenara la integraciòn del Tribunal Arbitral y la reglamentaciòn del procedimiento (folios del 8, al 27 del expediente). La oposiciòn de PROYECTOS URBANISTICIOS S. A. (Folios del 36 al 39). Las pruebas del opositor (folios del 40 al 43). La reconvenciòn de PROYECTOS URBANISTICOS S. A. (Folios del 44 al 46). Las pruebas presentadas en la reconvenciòn (folios del 47 al 55). El resultado de la gestiòn, determinado en el auto 940 del 30 de mayo de 1995 (folios del 56 al 66). El anuncio de apelaciòn contra el 940 por parte de PROYECTOS URBANISTICOS S. A. (Contracara del folio 66). S. de la Apelaciòn anunciada por PROYECTOS URBANISTICOS S. A. (Folio 99 al 81). Oposicòn de la apelaciòn de INVERSIONES FATIMA S. A. (Folios 82 al 87). Resoluciòn del 29 de febrero de 1996 del Primer Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamà, (folios 93 al 100). La falta consideraciòn de estas pruebas influyò directamente en lo dispositivo del fallo objetado, permitiendo que la decisiòn se circunscribiera a la ejecuciòn del laudo arbitral, sin considerar que INVERSIONES F.S.A. tenìa derecho a ser resarcida por las costas, expensas y perjuicios causados por el comportamiento procesal de PROYECTOS URBANISTICOS S. A. en el procedimiento adelantado."

TERCERO

La resoluciòn negò a INVERSIONES FÀTIMA S. A. el derecho al reconocimiento de las costas, gastos y demás partidas a que tenía derecho, por error de hecho en cuanto a la existencia de las pruebas que obraban en la causa, al no considerar la totalidad del activo probatorio del expediente. El pronunciamiento debió considerar el valor probatorio del expediente. El pronunciamiento debió considerar el valor probatorio de la totalidad de pruebas que permitieron decisiones favorables para INVERSIONES F.S.A. en ambas instancias y el comportamiento procesal que debía ser cumplido. La omisión en la consideración del haber probatorio anotado influyó directamente en la decisión debatida, al permitir la falta del reconocimiento del derecho de INVERSIONES FATIMA, S.A. y dejar de valorar las costas, expensas y perjuicios que debían cuyos importes debían ser resarcidos al recurrente.

CUARTO

El error en el auto que INVERSIONES FATIMA, S.A. ejercite el derecho de compensación parcial de las obligaciones determinadas en el laudo arbitral, al no haberse valorado que INVERSIONES FATIMA, S.A. tenía derecho al pago las costas, expensas y perjuicios irrogados en virtud de la actuación procesal de PROYECTOS URBANISTICOS, S.A.. La omisión en la valoración del activo probatorio permitió que se ordenara la ejecución contra INVERSIONES FATIMA, S.A., a pesar de haber logrado decisiones favorables en ambas instancias, sin permitir que pudiera descontar el total de las costas, expensas y perjuicios producidos por las actuaciones de su contraparte en el procedimiento seguido." (Fs.337-339)

Las pruebas que aparecen especificadas en el motivo segundo, manifiesta el apoderado judicial de la recurrente, fueron desconocidas por el ad-quem, en la medida que en las mismas se establecía un derecho a favor de su poderdante, a ser resarcida por las costas, expensas y perjuicios ocasionados. En virtud del error probatorio indicado, le atribuye al Tribunal de la alzada la infracción de los artículos 1644 y 1644 A del Código Civil, así como el 769, 770, 790, 821 y 1018 del Código Judicial.

El tema de la reclamación de la liquidación de las costas en la etapa de ejecución de sentencia, ya fue abordado por esta Superioridad al examinar la causal anterior, en donde se manifestó que para ello debe seguirse el proceso establecido en el artículo 1065 del Código Judicial. De manera que, no estima la Sala que haya incurrido el Primer Tribunal Superior en infracción legal alguna, al excluir de la ejecución del laudo, la liquidación de costas reclamada, para lo cual tiene la parte recurrente, siempre que medie la respectiva liquidación de costas que instaurar proceso ejecutivo, según lo dispone la norma antes citada. Por lo demás, salta nuevamente a la vista la pretensión, dentro del trámite de ejecución de condena, de volver a discutir la que ya fue decidido por el Tribunal Arbitral.

  1. "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba".

Los motivos que fundamentan la causal son seis. El tenor de los mismos es el que se deja transcrito:

"PRIMERO: El auto objetado consideró que el laudo arbitral (folios del 118 al 127 del expediente) determinaba un crédito indisputable y la participación directa de JORLE, S.A., en el proceso como cesionario de PROYECTOS URBANISTICOS, S.A..

SEGUNDO

La decisión recurrida no valoró la prueba con sujeción a derecho. El texto documental expresamente determinaba que la cesión de PROYECTOS URBANISTICOS, S.A. a JORLE, S.A. se presentó al Tribunal Arbitral el 2 de octubre de 1996, antes que fuera proferido el laudo. El pronunciamiento no previno que se trataba de un crédito litigioso, con características y regulaciones diferentes al crédito que hubiera podido presentar el cedente.

TERCERO

El pronunciamiento objetado confirmó liquidación de intereses en función del valor nominal del crédito de PROYECTOS URBANISTICOS, S.A., antes de la iniciación de la ejecución de sentencia, sin considerar los efectos legales de la cesión presentada al tribunal arbitral a favor de JORLE, S.A..

CUARTO

La resolución recurrida no consideró que la valoración del crédito litigioso podría depender del desembolso del cesionario, costas e intereses legales y que INVERSIONES FATIMA, S.A. podría estar en posibilidad de hacer valer esta excepción al momento en que se le trasladara demanda de intervención principal de JORLE, S.A..

QUINTO

El auto impugnado estimó erróneamente que el aludo arbitral permitía la intervención principal directa de JORLE, S.A. en el proceso y que el crédito cedido era indisputable.

SEXTO

El pronunciamiento tampoco valoró que el laudo arbitral definía la extinción por novación de la obligación en virtud de la cesión del crédito de PROYECTOS URBANISTICOS, S.A. a la sociedad JORLE, S.A..

SEPTIMO

El laudo debió prevenir que JORLE, S.A. no era parte del proceso y que el crédito de PROYECTOS URBANISTICOS, S.A. había quedado extinguido por novación, lo que impedía que se librara liquidación de condena en abstracto sin que el cesionario hubiere sido admitido como interventor". (fs. 351-352)

Del contexto de los motivos transcritos se advierte que la prueba cuya valoración cuestiona la parte recurrente es el laudo arbitral, en la medida que, asegura, en el auto impugnado no se apreció que en el laudo arbitral se dejó constancia que la cesión de crédito por parte de PROYECTOS URBANISTICOS, S. A. a JORLE, S.A., se dio antes que fuera proferido dicho laudo arbitral, por lo que se trataba de un crédito litigioso el cual extinguía por novación dicha obligación.

Las normas que se dicen infringidas, como consecuencia de los errores probatorio que se formula en los motivos antes referidos, son las contenidas en los artículos 1278, 1287, 1089 y 1090 del Código Civil, además del 770 y 772 del Código Judicial. Sin embargo, para la Sala es claro que la resolución objetada no viola, en nada, las normas referidas.

Al tema de la novación extintiva y su distinción con la subrogación modificativa y la cesión de crédito se ha referido esta sentencia anteriormente, en la que se dejó de manifiesto que ambas figuras contractuales difieren de la primera en cuanto a los efectos. Mientras que la novación extintiva tiene por objeto principal extinguir las obligaciones que es reemplazadas por una nueva, en la cesión de crédito al igual que en la subrogación modificativa tiene lugar un mero cambio de acreedor, sin que la obligación varíe o se extinga.

Como consecuencia de lo que viene planteado, no considera la Corte que se haya producido la mala valoración de la prueba cuya valoración se cuestiona, razón por lo cual debe desestimarse la causal examinada.

Como viene expuesto, los vicios de ilegalidad que se le atribuyen a la resolución objetada en el recurso examinado no sólo resultan inconsistentes, sino que, además, como se ha manifestado anteriormente, evidencia un interés puramente dilatorio que, sólo por haberse admitido el recurso, se resolvió. Tal conducta procesal, cabe recordar a la parte recurrente, resulta contraria a la lealtad y probidad que deben exhibir las partes en el proceso, exigencia que el artículo 462 del Código Judicial consagra, inclusive, facultando al juzgador para que rechaze cualquier actuación de las partes tendientes a ese fin.

El proceso dentro del cual se recurre es de ejecución del laudo arbitral, en el que, lo que corresponde es hacer efectivo el pago de la condena impuesta y no la discusión de cuestiones ya resueltas en dicho laudo arbitral. De ahí que considere la Sala pertinente hacer un llamado de atención a la parte recurrente que con su conducta no sólo ocasiona perjuicios a la parte contraria, sino que también afecta el normal desenvolvimiento de las funciones judiciales, demostrando con su actuación una evidente deslealtad procesal.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 15 de mayo de 2000, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso que JORLE, S.A., le sigue a I.F., S.A., y AMONESTA AL APODERADO DE LA RECURRENTE.

Las costas de casación a cargo de la recurrente se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00).

N..

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) G.E.F.

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO

Secretario Encargado