Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 20 de Septiembre de 1999

Ponente:ROGELIO A. FABREGA Z
Fecha de Resolución:20 de Septiembre de 1999
Emisor:Primera de lo Civil

VISTOS:

Contra la sentencia de 14 de mayo de 1999 expedida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, que confirmó la sentencia Nº 22, de 13 de febrero de 1998, proferida por el JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, ha promovido recurso extraordinario de casación contra dicha sentencia la señora ROSA NAVAS DE M., en el proceso ordinario promovido por ella contra AMERICAN IMPORT, S.A. y MOTORES ELECTRÓNICOS, S.A., por conducto de su procurador judicial, el licenciado H.A.B..

Habiendo sido admitido el recurso mediante auto de 4 de agosto de 1999 por esta S., y encontrándose superados todos los trámites intermedios que gobiernan este medio de impugnación, debe decidir la Sala el mismo en cuanto a su mérito, previas las consideraciones que se dejan anotadas.

ANTECEDENTES

La señora R.M.D.M., promovió proceso ordinario de mayor cuantía contra AMERICAN IMPORT, S.A. y MOTORES ELECTRICOS, S.A., a efecto de que sean condenados a pagar a la demandante la suma de CIENTO CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.150.000.00), "en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por la negligencia en la instalación del equipo para habilitar el montacargas y de la venta de piezas inadecuadas para tal fin, por parte de las empresas MOTORES ELECTRICOS, S.A. y AMERICAN IMPORT, S.A., respectivamente". (f. 1)

El Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, donde quedó radicada la demanda, dictó Auto Nº 1905, de 14 de julio de 1997, por el cual ordenó el traslado de la demanda. Consta de fojas 18 a 25 la contestación de la demanda, por parte del licenciado TOMAS VEGA CADENA, como procurador judicial de las demandadas MOTORES ELECTRICOS, S.A. y AMERICAN IMPORT, S.A., negando los hechos invocados, asi como las pruebas aportadas por el actor. Dentro del escrito de contestación de demanda, formuló el apoderado judicial de las demandadas, Excepción de Prescripción de la Acción Civil. A su vez, adjuntó pruebas documentales y solicitó sean tomadas pruebas testimoniales por medio de la Secretaría del tribunal de la causa.

Concluída la fase procedimental inherente a la naturaleza del proceso, el juzgador primario dictó sentencia Nº 22 de 13 de febrero de l998, por la cual DECLARO PROBADA la excepción de prescripción alegada por la parte demandada y, en consecuencia, DECLARO EXTEMPORANEA la acción interpuesta por la señora R.M.N. DE MARTINEZ contra AMERICAN IMPORT, S.A. y MOTORES ELECTRICOS, S.A. En concordancia con lo anterior, decretó el juzgador el levantamiento de la medida cautelar que se había decretado en el negocio en estudio.

La mencionada sentencia fue apelada por el apoderado judicial de la parte demandante, concediéndose dicha apelación en el efecto suspensivo, como consta en la providencia obrante a foja 615 del expediente.

Surtida la alzada de rigor, el Primer Tribunal Superior de Justicia, profirió resolución el 14 de mayo de l999, por la cual CONFIRMA la Sentencia Nº 22, de 13 de febrero de 1998, dictada por el Juzgado Cuarto del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá. (fs. 700-709). Es contra este fallo, que conoce la SALA CIVIL de la Corte Suprema de Justicia, del recurso extraordinario de casación propuesto por la parte agraviada, en virtud de haber sido admitido el mismo mediante resolución de fecha 4 de agosto de 1999, dictada por esta Superioridad. (fs. 740-741).

POSICION DE LA SALA

El recurso es en el fondo, y se encuentra sustentado en dos causales, infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de interpretación errónea, y la de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Los yerros en que incurrió el Tribunal Superior, en apreciación del recurrente, han infringido la parte dispositiva de la sentencia recurrida.

Con arreglo al canon procesal contenido en el artículo 1177 del Código Judicial se analizarán, con la debida separación, las dos causales.

  1. Primera causal. La primera causal es la de infracción de las normas sustantivas de derecho en concepto de interpretación errónea. Los cargos que se le hacen a la sentencia en esta primera causal, están contenidos en los motivos que la Sala se permite transcribir:

    "PRIMER MOTIVO: La resolución confirmó que está prescrita la acción civil de ROSA MARIA NAVAS DE M. en contra de AMERICAN IMPORT, S.A. y MOTORES ELECTRICOS, S.A., mediante una interpretación errónea de normas sustantivas de derecho, en la cual hace extensiva la prescripción especial de un (1) año reservada por la ley exclusivamente para las acciones civiles destinadas a reclamar la indemnización por los delitos de calumnia e injuria o para exigir la responsabilidad civil extracontractual emanadas de la culpa o negligencia no penadas por la ley, a las acciones civiles para exigir la indemnización de daños y perjuicios que se derivan de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia que sí están penadas por la ley; es decir, que hace extensiva dicha prescripción especial de un año, a las acciones civiles que nacen de los delitos culposos, las cuales prescriben en siete años por no tener señalado término especial de prescripción; violando así normas de derecho.

    SEGUNDO MOTIVO: La resolución recurrida al confirmar que está prescrita la acción civil de ROSA MARÍA NAVAS DE M. en contra de AMERICAN IMPORT, S.A. y MOTORES ELECTIRCOS, S.A., mediante una interpretación errónea de normas sustantivas de derecho, en que concluyó que prescriben en un año, como en los delitos contra el honor, las acciones para reclamar las obligaciones civiles derivadas de actos u omisiones en que intervenga culpa o negligencia, independientemente de que exista responsabilidad penal o administrativa de alguna de las partes; infringió así las normas de prescripción especial aplicada, al haber extendido su alcance por error interpretativo a casos no comprendidos en ella, como es el caso de la prescripción de las acciones civiles derivadas de los delitos culposos, no sujetos por la ley a prescripción especial de la acción civil para reclamar indemnización derivada de ellos; lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo acusado, previa la infracción imputada de normas sustantivas de derecho" (f. 717-718).

    Los errores de juicio de la sentencia recurrida, trajeron como consecuencia, en apreciación del recurrente, la violación de los artículos 1644 y 1706 del Código civil.

    La sentencia recurrida abordó la problemática planteada en forma de cargo contra la sentencia por parte del recurrente, de la siguiente forma:

    "De un atento análisis de la norma citada, podemos concluir que la misma comporta dos supuestos de interpretación para la aplicación del computo del término de la prescripción de la acción civil.

    1. El primero de esos supuestos seproduce cuando la reclamación para la indemnización por calumnia o injuria, es llevada directamente al plano civil, en donde el párrafo final del propio artículo 1706, establece que no es indispensable la intervención previa de la jurisdicción penal. Aquí, el momento para computar el término de prescripción de un (1) año, se empieza a contar a partir del momento en que lo supo el agraviado; ocurriendo lo mismo con las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el artículo 1644 idem, en donde, por ejemplo: en un accidente de tránsito o de cualquier género, donde las partes no se han sometido a la autoridad administrativa, tienen el plazo de un año para ejercer su pretensión en la esfera civil contra el responsable, independientemente que exista responsabilidad penal o administrativa de alguna de las partes.

    2. El otro supuesto lo encontramos en el párrafo segundo del artículo 1706 supra-citado, el cual condiciona el ejercicio de la acción penal o administrativa a los hechos previstos en el punto anterior (calumnia o injuria y la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia). En estos casos el tiempo para que prescriba el ejercicio de la acción civil se cuenta a partir de la ejecutoria de la sentencia penal o de la resolución administrativa, según el caso.

    Lo planteado en líneas superiores, le indican a este Cuerpo Colegiado que el caso bajo estudio se ubica dentro del primero de los supuestos anotados, en donde, contrario a lo que expresa la demandante en su recurso, el término de un (1) año para el ejercicio de la acción civil, corría para ella desde que, como agraviada, se produjo el siniestro que le causó los daños y perjuicios reclamados, es decir el día 13 de junio de 1997.

    Si tomamos en cuenta, que la pretensión de la demandante está circunscrita al tema de la reclamación de una cantidad cierta de dinero, en concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados por la negligencia en la instalación del equipo para habilitar el montacargas y de la venta de piezas inadecuadas para tal fin, por parte de las empresas MOTORES ELECTRICOS, S.A. y AMERICAN IMPORT, S. A. (Fs. 1), dicha reclamación involucra un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, totalmente alejada de cualquier tipo de responsabilidad civil derivada de la culpa criminal, tal como lo sugiere la recurrente.

    Si bien es cierto que "De todo delito nace también la acción civil para la restitución de la cosa y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible ...", tal como lo describe el artículo 1986 del Código Judicial, según como quedó modificado por la Ley 31 de 28 de mayo de 1998; también es cierto que la reclamación de indemnización que conlleva esa acción civil, es de las que se fundamentan en un hecho judicial o administrativamente declarado como punible o culpable; o sea que se haya intentado por la afectada la acción correspondiente en alguna de las dos jurisdicciones señaladas, para que entonces, le pueda ser aplicado el segundo supuesto de prescripción contenido en el artículo 1706 del Código Civil, o cualquier otro tipo de prescripción de tipo penal" (f. 705-707).

    La Sala, en ocasión anterior (sentencia de 8 de marzo de 1996) se ha pronunciado sobre el artículo 1706, antes de la redacción que le introdujo el artículo 13 de la ley 18 de 1992, sin que la nueva redacción haya variado las argumentaciones de la Sala. En dicha ocasión, la Sala señaló que el artículo 1706 regulaba la prescripción para los acciones derivadas de calumnia e injuria y responsabilidad extracontractual, y también la responsabilidad extracontractual de aquellos actos constitutivos de sanciones administrativas o penales, y la diferencia, entre ambos tratamientos legales, es la que dice relación al inicio del cómputo del término de prescripción y no al término de prescripción, que será, como regla general, desde que lo supo el agraviado y en el caso de acciones que deban venir revestidas de una sanción administrativa y de una sanción penal, previo el cumplimiento del procedimiento correccional o proceso penal, dicho cómputo, que sigue siendo de un año, se inicia a contar desde el momento en que la resolución administrativa que decide el procedimiento sancionador o el proceso penal que culmina la causa en esa jurisdicción, haya terminado de manera definitiva, vale decir, a partir de que la resolución o sentencia se encuentre ejecutoriada.

    En el caso en análisis, no hubo ninguna actuación enderezada a propiciar un procedimiento correccional de naturaleza sancionadora en la esfera administrativa ni tampoco se inicio un proceso penal, por lo que la regla que debía aplicarse era la que se corresponde con la primera parte del artículo 1706, como hizo la sentencia.

    La sentencia en la cual se fijó esta posición, que ya ha sido individualizada, sostuvo:

    "No cabe duda que el cómputo para iniciar procesos de indemnización con fundamento en el artículo 1644 del Código Civil, se iniciaba desde que la persona lo supo, para ambos supuestos. La confusión se origina con el artículo 1706, en la forma como la reforma de 1988 lo dejó, y dicho cómputo lo fijó a partir de la sentencia penal condenatoria. De donde se desprende que la norma no ofreció un tratamiento uniforme para los dos supuestos que regula el artículo 1706, sino sólo para uno de ellos, el que se refiere a los delitos contra el honor, cuyo año se inicia a partir de la declaratoria penal correspondiente. Esto es así por la elemental consideración de que la responsabilidad extracontractual, previsto en el artículo 1644 del Código Civil, viene declarada una vez culmina un proceso civil encaminado a obtener tal declaración, nunca por conducto de un proceso penal que culmine con una sentencia de tal género, por la elemental consideración de que quien cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia no quebranta la ley penal; o, puesto en otro giro, la comisión de actos ilícitos en donde se derive culpa o negligencia para su autor no constituye necesariamente una entidad delictiva. Esta situación ha provocado que uno de los supuestos de responsabilidad extracontractual, el derivado el artículo 1644 del Código Civil, carezca de una regla que norma el inicio del cómputo, por lo que resulta de aplicación la norma contenida en el artículo 1707 del Código Civil, que se reproduce:

    "Artículo 1707: El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse".

    Esta interpretación, y no otra, es la que se desprende de la reforma como viene redactada por imperio del artículo 18 de 1992, cuya reforma cubre las reglas del cómputo para el término que se dispone para proponer el proceso indemnizatorio, como regla general, desde que lo supo el agraviado, y solamente ante la existencia de un proceso penal o de un proceso administrativo, es a partir de la sentencia penal o administrativa en que tal cómputo debe iniciarse ...".

    (Sentencia de 8 de marzo de 1996. EURIBIADES MANUEL TORERO GIL contra J.F.M. y ALQUILERES ADAPTABLES, S. A.)

    La situación normativa, en lo esencial, no ha sido variada con la modificación de 1992, como se dijo, sino tan sólo se ha adicionado el inicio del cómputo para los casos en que exista una sanción administrativa, además de la penal, que ya venía regulada en el sentido apuntado, en que se ubica a partir del momento en que se haya dictado la sentencia condenatoria, sea administrativa, sea penal.

    Como es sabido, la responsabilidad civil puede surgir, sea por la comisión de actos voluntarios que causan daño a otra persona, mediando culpa o negligencia, y también en aquéllos casos en que se produce una infracción al ordenamiento penal o administrativo, cuya sanción obliga también a la indemnización por los daños causados por el hecho ilícito. De ambos supuestos de responsabilidad se ocupa el artículo 1706 del Código civil, distinguiéndo no obstante de los supuestos de responsabilidad aquiliana, previstos en el artículo 1644 de dicho Código, de aquéllos otros supuestos en que el ordenamiento penal o administrativo sancionen con penas de esa naturaleza penal o administrativa la conducta tipificada en dichos ordenamientos, y que, además de la pena impuesta, proceda la indemnización por los daños ocurridos por el acto delictivo, como es el caso de los delitos (Título VI del Libro I del Código Penal) o en aquellos supuestos en que la sanción administrativa sea sin perjuicio de la indemnización por perjuicios causados (accidentes de tránsito, por ejemplo, Capítulo XI del Decreto Nº 160, de 7 de junio de 1993. Pues bien: en ambos supuestos de responsabilidad civil, aquiliana o derivada de ilícito penal o administrativo, el término para intentar, por la vía civil, la acción de responsabilidad tiene previsto, precisamente por el artículo 1706, el término de prescripción es de un (1) año, variándose, como ya se ha dicho, el término para iniciar dicho cómputo, que en el caso de responsabilidad aquiliana se computa a partir del momento en que se pudo ejercer el derecho (artículo 1707 del Código civil) en tanto que, tratándose de delitos o infracciones administrativas que, además, generen responsabilidad civil, el término se inicia a partir de la sentencia ejecutoriada que impone la sanción penal o administrativa, como se desprende con toda claridad del artículo 1706 del Código civil.

    Es evidente, por lo tanto, que el tribunal ad-quem no cometió error alguno en torno al contenido del artículo 1706 (interpretación errónea), ni debe, por tanto, aceptarse la censura en esta primera causal, ni tampoco la del artículo 1644 del Código civil, que era la norma aplicable en razón de la pretensión de responsabilidad extracontractual ensayada, es decir, responsabilidad aquiliana.

  2. Segunda causal. La segunda causal de fondo es la de infracción de las normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba.

    La segunda causal se encuentra sustentada en los motivos que la Sala se ocupa de transcribir:

    "PRIMERO MOTIVO: El fallo acusado, al suponer erróneamente como probada, a partir del 13 de junio de 1997, la prescripción de la acción para la señora ROSA MARÍA NAVAS DE MARTINEZ reclamar indemnización por las lesiones personales que sufrió el 13 de junio de 1996, infringió normas sustantivas de derecho de prescripción de la acción civil, de aplicación general, al no estar regulado el presente caso en normas especiales de prescripción; previo el quebranto de la norma que le imponía apreciar y darle el valor de documento auténtico al documento identificable a folio 116 del expediente y al cual la resolución recurrida, habiendo tomado conocimiento de su existencia, no le reconoció su valor probatorio, de documento auténtico, reconocido judicialmente, mediante Inspección Judicial. (Folio 106, 114, 166).

    SEGUNDO MOTIVO: La resolución recurrida examinó, pero no le reconoció ni le dió valor de documento auténtico que la ley le reconoce por haber sido reconocido judicialmente en Inspección Judicial, al elemento probatorio identificable al folio 116 del expediente, con lo cual infringió normas sustantivas de derecho sobre la prescripción general de las acciones civiles derivadas de actos u omisiones en que interviene culpa o negligencia sancionadas por la ley penal, distintos de los delitos contra el honor.

    TERCER MOTIVO: La resolución recurrida infringió normas probatorias sobre el carácter de documento auténtico de uno privado, visible al folio 116 del expediente, que la condujo a la infracción de normas sustantivas atinentes a la prescripción de ciertas acciones civiles que no tienen normas especial de prescripción, como resultado de sea errónea operación probatoria, cuyo error probatorio incidió en la parte resolutiva del fallo acusado." (f. 720)

    Como consecuencia del error valorativo, la sentencia impugnada violó los artículos 770, 843 y 1986 del Código Judicial, los artículos 977, 170, y 139 del Código Civil y el artículo 139 del Código Penal.

    La prueba, supuestamente mal valorada, es una certificación del centro hospitalario, en donde se atendió a la demandante, el tratamiento hospitalario y quirúrgico que se le brindó, y que no refleja una incapacidad determinada para discriminar el tipo de lesiones que se ha causado (artículo 135 y 139 del Código Penal), configurándose, por lo tanto, el delito de lesiones por imprudencia.

    Desde el momento en que se ha desestimado la primera causal, se hizo mención al sistema que ofrece el artículo 1706 del Código Civil, es decir, dependiendo si la acción culposa es debida a culpa o negligencia, o si por el contrario, es consecuencia de un proceso penal o administrativo, derivado de infracciones a los ordenamientos en cuyo caso el término de prescripción es el mismo, de un año, pero el cómputo varía, en general, desde que lo supone el agraviado y podía, en efecto, ejercer el derecho a la indemnización, al momento en que se ejecutoría la resolución administrativa sancionadora o penal que condena, también a la indemnización. Este sistema fue adoptado para erradicar una corruptela, consistente en que la regla general, sin hacer referencia a procedimientos sancionadores o penales, podía hacer ilusoria la pretensión indemnizatoria, toda vez que el proceso administrativo o penal corría el riesgo de dejar transcurrir el período de un año desde que ocurrió en hecho generador de responsabilidad civil, a menos que, de manera precavida, el afectado, aún sin contar con una sentencia administrativa o penal condenatoria, promoviera la acción en forma autónoma, como le permite el último párrafo del artículo 1706, dentro del período de un año desde que ocurrió el accidente generador de responsabilidad civil.

    Si lo anterior es ajustado a nuestro ordenamiento jurídico, es evidente que sólo ante la existencia de un proceso penal o administrativo sancionador, podía la prueba contenida en la foja 116, que dice relación a la intervención a que fue sometida la demandante y otras que se han podido recabar y que determinase el período de duración de la incapacidad, y relacionado, por tanto, con el término de la incapacidad para promover las sumarias y eventual plenario por lesiones por imprudencia, circunstancia que no es la de autos, pues no existe acreditada la existencia de un proceso penal en el cual habrían de valorarse ésta y otras probanzas, y por ello, no hubo una valoración errada de la prueba contenida en la foja 116, por cuanto tal prueba hubiese sido idónea en el proceso penal de lesiones por imprudencia, de haberse seguido, que no se hizo. El tema de la incapacidad y de su duración sólo tiene relevancia en el proceso penal, no así en el civil, de donde dicha circunstancia no tenía ninguna trascendencia con respecto a la pretensión indemnizatoria en la jurisdicción civil, y menos aún cuando el tema de las lesiones no alcanzó a la jurisdicción penal, como se ha dicho. De allí a que no ha existido el error valorativo denunciado y procede, por ello, desestimar, también, esta segunda causal, y, con ello, confirmar la sentencia recurrida. Al no haber incurrido el Tribunal en una defectuosa valoración probatoria, no resulta necesario analizar la infracción de las disposiciones de naturaleza sustancial, ya que dichas infracciones surgen como un error de la sentencia en la valoración probatoria, lo que la S. ha descartado.

    Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 14 de mayo de 1999 expedida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, dentro del recurso de casación interpuesto por R.M.N. DE MARTÍNEZ contra AMERICAN IMPORT, S.A. y MOTORES ELECTRICOS, S. A.

    Las obligantes costas a cargo por la parte recurrente se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

    N..

    (fdo.) R.A.F.Z.

    (fdo.) E.A.S.

    (fdo.) J.A.T.

    (fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

    Secretaria