Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 20 de Enero de 2015

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:20 de Enero de 2015
Emisor:Primera de lo Civil
 
CONTENIDO

VISTOS: VILLAS DEL LAGO S.A., por intermedio de su apoderado judicial, presentó recurso de casación en el fondo contra la Resolución de fecha 11 de junio de 2012, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, en el proceso de deslinde y amojonamiento (transformado a juicio ordinario) en contra de G.I.R.S.A.. La decisión proferida por el Ad-quem, es del tenor siguiente: "En mérito de lo expuesto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia Nº 28 de veintiocho (28) de marzo de dos mil once (2011) dictada por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Circuito Judicial de C., dentro del Proceso No Contencioso de Deslinde y Amojonamiento convertido en ordinario por razón de la demanda propuesta por V. delL.S.A., contra G.I.R.S.A. Asimismo DECLARA NO PROBADAS las causales de nulidad absoluta del proceso invocadas por la sociedad recurrente. SE CONDENA a la parte demandante al pago de la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00) en concepto de costas de segunda instancia.(ver fs.606 a 636). Ingresado a este nivel jurisdiccional, procede la S. a verificar la admisibilidad del recurso, y en virtud de que presentaba algunos yerros contrarios a la técnica exigida, se ordenó su corrección a través de Resolución de fecha 14 de marzo de 2013, (ver fs. 669 a 671) luego de lo cual el recurrente atendió lo indicado dentro del término legal, satisfaciendo los requerimientos del medio de impugnación propuesto, accediendo a su admisión el 27 de mayo de 2013. (ver fs. 690 a 691) En esta oportunidad, y antes de adentrarnos en el conocimiento del recurso, corresponde exponer brevemente los antecedentes del proceso, como sigue: Ante el Juzgado Primero de Circuito del Circuito Judicial de C., Ramo Civil, se promovió demanda No contenciosa de Deslinde y Amojonamiento por G.I.R.S.A., con relación a la finca Nº 4377, tomo 571, folio 322, actualizada al rollo Nº 30901, documento 1 y la finca Nº 6949, tomo 1329, folio 342, actualizada al rollo 16194, documento 6, ambas propiedad de VILLAS DEL LAGO S.A. Cumplido el traslado correspondiente, así como las diligencias de rigor, se procedió a la fijación de los puntos, los que fueron establecidos en el acta de deslinde y amojonamiento llevada a cabo el 6 de marzo de 2008, por el juzgador A-quo. Luego de ello, se corrió traslado por el término de quince (15) días para las objeciones de rigor, las que presentó VILLAS DEL LAGO S.A., logrando con ello la transformación del negocio a las reglas del juicio ordinario, promoviendo libelo de demanda, en la cual incluyó, además del establecimiento de la línea del deslinde por ellos propuesta, pretensiones subsidiarias como la prescripción adquisitiva de dominio sobre la finca Nº 1372, y que esta a su vez en su historial a presentado inscripciones incorrectas, nulas y sin valor alguno, por lo que deben ser cancelados esos asientos. La demanda en cuestión fue admitida, siguiendo de allí en adelante el procedimiento aplicable al proceso ordinario, el que culminó con Sentencia Nº 28 de 28 de marzo de 2011, que negó cada una de las pretensiones solicitadas por el demandante, tanto las principales, como las subsidiarias. La decisión adoptada fue objeto del recurso de apelación por ambas partes, anunciándose pruebas en segunda instancia; sin embargo, este plazo fue aprovechado únicamente por la parte demandante en el proceso ordinario, es decir, VILLAS DEL LAGO S.A.. Para el análisis del recurso vertical propuesto, se admitieron las pruebas cuya practica se permite en dicha instancia al tenor de lo establecido en el artículo 1275 del Código Judicial, y al resolver el medio de impugnación se confirmó la sentencia, así como las causales de nulidad invocadas. RECURSO DE CASACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA Luego de haber expuesto los antecedentes del proceso, nos corresponde verificar lo atinente al recurso de casación formalizado, fundado en la causal de fondo denominada "Infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba", que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo", tal cual lo consagra el artículo 1169 del Código Judicial. Para ello el recurrente, presentó seis (6) motivos, los que transcribimos a continuación: Primero: La sentencia impugnada negó nuestra pretensión de oposición a la línea divisoria o de deslinde, establecida en la diligencia judicial llevada a cabo en este proceso, por considerarse que la valoración del caudal probatorio allegado a los autos no demuestran la validez de la línea divisoria aducida por nuestra parte como correcta, no obstante, que la prueba documental pública autentica(sic) que corre a foja 79 del expediente, consistente en un plano aprobado por la autoridad competente de la finca nº 4377 de propiedad de nuestra representadas (sic) y las certificaciones oficiales que reposan a fijas (sic) 533 (s.s.) y 538 (s.s.) del expediente indican claramente el área, linderos y superficie de las fincas de propiedad de nuestra representada en relación a la finca de propiedad de la contraparte y la línea que las divide, situación que viola el deber de Juez de apreciar la fuerza de los documentos públicos auténticos de conformidad a la regla de la sana critica (sic) y las circunstancias y motivos que corroboren los mismos, lo que influyó en lo dispositivo del fallo. Segundo: La sentencia impugnada valoró de forma incorrecta las pruebas documentales públicas autenticas (sic) que corren a fojas 163 y s.s., y 155 y s.s., del expediente, que tratan de copias autenticadas de escrituras públicas en las que constan los títulos de propiedad de las fincas de nuestra presentada (sic), desde los años 1975 y 1976, y cuya parte de su superficie se encuentra traslapada con la finca de la demandada, y que demuestra y hace surgir la posesión efectiva y real de estas fincas, y del área traslapada, en manos de nuestra representada en vista de la ausencia absoluta u oposición de la demandada en estos hechos; de haberse valorado estas pruebas de forma correcta, se hubiera tenido que llegar a la indiscutible decisión de reconocer la pretensión subsidiaria ejercida por nuestra parte en este proceso, situación que influyó directamente en el fallo recurrido. Tercero: El Tribunal Superior, al llegar a la conclusión esbozada en la sentencia recurrida no apreció y valoró de forma correcta el contenido de los informes periciales practicados en diversas ocasiones en la secuela del proceso, el cual reposan a fojas 77 s.s.; 104 s.s.; 124 s.s.; 263 s.s.; 282 s.s.; 290 s.s.; 314 s.s.; 440 s.s.; 450 s.s.; y 463 s.s. del expediente y que demuestran que gran parte de la finca de propiedad de la demandada ha desaparecido, y que el resto se encuentra traslapado entre las fincas de nuestra representada, y que esta situación se ha mantenido desde hace más de quince -15- años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, hecho este que marca el inicio de la posesión efectiva y real del bien en manos de nuestra parte por la ausencia del demandado; de haberse valorado el contenido de esta prueba de forma correcta, se hubiera tenido que llegar a la indiscutible decisión de reconocer probado en el proceso los elementos esenciales de la pretensión subsidiaria ejercida por nuestra parte, situación que influyó directamente en el fallo recurrido. Cuarto: El fallo recurrido no concedió el valor jurídico correcto a las pruebas documentales publicas (sic) autenticas (sic) que corren a fojas 95 y s.s. y foja 541 s.s. del expediente, consistente en certificaciones emitidas por entidades oficiales públicas en las cuales se hace constar que la finca de propiedad de la demandada, fue originalmente cedida por título oneroso de parte del propietario de la misma en el año 1924 para la creación del Lago Alajuela, y que demuestra que gran parte de la finca de propiedad de la demandada ha desaparecido, y que desde aquélla época se perdió la posesión de esta finca por parte de los antecesores de la actual demandada; de haberse valorado el contenido de esta prueba de forma correcta, se ha tenido que llegar a la indiscutible decisión de reconocer probado en el proceso los elementos esenciales de la pretensión alterna ejercida por nuestra parte, situación que influyó directamente en el fallo recurrido. Quinto: La sentencia impugnada negó la pretensión de adquisición de título de propiedad por medio de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio a favor de nuestra representada, por considerarse que la valoración del caudal probatorio allegados a los autos, no demuestran el área o superficie a prescribir, no obstante que las pruebas periciales que militan en el proceso y que han sido ya citadas en este recurso, sumadas a las pruebas testimoniales que corren a fojas 266 y s.s.; 375 y s.s.; 240 y s.s.; 360 y s.s.; y 365 en adelante del expediente, demuestran tanto el área o superficie en debate, como el hecho de la actual posesión del bien inmueble disputado en manos de nuestra representada y que estas pruebas valoradas en conjunto con el resto del caudal probatorio practicado en el proceso, constatan que la misma lo ha sido por el término mínimo exigido por la ley, de forma ininterrumpida, pública y pacífica, lo que configuran todos y cada uno de los elementos esenciales de la acción subsidiaria ejercida en el proceso; este error de apreciación de la prueba influyó directamente en la sentencia recurrida. Sexto: La sentencia impugnada negó la pretensión de adquisición de título de propiedad por medio de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio a favor de nuestra representada, por considerarse que la valoración del caudal probatorio allegados a los autos, no demuestran el lapso de la posesión sobre el bien inmueble por más de quince (15) años, no obstante que las pruebas testimoniales que corren a fojas 240 s.s.; 266 s.s., 360 s.s., 365 s.s., y 375 s.s. del expediente apreciadas en su conjunto, sitúan la posesión del bien inmueble en disputa en un período superior a los quince -15- años anteriores a la presentación de la demanda, situación que viola el deber de (sic) Juez de apreciar la fuerza de los testimonios de conformidad a la regla de la sana crítica y las circunstancias y motivos que corroboren los mismos, lo que influyó en lo dispositivo del fallo. (ver 675 a 687). Como normas infringidas se adujo lo dispuesto en los artículos 781, 836, 917, y 980 del Código Judicial y los artículos 397, 415, 423 431, 446 y 1696 del Código Civil. Adentrándonos al fondo del recurso, tenemos que las infracciones recaen sobre caudal probatorio que obra en el proceso, pero que no fueron debidamente valorados conforme Ley por el juzgador Ad-quem. En ese sentido, veamos las pruebas que señala el casacionista, en los diversos motivos que lo sustentan. Para el primer cargo, refiere la ausencia de valoración del plano Nº 30-29127 de fecha 22 de octubre de 1975, sellado por la Dirección General de Catastro del antiguo Ministerio de Hacienda y Tesoro, el cual describe la finca Nº 4377, tomo 571 y folio 322 de la sección de la propiedad de la Provincia de C., visible a foja 79, así como las certificaciones emitidas por la Dirección General del Registro Público de Panamá, que contienen el historial de las fincas Nº 4377, actualizada al rollo 30901, documento 1, asiento 1, y la finca Nº 6949 registrada al rollo 16194, documento 6, asiento 1, de la sección de la propiedad de la Provincia de C., ambas propiedad de VILLAS DEL LAGO S.A.,ya que dichos documentos demuestran la validez de la línea divisoria aducida por su representada. En primer lugar, conviene precisar que la génesis de este proceso es el deslinde y amojonamiento, cuyo objeto y fin es la demarcación de los límites con otros predios vecinos, por medio de una declaración judicial que de manera material, fije o limite los linderos que separan a los predios colindantes, al no conocer en realidad cual es, y con previo reconocimiento de la existencia de los restantes propietarios. No obstante, ante la inconformidad de la sociedad demandada, con la línea divisoria fijada por el juzgador de primer nivel, como ya se mencionó en párrafos que preceden, propone una nueva línea a su consideración. Teniendo ello claro, y al tenor del primer motivo se observa que lo perseguido por el recurrente es la aprobación de la línea divisoria -deslinde y amojonamiento- por él propuesta como la correcta, la cual fue acreditada con las pruebas que señala. En ese sentido, difiere la S. de lo aseverado por el recurrente con relación al plano observable en foja 79 y las certificaciones expedida por el Registro Público. Decimos esto, porque al confrontar la prueba visible a foja 79, se observa que la misma no es auténtica, ya que corresponde a una copia simple sin sello fresco de la oficina encargada de su custodia, lo cual le resta validez. Por otro lado, en la referida copia se aprecia un sello de la Dirección de Catastro Fiscal, del antiguo Ministerio de Hacienda y Tesoro - hoy Ministerio de Economía y Finanzas - el cual refleja una anotación que dice: "pendiente de verificación de linderos y medidas". Lo anterior, genera dudas respecto a la veracidad de su contenido, razón por la cual, esta Corporación no puede establecer los límites -línea divisoria- de las fincas en litigio, conforme los puntos allí establecidos. En cuanto a las pruebas de carácter documental y obrantes de foja 533 y siguientes, así como la prueba a fojas 538 y siguientes, -certificaciones del Registro Público- cabe señalar que si bien presentan los límites y linderos de ambas fincas, el propósito del proceso es determinar la línea divisoria entre la finca Nº 1372, propiedad de G.I.R.S.A. y las fincas Nº 4377 y 6949, pertenecientes a VILLAS DEL LAGO S.A., todas situadas en el Corregimiento de Nuevo Vigía, Distrito de C., Provincia de C., ante un posible traslape entre las propiedades en cuestión. No obstante, la referida documentación no constituye la prueba más idónea para demostrar la línea divisoria entre las fincas, siendo una de las pretensiones principales en la demanda propuesta. Atendiendo a lo anterior, debemos manifestar que los linderos que certifica la Dirección General del Registro Público de Panamá y lo plasmado en el plano que rola a foja 79 (aún siendo auténtico), no otorgan el valor probatorio necesario para acreditar lo perseguido por el casacionista, toda vez que el proceso de deslinde, como ya hemos señalado, tiene como objetivo demarcar los linderos entre predios colindantes, al no corresponder con los límites reales de cada uno y determinar así las porciones de tierra que se encuentran traslapadas entre las fincas previamente citadas, y proceder a establecer los límites de cada terreno. Al respecto, el juzgador Ad-quem indicó a foja 624, lo siguiente: "Lo anterior significa que la sociedad demandante, con base en un plano que describe los linderos y medidas de una finca de su propiedad, la Finca Nº 4377, busca acreditar los linderos del inmueble propiedad de su contraparte, que colinda con ella, no obstante, la revisión del aludido documento, que reposa a foja 79 del dossier no permite arribar a la conclusión pretendida por la postulante, quien con base en el plano Nº 30-29127, busca que se admita como línea divisoria aquella que presenta en su demanda corregida (cfr.fs.175-186), la cual desde su punto de vista describe un polígono de 42.5 hectáreas". Así pues, del análisis de las pruebas que señala el casacionista como mal valoradas, concluye la S. que no se ha producido el concepto de error de derecho, ni la vulneración de lo establecido en el artículo 836 del Código Judicial, con relación a los documentos públicos cuestionados, razones que nos conducen a negar el cargo. Con relación al segundo motivo, el casacionista alude a que no fueron valoradas las pruebas documentales que corren a fojas 155 y siguientes, además, en fojas 163 y siguientes del expediente, las que a su criterio acreditan la pretensión subsidiaria, es decir, la prescripción adquisitiva de dominio, en vista de la posesión efectiva que ha mantenido sobre la finca Nº 1372 desde los años 1975 y 1976. En ese sentido, las pruebas documentales que señala el casacionista fueron valoradas de forma incorrecta, recaen sobre la Escritura Pública Nº 2491 del 14 de abril de 1975, por medio de la cual D.A. vende a favor de VILLAS DEL LAGO S.A., la finca Nº 4377, inscrita al tomo 571, y folio 372, (fs. 155 y siguientes) y la Escritura Pública Nº 1809 de 16 de diciembre de 1976, por medio de la cual D.A. vendió la finca Nº 6949, tomo 1329, folio 342, a la sociedad VILLAS DEL LAGO S.A.; no obstante, esta Corporación no estima que el Ad-quem le haya otorgado un valor que no corresponde a las pruebas señaladas, ya que si observa lo pretendido es acreditar la posesión de la finca Nº 1372 propiedad de G.I.R.S.A.; no obstante, los documentos en cuestión no van dirigidos a demostrar que el casacionista haya permanecido allí en un período superior a 15 años, tal como lo exige la norma sustantiva sobre la materia. Lo anterior, fue objeto de análisis por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, al resolver la petición subsidiaria del ahora recurrente, cuando en fojas 632 del expediente manifestó: "Asimismo, existiendo debate sobre la constitución de mejoras en el área cuya usucapión pretende la sociedad demandante, como modo de demostrar que la misma ejerce el ánimo de dueña, con exclusión de G.I.R.S.A., respecto a seis viviendas permanentes de cemento techadas con zinc encontradas en dichos terrenos, a pregunta formulada por el procurador judicial de la contradictora, con el fin de que manifestara si conocía el nombre de los propietarios de dichas edificaciones, el perito del Tribunal expresó una repuesta negativa." Todo lo anterior, complementado con la vaguedad del planteamiento de esta pretensión promovida por VILLAS DEL LAGO S.A., opera en su contra, habida cuenta que no se suministró a esta Sede de Decisión suficiente información como para discernir si efectivamente se han cumplido con los requisitos que fija nuestra Ley sustancial para que opere dicho modo de adquisición del dominio, al no estar definido en su libelo introductor el objeto sobre el cual recae la acción del postulante, esto es la porción de terreno a adquirir mediante usucapión. Y es que, la usucapión como se le conoce en la doctrina a la prescripción adquisitiva de dominio, se da cuando el transcurso del plazo tiene por efecto hacer que se adquiera un derecho real por quien lo ha ejercido. Así las cosas, el casacionista no ha proporcionado los elementos probatorios necesarios a fin de acreditar su dicho, manifestándolo el tribunal Ad-quem en la resolución que nos ocupa, por lo que esta S. no comparte lo planteado en el recurso, ya que las pruebas que estima mal valoradas en este motivo, lejos de demostrar la posesión, que es la pretensión que ensaya, sólo demuestran la venta real y efectiva de las fincas Nº 6949 y 4377 por su anterior propietario, el señor D.A. a la sociedad VILLAS DEL LAGO S.A., más no así, haber ejercitado la posesión al tenor de lo establecido en los artículos 415 y 423 del Código Civil, que estima infringidos, poseyendo la finca Nº 1372, objeto del litigio, por el lapso de tiempo que establece la norma sustantiva. Por las razones expuestas, lo que procede es negar el cargo. En lo que respecta al tercer motivo del recurso, el mismo guarda relación con la incorrecta valoración de los informes periciales practicados en el desarrollo del negocio, tanto el proceso de deslinde y amojonamiento, como los realizados con posterioridad al transformarse en juicio ordinario, oportunidad que aprovechó el ahora casacionista para introducir pretensiones subsidiarias como la prescripción adquisitiva de dominio, debido a la ocupación que ha ejercido sobre el terreno firme de la finca Nº 1372, luego de la desaparición de una extensión de terreno con motivo de la creación del L.M., actualmente, Lago Alajuela. Así pues, considera que las pruebas cuestionadas acreditan la referida petición. Respecto al cargo que alega el casacionista, conviene indicar lo plasmado por el Ad-quem al resolver el recurso vertical, cuando en foja 630, señaló lo siguiente: "Sobre el particular, este Tribunal Colegiado observa que, en contraposición con el planteamiento genérico presentado por la pretensora al solicitar la evacuación de una inspección judicial, que recayó sobre la totalidad de la finca Nº 1372, inscrita al tomo Nº 128, folio 80 de la sección de la propiedad, de la Provincia de C., y que buscaba determinar si V. delL.S.A., ocupaba dicho inmueble objeto de deslinde y amojonamiento (cfr. fs. 225), el juzgador primario introdujo elementos no advertidos por dicha persona jurídica, a quien corresponde la carga de la prueba y quien no se ocupó de delimitar en su demanda, o demostrar mediante pruebas cuál era la superficie traslapada que pretendía adquirir por prescripción adquisitiva de dominio". De lo transcrito, queda claro para esta Corporación que el Juzgador de segunda instancia, sí valoró las pruebas periciales que indica el casacionista, al emitir su pronunciamiento con relación al recurso sometido a su consideración, estimando cada una de las pruebas oportunamente aportadas al proceso; no obstante, éstas no tuvieron la contundencia de confirmar la presencia de la sociedad VILLAS DEL LAGO S.A., la casacionista, en el área que pretendía usucapir y por el lapso de tiempo que señala la Ley sustantiva para ello; es decir, quince años. En ese orden, entre las pruebas periciales señaladas, se tiene el informe rendido en conjunto por el Técnico Topógrafo EDGAR ANTONIO ROJAS (perito de la demandada) y el T.T.J.A.C., (perito del Tribunal), durante el proceso de deslinde y amojonamiento, quienes señalaron que la finca Nº 4377, quedó traslapada en gran parte del área firme de la finca Nº 1372, que no fue objeto de inundación para la creación de Lago Alajuela, (antiguo Lago M.), debido a las obras de construcción del Canal de Panamá por el gobierno de los Estados Unidos de América, en el año 1918. Sin embargo, en la ampliación del informe rendido conforme prueba oficiosa del Juzgador primario, se reiteró el traslape existente entre las fincas Nº 4377 y Nº 6949, sobre la finca Nº 1372, sin distinguir el área sobre el cual se extiende dicho traslape. Por otro lado, indicó que en dicha área se encuentra ocupada por seis viviendas de cemento, con más de 20 años de construcción, así como árboles frutales con 35 años de haber sido plantados, caminos y tendido eléctrico, además, áreas que están siendo ocupadas por nuevos propietarios, luego de la segregación que realizó VILLAS DEL LAGO S.A., constituyéndose nuevas fincas. Conforme ello, esta Corporación debe coincidir con la decisión planteada en la resolución atacada a través de recurso de casación, toda vez que, en su pretensión principal, los informes no apoyan la línea divisoria o deslinde planteada en el libelo de la demanda, y en su pretensión subsidiaria el recurrente aspiraba a obtener una declaración favorable respecto a la prescripción adquisitiva de dominio que ha ejercido en la finca Nº 1372 por más de 15 años, sin establecer el área que ha ocupado, la cual no alcanzó demostrar a través de la pericias o la inspección judicial. Al respecto, subrayó el contenido del artículo 672 del Código Judicial que impone la obligación del demandante de establecer en el libelo de la demanda, los linderos, la ubicación y demás datos de inscripción de la finca objeto del pleito, lo que en este caso omitió el casacionista. Por otro lado, cabe destacar que al peticionar aunque sea de forma subsidiaria la prescripción adquisitiva de dominio de un bien, el pretensor no puede perder de vista que la usucapión constituye uno de los modos originarios de adquirir la propiedad y en nuestro medio, no puede disolverse de la posesión, puesto que el poseer resulta uno de los supuestos requeridos para usucapir. Ahora bien, la posesión debe comprenderse como aquella que define el artículo 415 del Código Civil, en los siguientes términos: Se llama posesión a la retención de una cosa o el disfrute de un derecho con ánimo de dueño. De esta concepción se desprenden los dos elementos clásicos de la posesión, el animus y el corpus, los que han de concurrir simultáneamente, ya que de faltar uno de ellos no habrá posesión alguna. El ánimo de dueño constituye el aspecto psicológico de la posesión, ya que quien posee ejerce actos positivos de los cuales se infiere tal ánimo, actos que describe el artículo 606 del Código Civil, tales como cercamiento, plantaciones o sementeras, construcción de edificios, y otros similares. En tanto, el corpus viene a ser la retención física del bien raíz. Empero, además, la posesión debe revestir ciertas cualidades para ser hábil para usucapir, a saber: 1- Ser pacífica, 2- pública, 3- ininterrumpida, 4- haberse extendido por quince años o más y el bien debe estar dentro del comercio, o sea fuera de la proscripción del artículo 1670 del Código Civil. En lo que atiende al corpus, en inspección judicial practicada para el proceso de deslinde y amojonamiento, por el Tribunal y el perito designado por la parte demandada, no pudo corroborarse la retención física actual de la Finca N°1372 en manos de la sociedad usucapiente, VILLAS DEL LAGO S.A.. Ello es así, debido a que el área que ocupa VILLAS DE LAGO S.A., dentro de la finca Nº 1372 esta cercada con estacas vivas de madera y alambre de púas, posee además, árboles maderables con 35 años de haberse plantado, otras mejoras construidas sobre la misma, con un total de seis (6) residencias permanentes, con más de 20 años, las que poseen caminos, tendido eléctrico y árboles frutales, las que se encuentran ocupadas por diferentes propietarios producto de la segregación, los cuales constituyen terrenos independientes, lo cual desvirtúa la permanencia de la referida sociedad de manera directa sobre la finca en cuestión, y cumplir así con los requerimientos de la posesión. En estos términos, las pruebas que estima la casacionista no fueron valoradas por el Ad-quem, no se compadecen del cargo que alude el casacionista, al haber sido apreciadas por el sentenciador de segunda instancia, al igual que no se produce la infracción de lo establecido en el artículo 980 del Código Judicial. Siendo así, lo que corresponde es desestimarlo. El siguiente motivo, destaca la incorrecta valoración de las pruebas documentales obrantes de fojas 95 y siguientes y 541 y siguientes, en la cual se acredita que la finca fue cedida a título oneroso por el propietario en el año 1924, para la creación del Lago Alajuela, por lo que desapareció parte de la finca y desde entonces perdieron la posesión de la referida finca, razones que a su criterio prueban en el proceso los elementos esenciales de la pretensión alterna, infringiendo el contenido del artículo 836 del Código Judicial. Al respecto, la prueba obrante a fojas 95 y siguientes, es una certificación registral procedente de la Unidad de Administración de Información y Archivos de la Autoridad del Canal de Panamá, respecto a la finca Nº 1372, inscrita al volumen 128, folio 80, en la sección de la Propiedad de la Provincia de C., propiedad de SANTIAGO McLAREN, en los años 1924; además, consta la cesión realizada a los Estado Unidos de América para la creación de la represa M., creando el actual Lago Alajuela, lo que se relaciona estrechamente con los trabajos que se desarrollarían para el futuro Canal de Panamá. Aunado a ello, señaló la prueba apreciable a foja 541, que corresponde a una certificación emitida por la Dirección General del Registro Público, sobre el historial de la finca Nº 1372. Con relación a ello, cabe señalar que si bien estas pruebas documentales revisten autenticidad, debido a que proceden de entidades públicas, al tenor de lo establecido en el artículo 834 del Código Judicial, sólo la primera de ellas no fue objeto de pronunciamiento por el Tribunal Ad-quem. No obstante, ello no tuvo influencia en la decisión que adoptase el referido sentenciador, ya que la prueba cuestionada, solamente acredita la cesión de parte del terreno que conformaba la finca Nº 1372, por su anterior propietario al gobierno de los Estados Unidos de América para la ejecución de las obras de la actual represa M., con el objeto de crear el lago artificial Alajuela, información que corrobora el contenido de los informes que presentaron los peritos designados en la inspección judicial practicada para el proceso de deslinde y amojonamiento y la prueba pericial que se realizó en fecha posterior. Aunado a que tampoco acredita el cargo que alude el recurrente con relación a su pretensión alterna. En esa línea, no tiene claro esta Corporación cual es la reclamación alternativa, ya que la resolución recurrida las denomina, pretensión principal, que versa sobre la fijación de la línea divisoria por su representada; la pretensión subsidiaria Nº 1, que la finca no tiene las medidas y linderos que ofrece el Registro Público, y que VILLAS DEL LAGO S.A., ha estado en posesión de forma pacífica, pública y con ánimo de dueño, y por último, la pretensión subsidiaria Nº 2, que incluía el reconocimiento de las inscripciones realizadas de forma incorrecta, aunado a que considera la existencia de causales de nulidad, al no haberse conformado la litis debidamente. Atendiendo a ello, la prueba a foja 95 y siguientes, que señaló como mal valorada, no demuestra ninguna de las pretensiones antes citadas, por lo tanto, no desvirtúa la decisión emitida por el Ad-quem. Entre tanto, respecto a la prueba obrante a fojas 541 y siguientes, consistente en la certificación emitida por el Registro Público sobre el historial de la finca Nº 1372, prueba solicitada ante el Tribunal Ad-quem, observa la S. que la misma fue estimada en la resolución recurrida, tal como se aprecia en foja 621 y 622 del infolio, la cual al tenor de lo expuesto, no debilita el acta que fijaba la línea divisoria entre la finca Nº 1372 y la finca Nº 4377, dispuesta por el Juzgador A-quo en el proceso de deslinde y amojonamiento, ni acreditaba la que fuere propuesta por el ahora casacionista en la demanda, así como tampoco las restantes solicitudes que se formularon. Así pues, la S. no comparte el criterio que vierte el recurrente con relación a la ausencia de valoración de las pruebas que refiere este motivo, ya que lejos de demostrar la pretensión alterna, es decir, la prescripción adquisitiva de dominio o la inscripción por error de las medidas y linderos las mismas sólo acreditan la existencia de la finca, su anterior propietario, la cesión de derechos ejercida sobre ella, así como los asientos pendientes que mantiene la entidad registradora sobre el referido bien inmueble, en consecuencia, al no influir en lo dispositivo de la decisión, ni en la infracción de la norma que alega, procederemos a negar el cargo. Finalmente, para el quinto y sexto motivo del recurso, la atención recae en no haber valorado los testimonios visibles a fojas 240, 266, 360, 365 y 375 del infolio, los que a todas luces demuestran la actual posesión del bien inmueble en disputa de manera pacífica, pública e ininterrumpida, por la casacionista, en un lapso de 15 años; además, que en virtud del principio de la sana crítica debe valorarse en conjunto con el caudal probatorio obrante en el proceso, lo que a su criterio, influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Ante lo manifestado por el recurrente, y de una cuidadosa lectura de la resolución recurrida, observa la S. que el Juzgador Ad-quem no se pronunció con relación al contenido de las deposiciones practicadas en el proceso, tal cual lo pone de manifiesto el casacionista, en conjunto con las pruebas periciales y otros elementos probatorios. Sin embargo, corresponde ahora determinar si la apreciación de dichos testimonios y con el restante caudal probatorio, logra incidir en la pretensión de la recurrente dentro del presente Proceso, acreditándose efectivamente que la sociedad VILLAS DEL LAGO S.A., ha ejercido actos de dominio en el terreno en litigio, a fin de poder acceder a sus declaraciones; es decir, examinar los testimonios, con el objeto de determinar si la omisión de éstos influyó en la decisión proferida. Constan en el expediente las pruebas testimoniales solicitadas por la parte demandante, los señores JULIO A.C. (fs. 240), A.A.D.K. (nombre legal) o DOLORES ADAMES DE KINCAID (nombre usual) (fs. 266), quienes también citados por la demandada, tal como se observa en fojas 360 y 375 respectivamente, y finalmente, tenemos al señor J.P., a foja 365 del infolio. En lo medular de las declaraciones, es preciso manifestar en primer término que el señor JULIO A.C., señaló no conocer donde empezaba una finca y la otra, y que desde el inicio del proyecto, sólo reconoce al señor ABREGO como el propietario, el cual en sus inicios tenía ganado, el que luego vendió para dar paso a la urbanización ISLA VERDE. Señaló además, que obtuvo el lote Nº 25, hace más de 30 años, específicamente en el año 1975, al cual le realizó mejoras, (bohío, caseta, y está próximo a construir una vivienda), agregó que en su condición de presidente de la asociación de propietarios de ISLA VERDE, se ha informado por la administración de VILLAS DEL LAGO S.A., sobre la situación que ha presentado luego de tantos años de funcionar, quienes se han dedicado al mantenimiento de la carretera, servidumbre y alumbrado público. Además, destacó la existencia de 50 a 60 lotes vendidos, de un total de 200 que consta el proyecto, reconoce también a VILLAS DEL LAGO S.A., quien estuvo representado por D.A., como la propietaria de las fincas Nº 4377 y 6949, a quien efectuó los pagos del lote que hoy día le pertenece luego de la segregación, surgiendo la finca Nº 8698. Por su lado, A.A.D.K., expresó ser propietaria de un lote en NUEVO VIGÍA -Isla Verde-, el cual adquirió en el año 1991, del cual ya posee título de propiedad. Indicó además, la existencia de otros 30 propietarios, quienes se encargan del mantenimiento de su área, pero en cuanto a ISLA VERDE, lo realiza VILLAS DEL LAGO S.A.. Finalmente, J.P., (fs. 365 a 367), manifestó poseer desde 1991 los lotes 79 y 80 en ISLA VERDE, en los que mantiene mejoras (siembras), los que fueron segregados de la finca Nº 6949, la cual está compuesta de muchos lotes, desconociendo cuántos son. Agrega, que desde que adquirió la finca hasta la fecha, la calidad del agua y el mantenimiento han mejorado, las que fueron realizadas por VILLAS DEL LAGO S.A., contando en la actualidad con servicio eléctrico, el cual es cubierto por cada propietario. Agregó, que no es de su conocimiento, que se hayan paralizado los trabajos, el área se limpia y las personas continúan construyendo sus casas. De lo exteriorizado por los testigos y el resultado de la prueba de inspección judicial y la prueba pericial practicadas, además de las documentales, no estima esta Corporación que la omisión del Tribunal Ad-quem de pronunciarse con relación a los testimonios, haya influido en la decisión adoptada, toda vez que no hay evidencias en el expediente de que la usucapiente haya sido quien ejerció los actos dominicales que implican la construcción de mejoras, cerramiento y sembradíos que datan desde hace dos décadas, puesto que los testigos que comparecieron a realizar su deposición señalaron desconocer la existencia de la finca Nº 1372, además, que los lotes existentes en el área, pertenecen a terceras personas, quienes hace más de veinte años se han dedicado al mantenimiento y conservación, por lo que VILLAS DEL LAGO S.A., sólo presta servicio para las áreas comunes. Por otro lado, lo declarado por el perito del Tribunal, único auxiliar cuestionado en el proceso, indicó la existencia de traslape entre las fincas Nº 1372 y 4377, además, que las mejoras existentes (casas, árboles frutales y maderables, se encuentran dispersos en la finca Nº 1372, que está siendo ocupada por VILLAS DEL LAGO S.A., quien ha desarrollado el proyecto Isla Verde, cuyos propietarios se han dedicado al mantenimiento y conservación, sin la presencia de G.I.R.S.A.. De conformidad con lo señalado, cabe mencionar que desde la presentación de la demanda, el recurrente omitió la obligación que impone la norma adjetiva de señalar los límites del terreno a deslindar (tratándose de bienes inmuebles), delimitando las medidas y linderos correspondientes al área que pretende usucapir, sumado a la acreditación de los requisitos que se exigen para que opere la prescripción adquisitiva de dominio. En tal sentido, el casacionista no logró acreditar los extremos que eran necesarios para que esta Corporación accediese a casar la sentencia impugnada, por lo que prevalecerá el pronunciamiento emitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá. En mérito de lo antes expuesto, LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NOCASA la sentencia proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, de fecha 11 de junio de 2012, en el proceso de deslinde y amojonamiento transformado en juicio ordinario propuesto por VILLAS DEL LAGO S.A., contra G.I.R.S.A.. La imperativa condena en costas por el recurso, se fija en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.200.00). N., HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D.--- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)