Sentencia Civil de Supreme Court (Panama), 1ª de lo Civil, 30 de Enero de 2015

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución30 de Enero de 2015
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS: Corresponde a esta Sala Civil resolver el recurso de Casación corregido formalizado por la Licenciada DEYKA VALDES MURGAS (fs. 362-366), en su condición de apoderada judicial de la parte actora, contra la resolución de 22 de enero de 2013 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en el Proceso Ordinario incoado por GRUPO CORPORATIVO SARET DE PANAMA, S.A. contra GRUPO HOWARD, S.A. Según muestran las constancias procesales, a través del presente proceso, la parte actora solicita que se condene a la demandada a pagar "la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.350,000.00) más gastos, costas e intereses legales, en concepto por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del Incumplimiento del Contrato de Arrendamiento de Cantera No. 0604/11 calendado dos (2) de junio del años dos mil once (2011) celebrado entre mí representada GRUPO CORPORATIVO SARET DE PANAMA, S.A. y el GRUPO HOWARD, S.A." (f. 1), así como el reconocimiento de una serie de declaraciones. Admitida la demanda por el Juzgado Quinto de Circuito Civil del Circuito Judicial de Chiriquí, surtida la notificación y traslado a la demandada, quien presentó escrito de contestación, el referido despacho judicial, por conducto del Auto N°173 de 7 de febrero de 2012 (f. 110), haciendo uso de las facultades de saneamiento, ordenó a la demandante aportar "Certificación completa del Registro Público o en su defecto presentar las pruebas correspondiente, a fin de acreditar si efectivamente el señor C.Á. esta (SIC) facultado para demandar por la cuantía del proceso", para lo cual se le concedió cinco días para ello, advirtiéndole que de no cumplir con lo dispuesto se archivaría el expediente. Valga indicar, que por motivo de recurso de apelación promovido por la demandante contra el auto de saneamiento, éste fue de conocimiento del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judiciañl, quien mediante resolución de 12 de junio de 2012 resolvió confirmar la decisión de la Juez A-quo (fs. 244-246). Reingresado el expediente al Juzgado de la causa, la parte actora aportó certificación del Registro Público, empero, mediante Auto N°864 de 8 de agosto de 2012, se ordenó el archivo del proceso (fs. 261-263). Contra lo resuelto por la Juez de primer grado, las partes anunciaron y sustentaron oportunamente recurso de apelación. El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, por conducto de la resolución de fecha 22 de enero de 2013 (fs. 316-320), reformó la resolución de primera instancia, únicamente respecto a ordenar el levantamiento de la medida cautelar decretada, confirmando la resolución en todo lo demás. RECURSO DE CASACION Y DECISION DE LA SALA Al recurrir en casación, GRUPO CORPORATIVO SARET DE PANAMA, S.A. invocó una causal de fondo: Infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. La casacionista fundamenta la causal de fondo invocada en los siguientes motivos: "PRIMERO: El Auto recurrido ha apreciado de manera errónea la prueba aportada dentro del proceso, a pesar de aceptarse por parte del tribunal que expresamente en el expediente, consta la certificación de Registro Público de la sociedad GRUPO CORPORATIVO SARET DE PANAMA, S.A., (foja 255 y 256) y contradictoriamente señala que con la misma no se acredita que N.A.C.Á. ostente un poder mediante la cual se le faculte para demandar en nombre de la sociedad GRUPO CORPORATIVO SARET DE PANAMA S.A., hasta la cuantía antes señalada, lo que le impide directamente a mi mandante a proseguir con el trámite normal de esta clase de proceso, aunado al hecho de que ya se habían aducidos pruebas dentro del proceso que demostraban nuestras pretensiones. SEGUNDO: Como consecuencia de haberle otorgado a la referida certificación expedida por el Registro Público, un valor probatorio que la ley aplicable no le reconoce, el auto recurrido no permitió a mi representada proseguir los tramites (SIC) de esta clase de juicio y así demostrar sus daños y perjuicios producto del incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de GRUPO HOWARD S.A. TERCERO El referido error en la apreciación de la prueba, influyó sustancialmente en el fallo que se recurre que incidió sustancialmente en la parte resolutiva de la decisión atacada y condujeron a la infracción de las normas que regulan la materia de otorgación de poderes, toda vez que dicho aporte de la certificación no se pondero (SIC) su valor probatorio y condujeron a que el juzgador ordenara el archivo del presente proceso, impidiendo a mi representada a que se practicaran las pruebas aportadas en la etapa probatoria con las cuales se había demostrado las pretensiones demandadas y que solicitaban sus declaraciones" (fs. 362-363) La recurrente cita como normas infringidas los artículos 593, 600, 654, y 781 del Código Judicial. Como punto de partida, es necesario destacar que el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba se origina cuando el juzgador le otorga a un medio probatorio un valor que no tiene por Ley. Del contenido de los motivos, se puede observar que la prueba estimada como indebidamente apreciada es la misma, el certificado emitido por el Registro Público de la demandante, consultable a fojas 255-256 del expediente. La censura considera contradictario que el Tribunal Ad-quem considere que el mencionado documento no demuestre que el señor N.A.C.Á. tenga "poder mediante la cual se le faculte para demandar en nombre de la sociedad GRUPO CORPORATIVO SARET DE PANAMA, S.A., hasta la cuantía antes señalada" (f. 362). El documento público en comento fue ponderado en la resolución de segunda instancia de la siguiente forma: "...si bien, la empresa demandante presentó una certificación del Registro Público, esto no es suficiente para cumplir con lo dispuesto por el tribunal primario, puesto que no se acreditó que el señor N.A.C.Á. ostente un poder en el cual se le faculte para demandar por la cuantía de B/.350,000.00 como se pretente. Ello es así, por cuanto que esa certificación (f. 255) indica que el señor C.Á. tiene facultad para firmar documentos, contratos y escrituras sin necesidad de autorización de la junta directiva hasta la cuantía de B/.10,000.00, sin que se le faculte para demandar como lo señaló la a quo, por lo que le asiste razón al ordenar el archivo". (f. 319) Al confrontar el cargo de injuricidad con lo expuesto en la resolución de segunda instancia, la Sala coincide con la posición del Tribunal Superior en cuanto a que la certificación del Registro Público no acredita que el señor N.A.C.Á. esté facultado para interponer el presente negocio, pues de su contenido no se desprende que dicha persona natural esté facultada para interponer proceso judicial alguno en representación de la parte actora. Nótese que la certificación describe que el "poder especial" se confiere para "FIRMAR DOCUMENTOS, CONTRATOS Y ESCRITURAS PUBLICAS SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN /O APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA O DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA HASTA LA CUANTIA DE (10,000.00), QUE SEAN NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DE LOS NEGOCIOS QUE EMPRENDA LA SOCIEDAD EN EL FUTURO, EXCEPTO CONTRATOS DE COMPRAVENTA QUE GUARDEN RELACION CON BIENES INMUEBLES O MUEBLES", sin hacer alusión a la interposición de algún proceso judicial, ni mucho menos del negocio de marras. Incluso, la cuantía a la que se alude, guarda relación exclusivamente a la firma de documentos, contratos y escrituras públicas, sin que ello dé cabida a interpretar que se le haya facultado a otorgar poder para un proceso judicial en nombre y representación de GRUPO CORPORATIVO SARET DE PANAMA, S.A. Asimismo, en el certificado de Registro Público se enlista una serie de oficinas públicas antes las cuales N.A.C.Á. se le concede facultades para representar a la sociedad, sin que se indique la de pleito, es decir, la potestad de entablar y seguir procesos como el que nos ocupa. Esta Superioridad debe acotar que todo poder especial para un proceso determinado, debe cumplir con los requisitos descritos en el artículo 625 del Código Judicial, mismos que evidentemente no reúne la certificación del Registro Público, así como tampoco se trata de un poder general para pleito (artículo 634 lex cit.). Al no prosperar el cargo de injuricidad probatorio endilgado a la resolución de segunda instancia, esta M. debe descartar la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en la apreciación de la prueba invocada por la recurrente, así como las presuntas infracciones de los artículos 593, 600, 654, y 781 del Código Judicial. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la resolución de 22 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario incoado por GRUPO CORPORATIVO SARET DE PANAMA, S.A. contra GRUPO HOWARD, S.A. La condena en costas contra la recurrente se fija en la suma de CIEN BALBOAS (B/.100.00). N., HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)

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