Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 4 de Febrero de 2015

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución: 4 de Febrero de 2015
Emisor:Primera de lo Civil
 
CONTENIDO

VISTOS: Conoce esta Colegiatura de los recursos de casación propuestos por la firma forense INFANTE & PEREZ ALMILLANO, en su condición de apoderada judicial de I.W.S.A., CONTESSA INVESTMENT S.A., A.A., ALICIA de RODRÍGUEZ y S.M., y la firma forense BARRANCOS & HENRIQUEZ S.P.C., en representación de ISLAS DE LAS PERLAS S.A., en contra de la Resolución de segunda instancia proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, de fecha 17 de julio de 2012, en el proceso ordinario propuesto por ISLAS DE LAS PERLAS S.A., contra I.W.S.A., CONTESSA INVESTMENT S.A., EILIN ALCIBAR DE Q., A.A., S.M., F.S., A.D.R., y B.R.. La resolución recurrida dispuso en su parte resolutiva lo siguiente: "Por lo antes expuesto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Sentencia Nº 02-371/06 del 4 de enero de 2012, proferida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito J.icial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario interpuesto por Islas de Las Perlas S.A., contra Inversiones Waspe S.A., A.A., A.R., S.M., F.S., B.R., E.M.A. de Q. y Contessa Investment S.A., y en su lugar, DECLARA: PRIMERO: La Nulidad Absoluta de la Escritura Pública Nº 6530 del 25 de octubre de 2002 de la Notaría Undécima de Circuito de Panamá, mediante la cual la sociedad Islas de Las Perlas S.A. de una finca de su propiedad segrega un lote de terreno y lo vende a la sociedad anónima denominada Inversiones Waspe, S.A.. N.," (fs. 1,106-1,107) Ante la inconformidad de la decisión que precede, ambas partes por intermedio de sus apoderadas judiciales anunciaron y formalizaron recursos de casación en la forma y en el fondo, los que al haber sido presentados oportunamente y cumpliendo los requerimientos de los artículos 1163 y 1164 del Código J.icial, fueron concedidos a través de Resolución de fecha 28 de septiembre de 2012, y remitidos a la S. Primera de lo Civil, para el trámite de lugar. Realizado el reparto y asignado al Magistrado Sustanciador, se fijó en lista para la presentación de los alegatos de admisibilidad, término que no fue aprovechado por las partes. Prosiguiendo con la tramitación, se inicia el examen de los medios de impugnación formalizados, lo que produjo la emisión de la Resolución de fecha 19 de abril de 2013, resultando la inadmisión de la única causal de forma propuesta por la firma forense INFANTE & PEREZ ALMILLANO, en representación de I.W.S.A., CONTESSA INVESTMENT S.A., A.A., ALICIA de RODRÍGUEZ y S.M., así como la modalidad de violación directa para el recurso de casación en el fondo, ordenándose la corrección del concepto de infracción de normas sustantivas de derecho en cuanto al error de derecho en la apreciación de la prueba, concediéndosele el plazo que confiere la Ley para ello. Con relación al recurso de casación en la forma incoado por la firma forense BARRANCOS & HENRIQUEZ S.P.C., apoderada judicial de ISLAS DE LAS PERLAS S.A., el mismo fue admitido, al cumplir con la formalidad exigida. Superado el término conferido para la corrección del recurso, y hallado conforme, la S. admite el libelo contentivo del medio impugnativo corregido, mediante resolución de fecha 26 de junio de 2013, concediéndose el plazo para las alegaciones de fondo, siendo aprovechado por ambas partes. ANTECEDENTES Habiendo expuesto lo concerniente al trámite aplicado a los recursos de casación, y antes de emitir las consideraciones de la S. al respecto, es preciso conocer los precedentes del negocio. La demanda ordinaria propuesta y visible a fojas 6 - 25, solicitó se decrete la nulidad absoluta y en consecuencia, la invalidez e ineficacia de las siguientes actuaciones: "1- NULIDAD ABSOLUTA de la Escritura Pública Nº 6530 de 25 de octubre de 2002, de la Notaria Úndecima del Circuito de Panamá, mediante la cual la sociedad denominada ISLAS DE LAS PERLAS S.A., de una finca de su propiedad segrega un lote de terreno y lo vende a la sociedad anónima denominada I.W.S.A., quien lo incorpora a la finca Nº 60234, inscrita al documento R. Nº 473988 de su propiedad 2-NULIDAD ABSOLUTA de la inscripción de la Escritura Pública Nº 6530 de 25 de octubre de 2002 de la Notaría Undécima del Circuito de Panamá, lo cual ocurrió en las siguientes acciones y sellos: 1) Departamento de Propiedad, Provincia de Panamá, Finca Nº 219017, código 8101, documento 406901, asiento 1, Segrega y Vende, Panamá 8 de noviembre de 2002; 2).Departamento de Propiedad, Provincia de Panamá, Finca Nº 60243, Código 8101, Documento Nº 406901, Asiento3, Incorporación, Panamá 8 de noviembre de 2002. 3.NULIDAD ABSOLUTA por ausencia de consentimiento, formalidades y causa, del ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ISLAS DE LAS PERLAS S.A., presuntamente realizada el día 18 de octubre de 2002, acta contenida en la Escritura Pública Nº 6530 del 15 de octubre de 2002 de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá y su posterior Inscripción en el registro Público. 4-NULIDAD ABSOLUTA, por falta de consentimiento, formalidades y causa de la segregación efectuada de la finca Nº 73831, inscrita al tomo 1751, F. 474 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá de Propiedad de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., y del posterior Contrato de Compraventa presuntamente celebrado entre la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A. (como vendedora) y la sociedad I.W.S.A., (como compradora) relativo a dicha parcela segregada, ambos actos contenidos en la Escritura Pública Nº 6530 de 25 de octubre de 2002 de la Notaria undécima del Circuito de Panamá y su respectiva inscripción en el Registro Público. 5-NULIDAD ABSOLUTA del acto de Incorporación de la segregación de la Finca Nº 73831 de propiedad de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., a favor de la finca Nº 60234, inscrita al Documento 406904 de propiedad de la sociedad I.W.S.A., contenido en la Escritura Pública Nº 6530 de 25 de octubre de 2002 de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá y su respectiva inscripción en el Registro Público. 6- NULIDAD ABSOLUTA de la Escritura Pública Nº 8041 de 28 de mayo de 2003 de la Notaría Pública Décima del Circuito de Panamá mediante la cual la sociedad I.W.S.A., vende a la sociedad CONSTESSA INVESTMENTS S.A., la finca Nº 60234 la cual incluye la parte segregada de la finca Nº 73831 de propiedad de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., y su correspondiente inscripción. 7-NULIDAD ABSOLUTA por carencia de consentimiento, causa y formalidades legales del contrato de compraventa mediante la cual la sociedad I.W.S.A., vende a la sociedad CONTESSA INVESTMENTS S.A., la finca Nº 60234 la cual incluye la parte segregada de la finca Nº 73831 de propiedad de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., contenido en la Escritura Pública Nº 8041 de 28 de mayo de 2003 de la Notaría Pública Décima del Circuito de Panamá y su correspondiente inscripción. 8-NULIDAD ABSOLUTA de cualesquiera actos, contratos, negociaciones, transacciones, permutas, ventas, traspasos, gravámenes que digan relación con los actos arriba señalados, sean éstos coetáneos o posteriores, que afecten o hayan afectado la propiedad de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., identificada como finca Nº 73831, inscrita al Tomo 1751, F. 476 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá" (fs. 1 a 3) De conformidad con las declaraciones peticionadas, el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito J.icial de Panamá, admitió la demanda y procedió con el trámite de rigor, el cual concluyó con la Sentencia Nº 02-371-06 de fecha 4 de enero de 2012 (fs.1043-1050) la cual "DESESTIMA las pretensiones de NULIDADES ABSOLUTAS incoada por ISLAS DE LAS PERLAS S.A..." siendo objeto del recurso de apelación, el que al ser resuelto por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito J.icial, decidió revocar el pronunciamiento de primera instancia declarando solamente la nulidad absoluta de la Escritura Pública Nº 6530 de 25 de octubre de 2002, resolución que ahora nos corresponde analizar en recurso de casación. PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA Procede la S. a emitir sus consideraciones con relación a los sendos recursos de casación presentados y como es imperativo, serán examinados en el orden en el cual fueron aportados; por ello veremos en primer lugar el que fuese aportado por la firma forense INFANTE & PEREZ ALMILLANO, apoderada judicial de I.W.S.A., CONTESSA INVESTMENT S.A., A.A., A.D.R. y S.M., y cuya causal es la infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución. Para fundamentar su recurso, indicó tres motivos a saber: "PRIMERO: La resolución impugnada tomó en consideración el testimonio de la Señora E.M.A. de Q. (fs. 620-624), para dar por demostrado la falsedad de la Escritura Pública No 6530 de 25 de octubre de 2002, sobre todo porque la declarante señaló que no haber participa (sic) en la venta de un lote de terreno de propiedad de ISLA DE LAS PERLAS S.A., a la sociedad I.W.S.A., y valoró con carácter de plena prueba el peritaje grafotécnico que reposa a fojas 803-804 para dar por demostrado la falsedad de la Escritura Pública No 6530 del 25 de octubre de 2002 y del Acta de Junta de Accionista de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., que concluyó que la firma de la señora ALCÍVAR de Q. no era autora de la firma consignada en ambos documentos, en circunstancias que tanto la declaración testimonial como la prueba grafotécnica fue traída de un proceso penal en el que nuestros representados no son ni fueron parte en la confección, incorporación y práctica de dicho medio, y que como prueba trasladada solo (sic) puede apreciarse si en el primer proceso se hubiese practicado con audiencia de la parte contra la cual se está haciendo valer, lo cual no ha ocurrido en aquel proceso penal que ha sido traído como prueba trasladada a esta causa civil. SEGUNDO: El Primer Tribunal Superior no apreció en su justa dimensión si le dio valor de plena prueba a las declaraciones testimoniales de J.R.A. PADILLA (Fs188-196); LUZ MARINA WONG de AMADO (Fs. 197-202) y EILIN MARINA ALCÍVAR de Q. (Fs 203-209), ni la declaración de parte de A.A.A.P. (Fs 210-215), todas las cuales dan cuenta que el señor E.P. compró la participación accionaria de FEDERICO SPRENGLER, dentro de la sociedad I.W.S.A.; que la firma MENDOZA ARIAS VALLE & CASTILLO realizó una investigación diligente exhaustiva (Due Deligence) para la compra de las fincas que se ofrecieron en venta sin que se advirtiera la existencia de vicio alguno; que el traspaso de la Finca No 60234 de I.W.S.A., a CONTESSA INVESTMENT S.A., obedeció a un tema de protección contra posibles acreedores que pudiera tener el señor F.S. o su sociedad; que I.W.S.A., dado la situación acontecida con Financiera Presto Cash; se hubiera advertido que ni E.P., ni CONTESSA INVESTMENT S.A.,tenían conocimiento alguno que en la segregación y venta de su inmueble hubiere algún indicio de ilicitud o ilegitimidad, que de haberse valorado correctamente con el carácter de plena prueba, dichos medios hubiesen arrojado la convicción que CONTESSA INVESTMENT S.A., es un tercero de buena fe protegido por la fe registral y que era ajeno a cualquier hecho que pudiera significar la pérdida de sus derechos de propiedad eventualmente; por tanto, el Primer Tribunal Superior no hubiere accedido a decretar la nulidad del acto de segregación y venta por considerarlo espurio e ilegitimo y que CONTESSA INVESTMENT S.A., no es tercero de buena fe por la relación próxima con la persona que cometió la estafa. TERCERO: El Primer Tribunal Superior dentro de su labor de valoración le restó mérito probatorio al Contrato de Compra-Venta de Acciones (fojas 151-153) celebrado el 18 de octubre de 2002 entre J.R.A. (en calidad de fiduciario) y F.S. actuando en su propio nombre y en representación de I.W.S.A., que como documento privado que tiene el carácter de fidedigno y sobre el cual operaba el reconocimiento tácito por haber obrado en el proceso con conocimiento de las partes firmantes y que da cuenta clara que el comprador de las acciones y del inmueble que conformaba el patrimonio de la Sociedad era ajeno a la existencia de cualquier vicio de nulidad existentes en los títulos de la persona jurídica que actuaba como vendedora y que además dan cuenta que al comprador realizó un exhaustivo due deligence, para hacer prevalecer la condición de CONTESSA INVESTMENT como un tercero protegido de buena fe." (fs. 1,168 - 1,169) Como normas infringidas, citó los artículos 781, 795 y 917 del Código J.icial y el artículo 1161 del Código Civil. Conforme los motivos que fueron transcritos, observa la S. que los cargos de injuridicidad, van dirigidos a invalidar el fallo de segunda instancia, señalando en el primero de ellos, la indebida valoración del testimonio rendido por EILIN MARIA DE Q. (fs. 620 - 624), el cual acreditaba la falsedad del contenido de la Escritura Pública Nº 6530 de 25 de octubre de 2002, al negar su participación en la segregación y venta de un lote de terreno propiedad de ISLAS DE LAS PERLAS S.A., así como la valoración del peritaje grafotécnico, realizado por la citada testigo, para acreditar la falsedad del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., al igual que la Escritura Pública antes señalada, que arrojó que la señora E.M.Q., no era la autora de la firma consignada en dichos documentos, debido a que estas pruebas proceden de un proceso penal en el cual no participaron sus representados, de manera tal que se configurase el contradictorio y pudiesen hacerse valer en este proceso. Por otro lado, sostiene que no apreció los testimonios de J.R.A.P., LUZ MARINA WONG de AMADO, EILIN MARINA ALCÍVAR de Q., ni la declaración de A.A.A.P., que dan cuenta de la participación de E.P., en la adquisición de la participación accionaria de F. S., para la compra de las fincas ofrecidas en venta; además, que le restó valor al contrato de compra-venta de acciones celebrado el 18 de octubre de 2002 entre J.R.A., y F.S., en su propio nombre y en representación de I.W.S.A.. Así pues, en el primer motivo, el eje central de la censura, radica en que el Tribunal Ad-quem, estimó las pruebas procedentes del proceso Penal que fuese ventilado en el Juzgado Decimoséptimo de Circuito del Primer Circuito J.icial de Panamá, Ramo Penal; es decir, la prueba testimonial, así como el peritaje grafotécnico que realizó la señora EILIN MARINA ALCÍVAR DE Q., los que condujeron al juzgador Ad-quem a proferir un fallo que declaró la nulidad de la Escritura Pública Nº 6530 de fecha 25 de octubre de 2002, cuyas pruebas no se evacuaron en contradictorio, lo que produce la infracción de lo dispuesto en el artículo 795 del Código J.icial. En ese contexto, es preciso constatar el contenido del artículo que estima fue infringido, con los hechos planteados en el motivo. Para ello, se transcribe la normativa en cuestión y cuyo texto es el siguiente: "Artículo 795: Las pruebas practicadas en un proceso seguido en el país, podrán aportarse en copias a otro proceso, en el que se apreciarán siempre que la prueba en el primer proceso se haya practicado con audiencia de la parte contra quien se aduce y haya precluido la oportunidad para impugnarla." Del contenido de la normativa, queda expuesto con claridad, lo que en la doctrina se conoce como la prueba trasladada, que corresponde a aquellos medios probatorios practicados con anterioridad o de manera simultánea en otro proceso, los que son allegados al nuevo proceso en copias auténticas para hacerlas valer en el. En ese sentido, diversos fallos emitidos por la S., han establecido los requerimientos que deben cumplirse para la validez de este medio de prueba. Así pues, deben concurrir: 1) que sea una prueba practicada válidamente; 2) que se haya practicado con audiencia de la parte contra quien se aduce y, 3) que haya precluido la oportunidad para impugnarla. De los requisitos señalados, resalta la existencia del principio de la bilateralidad de la prueba, sobre el cual el Profesor J.F.P., en el libro de Instituciones de Derecho Procesal, en la página 870, expuso lo siguiente: "El contradictorio en la prueba no es un fin en sí mismo; es un medio para que el proceso se cumpla a sí mismo. Tiene un carácter instrumental; es una garantía para el adversario, pero sobre todo un auxilio para el J., con el objeto, de que la parte contraria se pueda defender de las maniobras de la contraparte y la prueba sea lo más fiel y auténtica posible." En atención a ello, se observa que la resolución recurrida, fundamentó su decisión en el análisis que realizó de las pruebas practicadas en el proceso penal; es decir, los ejercicios caligráficos (fs. 803) en la persona de EILIN MARINA ALCÍVAR DE Q., así como la declaración jurada rendida por ella ante la Fiscalía Decimocuarta de Circuito del Primer Circuito J.icial de Panamá. Y es que, las pruebas a las que hace mención el recurrente; es decir, la declaración jurada de EILIN MARINA ALCÍVAR DE Q., (fs. 620) y el peritaje grafotécnico, el cual no fue concluyente, cuando indicó: razón por la cual en el presente caso nos señalamos ni descartamos autoría" (fs. 804); si bien fueron aportadas en copias debidamente autenticadas por el juzgado de la causa, se percata la S. que éstas se llevaron a cabo en ausencia de la parte demandada en el proceso ordinario que examinamos, ya que el proceso penal se verificó sólo contra el señor F.G.S., a quine se le profirió auto encausatorio, siendo declarado mediante Auto Nº 14-09 de 2 de julio de 2009, en rebeldía con la consecuente suspensión del proceso y del término de prescripción de la Acción Penal. Considerando lo anterior, los referidos medios probatorios, si bien constituyen pruebas concluyentes de la ausencia de participación de la señora EILIN MARINA ALCÍVAR DE Q. en la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad Islas de Las Perlas S.A., no puede desconocer esta Colegiatura que las mismas fueron apreciadas sin cumplir con los requisitos que establece la Ley en estos casos, especialmente el Artículo 795 del Código J.icial. Ahora bien, jurisprudencia reiterada de esta S. destaca que para que la causal invocada tenga el mérito de Casar la resolución recurrida, y en consecuencia, revocar la resolución venida en Casación, en imperioso e indispensable que el error cometido por el Tribunal Ad-Quem sea de tal naturaleza, que haya incidido en lo dispositivo del fallo impugnado. En este contexto, la S. conceptúa que si bien es cierto que la prueba trasladada no se practicó de conformidad a las normas procesales que regulan ese medio probatorio, tal pretermisión procesal o tal irregularidad no ha tenido en el presente caso la suficiente fuerza legal para que la S. acceda a la pretensión del casacionista, toda vez que de la lectura de la referida decisión, se obtiene que la prueba trasladada no fue el único instrumento de valoración para que dicha instancia llegase a la revocatoria de la resolución apelada, ya que también fueron consideradas pruebas documentales que acreditan quiénes figuran como representantes legales de las sociedades, declaraciones de parte y testimonios; además, de irregularidades en el propio documento que se alude en nulidad absoluta. En ese contexto, la S. observa que de fojas 203 a la 209 se cuenta con la deposición de EILIN ALCÍVAR DE Q., esta vez practicada dentro del proceso civil de marras en la que reitera todos los señalamientos entregados en la vía penal y que fuese objeto de la prueba trasladada, entre ellos, que nunca formó parte de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., que nunca ha fungido como su presidente y representante legal, que no conoce a los demás miembros de la junta directiva de esa sociedad y que nunca participó ni presidió ninguna reunión de la sociedad mencionada. De manera que la información valiosa contenida en la prueba trasladada, practicada en indebida forma, ha sido reiterada y ratificada en el proceso civil con todos los rigores de la ley. Adicionalmente, veamos los planteamientos del Tribunal Ad-quem, con relación a las pruebas que estima el casacionista fueron indebidamente apreciadas, cuando en fojas 1,101 a 1,102 del infolio, emitió sus consideraciones al respecto indicando lo siguiente: "Un estudio del Acta de 'Una reunión Extraordinaria de la Junta general de Accionistas de Islas de las Perlas S.A.' que reposa a foja 34 del expediente, evidencia que no han actuado como dignatarios los que ostentan el cargo en su momento, J.J.A.S. como P. y como S.L.M.W. de Amado (foja 26 del expediente), tampoco se encuentra descrito en el documento quienes (sic) ni en qué porcentaje se encontraban presentes en calidad de accionistas para decidir lo sometido a debate." (fs. 1,101) ... "Las evidencias expuestas confirman al tribunal la ilegitimidad de la reunión de Junta de Accionistas celebrada con la intención de segregar y vender un lote de terreno de la sociedad Islas de Las Perlas S.A., y de la Escritura Pública Nº 6530 del 25 de octubre de 2002". (fs. 1,102) De forma tal que la S. considera que no existen los méritos para Casar la sentencia con base a los motivos expuestos en esta Causal. Con relación a los dos cargos restantes del recurso, consideramos necesario señalar lo concerniente a las pruebas testimoniales, y el valor probatorio del contrato de compra venta de acciones celebrado el 18 de octubre de 2002, entre J.R.A. y F.S., que alegó el casacioncita no fueron valoradas, (segundo y tercer motivo), para lo cual es preciso confrontar el contenido de la resolución atacada mediante recurso de casación con la modalidad de fondo invocada, la cual es el error de derecho en la apreciación de la prueba. En ese contexto, y de una lectura del dictamen proferido por el Tribunal Ad-quem, se observa que el juzgador no hizo alusión a las pruebas testimoniales señaladas por el recurrente, por lo que no estaríamos ante la infracción de la modalidad invocada, lo cual ha sido reitero por la S. en distintos pronunciamientos, ya que si el medio probatorio se ignora, se ubica en otra modalidad de fondo; es decir, el error de hecho en la existencia de la prueba. Sobre esta causal de error de hecho, nuestra jurisprudencia, invariablemente, ha mantenido el siguiente criterio: "ERROR DE HECHO EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LA PRUEBA. Requisitos para que dicho error sea eficaz. La jurisprudencia reiteradamente ha insistido en que el error de hecho requiere que haya producido una abstracción absoluta de un medio probatorio específico, y ha declarado que si ese medio es examinado o tomado en cuenta no se puede invocar esta causal, (S. de 24 de mayo de 1942, en Reg. J.. No.5 de 1943. P.25; y de 12 de noviembre de 1953, Antonato Vs. Antonato). Sentencia de 7 de junio de 1979. C.Q.M., recurre en Casación dentro del Juicio Ordinario que le sigue a la COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A." (D.A.C., "20 AÑOS DE JURISPRUDENCIA DE LA SALA PRIMERA (DE LO CIVIL) DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PANAMA: 1961-1980, Panamá, 1982, p.74). Por tanto, los motivos segundo y tercero no prosperan. RECURSO DE CASACIÓN PROMOVIDO POR BARRANCOS & HENRIQUEZ S.P.C.. ISLAS DE LAS PERLAS S.A., por intermedio de su apoderada judicial formalizó recurso de casación en una única causal de forma, que se ubica en el literal b del numeral 7 del artículo 1170 del Código J.icial, que en su letra dice: " Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda porque se deja de resolver alguno de los puntos que han sido objeto de la controversia." Los motivos que la apoyan, tenemos: "PRIMERO: A pesar de que en libelo de demanda y en el recurso de apelación, se dejó establecido que además de la Declaratoria de Nulidad Absoluta de la Escritura Pública Nº 6530 del 25 de octubre de 2002 de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá, mediante la cual la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., de una finca de su propiedad segrega un lote de terreno y lo vende a la sociedad anónima denominada I.W.S.A., la pretensión consistía en que se declarase la Nulidad Absoluta de la INSCRIPCIÓN, de dicha escritura pública en el Registro Público, la cual consta como Finca No.219017, documento 406901, asiento 1, Código 8101 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá (fojas 7, 978 y 1, 063), el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito J.icial de Panamá, omitió y dejó de resolver sobre este punto, limitándose solamente a la declaratoria de NULIDAD ABSOLUTA de la Escritura Pública No. 6530 de 25 de octubre de 2002 de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá. SEGUNDO: A pesar de que en el libelo de la demanda y en el recurso de apelación, se dejó establecido que una de las pretensiones de la parte actora consistía en que se declarase la Nulidad Absoluta del Acto de Incorporación de la superficie de 145.42 metros cuadrados segregada de la finca Nº 73831 de Propiedad de ISLAS DE LAS PERLAS S.A., a favor de la finca No. 60234 de la Provincia de Panamá, de propiedad de I.W.S.A., y su correspondiente inscripción en el Registro Público (fojas 15, 1015 y 1063), el Tribunal Ad-Quem dejó de resolver este punto sometido a la controversia. TERCERO: A pesar de que en el libelo de demanda y en el recurso de apelación, se dejó establecido que además de la declaratoria de Nulidad Absoluta de la Escritura Pública No. 6530 del 25 de octubre de 2002, otra de las pretensiones era que se declarase la Nulidad Absoluta de la Escritura Pública No. 8041 de 28 de mayo de 2003 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá mediante la cual la sociedad INVSERSIONES WASPE S.A., vende a la sociedad CONTESSA INVESTMENT S.A., la finca No.60234, la cual incluye la parte segregada de la finca No.73831 de propiedad de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., y su correspondiente inscripción (fojas 7, 994-1016 1063 y 1064), el Tribunal Superior recurrido dejó de resolver y pronunciarse sobre este punto, materia del litigio. CUARTO: No obstante, haber advertido el Tribunal Superior, en la parte motiva de la resolución recurrida (foja 1,106), que la transacción de compraventa realizada entre I.W.S.A., y CONTESSA INVESTMENT S.A., era espuria e ilícita y que declararía que las mismas eran Nulas, en la parte Resolutiva de la Sentencia impugnada solamente Declara la NULIDAD ABSOLUTA de la Escritura Pública No. 6530 del 25 de octubre de 2002 de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá, (foja 1,107), mediante la cual la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., de la finca No. 73831 de su propiedad segrega un lote de terreno y lo vende a la sociedad anónima denominada I.W.S.A., dejando de resolver o declarar la Nulidad Absoluta del Contrato de Compraventa celebrado entre I.W.S.A., y la sociedad CONTESSA INVESTMENT S.A., sobre la finca No. 60234, la cual incluye la superficie segregada de la finca No. 73831 de la Provincia de Panamá, de propiedad de ISLAS DE LAS PERLAS S.A., lo cual también era objeto de debate o punto controvertido. QUINTO: A pesar de que en el libelo de demanda y en el recurso de apelación, se dejó establecido que una de las pretensiones consistía en que se declarase la Nulidad Absoluta del Acto de Segregación de la Finca No. 73831 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá de propiedad de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., el Tribunal Superior recurrido dejó de resolver y pronunciarse sobre esta puntual materia del debate u objeto litigioso. " (fs. 1,133 a 1,138) Entre las normas infringidas, citó los artículos 469, 475, 991, todos del Código J.icial. De los motivos expuestos y de acuerdo con la causal invocada, tenemos que lo perseguido por el casacionista es verificar la infracción de las normas precitadas, las que se relacionan con el principio de congruencia y exhaustividad, los que deben estar presentes en toda sentencia que profiere el juzgador, quien conforme a las pruebas validamente allegadas al expediente, debe reconocer o no el derecho que le asiste a la parte que gestiona. En el recurso de casación en la forma que nos ocupa, se observa la omisión en la cual ha incurrido el juzgador Ad-quem de no pronunciarse con relación a las pretensiones que solicitó, quien al resolver el recurso de apelación, revocó la Sentencia Nº 02-371/06 del 4 de enero de 2012, proferida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito J.icial de Panamá, declarando sólo la nulidad de la Escritura Pública Nº 6530 del 25 de octubre de 2002, a través de la cual ISLAS DE LAS PERLAS S.A., segrega un lote de terreno y lo vende a favor de I.W.S.A., sin formular una decisión favorable o no con relación a las restantes declaraciones que fueron solicitadas. De conformidad con ello, considera la S. que se ha producido la infracción de las normas de derecho que alude el casacionista, lo que ha influido en lo resolutivo del fallo, por lo que procede CASAR la sentencia, al tenor de lo señalado en el artículo 1195 del Código J.icial, correspondiéndole a esta Superioridad dictaminar respecto al recurso de apelación, ubicándonos en la misma posición del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito J.icial, con relación a la sentencia de primer grado. RECURSO DE APELACIÓN Considerando la procedencia de los recursos de casación en la forma y en el fondo, la S. procederá al examen del recurso de apelación propuesto por la sociedad actora y que se aprecia de fojas 1054 a 1064 del infolio. Así pues, la recurrente por intermedio de la firma BARRANCOS & HENRIQUEZ S.P.C., manifestó su inconformidad con relación al fallo emitido, indicando que no ignora la facultad del juzgador para declarar la falta de legitimidad sustantiva en la causa activa, pero que en el presente caso está muy lejos de haber ocurrido. En primer lugar, sostuvo que la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., interpuso demanda ordinaria, para lo cual su representante legal otorgó poder de representación, al ser dicha sociedad, una de las suscriptoras del contrato de compraventa cuya nulidad se solicita en conjunto con I.W.S.A., al ser un bien propiedad de la sociedad en cuestión y no los accionistas de la misma, por lo que está legitimada para solicitarlo, no como erradamente señaló el Juzgador de primera instancia; además, el artículo 1143 del Código Civil permite que pueda ser alegada por quien pueda tener interés en ello y como fue explicado, la demandante ISLAS DE LAS PERLAS S.A., se ampara en un interés jurídico concreto, serio y actual para acceder a la nulidad absoluta. Señaló que el J. de la causa deja de aplicar el mandato que le permite declarar la nulidad absoluta, a pesar de existir claros elementos que la configuraban, como la falta de consentimiento de los actos y contratos impugnados, la falta de formalidades y ausencia de autorización de los accionistas reales de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., para segregar parte de la finca Nº 73831 y la venta a favor de I.W.S.A., reiterando a su vez, las pretensiones que expuso en el libelo de la demanda. En cuanto al escrito de oposición al recurso, se sostuvo la viabilidad de solicitar la nulidad de la compraventa, al verse afectado con la realización del acto; no obstante, en lo concerniente a la nulidad del acta de la Junta de Accionistas, que autorizó la venta y segregación de la finca Nº 73831, estima que no es viable. En dicho orden, se refirió a lo dispuesto en el artículo 1143 del Código Civil, manifestando que la frase: "puede alegarse por todo el que tenga interés en ello" alude a aquellos que tienen un interés económico o patrimonial en la declaración de nulidad absoluta, o sea a quien derive de la satisfacción de la pretensión, entendiéndose como la consecuencia de un perjuicio sufrido o haya de sufrir la persona que alega el interés; así como también lo puede hacer el Ministerio Público en atención a la moral o de la Ley. Agrega que el recurrente solicita la nulidad de la Escritura Pública Nº 6530 del 25 de octubre de 2002, que contiene la segregación de un lote de terreno y su incorporación a la finca Nº 60234 y su respectiva venta a la sociedad I.W.S.A., al igual que la Escritura Pública Nº 8041 de 28 de mayo de 2003, por medio de la cual I.W.S.A., vendió a CONTESSA INVESTMENT S.A.. Con relación a las pruebas documentales presentadas por su representado, éstas señalan que sólo pretendía realizar la compra de acciones y así se hizo, incluso en el Registro Público no existía nada que indicase que el traspaso o los actos preparatorios presentaban algo irregular, resaltando lo contemplado en el artículo 1762 del Código Civil, con relación a la fe registral, lo cual ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en diversos fallos, razones por la que solicita, se confirme la sentencia de primer nivel. PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA Y SENTENCIA DE REEMPLAZO. Luego de haber reseñado los puntos que sostienen el recurso de apelación, así como el libelo contentivo de la oposición, nos corresponde emitir nuestras consideraciones al respecto. En primer término, analicemos el tema de la Legitimación en la causa en su modalidad activa, que representa el eje central de la disconformidad del apelante, y que además, constituyó el fundamento del juzgador primario para negar las pretensiones que ensayadas por el demandante, ahora recurrente. Al respecto, indicó el sentenciador primario lo siguiente: "Ahora bien el acto societario que sirve de base o constituye autorización para llevar a cabo la venta y la segregación que se impugna, según nuestra ley sustancial sólo puede ser demandado por los accionistas que se crean afectado y no por la misma sociedad, es decir; si ningún accionista protesta formalmente por el acto, a nuestro criterio no lo puede hacer la sociedad, pues son los accionistas los verdaderos afectados o dueños del patrimonio social." (fs 1046 - 1047) El párrafo transcrito representa la conclusión a la cual arribó el juzgador de primera instancia con relación a la pretensión planteada, para lo cual utilizó el contenido del artículo 418 del Código de Comercio, que consagra el derecho a protestar contra los actos societarios, y cuyo texto es el siguiente: "Artículo 418: Todo accionista tendrá derecho a protestar contra los acuerdos de la Junta General de Accionistas tomados en oposición a la Ley, al Pacto Social o los Estatutos, pudiendo, dentro de los 30 días, demandar la nulidad ante el J. competente quien, si lo considera de urgencia, podrá suspender la ejecución de lo acordado hasta que quede resuelta la demanda. En ningún caso se procederá a dicha suspensión si el accionista al demandar escoge la vía ordinaria." Del contenido de la normativa que antecede, quedó evidenciado el planteamiento del juzgador de primer nivel, cuando hizo referencia a la figura del accionista para lograr la nulidad de algún acuerdo societario, por lo que la demanda, en este caso, debió ser promovida no por la sociedad demandante -recurrente- sino por los accionistas. No obstante, discrepa la S. del pronunciamiento del juzgador primario, con relación a la falta de legitimidad en la causa en su forma activa, de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., y es que la sociedad en cuestión, promovió demanda ordinaria a través de su representante legal, el señor J.J.A.S., quien a su vez es el accionista mayoritario de la sociedad, con el 98% de las acciones, lo cual quedó debidamente acreditado con el certificado de acciones constante en foja 48 del infolio. Sumado a ello, indicó el perjuicio sufrido por el ente social con relación a la suscripción del contrato de venta y segregación un lote de terreno con una superficie de ciento cuarenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados (145.42 Mtrs.2) de la finca Nº 73831, inscrita al tomo 1751, folio 474 de la sección de la propiedad de la Provincia de Panamá, y cuya propiedad ostenta (ver fs. 29), sin estar autorizado para ello por la Junta de Accionistas, razón por la cual se encuentra justificado el derecho de acudir a los Tribunales a peticionar la nulidad de dichos actos. Y es que, pese a lo contemplado en el artículo 418 del Código de Comercio, el artículo 1143 del Código Civil, no es restrictivo en materia de nulidades, cuando plantea la posibilidad de que sea promovida por quien tenga interés en ello. Ello se demuestra en el texto de la referida norma, al señalar: "Artículo 1143: La Nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello; puede igualmente pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la Ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por la prescripción extraordinaria." Al tenor de la norma que precede, se pone de manifiesto que la petición de nulidad absoluta puede provenir de todo aquel que pueda tener algún interés en el resultado de la declaratoria de nulidad, lo que de manera fehaciente queda demostrado en el ente societario, ISLAS DE LAS PERLAS S.A., y recurrente, al ser parte contratante y propietario del bien cuya segregación y venta pretende anular, y que fuese realizada sin su consentimiento. Así pues, para declarar la nulidad absoluta, resulta indispensable considerar lo contemplado en el artículo 1141 del Código Civil, que guarda relación con los requisitos para que sea declarada, si esta se encuentra de forma manifiesta en el acto o contrato que se ataca; siendo estos, los que describimos a continuación: "Artículo 1141. Hay nulidad absoluta en los actos o contratos: 1. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. 2. Cuando la falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene; 3. Cuando se ejercen por personas absolutamente incapaces, entendiéndose únicamente por tales, los dementes, los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito y los menores impúberes". En concordancia con la norma expuesta, el primero de sus numerales indica que el acto o contrato debe cumplir indefectiblemente con ciertos requerimientos, sin los cuales no puede surgir a la vida jurídica, lo cual nos conduce de forma obligatoria a consultar el contenido del artículo 1112 de la misma excerta legal, que plantea los requisitos que debe contener todo contrato, siendo estos: consentimiento de los contratantes; objeto cierto que sea materia del contrato y causa de la obligación que se establezca. En este orden, el primero de ellos es el consentimiento, que no es más que la adhesión de una parte a la propuesta realizada por la otra, lo cual determina el acuerdo de voluntades, y lo hace surgir a la vida jurídica. De acuerdo a dicho concepto, las partes contratantes deben prestar su autorización para concretar el trámite de compra-venta y conforme los antecedentes del negocio, este requerimiento no se cumplió a cabalidad. Respecto al giro de la contratación y de los hechos que constituyen la demanda, el actor indicó la ausencia de su representado, el señor J.J.A.S., accionista mayoritario de ISLAS DE LAS PERLAS S.A, en la Junta Extraordinaria de Accionistas realizada el 18 de octubre de 2002, cuya copia auténtica se ubica en la foja 34 del infolio, la cual siendo lectura obligatoria para atender el caso, resalta de ella el no haber justificado la presencia de señora EILIN MARINA ALCÍVAR DE Q. y B.R., en funciones de presidenta y secretaria Ad-hoc respectivamente de la sociedad en cuestión, en ausencia de sus titulares, tal como figuran en el certificado del Registro Público apreciable en folio 26, -J.J.A.S. y LUZ MARINA WONG DE AMADO- además, que no indica la verificación del quórum reglamentario para la realización de la junta extraordinaria de accionistas, lo cual a la luz de lo establecido en el artículo 44 de la Ley Nº 32 de 1927 sobre sociedades anónimas, afecta la validez de la reunión celebrada y de las decisiones aprobadas en ella. En ese orden de ideas, el jurista J.P.F.P., en su libro Tratado sobre la Ley de Sociedades Anónimas Panameña, al tratar el tema del quórum indicó en foja 277, lo siguiente: "Para que los acuerdos sean aprobados validamente, la norma requiere 'que haya quórum' es decir, que se encuentren representadas en la asamblea el mínimo de acciones que establezca la Ley o el pacto social para poder celebrar la misma, según el caso... La falta de cumplimiento de estas formalidades afecta la validez de las reuniones de los socios y de los acuerdos o decisiones aprobados en ellas..." Lo planteado por el jurista, se presenta en el caso que nos ocupa, acreditando la falta de cumplimiento de los requerimientos necesarios para la validez de la junta de accionistas, lo cual no se cumplió por ISLAS DE LAS PERLAS S.A., en la reunión celebrada el 18 de octubre de 2002, lo cual provoca la invalidez de lo acordado. Siguiendo este orden de ideas, ahora con relación a las pruebas se aprecia la deposición de EILIN MARINA ALCÍVAR DE Q. (fs. 203 -209), quien señaló enfáticamente no formar parte de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., ni haber fungido como su presidente, ni conocer a sus directivos, así como a los otros demandados en el proceso, quienes están relacionados con el trámite de venta y segregación de la finca Nº 73831, conforme fue aprobado mediante reunión de fecha 18 de octubre de 2002. De igual manera, fue plasmado el testimonio de LUZ MARINA WONG de AMADO, secretaria de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., y propietaria del 2% de las acciones restantes de la sociedad, quien manifestó no tener conocimiento de la reunión de Junta Extraordinaria de Accionistas del 18 de octubre de 2002, que autorizó la venta y segregación de la finca Nº 73831, perteneciente a la sociedad demandante y negó que se haya autorizado a EILIN MARINA ALCÍVAR y B.R. presidenta y secretaria Ad-hoc respectivamente para dicho acto, toda vez que no las conoce, siendo de su conocimiento que se dio la respectiva venta e inscripción en el Registro Público en el año 2006, a su regreso a la República de Panamá, cuando pensaron vender la propiedad. Por otro lado, se practicó prueba de inspección judicial a la Notaría Undécima de Circuito de Panamá, y de ello consta el informe rendido por Y.M., perito designada por la parte actora para ello, esto con el propósito de verificar la existencia, contenido y documentos del protocolo de las Escrituras Públicas Nº 8041 del 28 de mayo de 2003 y Nº 6530 de 25 de octubre de 2002, encontrándose discrepancias en los documentos que reposan en dicho lugar, lo cual dejó plasmado en el punto i (fs. 229), que es del tenor siguiente: "i) El Protocolo de la Escritura Pública Nº 6530 de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá, NO contiene ningún Acta de Reunión de Accionistas ni de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., ni de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., ni de la sociedad I.W.S.A., en la que autorice a persona alguna a firmar el Contrato de Compraventa en representación de esas sociedades. Esto contrasta con el cierre o la propia Escritura Pública Nº 6530 que SI tiene esas Actas, después del Contrato de Compraventa y de la indicación de las personas que lo firmaron y del Notario Público." En la misma línea de pensamiento, a fojas 252 a 273 se aprecia el informe rendido por la perito designada por el Tribunal de la causa, quien en su informe sobre los libros de protocolo de la Notaría Undécima de Circuito de Panamá, no detalló mayores resultados; sin embargo, de la documentación que aporta con su informe, consta el Acta de la Reunión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas de ISLAS DE LAS PERLAS S.A., que tal como ya fuese mencionado en líneas que preceden, no se hace constar la verificación del quórum reglamentario y la participación de EILIN MARINA ALCÍVAR DE Q. y B.R., como presidenta y secretaria ad-hoc. De lo expuesto por las peritos, al rendir su informe de la prueba de inspección judicial, las deposiciones rendidas por EILIN MARINA ALCÍVAR y LUZ MARINA WONG de AMADO, aunado a las pruebas documentales, esta J.icatura puede concluir que le asiste el derecho a la recurrente, para acudir a las instancias jurisdiccionales a solicitar la nulidad absoluta de las Escrituras Públicas en las que se produjo la omisión de las formalidades necesarias para que dicho acto jurídico tuviese validez. En tal sentido, y de acuerdo a las declaraciones solicitadas, estima la S. que sólo puede declarar la nulidad absoluta de alguna de ellas. Así pues se accederá a ello con relación a la nulidad absoluta del Acta de Reunión de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ISLAS DE LAS PERLAS S.A., celebrada el 18 de octubre de 2002, al haberse celebrado sin las formalidades previstas por la Ley de sociedades anónimas, en lo pertinente al quórum reglamentario y en ausencia de los accionistas de la referida sociedad. De igual manera, la nulidad absoluta de la Escritura Pública Nº 6530 de 25 de octubre de 2002, ante la Notaría Úndecima de Circuito de Panamá, mediante la cual segrega un lote de terreno de la finca Nº 73831, y lo vende a favor de I.W.S.A., para su posterior incorporación en la finca Nº 60234, por falta de consentimiento, formalidad y causa; así como su inscripción en el Registro Público. Visto lo anterior, toca ahora referirnos a la solicitud de declaratoria de nulidad de los otros actos reflejados por el Casacionista en la formulación de su escrito, esto es, las declaratorias de nulidad absoluta de la Escritura Pública Nº 8041 de fecha 28 de mayo de 2003 de la Notaría Dédimoa de Circuito de Panamá, mediante la cual I.W.S.A.,, y CONTESSA INVESTMENTS S.A., celebran contrato de compraventa sobre la finca Nº 60234, la cual incluye la superficie que fuese segregada de la finca 73831, ahora constituida en la finca Nº 219017, rollo 406901, asiento 1 de la sección de la propiedad de la Provincia de Panamá, e incorporada a la finca Nº 60234, por carencia de consentimiento, causa, y formalidades legales del contrato, así como cualesquiera actos, negociaciones o transacciones, ventas, traspasos con relación a los actos arriba señalados y que hayan afectado a ISLAS DE LAS PERLAS S.A.. En tal vertiente, el opositor a este recurso sostiene que la sociedad CONTESSA INVESTMENTS S.A., está amparada por los principios de la buena fe registral y que, en tal posición, no le pueden afectar las consecuencias jurídicas de la declaratoria de nulidad del contrato celebrado entre ISLAS DE LAS PERLAS S.A., e I.W.S.A., debido a que es un tercero de buena fe amparado por el Artículo 1161 del Código Civil. La cuestión a debatir es si CONTESSA INVESTMENTS S.A., puede ser afectada en la declaratoria de nulidad del contrato de compraventa celebrado entre ISLAS DE LAS PERLAS S.A., e I.W.S.A., en la cual aquélla no participó y no haber sido parte contratante o suscriptora del contrato de compraventa. Y es que, uno de los requisitos para acceder a la nulidad absoluta es la ausencia de una de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia, que se traduce en la falta de consentimiento, causa y objeto, que debe estar suficientemente acreditado en el expediente, de forma tal que esta S. pueda comprobar que el contrato cuya nulidad absoluta se pide, incumplió con las formalidades que se exige para su formación. Ante lo peticionado, cabe formular algunas consideraciones frente a la declaratoria de nulidad del contrato de compraventa celebrado entre I.W.S.A., (vendedora) y CONTESSA INVESTMENTS S.A., (compradora), la cual aduce el opositor es compradora y tercera de buena fe, quien adquirió el bien bajo convencimiento de que el que lo transfería era el propietario. El artículo insigne sobre este tema lo constituye el 1762 del Código Civil, que en su letra dice: "Artículo 1762. La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables conforme a la Ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o de causas implícitas o de causas que aunque explicitas no consten en el Registro. " La norma transcrita guarda estrecha relación con el derecho del tercero de buena fe, que adquiere el bien mediante contrato de compraventa, bajo la creencia de que la parte de quien adquiere la finca de que se trata era el propietario y podía transmitir su dominio. En efecto, la fe pública registral constituye una garantía a los compradores, además de otorgar seguridad a los derechos de terceros; pero en todo caso tales circunstancias deben examinarse de manera casuística, caso por caso, pues el principio no es absoluto y tiene matices de gran relevancia. Por ejemplo, observa la S. que según certificaciones expedidas por el Registro Público (fojas 27 y 28 del expediente), las personas que ocupan los cargos de la Junta Directiva de la sociedad I.W.S.A., son las mismas que figuran en la Junta Directiva de CONTESSA INVESTMENTS S.A.. Esta acreditación tiene un papel muy importante dentro del presente proceso habida cuenta que CONTESSA INVESTMENTS S.A., está impedida para invocar el desconocimiento e ignorancia de hechos que pudieran afectar los derechos como propietaria de la finca 60234 adquirida, por compra a la sociedad I.W.S.A., por la sencilla razón que las personas naturales que integran ambas sociedades son las mismas y estas corporaciones mercantiles desarrollan sus objetivos y despliegan sus actividades a través de las personas naturales que la componen, porque es de suma importancia que para que el tercero esté amparado en la fe pública registral, debe ser ajeno, absolutamente extraño a la relación jurídica o negocio jurídico preexistente. Así como la S. ha estimado que es palpable la nulidad absoluta del Acta de Reunión de la Junta Extraordinaria de ISLAS DE LAS PERLAS S.A., celebrada el 18 de octubre de 2002, al haberse celebrado sin las formalidades legales y sin la participación de los accionistas de la referida sociedad, y que de igual manera, la S. reconoce la nulidad absoluta de la Escritura Pública Nº 6530 de 25 de octubre de 2002, ante la Notaría Undécima de Circuito de Panamá, a través de la cual se segrega un lote de terreno de la finca Nº 73831, y la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., lo vende a la sociedad I.W.S.A., para su posterior incorporación en la finca Nº 60234, por falta de consentimiento, formalidad y causa así como su inscripción en el Registro Público , en esta misma forma la S. considera que a pesar de que el contrato de compraventa celebrado entre I.W.S.A., y CONTESSA INVESTMENTS S.A., reviste formalidades intrínsecas para su formación, debe señalarse que este acto es nulo de nulidad absoluta por cuanto a INVERSIONES WASPE S.A,, no podía considerársele como vendedora legítima al haber adquirido previamente de manera espuria y contra la ley, la finca Nº 60234 de la sección de propiedad de la propiedad de la provincia de Panamá y, lógicamente no podía ser estimada como propietaria de ese bien inmueble. Y es que esa nulidad absoluta originaria descrita en párrafos anteriores, determina la nulidad absoluta de todos y cada uno de los actos y contratos posteriores que recaen sobre el inmueble disputado, sanción procesal que ocurre de manera entrelazada y lógica con los hechos y conceptos esbozados cuando se trató el tema de las nulidades del Acta de Reunión de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ISLAS DE LAS PERLAS S.A., celebrada el 18 de octubre de 2002, y de la Escritura Pública Nº 6530 de 25 de octubre de 2002, ante la Notaría Undécima de Circuito de Panamá, a través de la cual se segrega un lote de terreno de la finca Nº 73831, y la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., lo vende a la sociedad I.W.S.A., puesto que se trata de nociones jurídicas que suceden en serie, en cadena y cuyos actos están íntimamente relacionados entre sí. De forma tal que para la S. resulta imperioso declarar la Nulidad Absoluta de todos los actos que sean consecuente y directa derivación del primario y primigenio acto falso y nulo, pues esta nulidad se da de manera concatenada y afecta a todos los actos y contratos involucrados en esa estrecha y vinculada cadena de actos de disposición del dominio de los bienes inmuebles examinados. En un tema muy similar al que se aborda en este recurso, la S. tuvo la oportunidad de expresarse sobre la propagación de la nulidad en los actos que deriva su existencia merced a un primer negocio jurídico celebrado contrario a derecho. En fallo de 14 de agosto de 2014 proferido por la S. Civil con ocasión del Recurso de Casación interpuesto por GANADERA PANAMEÑA S.A., dentro del proceso ordinario que le siguió a RIO INDIO COMPANY S.A., MONTANA SUPERIOR SERVICES S.A., y ROBSONS REAL ESTATE INC., esta corporación de justicia resolvió: "Por tanto, estima la S., que al carecer la sociedad RIO INDIO COMPANY S.A., del requisito de legitimación de personería jurídica resultaban nulos de nulidad absoluta todos los demás actos y traspasos derivados directa e indirectamente de la venta originaria de la referida finca Nº 297 (cf. Artículo 1141 del Código Civil), es decir, que dicha nulidad alcanza a los contratos de compraventas celebrados sobre la Finca tanto por la sociedad ROBSONS REAL ESTATE, INC., los cuales resultan igualmente nulos, tal y como bien lo dejó expresado el juzgador primario al emitir la Sentencia Nº 42 de veintinueve (29) de diciembre de dos mil diez (2010), criterio que apoya esta S......" Desde otro punto de vista, para la S. es claro que entre I.W.S.A., y CONTESSA INVESTMENTS S.A., no ha existido un verdadero contrato de compraventa sobre la Finca 60234 porque ese contrato carece de Causa, elemento o requisito indispensable para la existencia y formación de todo tipo de contrato. La S. llega a esta conclusión después de examinar las declaraciones contenidas en el Motivo Segundo del Recurso de Casación promovido por los apoderados judiciales de I.W.S.A., y CONTESSA INVESTMENTS S.A.. En ese segundo motivo, la parte recurrente manifestó que: "el traspaso de la finca No 60234 de I.W.S.A., a CONTESSA INVESTMENTS S.A., obedeció a un tema de protección contra posibles acreedores que pudiera tener F.S. o su sociedad I.W.S.A., dado la situación acontecida con Financiera Presto Cash;.." A tal efecto, resulta ilustrativo transcribir el Artículo 1125 del Código Civil concerniente al tema de la Causa de los contratos: "Artículo 1125. En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una cosa o servicio que se remunera, y en los de pura beneficencia, la mera liberalidad del bienhechor". Siendo que la Causa es la razón o motivo determinante del contrato, presenta como subjetiva, concreta y variable en cada negocio jurídico, porque se debe apreciar el móvil que ha impulsado a las partes a contratar, a obligarse recíprocamente. También la Causa debe ser común a los celebrantes y así móvil se vuelve común, se bilateraliza, cuando se declara, cuando llega a conocimiento de la otra parte. Esta noción de causa resulta perfectamente compatible con el sistema adoptado por nuestro ordenamiento civil. En el contrato de compraventa, toda vez que es un contrato bilateral o de prestaciones recíprocas, la Causa la viene a constituir, tal como se desprende de la norma legal citada, la prestación de una cosa por la otra parte: el vendedor se obliga a entregar la cosa para recibir el precio y el comprador, a pagar el precio para obtener la entrega de la cosa. Sin embargo, tal como se ha dicho en párrafos anteriores, si en el contrato de compraventa celebrado entre I.W.S.A., y CONTESSA INVESTMENTS S.A., la vendedora no tenía el propósito de transferir la cosa objeto del contrato y recibir un precio por ella, y el motivo o intención de la compradora no era obtener esa cosa por el pago del precio, sino que esa transferencia, según se confiese, se dio "por un tema de protección contra posibles acreedores que pudiera tener el señor F.S. o su sociedad I.W.S.A., no le cabe la menor duda a esta S. que estamos en presencia de una Causa falsa o no declarada en el contrato de compraventa celebrado entre I.W.S.A., y CONTESSA INVESTMENTS S.A., lo que a la luz del artículo 1127 del Código Civil da lugar a la nulidad del contrato. Incluso, estaríamos en presencia de los llamados Contratos Simulados que son aquellos que tienen un contenido de voluntad no real sino ficticia, emitida conscientemente, y con acuerdo de las partes, para producir engaño, con apariencia de un negocio que en el fondo no existe. El D.D.A.C., en su libro "Estudios Jurídicos", Tomo IV, al comentar la figura del Contrato Simulado, señala que la simulación puede ser absoluta o relativa y explica la diferencia entre ellas en los siguientes términos: "La simulación puede ser absoluta o relativa, como claramente lo señala la definición de FERRARA. La primera, esto es la absoluta, supone que se crea la apariencia de haber celebrado un contrato o negocio jurídico que las partes no han querido realmente celebrar. Por ejemplo, estas aparentan celebrar una compraventa, mientras están de acuerdo en la no celebración de la misma, de manera que no tener lugar (sic) el cumplimiento del contrato que aparentan celebrar, v.gr. el vendedor no va a entregar la cosa vendida ni el comprador debe pagar el precio debido. En este caso, comprobada la simulación el contrato (sic), como el mismo carece de causa, la sanción debería ser la inexistencia, pero ya vimos que para nuestro C. Civil es la nulidad absoluta (Arts. 1126 y 1141, ord 1º del C.C.).(L.I.P.S.A., Panamá-1992, pp.319-320)" En atención a las motivaciones que anteceden, para la S. resulta viable acceder a las restantes peticiones del actor-recurrente, en el sentido de lograr la declaratoria de nulidad absoluta de la Escritura Pública Nº 8041 que contiene el contrato de compraventa celebrado entre I.W.S.A., y CONTESSA INVESTMENTS S.A., al haberse demostrado que el supuesto tercero adquiriente de la superficie de terreno que fue segregado de la finca Nº 73831, no era ajeno de las irregularidades que podía presentar, como en efecto presentó dicha transacción, razón por la cual debe ser desprovisto del bien inmueble adquirido sin el cumplimiento de las formalidades legales. Con apoyo a estas razones, se emitirá la decisión al medio de impugnación. En mérito de lo antes expuesto, la SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito J.icial, de fecha 17 de julio de 2012, en el proceso Ordinario promovido por ISLAS DE LAS PERLAS S.A., contra I.W.S.A., CONTESSA INVESTMENT S.A., EILYN ALCIBAR DE Q., A.A., S.M., F.S., A.D.R., y B.R., y convertida en Tribunal de instancia, REVOCA la Sentencia Nº 02-371/06 de fecha 4 de enero de 2012, proferida por el Juzgado Primero de Circuito del Primer Circuito J.icial de Panamá, Ramo Civil, y realiza las siguientes declaraciones: - La Nulidad Absoluta de la Escritura Pública Nº 6530 del 25 de octubre de 2002, protocolizada ante la Notaria Undécima de Circuito de Panamá, por medio de la cual la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., segrega una superficie de terreno de su finca Nº 73831, inscrita al tomo 1751, folio 474 de la sección de la propiedad de la Provincia de Panamá y lo vende a la sociedad I.W.S.A., quien lo incorpora a la finca Nº 60234, actualizada al documento digitalizado 49723 de la sección de la propiedad de la provincia de Panamá; - La Nulidad Absoluta de la inscripción de la Escritura Pública Nº 6530 de 25 de octubre de 2002 protocolizada ante la Notaria Undécima de Circuito de Panamá, en el Registro Público de Panamá, mediante la cual fue inscrita a la finca Nº 219017, documento 406901, Asiento 1, Código de Ubicación Nº 8101 de la sección de la Propiedad de provincia de Panamá. - La Nulidad Absoluta por ausencia de consentimiento, formalidades y causa del Acta de Reunión de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., realizada el 18 de octubre de 2002, contenida en la Escritura Pública Nº 6530 de 25 de octubre de 2002. - La Nulidad Absoluta de la segregación de ciento cuarenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados (145.42 Mts2) de la Finca Nº 73831 inscrita en la sección de la propiedad de la Provincia de Panamá de propiedad de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A., y su posterior incorporación a la Finca No. 60243 de la sección de la provincia se Panamá de propiedad de I.W.S.A., y su posterior inscripción en el Registro Público a la Finca No. 219017, rollo 406901, asiento 1, de la sección de la Provincia de Panamá. - La Nulidad Absoluta del Contrato de Compraventa celebrado entre INVERSIONES WASPE, S.A., y CONTESSA INVESTMENTS S.A., concerniente a la venta de la Finca Nº 60234 de la sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, por incluir en dicha finca o en dicho traspaso el lote de terreno segregado de la Finca Nº. 73831 antes descrita, acto contenido en la Escritura Pública No. 8041 de 28 de mayo de 2003 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, así como la Nulidad Absoluta de la Escritura Pública No. 8041 reseñada y su inscripción en el Registro Público a la Finca No. 219017, rollo 406901, asiento 1, de la sección de la propiedad de la Provincia de Panamá. - SE ORDENA al Registro Público cancelar la inscripción de la Finca No. 219017, rollo 406901, asiento 1 de la sección de la propiedad de la Provincia de Panamá, y en atención a lo que dispone el artículo 1154 del Código Civil. - SE ORDENA, a la parte demandada a RESTITUIR a favor de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS, S.A., la superficie de ciento cuarenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados (145.42 Mts2) que le fue ilegalmente sustraída a través de la segregación de la Finca No. 73831, inscrita en la sección de la propiedad de la provincia de Panamá de propiedad de la sociedad ISLAS DE LAS PERLAS S.A.. SE CONDENA en costas a cargo de la parte demandada por DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00). N., HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)