Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 14 de Octubre de 2014

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución14 de Octubre de 2014
EmisorPrimera de lo Civil

VISTOS: Corresponde a esta S. Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia, resolver el recurso de casación formalizado por la parte demandada, contra la resolución de 20 de diciembre de 2012 (fs.2450-2461), proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario promovido por INVADER INTERNACIONAL, S.A. contra COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. ANTECEDENTES. A través del Auto N°43/44-01 de 14 de enero de 2011 (fs.2426-2428), el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, fijó en la suma B/.90,302.50, el monto de los intereses legales a pagar en favor de la demandante, decisión contra la que ésta interpuso recurso de apelación, y que el Tribunal Superior, mediante la resolución ahora impugnada, revocó estableciendo en la cantidad de B/.366,549.58 los intereses legales y las costas de ejecución. DEL RECURSO DE CASACIÓN Y DECISIÓN DE LA SALA. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A., presentó recurso extraordinario de casación contra la decisión de segunda instancia, siendo admitidas, por medio de resolución de 7 de noviembre de 2013 (fs.2501-2504), las dos causales de forma invocadas, a saber: "por haber sido dictada la resolución por un Tribunal incompetente o integrado en contravención a la Ley", y "por haber sido dictada contra resolución que hace tránsito a cosa juzgada", consagradas en los numerales 2 y 3 del artículo 1170 del Código Judicial, respectivamente, y que serán examinadas en el orden expresado. Los motivos en que se soporta el primer concepto de forma, rezan así: "PRIMERO: El Primer Tribunal Superior mediante la resolución impugnada, viola la Ley, al considerar dentro de ella pretensiones de la parte actora, respecto de las cuales carece de competencia para su conocimiento. Esto es así, pues lo relacionado a las costas de ejecución a las que se refiere el Primer Tribunal Superior, ya había quedado definido en resoluciones ejecutoriadas, que constan dentro del presente Proceso, lo cual constituye un vicio de la sentencia, que implica su nulidad. SEGUNDO: Según consta en el expediente, las costas a las que se refiere el Primer Tribunal Superior en la resolución impugnada, debieron ser calculadas al momento de librarse la ejecución para el cobro de la suma líquida incluida en la Sentencia de Primera Instancia, es decir, en el Auto N°268 del 2 de febrero de 2006 (fojas 2036 y 2037), el cual fue ampliado por el Auto N°435 del 9 de marzo de 2006 (fojas 2112 y 2113). La parte demandante, contra ninguna de las dos resoluciones pidió aclaración o apeló, respecto a la falta de inclusión de las costas, que ahora el Primer Tribunal Superior liquida en la resolución que impugnamos. TERCERO: Estando ejecutoriadas las resoluciones indicadas, y aceptado lo resuelto en ellas por la parte demandante, resulta contrario a la Ley, que el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, incluya unas costas de ejecución que no fueron reclamadas oportunamente por la parte demandante, a través de los medios legales de impugnación o aclaración, que la Ley concede para ello. Por lo que el Primer Tribunal Superior es incompetente para formular esta declaración en la resolución que impugnamos. CUARTO: Sobre la base de lo anterior el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA viola la Ley al liquidar o incluir en la resolución impugnada, unas costas que no aparecen decretadas en el expediente, y para cuyo cálculo y liquidación no tiene competencia." (fs.2469-2470) Como consecuencia de lo anterior, la casacionista identifica como vulnerados los artículos 241, 999 y 1120 del Código Judicial. Ahora bien, antes de continuar, esta Corporación estima oportuno denotar que los errores in procedendo, que son los susceptibles de impugnación a través de las causales de forma, como la que ocupa nuestra atención, se refieren a cuestiones procesales, vicios en que incurra el juzgador durante el proceso o en el fallo, que inciden en la decisión recurrida. En el caso particular del numeral 2 del artículo 1170 de nuestro Código de Procedimiento Civil, se alude a dos situaciones, el haber sido dictada la resolución por un tribunal incompetente, ya sea porque carece de competencia o la asume luego de haberla perdido o suspendido; o está integrado de manera que quebranta la ley, debido a la participación de un Magistrado que ha sido recusado o está legalmente impedido para conocer, o por no estar la S. conformada por el número de Magistrados que corresponde para adoptar la decisión. Aclarado ese aspecto, observa esta Corporación que el punto de discrepancia gira en torno al cómputo de las costas de ejecución, las que en opinión de la censura, por un lado no podían ser calculadas, puesto que en resoluciones previas habían sido definidas y el tribunal carecía de competencia para pronunciarse y, por otro, porque al momento de librarse la ejecución por el monto líquido de la condena, fue cuando debieron ser fijadas, lo que no ocurrió porque no fueron reclamadas oportunamente, encontrándose la decisión ejecutoriada, de allí que la casacionista sostenga que el Primer Tribunal violó la ley, al liquidar unas costas sin ser competente para ello. En esa línea de pensamiento, explica la censura que al complementar el Auto N°268 de 2 de febrero de 2006, ampliado por Auto N°435 de 9 de marzo de 2006, el Tribunal vulneró el artículo 999 del Código Judicial, toda vez que la demandante no solicitó que fueran modificados ni aclarados, y estaban ejecutoriados, ya que "dentro de los tres días que indica la norma, ni la parte interesada, ni el Tribunal modificaron o complementaron la resolución que libraba la ejecución, por lo que resulta extemporánea y fuera de la competencia del Primer Tribunal Superior calcular unas costas en la suma de B/.90,214.66." (fs.2471) Agrega que el cómputo de las costas debió llevarse a cabo en el auto de ejecución, y no en sede de apelación; que la parte demandante no ejercitó oportunamente los medios de impugnación para variar lo decidido mediante las resoluciones antes aludidas, allanándose tácitamente, por lo que el Tribunal Superior no puede incluir tal rubro extemporáneamente. Esbozados los señalamientos de la casacionista, corresponde a la S. decidir, partiendo de la premisa que la causal ensayada hace referencia a la falta de competencia del Primer Tribunal Superior, para disponer en la alzada la imposición de una condena en costas de ejecución, y sobre dicho aspecto girará el fallo, toda vez que lo concerniente a la existencia de resoluciones previas referentes a tal asunto, no puede ser debatido con base en el numeral en que se apoya la primera modalidad de forma invocada por la censura en el recurso extraordinario objeto de estudio, a saber, el ordinal 2 del artículo 1170 lex cit. Así, pues, del examen del infolio se desprende que contra el Auto N°43/44-01 de 14 de enero de 2011, consultable a fojas 2426-2428 del expediente, anunció y sustentó oportunamente recurso de apelación el apoderado judicial de INVADER INTERNACIONAL, S.A. (fs.2430-2439), medio de impugnación que fue concedido en efecto diferido, a través de Providencia de fecha 9 de febrero de 2011 (fs.2445). De la lectura serena del escrito de sustentación de la alzada, se colige que la disconformidad de la recurrente, obedece a que no está de acuerdo con el monto al que ascienden los intereses fijados, por la fecha a partir de la cual fueron calculados y hasta cuándo se generan, y tampoco con la eliminación de las costas de ejecución impuestas, al confundirlas con las costas de primera instancia. Producto de lo anterior, peticiona que se modifique el auto apelado, en el sentido de reconocer en concepto de costas de ejecución la suma de B/.90,214.66, según fueron tasadas en el Auto N°268, y se computen los intereses por el incumplimiento de la obligación, sobre la condena total (B/.682,360.96 en concepto de capital y costas de primera instancia), desde la fecha en que se notificó a la sociedad demandada la admisión del proceso en su contra (30 de marzo de 2001), hasta la fecha en que quedó en firme la sentencia condenatoria (23 de septiembre de 2005), ascendiendo a una cuantía de B/.698,713.64, que comprenden B/.608,498.98 de intereses y B/.90,214.66 consistentes en costas de ejecución. En la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior, impugnada en casación, fueron analizados los argumentos de la parte actora-recurrente, motivando la revocatoria del Auto N°43/44-01 de 14 de enero de 2011, y en su lugar se fijó en la cantidad de B/.366,549.58, el monto a pagar en concepto de intereses legales y las costas de ejecución a favor de la demandante, que son: B/.276,334.92 y B/.90,214.66, respectivamente. Con vista en lo reseñado, la S. debe concluir que no le asiste razón a la casacionista al afirmar que el Primer Tribunal Superior, carecía de competencia al pronunciarse sobre las costas de ejecución, debido a que fue precisamente uno de los temas elevados a su conocimiento a través del recurso de apelación, legalmente concedido en efecto diferido, razón por la cual, estaba en la obligación de emitir un dictamen sobre el particular. Siendo así, como quiera que no se configura la falta de competencia invocada como causal de forma en el recurso de casación bajo análisis, mal podría esta Corporación estimar como infringidos los artículos 241, 999 y 1120 del Código Judicial, resultando procedente descartar dicho cargo, y estudiar el otro concepto de forma alegado, "por haber sido dictada contra resolución que hace tránsito a cosa juzgada", que se funda en tres motivos que son del siguiente tenor: "PRIMERO: El Primer Tribunal Superior mediante la resolución impugnada, viola la Ley, pues contraviene lo resuelto en una resolución que hace tránsito a cosa juzgada. Esto es así, pues lo relacionado a las costas de ejecución, a las que se refiere el Primer Tribunal Superior, había quedado definido en resoluciones ejecutoriadas, que constan dentro del presente Proceso, lo cual constituye un vicio de la sentencia, que implica su nulidad. SEGUNDO: Según consta en el expediente, las costas a las que se refiere el Primer Tribunal Superior en la resolución impugnada, son aquellas que debieron ser calculadas a través del Auto N°268 del 2 de febrero de 2006 (fojas 2036 y 2037), es decir, al momento de librarse la ejecución para el cobro de la suma líquida incluida en la Sentencia de Primera instancia dentro del presente Proceso Ordinario. La parte demandante, contra ninguna de las dos resoluciones, la que libró la ejecución y su ampliación, pidió aclaración o apeló, respecto a la falta de inclusión de las costas, que ahora el Primer Tribunal Superior liquida en la resolución que impugnamos. Por tanto, siendo aquellas resoluciones, de las que no admiten modificación mediante Proceso posterior, no puede el Tribunal Superior, so pretexto de una liquidación, incluirlas, como lo ha hecho en la resolución impugnada. TERCERO: Estando ejecutoriadas las resoluciones indicadas, y aceptado lo resuelto en ellas por la parte demandante, resulta contrario a la Ley, que el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, incluya unas costas de ejecución que no fueron reclamadas oportunamente por la parte demandante, a través de los medios legales de impugnación o aclaración, que la Ley concede para ello." (fs.2472) Las normas señaladas como vulneradas por la censura, a causa de los motivos reproducidos, son los artículos 995, 999 y 1029 del Código Judicial. Del texto transcrito, colige la S. que la injuridicidad que aconteció, en palabras de la casacionista, fue haber emitido un pronunciamiento sobre tema previamente resuelto, violentando el principio de cosa juzgada, puesto que en su opinión las costas de ejecución debieron ser computadas a través del Auto N°268 de 2 de febrero de 2006, al librarse la ejecución de la suma líquida contenida en la sentencia, pero el demandante no reclamó contra dicha resolución, como tampoco contra la que la amplió, en vista que se obvió incluirla, por lo tanto, al tratarse de decisiones ejecutoriadas que no admiten modificación mediante proceso posterior, el Tribunal Superior no podía incluirlas como lo hizo. En ese orden de ideas, al explicar la infracción de las normas que identifica como infringidas, sostiene la censura que la parte actora no peticionó que los Autos N°268 y N°435 fueran complementados, modificados y aclarados, deviniendo ilegal la inclusión que lleva a cabo el Tribunal Superior, al liquidar unas costas que no fueron fijadas oportunamente y que la actora no reclamó en tiempo. De igual forma, afirma, con respecto al Auto N°268 de 2 de febrero de 2006, que de conformidad al artículo 1029 del Código Judicial hace tránsito a cosa juzgada, y que lo resuelto por el Ad quem no puede ser contrario a lo que en tal resolución se dijo. En relación al tópico debatido, advierte esta Corporación que en el Auto impugnado en casación se señaló: "Al sentar posición sobre esta controversia presentada en esta alzada, esta Superioridad debe partir señalando que con relación a las costas reclamadas en esta instancia por la recurrente, en el Auto de 24 de mayo de 2010, que sobre el particular, corre a partir de la foja 2392, este Tribunal determina que la liquidación aprobada por la Secretaría se excedió al considerar para ello las costas de primera instancia y las de casación, ya que a dicho funcionario judicial sólo le corresponde tasar las expresamente indicadas en el artículo 1070 del Código Judicial, y por ello se ordenó a la Juzgadora la liquidación en abstracto de los intereses. En ese sentido, como el auto ahora objeto de este escrutinio corresponde a la parte de la liquidación de costas que corresponde al Juzgador, al tenor también del artículo 1070 del Código Judicial, esta Superioridad, luego de examinar la realidad procesal sobre las costas causadas en el proceso, advierte que el recurrente tiene razón en su solicitud para que se le incluya en esta alzada las costas de ejecución, que fueron tasadas por el Juzgado de primera instancia a través del Auto N°268 de 2 de febrero de 2006 (f.2036) en la cantidad de B/.90,214.66, al no cancelar al término del artículo 1036 del Código Judicial, ya que las únicas que ha consignado la demandada en el proceso fueron las de primera instancia, por ser para esa época 'las costas fijadas 'de forma líquida' en la Sentencia N°8 de 27 de febrero de 2002', al decir de la demandada para justificar esa consignación (f.2103), y superar la restricción judicial de no ser oído hasta que se pagaran dichas costas, como lo dispuso el punto tercero del Auto N°378 de 21 de febrero de 2006 (f.2095)." (fs.2455-2456) Lo subrayado es de la S.. A la luz de lo reproducido, colige la S. que por un lado el Primer Tribunal Superior asevera que se ordenó a la Juzgadora de origen liquidar en abstracto los intereses de la condena, mientras que por otro extremo, afirma que lo que le correspondía hacer era la liquidación de costas, ambas con fundamento en el artículo 1070, situación que obliga a esta Corporación a examinar las constancias del expediente, para poder determinar efectivamente el alcance que debía tener el auto objeto de alzada y, en consecuencia, si tal y como sostiene la casacionista, el Ad quem quebrantó el principio de cosa juzgada al establecer un monto en concepto de costas de ejecución. En el propósito indicado, y antes de profundizar en el análisis, estima la S. que es importante denotar que las costas de ejecución, son producto de la falta de pago dentro del término de seis (6) días, de la suma líquida a la que asciende la condena impuesta, o de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que apruebe una liquidación u operación posterior, ello de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1036 de nuestro Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1038 lex cit. Ahora bien, es un hecho cierto que el proceso ordinario promovido por INVADER INTERNACIONAL, S.A. contra COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A., se encuentra en fase de ejecución, y que se han dictado múltiples resoluciones en las diferentes instancias, que guardan relación con la cuantía a la que asciende la condena, en concepto de capital, intereses, costas y gastos. Siguiendo esa línea de pensamiento, luego de efectuar una atenta lectura del Auto de 24 de mayo de 2010 (fs.2383-2400), al que alude el Primer Tribunal Superior en la decisión impugnada en casación, y que decide las alzadas interpuestas contra los Autos No.378 de 21 de febrero de 2006, No.444 de 10 de marzo de 2006 y No.466 de 16 de marzo de 2006, se percata la S. que en dicha resolución el Ad quem reconoció que ya se habían pedido, computado y cubierto las costas de ejecución. Veamos. "Al revisar las constancias procesales, esta Superioridad debe expresar que en estos aspectos le asiste la razón a la parte recurrente, en virtud de que puesto en conocimiento a las partes del proceso el reingreso al Tribunal de primera instancia de la encuesta legal, la parte demandante, mediante memorial de 26 de enero de 2006 (f.2033), solicitó el pago de las cantidades líquidas que se le reconoció mediante la Sentencia de primera instancia, las que incluyen la condena por B/.592,146.30, más el pago de las costas de ejecución, petición que presentó con fundamento en el artículo 1042 del Código Judicial. Conforme a dicha petición, el Juez A-quo emitió el Auto No.268 de 2 de febrero de 2006 (fs.2036) decretando embargo a favor de INVADER INTERNACIONAL, S.A., y en contra de la COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A., hasta la concurrencia de B/.682,360.96, que corresponden a la condena líquida (B/.592,146.30) y a las costas de ejecución que fijó en B/.90,214.66, por haber transcurrido el término dispuesto en los artículos 1036 y 1038 del Código Judicial. El embargo recayó sobre la administración de la sociedad demandada COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. ... En consecuencia, el Auto No.378 del 21 de febrero de 2006 debe ser reformado por cuanto no debió aprobar la liquidación de la Secretaría en el renglón de costas de primera instancia ni de casación, en virtud de que las de primera instancia estaban fijadas en la Sentencia N°8 de 27 de febrero de 2002 (f.1734) y las de ejecución se encontraban incluidas en la cantidad líquida determinada en el Auto No.268 de 2 de febrero de 2006, que decretaba el embargo de la administración de la sociedad demandada (f.2036). Por lo tanto, esta Superioridad debe insistir que el mandato del artículo 1070 del Código Judicial, es que al secretario de primera instancia sólo le corresponde tasar las (sic) condena en costas de los ordinales 3 y 4 de la misma excerta legal. ... En resumen, de las tres resoluciones apeladas, este Tribunal debe confirmar el Auto No.444 de 10 de marzo de 2006 y el Auto No.466 de 16 de marzo de 2006, por ajustarse ambas resoluciones a derecho; y, solamente, reformará el Auto No.378 de 21 de febrero de 2006, con el propósito de rectificar la liquidación hecha por la Secretaria, en el sentido de fijar en la cantidad de B/.6,517.50 los gastos del proceso, eliminando las costas tasadas previamente por el Juez contra la parte demandada y la liquidación de los intereses reconocidos en la sentencia, ya que para esta última determinación debe surtirse el traslado a la parte demandada del memorial que corre a foja 2073 con el fin de que se haga la respectiva liquidación. Finalmente, esta Superioridad advierte que los certificados de garantía consignados por la parte demandada, conforme a diligencias que corren a fojas 2104 y 2196, determinan que las costas ejecutoriadas a que fuera condenado en el proceso la demandada han sido cubiertas." (fs.2391-2392, fs.2393-2394, y fs.2398-2399) Lo subrayado es de la S.. En la resolución citada, se pone de manifiesto que la demandante solicitó el pago de la condena líquida impuesta más las costas de ejecución, lo que generó como consecuencia que se emitiera el Auto No.268 de 2 de febrero de 2006, que condenó a COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A., al pago de B/.682,360.96, que incluía la suma de B/.90,214.66 en concepto de costas de ejecución (fs.2036); sin embargo, del examen del negocio, se concluye que dicho monto correspondía en realidad a las costas impuestas en la Sentencia No.8 de 27 de febrero de 2002 (cfr. fs.1734-1748), que dispuso que la cuantía a pagar se distribuyera en B/.592,146.30 en concepto de daños materiales y el lucro cesante, y B/.90,214.66 de costas, más los intereses legales y gastos del proceso. La aludida decisión, no fue impugnada por ninguna de las partes en el proceso, razón por la cual, se encuentra en firme y ejecutoriada, aunque resulta evidente que se incurrió en un error al denominar costas de ejecución al monto establecido en la sentencia como costas. Por otro lado, del estudio del expediente también se advierte que en el Auto N°378 de 21 de febrero de 2006, el Juzgado de origen liquidó costas (de primera instancia y casación que fijó en B/.180,529.32), gastos (B/.6,517.50) e intereses (B/.289,493.62) ascendiendo a la suma de B/.476,540.44 (ver fs.2094-2096), decisión que si bien fue reformada por el Primer Tribunal Superior en la resolución cuyo extracto se reproduce en párrafos que anteceden, fue empleada como base para consignar el certificado de garantía No.102955 de 3 de abril de 2006 (fs.2195-2196), mismo que mediante Auto N°565 de 3 de abril de 2006 (fs.2197-2198), confirmado en segunda instancia (cfr. fs.2277-2283), ordenó la entrega del monto que representa, pero que se mantiene en la Secretaría del Juzgado, "hasta tanto se resuelva lo ordenado por el Superior J. en lo referente a la aprobación de costas e intereses." (fs.2415) R., INVADER INTERNACIONAL, S.A., peticionó que COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A., fuera condenada a pagar costas de ejecución, a lo que accedió el juzgado de origen pero estableciéndolas de forma incorrecta, ya que las asimiló a la condena fijada en la Sentencia, fallo que quedó en firme; no obstante, al llevar a cabo la liquidación de la condena, la Secretaría del Juzgado incluyó nuevamente las costas (duplicándolas), intereses y gastos del proceso, arrojando un total de B/.476,540.44 (consignado por la sociedad demandada en el certificado de garantía No.102955), decisión que fue reformada por el Tribunal Superior en el sentido de determinar los gastos, eliminar las costas y la liquidación de intereses, porque no es función del S. tasar las costas que aparecen en los ordinales 1, 2 y 5 del artículo 1069 del Código Judicial, y en el caso de los intereses por estimar que debían ser liquidados surtiendo traslado a la demandada, resolución que también está en firme. Ante dicho panorama, a criterio de esta Corporación de Justicia, la casacionista se equivoca al aseverar que el Primer Tribunal Superior, infringió el principio de cosa juzgada al pronunciarse sobre un tema previamente resuelto, ello al incluir la obligación de pagar costas de ejecución que no fueron fijadas con antelación al Auto impugnado en casación (lo que en su opinión debió ocurrir en el Auto N°268 o el que amplió el embargo), toda vez que precisamente en decisiones anteriores se consintió que debían pagarse las mismas, quedando pendiente que se expresara que era el Juzgador (como aparece en el Auto N°268), y no el S. (según se indicó en el Auto N°378), quien las liquidaba, a tenor de lo dispuesto en los artículos 1069 y 1070 lex cit., de allí que mal pueda concluirse que hay cosa juzgada en relación a una condena tasada. En tal sentido, es menester denotar que la cosa juzgada formal o ejecutoria, ocurre cuando la resolución no admite, dentro del mismo proceso, ningún recurso, sea debido a que legalmente no procede o porque no fue oportunamente interpuesto, de conformidad con lo normado en el artículo 995 de nuestro Código de Procedimiento Civil, lo que implica que la decisión adoptada no puede ser modificada, puesto que la oportunidad para hacerlo precluyó. En el caso de la resolución recurrida en casación, de su análisis se desprende que obedeció a la necesidad de establecer el monto al que ascienden los intereses generados producto de la condena, en adición a las costas que la parte vencida está obligada a pagar, por no haber cubierto lo de su cargo dentro del término legal; los intereses computados con audiencia de la demandada, y las costas según lo dictaminado por el Juez de la causa, en lugar del S., en acatamiento a lo preceptuado en nuestra legislación. Y es que, en el Auto N°378 de 21 de febrero de 2006, dictado por el Juez de origen (fs. 2095-2096), se reconoció en concepto de costas la suma de B/.180,529.32, que comprende la condena que en dicho concepto se fijó en la sentencia de fondo, y una suma igual como costas de casación, pero que, al no existir tales, y siendo que el monto no fue variado por el Tribunal Superior al reformar la decisión de primera instancia, mediante el Auto de 24 de mayo de 2010 (cfr.2383-2400), encontrándose en firme dicho rubro, en opinión de la S., lo resuelto en la alzada en lo tocante a las costas de ejecución se ajusta a derecho, toda vez que con base al principio de cosa juzgada formal, mantiene la cuantía de la condena en costas impuesta con anterioridad. Huelga señalar que en ningún momento el derecho a percibir las costas de ejecución fue limitado o negado, lo que dispuso el Ad quem, al proferir el Auto de 24 de mayo de 2010, base del Auto de 20 de diciembre de 2012, ahora recurrido en casación, fue que el S. se ocupara de computar los montos que le corresponden según nuestra legislación vigente, y que se liquidaran los intereses generados con audiencia de la contraparte. Consecuentemente, esta Corporación de Justicia concluye que no se configura el cargo esgrimido por la casacionista, ya que la decisión impugnada se adoptó en consonancia con resoluciones previas que están en firme, por lo que, a criterio de la S. los artículos 995, 999 y 1029 del Código Judicial, no fueron infringidos por el Tribunal Ad quem al proferir su decisión de segunda instancia. En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema, S. de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la resolución de 20 de diciembre de 2012, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del Proceso Ordinario promovido por INVADER INTERNACIONAL, S.A. contra COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. Las obligantes costas a cargo de la recurrente, se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00). N.. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)