Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 30 de Octubre de 2014

Ponente:Harley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución:30 de Octubre de 2014
Emisor:Primera de lo Civil
 

VISTOS: A fin de emitir pronunciamiento de mérito, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia entra a conocer el recurso de casación interpuesto por MARIA DE LA CRUZ LEDEZMA DE R. en contra de la Sentencia de 20 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) en el proceso ordinario de oposición a título que le sigue a S.R.B.. ANTECEDENTES S.R.B. solicitó ante la Dirección Nacional de Reforma Agraria la adjudicación, a título oneroso, de una parcela de tierra estatal adjudicable, de una superficie aproximada de 3,000.00 mts.2 ubicada en la comunidad de El Guayabo, Corregimiento de El Roble, Distrito de Aguadulce, Provincia de Coclé, solicitud esta identificada con el No.2-282-06. A dicha solicitud, MARIA DE LA CRUZ LEDEZMA DE R. presentó escrito de oposición, el cual fue remitido por la Dirección de Reforma Agraria al Juzgado de Circuito de Turno, Ramo Civil, en la Provincia de Coclé, quedando radicado, finalmente, en el Juzgado Segundo. Dentro del término señalado para ello, la opositora formalizó la demanda de oposición con la cual se dio inicio al presente proceso. De la misma se corrió traslado al demandado, quien la contestó oponiéndose a la pretensión. Dicha controversia fue resuelta en primera instancia a través de la Sentencia No.37 de 4 de junio de 2012, mediante la cual la juez primaria accedió a la pretensión de la demandante. La anterior resolución fue apelada en el acto de notificación y las partes presentaron en tiempo oportuno sendos libelos de sustentación y de oposición al recurso interpuesto. Mediante Sentencia de 20 de febrero de 2013 el tribunal de segunda instancia revocó el fallo impugnado. Es contra esta resolución que se interpone el presente recurso de casación, respecto del cual la Sala conoce y se apresta a decidir. RECURSO DE CASACION Y CRITERIO DE LA SALA El recurrente ha invocado la causal de fondo en el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, la cual se sustenta en cinco motivos que, en general, le endilgan a la sentencia recurrida el yerro probatorio consistente en la falta de valoración de una serie de pruebas documentales, testimoniales y actuaciones judiciales, que prueban hechos que constituyen fundamento para la oposición de la demandante. El casacionista estima infringidos los artículos 795, 780, 832, 982, 983 y 907 del Código Judicial, así como el artículo 425 del Código Civil. En concreto, el primer cargo de injuridicidad que se le endilga a la resolución que se censura consiste en la falta de valoración del documento suscrito por S.R.B., visible al folio 88, y que fuera reconocido por este en diligencia judicial, según consta al folio 161, así como la declaración jurada rendida por dicho demandado, según consta a fojas 170 a 178, en la cual reconoce que la señora A.M.G. de L. era dueña del terreno que ahora pretende adquirir y que él y su esposa residían en el mencionado globo de terreno por consentimiento de aquella. Según el recurrente, la omisión del tribunal de apelación en cuanto a la valoración de estas pruebas incidió en lo dispositivo del fallo impugnado, pues consideró que la demandante no ha ejercido la posesión sobre el terreno en litigio, como heredera de los derechos posesorios ejercidos por su difunta madre A.M.G. de L., según consta a fojas 420 a 422 (auto de declaratoria de herederos). A continuación, procede la Sala a examinar la primera de las pruebas que se estiman omitidas en cuanto a su valoración, a saber, el documento suscrito por S.R.B., consultable al folio 88, mediante el cual, según el casacionista, el demandado reconoce que A.M.G. de L. era dueña del terreno que ahora pretende adquirir, y que él y su esposa residían en el mencionado globo de terreno por consentimiento de ella. Examinada la referida pieza probatoria, la Sala puede constatar que en la referida nota se hace el reconocimiento de la señora A.M.G. de L. como propietaria de un terreno que no aparece identificado, el cual parece ser de importancia para quien suscribe dicha nota por razón de la eventual construcción de una cerca. La mencionada nota aparece suscrita por S.R.B.. Por otra parte, al folio 161 consta el reconocimiento judicial que hace el demandado del documento que reposa al folio 88, tanto en su contenido como en su firma. Más adelante, a fojas 170-178, consta la declaración de REAL BONILLA en la cual reconoce que el terreno al cual se refiere en la nota que reposa al folio 88, antes mencionada, es el mismo terreno cuya adjudicación pretende (fojas 176-177). En otra parte de su declaración (fs.172-176), expresa el declarante que los señores O.L. y A.M.G. de L. eran los poseedores del globo de terreno que, después de la muerte de aquellos, fue ocupado en una porción por su esposa A.L.. Finalmente, a fojas 420-422 consta la copia del auto de declaratoria de herederos, en donde consta que es heredera de A.M.G., entre otros, MARIA DE LA CRUZ LEDEZMA DE R.. Examinadas las pruebas cuya valoración se estima omitida por el casacionista, procede la Sala a la lectura del fallo impugnado en aras de determinar si se configura el cargo de injuridicidad expresado en el motivo, y si el error probatorio, de haberse dado, ha incidido en lo dispositivo de la sentencia recurrida. Así, al examinar la sentencia proferida por el tribunal de segundo nivel, no consta en dicha decisión, ponderación de la mayoría de las pruebas que el recurrente señala como no valoradas. Se aprecia, sin embargo, que la sentencia recurrida sí se refiere al auto de declaratoria de herederos y reconoce que en el mismo se declaró herederas, entre otras, a la demandante. Pero también hace referencia a un auto identificado con el número 164, fechado al 15 de marzo de 2010 en el cual, según el fallo impugnado "se excluyó de la masa hereditaria el terreno de una (1) hectárea con 1144.07 m2, según plano No. 20-2177 aprobado por Reforma Agraria el 27 de enero de 1978, que fuera inventariado (f.553-559)." Ahora bien, no puede la Sala, como tribunal de casación, examinar en este punto de la decisión del recurso, otras piezas procesales que no sean las pruebas señaladas como no valoradas por el casacionista sin perjuicio que, en caso de resultar procedente casar la resolución que se censura, este Tribunal pueda examinar otras actuaciones del proceso. Las pruebas no valoradas por el ad quem, al tenor del primer motivo, acreditan que el demandado reconocía a A.M.G. como titular de derechos posesorios sobre el terreno que aquel pretende que se le adjudique. Sin embargo, esta circunstancias no fueron tenidas en cuenta en la sentencia recurrida pues, en su decisión, el tribunal de segundo grado expresó: "En cuanto a otros argumentos que se han planteado en este litigio, los actos de mera tolerancia que supuestamente llevaron al demandado al terreno, que fueron aceptados en el fallo como acreditados (f.673), y que la opositora a la apelación define como 'arrimado' (persona que vive en casa ajena, a costa o al amparo de su dueño', es circunstancia que no puede presumirse y que no ha sido probada con el carácter jurídico que lo regula el artículo 417 del Código Civil, cuando dice: 'Los actos puramente facultativos y los de mera tolerancia no pueden servir de fundamento a la adquisición de la posesión legítima por parte de la persona que los ejecuta con el consentimiento del poseedor'." Ahora bien, si bien es cierto que la falta de apreciación de las pruebas señaladas por el casacionista en el primer motivo vulneran las normas probatorias señaladas por este, es menester que se hayan infringido normas sustantivas de derecho. En el presente caso, se hace evidente la infracción del artículo 417 del Código Civil, tal como se aprecia en el extracto transcrito, amen del artículo 1685 del mismo texto legal. Sin embargo, ninguna de estas disposiciones ha sido señalada por el recurrente como norma infringida a consecuencia del error probatorio. La única norma sustantiva de derecho que el casacionista ha señalado como infringida es el artículo 425 del Código Civil, mas esta norma no puede considerarse infringida por este Tribunal como consecuencia del error probatorio, toda vez que el tribunal de segundo grado valoró el auto de declaratoria de herederos y reconoció a la recurrente como heredera de A.M.G. de L.. Por otra parte, parece haber una decisión judicial que excluyó el terreno en disputa, de la masa hereditaria, aspecto este que habrá de corroborarse posteriormente. El tribunal de alzada negó el reconocimiento de la transmisión de los derechos posesorios, de la causante, a los causahabientes, toda vez que en virtud del auto antes mencionado, fue excluido de la masa hereditaria el terreno cuya adjudicación pretende el demandado. Mas ello no es consecuencia de la falta de valoración de las pruebas señaladas por el recurrente en el primer motivo. El reconocimiento que haya hecho en su momento el señor REAL BONILLA, de la titularidad que tenía A.M.G. de L. sobre el globo de terreno, sólo sirven para acreditar que aquel no poseyó o que su posesión se vio interrumpida, mas no para acreditar que la causante o sus herederos fuesen poseedores, pues este hecho ha de acreditarse por otros medios. Resulta claro, sin embargo, que este error probatorio incidió en lo dispositivo de la resolución que se censura, toda vez que la consideración del fallo impugnado en cuanto a la falta de prueba de la permanencia del demandado en el predio con la autorización de quienes aparecían como poseedores, fue uno de los elementos en los cuales se apoyó en tribunal superior para arribar a su decisión. En consecuencia, estima la Sala que se justifica este primer cargo de injuridicidad. En el segundo motivo, el casacionista le endilga a la sentencia recurrida, el yerro consistente en la falta de valoración de las declaraciones testimoniales de E.C. de Ortega (fs. 131 a 136), M.O.B.E. (fs.137 a 141), A.S.G.C. (fs.145 a 149), O.A.D. (fs. 151 a 155), J. de I. (fs. 156 a 159) y la declaración jurada rendida por dicho señor (?) ante el Juzgado Primero de Circuito de Coclé, Ramo Civil, (fs. 170 a 178), donde este reconoce, según el recurrente, que A.M.G. de L. era dueña del terreno que el demandado pretende adquirir y que él y su esposa residían en el mencionado globo de terreno por consentimiento de la señora G. de L.. Según la parte recurrente, las referidas declaraciones constituyen prueba que los esposos L. habían poseído por muchos años el globo de terreno que el demandado S.R.B. pretende que se le adjudique por parte de la Reforma Agraria, y que la señora LEDEZMA DE R. tiene derecho, como heredera declarada, a oponerse a la pretensión del señor REAL BONILLA. La falta de valoración de las mencionadas probanzas llevaron al tribunal de segunda instancia a concluir que la demandante no tenía derecho a oponerse a la solicitud de adjudicación de REAL, pues ni aquella ni su madre, según la resolución que se censura, habían ejercido posesión del globo de terreno en disputa. Consultados los referidos medios de convicción, observa la Sala, primeramente, que el "dicho señor" al cual se refiere el recurrente en el motivo que se examina es el demandado S.R.B., cuya declaración fue examinada en el motivo anterior. Procederá pues, la Sala, al examen de las referidas declaraciones en el orden en que han sido enunciadas. Consta en autos que las declaraciones rendidas por E.C. de Ortega, M.O.B.E., A.S.G.C., O.A.D. y J. de I., son contestes al señalar que los esposos O.L. y A.M.G. de L. eran los poseedores del predio cuya adjudicación pretende para sí S.R.B.. En cuanto a la declaración de S.R.B., la Sala se remite al criterio vertido por esta al examinar el primer motivo. Procede la Sala al examen de la sentencia recurrida, y observa que el tribunal de segunda instancia no valoró estas pruebas, las cuales acreditan la posesión que en vida ejercieran los esposos L., y concluyó, en base a las pruebas practicadas en otro proceso, a todas luces válidas, pero con absoluta exclusión de las que ahora se examinan, que la causante en el proceso de sucesión no ejerció posesión material efectiva sobre el terreno solicitado en adjudicación por el demandado. En consecuencia, estima la Sala fundado este segundo cargo de injuridicidad. En el último motivo que sustenta la causal, el recurrente le endilga a la resolución que se censura el yerro probatorio consistente en la falta de valoración del acta de inspección ocular, consultable al folio 341 según la cual, el solicitante en adjudicación sólo tiene 3 años de ocupar el predio cuya adjudicación solicita. También señala como no valorados, la copia del telegrama No.2 de 26 de octubre de 1978, visible al folio 629, enviado al señor O.L., padre de MARIA DE LA CRUZ LEDEZMA DE R., y la copia del plano o croquis demostrativo del acople del plano No.202177 de 1978 de O.L. y el plano 201-03-21001 de Sebastián Real Bonilla (folio 631). Según el casacionista, los referidos medios de convicción demuestran que los esposos O.L. y A.M.G. de L. eran los poseedores del globo de terreno cuya adjudicación pretende el señor S.R.B.. La falta de valoración de dichas piezas probatorias, según la recurrente, llevaron al tribunal de apelación a concluir que MARIA DE LA CRUZ LEDEZMA DE R. no tenía derecho a oponerse a la solicitud de adjudicación hecha por S.R.B.. A continuación, procede la Sala al examen de los medios probatorios cuya valoración se estima omitida por el tribunal de segundo grado, y puede constatar que, en efecto, al folio 341 reposa el acta de inspección ocular para la adjudicación, de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, suscrita por el solicitante y el inspector encargado, en la cual se hace constar que el solicitante tiene tres años de ocupación. Más adelante, al folio 628 (no 629 como impropiamente señaló el recurrente), consta el telegrama No.2 fechado al 26 de octubre de 1978, suscrito por el Jefe de Reforma Agraria de Coclé, al señor O.L.P. en el cual se le informa que está próximo a finalizar el término provisional fijado por la Sección Nacional de Reforma Agraria para la venta de tierra y, aunque se menciona la localidad de Jagüito, no se identifica el terreno. Finalmente, al folio 631 se aprecia la imagen de una vista aérea, la cual muestra la supuesta colindancia de dos predios que aparecen identificados con los nombres de A.M.G. de L., con referencia al Plano No.20-2177 y S.R.B., con referencia al Plano No.201-03-12001. Dicha imagen parece formar parte de una documentación que incluye un plano, no foliado, en cuya parte central se aprecia la colindancia de los predios cuyos titulares parecen ser A.M.L. de Real, M.O.E. y F.P. de N.. Todos estos terrenos colindan con otro cuyo titular no aparece identificado, pero parece corresponder al solicitante S.R.B., según aparece en la esquina inferior derecha, plano este que aparece identificado con el No.201-03-12001. De acuerdo con la explicación que hace el recurrente, de la infracción al artículo 982 del Código Judicial, tales pruebas constituyen indicio de la posesión que sobre el predio ejerciera la señora A.M.G. de L.. Sin embargo, observa la Sala que el predio que aparece identificado en la vista aérea con el nombre de esta, aparece identificado en el plano con el nombre de A.M.L. de Real. Sin embargo, no se aprecia en el fallo de alzada, referencia alguna a dicha prueba. Al encontrar fundado este tercer cargo de injuridicidad, se justifica la causal invocada por lo que procedería, en principio, casar el fallo impugnado y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo. En el presente proceso, la parte demandante (opositora a la solicitud de adjudicación solicitada por la demandada) fundamenta su oposición en base al numeral 1 del artículo 131 del Código Agrario, vigente en aquel entonces, según el cual, las oposiciones sólo serán admisibles, entre otros casos, cuando el opositor alegare tener derecho de posesión. Sostiene la actora, que le asiste a esta el derecho a oponerse por ser la titular del derecho de posesión sobre el terreno respecto del cual se solicita la adjudicación por parte de la demandada, puesto que la posesión venía siendo ejercida desde hace muchos años por sus padres, O.L. y A.M.G. de L.. Posteriormente, a la muerte de esta última, la demandante y sus hermanos fueron declarados herederos de la causante, A.M.G. de L., por lo que la titularidad del derecho de posesión sobre en inmueble en cuestión le corresponde a la referida demandante. Sin embargo, al folio 559 consta la parte resolutiva del Auto No. 164 de 15 de marzo de 2010 dictado por el Juzgado Primero del Circuito de Coclé, Ramo Civil, en el incidente de exclusión de bienes, dentro del proceso de sucesión intestada de A.M.G. (q.e.p.d.) en virtud del cual "EXCLUYE de la masa hereditaria el terreno de una (1) hectárea con 1144.07 m2, según plano No. 20-2177 aprobado por Reforma Agraria el 27 de enero de 1978, que fuera inventario (sic) en el presente Proceso de Sucesión Intestada de A.M.G.G. (q.e.p.d.)." Respecto de la parte resolutiva transcrita, el artículo 425 del Código Civil preceptúa: "Artículo 425. La posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso que llegue a adquirirse la herencia. El que válidamente repudia una herencia, se entiende que no la ha poseído en ningún momento." (Lo resaltado es de la Sala) En el proceso de sucesión intestada de A.M.G. de L., si bien los herederos llegaron a adquirir la herencia, tal como lo requiere el artículo 425 del Código Civil, no adquirieron la posesión del terreno en disputa en virtud de la exclusión hecha por el tribunal que conoció del proceso sucesorio, toda vez que fue el criterio de dicho juzgador que los causantes no poseyeron en ningún momento, como tampoco poseían los causahabientes. No puede este tribunal, en consecuencia, dejar sin efecto una resolución en firme, que excluye del caudal hereditario la finca que constituye objeto de la presente controversia. Distinto es el caso en relación con las pruebas practicadas y valoradas en aquel y en este proceso, pues este tribunal no está atado a la valoración probatoria llevada a cabo en el proceso sucesorio, ni en el anterior proceso de oposición respecto del mismo inmueble. En este sentido, es el criterio de la Sala que, en base a las pruebas señaladas por el recurrente como no valoradas, O.L. y A.M.G. de L. poseyeron el terreno solicitado en adjudicación por S.R.B. y, a su muerte, correspondería a sus herederos continuar en la posesión. Pero no puede este Tribunal soslayar la circunstancia que, mediante auto proferido por el tribunal que conoció del proceso sucesorio de A.M.G. de L., se excluyó del caudal hereditario dicho globo de terreno, pues fue el criterio de aquel tribunal que ni el causante ni los causahabientes ejercieron la posesión, no pudiendo la Sala contravenir lo dispuesto en aquella resolución. En este mismo orden de ideas, aprecia la Sala que todos los esfuerzos de la recurrente se centraron en demostrar que la posesión fue ejercida por A.M.G. de L. y, por lo tanto, que la posesión fue continuada por sus herederos, sin tratar de demostrar que estos ejercieron la posesión por sí mismos, es decir, con independencia de la que hubiese ejercido la causante. Dado que toda la actividad probatoria del casacionista se concentró en tratar de demostrar que su derecho derivaba de la circunstancia de ser heredera de A.M.G. de L., y no en demostrar la posesión ejercida por ella misma, cuando el terreno sobre el cual se ejerció la posesión fue excluido de la masa hereditaria, quedaba sin sustento el alegado derecho de la demandante. Así las cosas, estima la Sala que no procede casar la resolución que se censura, pese al yerro probatorio en que evidentemente incurrió el ad quem, y al hecho que en alguna medida incidió en dicho fallo, toda vez que el criterio expresado en el sentido que los esposos L. no poseyeron en ningún momento constituyó parte de los razonamientos del tribunal de segunda instancia para arribar a su decisión, no fue este el único criterio del cual se valió dicha superioridad, pues aun sin ese error probatorio, el hecho que el inmueble en disputa hubiese quedado excluido de la masa hereditaria haría llegar al Tribunal Superior a la misma conclusión, no infringiéndose el artículo 425 del Código Civil. En consecuencia, no procede casar la sentencia recurrida. Previo a dictar la parte resolutiva de la sentencia, considera la Sala que obran en el proceso suficientes elementos probatorios que acreditan la posesión que ejercieran O.L. y A.M.G. de L., así como la permanencia de S.R.B. en el predio que poseía la causante en virtud de mera tolerancia de aquella, circunstancias que son susceptibles de crear en el ánimo del individuo promedio la convicción que le asiste la razón en la controversia suscitada. Todo lo cual evidencia la buena fe con que actuó la demandante, por lo que procede decretar la exoneración de las costas correspondientes a las instancias, según lo previene el artículo 1071 del Código Judicial, debiendo pagar sólo los gastos del proceso. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 20 de febrero de 2013 dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en el proceso ordinario de oposición a título que MARIA DE LA CRUZ LEDEZMA DE R. le siguiera a S.R.B.. Se exonera a la demandante de las costas de las instancias por estimar que actuó con evidente buena fe, debiendo pagar sólo los gastos del proceso, los cuales serán liquidados por Secretaría del tribunal de origen. Las costas de casación, por ser imperativas, se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.200.00). N., HARLEY J. MITCHELL D. OYDÉN ORTEGA DURÁN -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA SONIA F. DE CASTROVERDE (Secretaria)