Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 28 de Abril de 2015

Ponente:Oydén Ortega Durán
Fecha de Resolución:28 de Abril de 2015
Emisor:Primera de lo Civil
 
CONTENIDO

VISTOS: La firma forense AGUILERA FRANCESCHI, S.C., apoderados judiciales de la parte actora M.P. o M.P., interpusieron Recurso de Casación contra el Auto S/N de 24 de agosto de 2011, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario que M.P. o M.P. le sigue a VISTA CERRO AZUL, S.A. Esta Sala Civil de la Corte Suprema, mediante Resolución de 24 de mayo de 2012 (fs. 75), ordenó la corrección del Recurso de Casación en el fondo por la parte actora e inadmitió el Recurso de Casación en la forma también invocado, el cual fue debidamente corregido y admitido por la Sala mediante Resolución de 12 de julio de 2012 (fs. 91 a 93). Finalizada la fase de alegatos de fondo, la cual fue aprovechada únicamente por los apoderados judiciales de la parte Recurrente en escrito visible a fs. 97 a 98, procede la Sala a decidir el Recurso, previas las consideraciones que se expresan a continuación. Consta en autos que M.P. o M.P., mediante apoderados judiciales, presentaron el 12 de julio de 2010 ante el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá solicitud de secuestro sobre bienes inmuebles propiedad del demandado VISTA CERRO AZUL, S.A.. Que luego de consignar fianza de daños y perjuicios por la suma de B/8,700.00 se decretó mediante Auto N°23723-10 de 7 de septiembre de 2010, secuestro sobre las siguientes fincas: Finca No. 37311, documento redi 908735, asiento 4, Código de Ubicación 4301; Finca No. 37312, documento redi 908735, asiento 4, Código de Ubicación 4301, hasta la concurrencia de B/.35,840.00 en concepto de capital, costas y gastos. Luego, mediante Auto N°48-11 de 7 de enero de 2011, en atención a la solicitud de exceso en el depósito presentada por los apoderados judiciales de la parte secuestrante el Juez A quo declaró que en esta causa quedó configurado el exceso en el depósito y fijó la suma de B/. 666,558.57 como caución adicional que debe consignar la parte actora para garantizar plenamente los daños y perjuicios que pueda ocasionar el ejercicio del secuestro decretado, fundamento su decisión en las motivaciones que se externan a continuación: "Las normas traídas a colación endilgan a la perfección con el caso sub examine, por cuanto la parte actora ha presentado medida cautelar por la suma de B/. 29,000.00 y una demanda corregida por la cuantía de B/. 375,000.00. Por otro lado la parte secuestrada ha demostrado, a través de la documentación antes ponderada que el valor de los bienes secuestrados es superior a la cuantía de la demanda. Esto per se, amerita un aumento en la caución, para que así queden debidamente garantizados, una vez sopesados el valor del bien frente a la cuantía de la medida, los daños perjuicios que se pueden ocasionar. Como consecuencia de lo anterior se puede percibir igualmente, que el monto de la caución constituida no representan ciertamente, el valor real del bien que garantiza, por el simple hecho de que éste es mucho mayor que aquél, tal como igualmente ha quedado acreditado a través de la documentación aportada. En ambos preceptos queda en manos del juzgador enmendar lo acaecido aumentando u ordenando constituir una caución acorde con el valor del bien cautelado. Empero, no todo termina allí ya que la situación que ahora acapara nuestros comentarios de una forma se adecua a otra situación jurídica cual es, el exceso en el depósito, por razón de que se han cautelado bienes cuyo valor excede la cuantía del secuestro. Según el artículo 543 del Código Judicial una vez acreditado, esto hace responsable al juez y debe reformarse la resolución que lo ordenó.(destaca la Sala) Disconforme con lo resuelto, la representación judicial de M.P. o M.P., interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución descrita y al surtirse la alzada, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá mediante Resolución de 24 de agosto de 2011, Modificó el Auto N°48-11 de 7 de enero de 2011, en el sentido de declarar que existe un exceso en el secuestro decretado por lo que levanta el secuestro decretado mediante Auto N°1364-10 de 7 de septiembre de 2010, solamente sobre la Finca N°37312; pero niega la solicitud presentada por VISTA CERRO AZUL, S.A., en el sentido que se aumente la fianza de los posibles daños y perjuicios a la suma de B/.666,558.57 (fs. 39 a fs. 47). Es contra esta Resolución de segunda instancia que los apoderados judiciales de M.P. o M.P., han formalizado el Recurso de Casación en el fondo que conoce en esta ocasión la Sala. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN En cuanto, al Recurso de Casación en el fondo el mismo consta de una Causal consistente en "Infracción de normas sustantivas de derecho, en concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida." El único Motivo que le sirve de fundamento es el que se transcribe a continuación: "PRIMERO: El fallo de segunda instancia, que ahora se impugna en casación, al ordenar el levantamiento parcial de secuestro dentro del cuadernillo que contiene la medida cautelar, deja de apreciar las siguientes Escrituras Públicas, adjuntadas con la demanda, que obran respectivamente a folios 50, 43, 36 y 22 del cuaderno principal del proceso ordinario: Escritura Pública Número 2862 de 23 de Octubre de 2009 de la Notaría Primera de Circuito de Chiriquí, mediante la cual Vista Cerro Azul, S.A. le vende un lote a VCA 12 Corp.; Escritura Pública Número 1253 de 29 de abril de 2009, de la Notaría Primera de Circuito de Chiriquí, mediante la cual Vista Cerro Azul, S.A. le vende un lote a P.E.; Escritura Público 563 de 19 de febrero de 2009, de la Notaría Primera de Circuito de Panamá, mediante la cual Vista Cerro Azul, S.A. vende un lote a Desarrollos Unidos, S.A.; y Escritura Pública No.12128 de 4 de Septiembre de 2008, de la notaría Cuarta del Circuito de Panamá, mediante la cual Vista Cerro Azul da en venta un lote a Imperial Challenge Enterprise, S.A., las cuales acreditan que se redujo el área y el valor de las fincas secuestradas considerablemente por causa de dichas segregaciones y ventas y, al no ser apreciadas por el fallo de segunda instancia, puesto que el cuaderno principal y sus pruebas quedaron en manos del Juez a-quo, el Tribunal Superior consideró erradamente que el valor de las fincas secuestradas es igual al valor catastral y consideró erradamente que el valor de las fincas secuestradas es igual al valor catastral y consideró erradamente que el valor de las fincas secuestradas es muy superior a la cuantía del secuestro, cuando en realidad el valor de las fincas secuestradas, luego de descontadas las segregaciones y ventas celebradas mediante las referidas Escrituras Públicas, en contraste con el importe del secuestro, es tal que no amerita levantar el secuestro de las fincas cauteladas, lo cual ha influido sustancialmente en la parte dispositiva de la resolución impugnada." Como consecuencia del Motivo descrito, el Recurrente alega la violación de los Artículos 780, 832, 834 y 842 del Código Judicial así como de los Artículos 1045 y 1635 del Código Civil. Respecto al Artículo 780 del Código Judicial, plantea el Casacionista que el Juzgador Ad quem violó de manera directa por omisión dicha norma, al desconocer la existencia de las copias autenticadas de las Escrituras Públicas descritas en el Motivo expuesto, mediante las cuales se perfeccionaron 5 ventas de lotes de terreno que formaban parte de las dos fincas secuestradas. Estos documentos, son medios de prueba, que tienen el carácter de documento público auténtico de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 832 y 834 del Código Judicial, que también fueron infringidos por el Juzgador Ad quem. Otro de los artículos que estima el impugnante ha sido infringido de manera directa por omisión es el Artículo 842 del Código Judicial, cuando se desconoció la existencia del medio probatorio, pese a que dicha norma le otorga valor probatorio a las copias autenticadas de Escrituras Públicas. En cuanto a las normas sustantivas violadas, señala el Recurrente la violación del Artículo 1045 del Código Civil, de manera directa por omisión ya que el Tribunal Ad quem al desconocer la existencia de los medios de prueba antes referidos, levantó el secuestro decretado sobre uno de los inmuebles descritos en autos, con lo cual se redujo los bienes bajo secuestro, disminuyendo así los activos que garantizan que el Recurrente como tercero que hizo un pago beneficioso a favor de la demandada VISTA CERRO AZUL, S.A., pueda recuperar lo que pagó. Finalmente, expone el Recurrente que el Tribunal Ad quem violó de manera directa por omisión el Artículo 1635 del Código Civil, al desconocer la existencia de las copias autenticadas de las Escrituras Públicas en las cuales constan las segregaciones de lotes que de las fincas secuestradas se hicieron, lo cual llevó al Tribunal a darle un valor irreal a las fincas secuestradas y a levantar el secuestro del inmueble descrito en autos, con lo cual se redujo notablemente los bienes bajo secuestro, disminuyendo los activos que garantizan que el Recurrente pueda recuperar lo que pagó a un tercero en beneficio de la demandada. CRITERIO DEL TRIBUNAL Esta Superioridad desea señalar respecto a la primera Causal invocada por el Casacionista, que la infracción de normas de derecho en concepto de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, se produce cuando el Juzgador desconoce el medio o elemento probatorio, lo ignora o da por existente un elemento probatorio que no obra en el expediente. En este sentido, se infiere que el cargo de injuridicidad que le imputa el Casacionista a la Sentencia de segunda instancia, en el único Motivo expuesto radica en que el Juzgador Ad quem ignoró, no tomó en cuenta las pruebas documentales visibles a fs. 50, 43, 36 y 22 del expediente, que consisten en: · Escritura Pública Número 2862, de 23 de octubre de 2009 de la Notaría Primera de Circuito de Chiriquí, visible a fs. 50. · Escritura Pública Número 1253, de 29 de abril de 2009, de la Notaría Primera de Circuito de Chiriquí, visible a fs. 43. · Escritura Pública Número 563, de 19 de febrero de 2009 de la Notaría Primera de Circuito de Panamá, visible a fs. 36. · Escritura Pública Número 12128, de 4 de septiembre de 2009, de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, visible a fs. 22. Estas pruebas según expone el Recurrente, acreditan que se redujo el área y el valor de las fincas secuestradas considerablemente por causa de las segregaciones y ventas de lotes que sobre dichas fincas se dieron. Por tanto, luego de descontadas las segregaciones y ventas celebradas mediante las referidas Escrituras Públicas, en contraste con el importe del secuestro, es tal que no ameritaba levantar el secuestro de una de las fincas cauteladas. Este cargo de injuridicidad se fundamenta en la presunta violación directa por omisión del Artículo 780 del Código Judicial, que establece los medios de prueba admitidos por la Ley, del Artículo 832, 834 y 842 que le otorgan valor probatorio a las copias autenticadas de documentos públicos. Una vez revisada la Sentencia objeto de censura, observa la Sala que efectivamente como señala el Casacionista, los medios de prueba descritos en el Motivo que sustenta la Causal probatoria, fueron ignorados por el Tribunal Ad quem, puesto que al M. su decisión de Modificar la Resolución de primera instancia no hace referencia alguna a dichos medios de prueba, todos los cuales constituyen documentos públicos auténticos que cuentan con el valor probatorio que de los mismos se desprende al tenor de lo dispuesto en el Artículo 836 del Código Judicial. Estos documentos, según aprecia la Sala acreditan que de la Finca N°37312, que fue secuestrada por el Juzgado de conocimiento a través de Auto N°23723-10 de 7 de septiembre de 2010, para garantizar las resultas del proceso, se segregaron y vendieron 4 lotes, lo cual disminuyó la superficie del terreno de la Finca así como su valor catastral. Por tanto, corresponde determinar a la Sala, si con el valor que mantiene la única finca secuestrada actualmente se logra garantizar la cuantía por la cual fue decretado el secuestro, es decir, por la suma de B/. 35,840.00 en concepto de capital, costas y gastos. El cargo expuesto en líneas anteriores, se sustenta en la supuesta violación directa por omisión del Artículo 1045 del Código Civil, que es del tenor siguiente: "Artículo 1045: Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor. El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad. En este caso, sólo podrá repetir del deudor aquello en que hubiera sido útil el pago." De acuerdo con el Casacionista, el Tribunal Ad quem infringió esta norma al desconocer la existencia de los medios de prueba antes descritos, que acreditan una disminución en la superficie y valor de las fincas secuestradas, lo cual llevó al Tribunal Ad quem a levantar el secuestro decretado sobre la Finca N°37312, con lo cual se redujo los bienes bajo secuestro disminuyendo así los activos que garantizaban al actor recuperar lo que pagó en beneficio de la demandada, VISTA CERRO AZUL, S.A. El Tribunal Superior, como sustento de su decisión de levantar el secuestro decretado sobre la finca antes descrita, expuso a fs. 44 y 45 lo que se cita a continuación: "De allí, que ante la solicitud presentada por la parte demandada en el sentido de que se aumentara la fianza de perjuicios por la suma de B/.666,558.57, tomando en cuanta que las dos fincas secuestradas tenían un valor catastral de B/2,250,861.90 por cuanto la cuantía de la demanda era superior al monto del secuestro y ante la advertencia de que existía un exceso en el depósito, la juez a quo tenía que proceder a verificar la existencia o no del exceso en el depósito y a verificar si la caución tenía relación o no con el valor del bien objeto del secuestro. De las resoluciones de la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales presentadas por la parte demandada se desprende que, en efecto , la Finca No.37.312 tiene un valor de B/878,510.94 y que la Finca No. 37.311 tiene un valor de B/1,372,350.96, lo que pone en evidencia un exceso en el secuestro ya que este ascienda a la suma de B/.35,840.00. Ahora bien, la firma recurrente esgrime que tales certificaciones son de vieja data ya que son de año 2008, amén de que alega que existen segregaciones que no han sido consideradas en el valor catastral de los inmuebles. No obstante lo alegado por la apoderada del actor, advierte este tribunal que la parte demandada también presentó dos certificaciones del Registro Público del 10 de diciembre de 2010 que acreditan que la Finca No. 37,311 tiene una superficie de 2 hectáreas 2,674.54 mts.2 y un valor de B/1,372,350.96 y que la Finca No. 37312 tiene una superficie de 1 hectárea 6,420.73 mts. 2 y un valor de B/. 600.00 y en ambas certificaciones consta el secuestro decretado por el Tribunal a-quo. Las anteriores Certificaciones del Registro Público hacen innecesario acceder a la petición del secuestrante de que se realice una avalúo a dichas fincas, ya que las mismas mantienen una superficie mayor de 2 hectáreas y de 1 hectárea respectivamente y en el caso de la Finca 37.311 mantiene el mismo valor catastral, mientras que la Finca 37.312 tiene un valor registral sólo de B/600.00 lo que refleja que seguramente el valor registral no ha sido actualizado con el valor catastral, para efectos de este Tribunal se tomaran en cuenta los datos que constan en los certificados del Registro Público de diciembre de 2010 por ser reciente. Siendo, pues, que en el presente caso el monto del secuestro es hasta la suma de B/.35,840.00 y que el valor de la Finca No. 37.311 cubre satisfactoriamente el monto de la suma secuestrada, por lo que existe un exceso en el secuestro al mantener secuestradas las dos fincas, la Juez a-quo debió levantar el secuestro sobre la Finca No.37.312 y sólo mantener el secuestro sobre la Finca No. 37.311, a lo que procederá este Tribunal."(destaca la Sala) Del extracto de la Resolución transcrita se evidencia, que el Juzgador Ad quem para levantar el secuestro decretado sobre la Finca No.37.312, tomó en cuenta los datos que constan en las certificaciones registrales expedidas por la Dirección General del Registro Público del 10 de diciembre de 2010, por ser las expedidas más recientemente y por acreditase allí que la finca cuyo levantamiento se ordenó tiene una superficie de 1 hectárea 6420Mts2 74dc2 con un valor registrado de B/. 600.00. Adicional a ello, consta en dicha certificación que sobre esta finca pesa inscrito y vigentemedida cautelar de secuestro decretada por la Juez Undécima de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá con motivo del Proceso propuesto por M.P., hasta la cuantía de B/.35,840.00. También acreditan dichas certificaciones, que la Finca No.37311, R. 19068, Asiento 1, Documento 7 de la Provincia de Chiriquí, tiene una superficie de 2HAS 2674MT2- 54DC2, con un valor registrado de B/1,372,350.96 sobre la cual habrá de mantenerse la medida cautelar de secuestro decretada a favor de M.P. por la suma de B/.35,840.00. Cabe señalar que las copias autenticadas de las Escrituras Públicas que fueron desconocidas por el Ad quem, datan del año 2008 y 2009; que la medida cautelar de secuestro decretada sobre los bienes inmuebles propiedad del demandado VISTA CERRO AZUL, S.A. fue decretada el 7 de septiembre de 2010 por el Juzgado de conocimiento y que las certificaciones emitidas por la Dirección General del Registro Público donde se acredita el valor registral de dichos bienes inmuebles, así como la inscripción y vigencia de la medida cautelar decretada son de fecha 10 de diciembre de 2010. Con ello, no le asiste duda alguna a la Sala que para la fecha en que fue decretada la medida cautelar de secuestro sobre las fincas descritas, ellas presentaban la superficie y valores que a continuación se describen: · Finca No.37.312, R. 19068, Asiento 1, Documento 7 de la Provincia de Chiriquí, tiene una superficie de 1HAS 6420MTS2 74DC2 con un valor registrado de B/.600.00. · Finca No.37311, R. 19068, Asiento 1, Documento 7 de la Provincia de Chiriquí, tiene una superficie de 2HAS 2674MT2- 54DC2 con un valor registrado de B/.1,372,350.96. En consecuencia, a la fecha en que fue decretado el secuestro sobre los bienes inmuebles no constaban inscritas las segregaciones y traspasos de parcelas de terreno de las fincas secuestradas, que acrediten que las mismas en la actualidad no cuentan con la superficie que allí se describe y con el valor que allí se registra. Debe advertir la Sala, que los medios probatorios que fueron desconocidos por el Juzgador Ad quem, al momento de emitir la Resolución objeto de censura, no tienen la contundencia necesaria para acreditar que los bienes inmuebles inicialmente secuestrados no ocasionan un exceso en el depósito de bienes o que el valor de la Finca No. 37311 sobre la cual se mantiene únicamente el secuestro sea insuficiente para garantizar las resultas del Proceso, sino que muy por el contrario, se reafirma que para el 10 de diciembre de 2010 dicha finca mantenía un valor registral de B/.1,372,350.96, con un secuestro inscrito y vigente a favor de la parte demandante M.P., por la suma de B/.35,840.00. Ante lo expuesto, comparte la Sala la decisión adoptada en el fallo recurrido, toda vez que las pruebas examinadas si bien revisten el carácter de documento público, dado que las copias fueron debidamente autenticadas por su otorgante, conforme lo exige el Artículo 838 del Código Judicial; sin embargo, dichos medios de prueba resultan insuficientes a objeto de acreditar el extremo fáctico en discusión, o sea, que el valor registral de la Finca N°37311, R. 19068, Asiento 1 Documento 7 de la Provincia de Chiriquí, secuestrada no garantiza la cuantía del secuestro decretado a favor de M.P. o M.P., por lo que tampoco se produce la violación de las normas sustantivas contenidas en los Artículos 1045 y 1635 del Código Civil, al existir bienes secuestrados suficientes que garantizan al demandante las resultas del proceso. Resulta, imposible el reconocimiento por esta Superioridad del vicio de ilegalidad alegado por el Recurrente en el presente Recurso, por lo que a falta de ellos, debe la Sala mantener intangible la Resolución dictada por el Primer Tribunal Superior en la presente causa y en consecuencia desatender la solicitud del Casacionista de casar la Resolución impugnada mediante el presente Recurso. Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA el Auto S/N de 24 de agosto de 2011, dictado por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá dentro del Proceso Ordinario que M.P. o M.P. le sigue a VISTA CERRO AZUL, S.A. CONDENA en costas a la parte Recurrente al pago de la suma de B/. 200.00. N.. OYDÉN ORTEGA DURÁN HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARLEY J. MITCHELL D. SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)