Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 24 de Febrero de 2012

Fecha de Resolución24 de Febrero de 2012
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS:

Conoce la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación interpuesto por la licenciada M.L. de Murgas, apoderada judicial de J.M.Q. y A.O.A., en contra de la sentencia de 14 de abril de 2009, emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario interpuesto por el SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE LA CHIRIQUI LAND COMPANY Y EMPRESAS AFINES (SITRACHILCO) contra los recurrentes.

La sentencia recurrida resuelve revocar la sentencia emitida en primera instancia, y en su lugar condena solidariamente a los demandados, J.M.Q. y A.O.A., al pago de quinientos treinta y seis mil doscientos cincuenta balboas (B/.536,250.00), en concepto de daños y perjuicios causados; y fija las costas por ambas instancias en la suma de cincuenta y cuatro mil ciento veinticinco balboas (B/.54,125.00).

La parte vencida, al notificarse de esta decisión de segunda instancia, presentó recurso de casación en el que invocó la causal de infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

Fundamenta su recurso en la apreciación equivocada, por parte del Tribunal Superior, de un cúmulo de pruebas que de haber sido apreciadas conforme lo ordena nuestro ordenamiento procesal patrio, hubiesen llevado a la conclusión de que entre el licenciado A.O.A. y el SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE LA CHIRIQUÍ LAND COMPANY Y EMPRESAS AFINES (SITRACHILCO), había un contrato de trabajo dentro del cual estaba incluido como condición laboral el cobro de las costas que resultaran de los procesos laborales, individuales o colectivos, en que el abogado los representara judicialmente.

Particularmente, los motivos que sustentan la causal de naturaleza probatoria referida, son los siguientes:

PRIMERO

La Sentencia de 14 de abril de 2009, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, a que se refiere este Recurso de Casación expresa textualmente "Cierto es que se efectuó un acuerdo entre el Sindicato Industrial de Chiriquí Land Company y Empresas Afines (SITRACHILCO) y la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, R. L. (COOSEMUPAR) donde específicamente se estableció que las partes acuerdan transar por la suma única de B/.3.575.000.00, incluyendo las costas", tal afirmación es producto de una apreciación presuntiva, mas no objetiva de la realidad jurídica que evidencian los autos a través de las pruebas documentales existentes en juicio; en efecto, ese Acuerdo no existe. Existe a fojas 96-104, Acuerdo Marco suscrito entre el Sindicato Industrial de Chiriquí Land Company y Empresas Afines (SITRACHILCO), la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, R.L. (COOSEMUPAR) representados por J.M.Q., y, Puerto Armuelles Fruit Co., Ltd. (PAFCO), representada por G.C.F.. Es en este acuerdo que se transan todos los procesos laborales (Punto 3.2 del Acuerdo) por la suma de B/. 3.575.000.00, incluyendo las costas que conforme a las pruebas acreditadas se tasaron en el 15%.

Estos errores de valoración influyen sustancialmente en lo dispositivo de la Sentencia en virtud que en los procesos laborales las costas son reguladas por el Código de Trabajo en sus artículos 890 y subsiguientes.

SEGUNDO

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en Sentencia de 14 de abril de 2009, al valorar la prueba documental acreditada de fojas 96 a la 104, afirma que: En este acuerdo no se indica que dichas costas deben ser pagada única y exclusivamente al licenciado A.O. por el trabajo que desplegó como abogado de los miembros del sindicato.

Y es que el hecho que en este documento se estableciera que se incluían las costas, no necesariamente son para el abogado pues las costas son de las partes."; no se percata o no toma en consideración la prueba documental existente, de fojas 154 y 155, las cuales no han sido redargüidas ni probado que son falsas, y, no las valoriza en su contexto dialéctico-jurídico real, ya que indican indubitablemente que las costas constituyen una condición de trabajo del L.. A.O., y por lo tanto le corresponden.

TERCERO

Expresa la Sentencia recurrida que "las costas son una sanción a la parte vencida, por tanto, son de la parte y no de su apoderado judicial", en consecuencia, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial al ponderar la prueba documental que corre a fojas 154 y 155, no se percata que dicha prueba aclara una relación laboral sobre condiciones de trabajo, incluyendo las costas en los Procesos Laborales individuales o colectivos correspondía al Lic. A.O.A., condición de trabajo que conforme consta en autos (fs. 1451 a 1457, 1460 y otras), las costas eran pagadas al Lic. A.O.A..

CUARTO

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en la Sentencia objeto de este Recurso, al valorar la prueba documental que descasa a fojas 86, en la que se solicita desglosar de la cantidad establecida en el Acuerdo Marco de 25 de abril de 2003, la suma de B/. 536.250.00 en concepto de costas, señala: "ha de indicarse que el S. General no estaba autorizado para efectuar esta solicitud", no se percata que dicha solicitud no es una orden de retiro y gastos de los fondos sindicales, tampoco constituye correspondencia enviada. Es una nota de desglose de las costas correspondientes a la suma transada por los procesos laborales. Costas que conforme a las condiciones de trabajo establecidas por el Sindicato, con el Lic. A.O.A., le correspondían en derecho.

Como normas de derecho consideradas infringidas, se hacen cita de las contenidas en los artículos 781 y 1069 del Código Judicial; y en los artículos 974 y 976 del Código Civil.

RESOLUCIÓN JUDICIAL RECURRIDA

El Tribunal Superior, en la sentencia que ahora se impugna, consideró la existencia de una transacción extrajudicial llamada Acuerdo Marco, fechada el 25 de abril de 2003, dentro del cual se pactó, entre otras cosas, la terminación de cualquier proceso judicial que tuviesen pendiente las partes contratantes, y se fijó la suma de tres millones quinientos setenta y cinco mil balboas (B/.3,575,000.00), incluyendo las costas, que se fijaron en un 15%, para la terminación de dichos procesos.

En la sentencia impugnada, se consideró que dentro de dicho Acuerdo Marco, no se estableció que las costas pactadas fuesen para el licenciado A.O. por el trabajo que desplegó como abogado de los miembros del SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE LA CHIRIQUI LAND COMPANY Y EMPRESAS AFINES (SITRACHILCO). Además de considerar que las costas son de la parte y no de su apoderado, haciéndose eco de jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia.

Por otro lado, agregó la sentencia que la carta en la que el S. General de la SITRACHILCO solicitó a PAFCO (Una de las partes del acuerdo de transacción) que se desglosara de la suma pactada para finalizar las controversias, las costas convenidas, y que éstas fueran confeccionadas a nombre del licenciado OSORIO, no cumplía con los estatutos del Sindicato, puesto que el S. General no estaba autorizado para hacer dicha solicitud. Por el contrario, añade, los estatutos del sindicato ordenaban que las correspondencias debían estar firmadas conjuntamente con el S. de Actas y Correspondencia, lo cual no fue el caso.

Por lo anterior, la sentencia llegó a la conclusión de que el cobro de las costas por el demandado, A.O., valoradas en quinientos treinta y seis mil doscientos cincuenta balboas (B/.536,250.00), había sido de manera irregular, con lo cual lo condena a devolver dicha suma al SITRACHILCO. Y, como quiera que contó con la ayuda del S. General de dicho Sindicato, J.M.Q., lo condena solidariamente con el abogado OSORIO a pagar la referida suma.

En su parte medular, la sentencia impugnada señala:

"Cierto es que se efectuó un acuerdo entre el Sindicato Industrial de Chiriquí Land Company y Empresas Afines (SITRACILCO) y la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, R.L. (COOSEMUPAR) donde específicamente se estableció que las partes acuerdan transar por la suma única de B/.3,575,000.00, incluyendo las costas. En este acuerdo no se indica que dichas costas deban ser pagadas única y exclusivamente al licenciado A.O., por el trabajo que desplegó como abogado de los miembros del sindicato.

Y es que el hecho que en este documento se estableciera que se incluían las costas, no necesariamente son para el abogado pues las costas son de las partes.

(...)

Este tribunal si bien ha constatado que en la nota que remitiera el secretario general visible a folio 86 de la presente actuación, solicita desglosar de la cantidad establecida en el Acuerdo Marco de 25 de abril de 2003, la suma de B/536,250.00 en concepto de costas, ha de indicarse que el secretario general no estaba autorizado para efectuar esta solicitud, porque de acuerdo con el estatuto por el cual se rige un sindicato, entre las atribuciones del secretario general no se encuentra la de disponer exclusivamente de la suma en relación a las costas, contrario a esto, existe un artículo en el que se establece que cuando se envía una correspondencia esta debe ser firmada conjuntamente con el secretario de actas y correspondencia; de manera que la nota que remitió no contaba con esta firma y mucho menos la contestación efectuada por el señor J.M. en nota de 7 de abril de 1981 al licenciado O. (f.155)."

CONSIDERACIONES DE LA SALA CIVIL

Expuestos, como lo han sido, los fundamentos jurídicos de la sentencia impugnada y los motivos o cargos que fundamentan el recurso de casación, para la Sala a resolver el mérito de éste.

Como se ha dicho en párrafos anteriores, en este recurso se impugna, a grandes rasgos, la apreciación por el Tribunal Superior, de las pruebas que acreditan, según la censura, una condición laboral existente entre el abogado demandado A.O. y el Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company y Empresas Afines (SITRACHILCO).

Dicha condición laboral consiste en el cobro de las costas causadas en los procesos judiciales en que el abogado fuese el apoderado judicial del sindicato o de los trabajadores afiliados a éste. Condición que se desprende, según lo dicho en el recurso, de algunas pruebas documentales que obran en el expediente.

Valga aclarar ante todo que el primer motivo contenido en el recurso, a pesar de que tiene fundamento, pues el Acuerdo Marco no fue suscrito entre el SITRACHILCO y la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles, R.L., sino entre estas dos entidades y Puerto Armuelles Fruit Co. Ltd. (PAFCO), no tiene influencia alguna en la parte resolutiva de la decisión. Se trata de una confusión del tribunal que en nada varía la decisión tomada finalmente, pues ésta se basó en la consideración de que las costas que se habían fijado en dicho Acuerdo Marco pertenecen a la parte en litigio y no a los abogados que intervienen en su representación, por lo que el cobro de éstas por parte de uno de los demandados no es acorde a derecho.

Es así que la confusión en que incurrió el tribunal al apreciar en una ocasión que el acuerdo marco o transacción fue celebrada entre SITRACHILCO y COOSEMUPAR, en vez de entre éstas dos y Puerto Armuelles Fruit Co. Ltd. (PAFCO) no tiene influencia a efectos de determinar la procedencia o no de la pretensión en este caso.

Dicho lo anterior, pasemos a determinar si el resto de los cargos expuestos en el recurso, y que se han resumido en párrafos anteriores, tiene fundamento.

Evidentemente, el concepto de costas cobra relevancia en el proceso puesto que es la suma cobrada en ese aspecto la que pretende la parte demandante en el presente proceso ordinario.

La costas, como bien señala el Tribunal Superior en la sentencia recurrida, son una consecuencia de una decisión desfavorable para la parte vencida (Artículo 1071 del Código Judicial) a favor de quien ha obtenido la decisión favorable, e indudablemente pertenecen a la persona que ha invertido recursos para que la jurisdicción actúe. Esta persona no es otra que la parte que interviene en el proceso y no su apoderado judicial, pues este último tiene un contrato profesional para representar a la parte y no es propiamente el que incurre en los gastos de que habla el artículo 1069 del Código Judicial para asegurar el reconocimiento de los derechos contenidos en la ley sustancial.

Siendo esto así, la costas son por regla general de las partes y no de sus apoderados. Sin embargo, la autonomía de la voluntad que rige nuestro sistema de derecho privado no impone límites a los conciertos de voluntades, salvo los establecidos en el artículo 1106 del Código Civil, con lo cual en un contrato por servicios profesionales e incluso en algún contrato laboral, bien podría establecerse como condición de trabajo la retención de las costas generadas en los procesos judiciales en que se funja como apoderado, como una parte de la contraprestación por el servicio prestado e inclusive como el pago en su totalidad.

No obstante lo anterior, las pruebas que se estiman mal apreciadas en la sentencia de segunda instancia de ninguna manera hacen concluir que este último sea el caso, pues la correspondencia que intercambiaron los codemandados y que obra a fojas 154-155 del expediente, no es propiamente un contrato ni de trabajo, ni de servicios profesionales en el cual quede claramente establecida que la voluntad de las partes contratantes era que parte de los honorarios o de la contraprestación del letrado, A.O.A., fuese la de cobrar automáticamente las costas que se impusieran en los diferentes procesos en los que él representara al sindicato que lo había contratado.

En la carta del secretario general del SITRACHILCO al abogado demandado, y que obra a foja 155 del expediente, hace alusión a que esa ha sido una "práctica o condición de trabajo", y que además esta condición "representa un reconocimiento a su excelente labor que viene prestando a esta organización", lo cual da a entender que no ha sido una condición pactada en el contrato que celebró en algún momento el SITRACHILCO con el abogado OSORIO, sino por el contrario, un acto de liberalidad o deferencia para con el letrado en atención de una satisfacción por sus servicios.

Si la intención del sindicato que contrató al demandado hubiese sido que parte de su contraprestación fuesen las costas causadas en los distintos procesos en los que él fuese apoderado judicial, así hubiera quedado claramente establecido en el documento contractual o en algún otro documento de igual formalidad, lo cual no es el caso dado que no se observa en el expediente.

El alegado hecho de que fuera la costumbre en algunos casos anteriores (fs.1451-1460) no genera convicción de que la mera tolerancia en esos casos quiera decir que efectivamente ésa fuera una condición de trabajo del demandado y de obligatorio cumplimiento por parte del sindicato.

Es así que la conclusión del Tribunal Superior de considerar ilícito el cobro de las costas causadas deviene de una apreciación probatoria conforme a las normas establecidas sobre el documento que consta a fojas 96-104 del expediente (Acuerdo Marco), pues en efecto, en este acuerdo no se dispone en ninguna de sus partes que las costas del 15% de la cuantía, por la suma de quinientos treinta y seis mil doscientos cincuenta balboas (B/.536,250.00) fueran del apoderado judicial de SITRACHILCO. Por otra parte, la decisión tomada en la sentencia impugnada es resultado de una acorde interpretación del artículo 1069 del Código Judicial.

Finalmente, respecto al último cargo señalado en el recurso referente a que el documento que consta a foja 86 del expediente no era una orden de retiro y gastos sindicales, ni tampoco constituye correspondencia, con lo cual no debía cumplir con el requisito formal señalado en los estatutos del Sindicato, debe la Sala señalar que no hay duda alguna de que dicho documento es una correspondencia enviada por el S. General del SITRACHILCO solicitando a la sociedad Puerto Armuelles Fruit Co. Ltd. (PAFCO) el desglose de una cantidad de dinero (las costas pactadas), razón por la cual debía cumplir, como señalan los estatutos del SITRACHILCO, con la firma adjunta del Secretario de Actas y Correspondencias a tenor del artículo 21 de dichos estatutos.

Concretamente, en la apreciación de las pruebas por parte del Tribunal Superior, esta S. no ha encontrado ninguna irregularidad en contraste con los cargos expuestos en el recurso de casación examinado.

No hay lugar, pues, a infirmar la sentencia venida en casación.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 14 de abril de 2009, emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario interpuesto por el SINDICATO INDUSTRIAL DE TRABAJADORES DE LA CHIRIQUI LAND COMPANY Y EMPRESAS AFINES (SITRACHILCO) contra J.M.Q. y A.O.A..

Las costas en contra de los recurrentes se tasan en la suma de ciento cincuenta balboas (B/.150.00).

N..

HARLEY J. MITCHELL D.

OYDÉN ORTEGA DURÁN -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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